Opinión
PNUD: Mayorías populares perciben “son gobernadas para favorecer minorías”
« En fin, Estados y Gobiernos imposibilitados de reformarse y hacer reformas en función del “bien común” y clase dominante imposibilitada de entender esos consejos del PNUD; Clase Capitalista de la que por el contrario brota, más allá del neoliberalismo que la impregna, la reacción neofascista.
El Informe Regional Sobre Desarrollo Humano del PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO-PNUD del 2021, presentado en días recientes, concluye afirmado que no pocos pueblos de Nuestra América creen que sus países “están gobernados para favorecer una minoría”.
Las encuestas incluidas en la referida investigación revelan que el único país de la región donde esa percepción no superó el 50% es El Salvador; mientras los demás sobrepasan el 55% y naciones como Paraguay, Costa Rica y Chile pasan del 90%, y muchas otras el 80%.
El viraje de un año a otro ha sido muy significativo, ya que en el informe del 2020 esa percepción representaba al máximo un 77% de los encuestados/as y ahora llega hasta el 95%.
Los resultados de ese indicador muestran que ya la ilegitimidad de los gobiernos, a consecuencia de servir solo de instrumentos de los grandes capitales, es sumamente alta; y esto tiene un gran significado para el presente y futuro de la lucha de clase en la región más desigual del planeta, donde lo nuevo es un salto en la toma de conciencia sobre las fatales consecuencias del control de los Estados y Gobierno por elites mega-capitalistas cuya voracidad crece sin cesar.
De ser así, y parece que lo es -dado que el PNUD no tiene pinta de inspirarse en un fanatismo subversivo- hay razones para la alarma poco común dentro del sistema de organismos internacionales que brota de esa institución y que ha sido expresada sin rodeos en esta ocasión.
- DESIGUALDADES QUE ALARMAN Y MAYOR CONCIENCIA DE SUS CAUSAS.
Al presentar el Informe a la prensa, Marcela Meléndez, economista jefe del PNUD en la región latino-caribeña, declaró que “se encuentra con mucha frecuencia en la región a grandes grupos empresariales que tienen intereses en muchos sectores y extienden sus intereses con frecuencia al sector de los medios” y que ya “una abrumadora mayoría entiende que la concentración de poder en manos de unos pocos que defienden el interés privado, en vez del bien común, es uno de los factores que conectan la alta desigualdad y el bajo crecimiento, ya que a menudo resulta en políticas distorsionadas, miopes e ineficientes, y en instituciones débiles”. (DIARIO LIBRE 22-06-2021, pág. 6)
El reporte titulado “Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe” destaca, por un lado, que “los mercados de la región están controlados por un pequeño número de empresas gigantes” y, por el otro, que al mismo tiempo “la gente se siente frustrada no solo por la injusticia en sus resultados, sino también en los procesos, por la enorme influencia política de unos pocos grupos poderosos”. (DIARIO LIBRE 22-06-2021, pág. 6)
La alarma se entiende muy bien, en tanto en sí misma procura alertar sobre el peligro que implica esa realidad para la estabilidad de una dominación clasista adversa a todo lo reformador y opuesta a todo lo signifique reformas fiscales progresivas o lo que implique medidas de distribución más justas del ingreso nacional, sobre todo cuando el poder constituido se va tornando altamente impopular, como está pasando.
En este informe el PNUD se queja de que “las élites económicas raras veces han utilizado el poder político para impulsar reformas” que encaminen a estos países hacia el “desarrollo”, pudiendo hacerlo. (DIARIO LIBRE 22-06-2021, pág. 6)
Esa queja y tal recomendación, después de tal alarma, procura estimular a los opresores a corregir rumbos y reducir riegos; algo muy propio de quienes siguen defendiendo las ya marginales, inviables e ilusorias concepciones netamente socialdemócratas, en el contexto de un capitalismo neo-liberalizado y endurecido, capitaneado por esas elites burguesas, sin vuelta atrás en medio de su dominación.
Al PNUD le es muy difícil admitir que estamos frente Estados y gobiernos cuasi privatizados, bajo el control de cúpulas capitalistas súper-enriquecidas, cuya racionalidad es acumular más, ganar más y asaltar las funciones ejecutivas del Estado; convirtiéndose a sí mismos en gestores del Estado y ayudando a los políticos a convertirse en elites empresariales corrompidas, relegando a un plano secundario el rol tradicional de la “clase política”.
En fin, Estados y Gobiernos imposibilitados de reformarse y hacer reformas en función del “bien común” y clase dominante imposibilitada de entender esos consejos; Clase Capitalista de la que por el contrario brota, más allá del neoliberalismo que la impregna, la reacción neofascista.
- EL CASO DOMINICANO.
El PNUD sitúa a la República Dominicana con una mayoría del 63% que percibe que aquí se gobierna para una minoría, lo que es muy importante para el presente y el futuro de la lucha popular y de clase; obstruido su despliegue en mayor escala por el el rol alienante de los “mass-media”.
En verdad aquí esto es más grave que como lo percibe el pueblo y por eso pronto va impactar mucho más en la conciencia colectiva y a elevar a porcentaje más altos esa percepción.
El nuevo régimen, montado por la vía electoral a través del Partido Revolucionario Moderno-PRM, otra fuerza de la derecha neoliberal, presidido por un empresario multimillonario metido a político, Luis Abinader, ha sido asaltado con su anuencia y compromisos mutuos por la elite capitalista local y la gran burguesía transnacional.
A nivel de Estado y de Gobierno el mayor poder de ejecución lo detenta y ejerce el conjunto de los 10 principales mega-capitalistas del país y las corporaciones transnacionales radicadas aquí.
Esto se agrega al inmenso poder que exhiben esas elites a nivel financiero, comercial, industrial y sobre el territorio nacional (suelo, subsuelo y sobresuelo) y los grandes medios de comunicación.
El Estado, gobierno incluido, ha sido privatizado y opera como tal con un fuerte talante neo-colonial.
Muy poco o nada puede hacerse desde ese Estado en materia fiscal, presupuestal, financiera, institucional, cultura, ideología… sin contar con la aprobación del Consejo Nacional de la Empresa Privada-CONEP, la Cámara Minera, la Cámara Americana de Comercio, BM, FMI, Embajada estadounidense, USAID, CIA, FBI, Comando Sur del Pentágono y alta jerarquía de la Iglesia Católica.
Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios claves, están bajo control directo del gran capital privado.
Aquí o se cambia todo, o todo será el insoportable gobernar a favor de los intereses espurios de ese conjunto minoritario, opulento y voraz, bajo el manto de una recolonización cada vez más endurecida.
La esperanza está en que ese 63% no retroceda, ni se estanque, pase al 80… al 90…se radicalice y profundice como conciencia impugnadora y se convierta en rebeldía organizada, indignación multitudinaria y poder transformador. Y eso puede lograrse a los compases de la profundización de la crisis sistémica acompañada de un accionar de vanguardia que articule todas las rebeldías en una propuesta política de profundo calado y poder de atracción, todavía pendiente concreción en la agenda nacional.
Por José Cabral
Siempre he dicho y he reiterado, pero que no se trata de ningún descubrimiento, que el sistema está concebido para responder a los intereses de los partidos políticos.
Los diputados y senadores provienen de ese entorno, el presidente de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el que se escogen los jueces, explica el desempeño de cada uno de estos poderes públicos
La conformación del CNM implica que todo el sistema, incluido el de justicia, obedece a los intereses que se expresan en este órgano.
De manera, que, frente a la confrontación del derecho con la política, el primero siempre tiene todas las de ganar cualquier batalla, máxime cuando se trata de aquella que se desarrolla en el campo legal.
Todo este cuadro permite establecer que resulta prácticamente difícil, por no decir imposible, que el derecho pueda salir triunfante frente a la política.
Sin ninguna duda, que ahí descansa la gran debilidad del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010.
Es hermoso en los textos el proceso de constitucionalización, pero el mismo resulta decepcionante en la práctica y cuando se choca con la realidad.
Nadie, absolutamente nadie, puede negar que una herramienta vital para cualquier democracia es una buena administración de justicia, pero en una nación donde la partidocracia es la dueña del sistema esto se vuelve prácticamente difícil, por no decir imposible.
El problema descansa en un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyo órgano tiene la sagrada misión de escoger los jueces del sistema de justicia nacional, lo que quiere decir que cuando se presenta un conflicto entre el derecho y la política éstos se inclinen por emitir sentencias en favor de la partidocracia.
Los hechos hablan por sí solos y el que no lo crea que revise la mayoría de las decisiones que conllevan sentencias que impactan los intereses de los partidos para que se puedan valorar los resultados.
Sin no se cambia la conformación del CNM es muy difícil que el proceso de constitucionalización del derecho y que tiene como base el respeto de los derechos fundamentales pueda cristalizarse en una sociedad como la dominicana, donde la política está presente predominantemente en todos los escenarios.
De tal forma, que hablar de una buena administración de justicia al margen de los intereses de los partidos políticos, resulta una quimera y que sólo una persona muy ingenua lo puede creer.
Por Isaías Ramos
Ninguna democracia muere el día en que se rompe la Constitución. Muere mucho antes: cuando quienes juraron defenderla comienzan a tratarla como un obstáculo y la ciudadanía empieza a acostumbrarse a ese irrespeto.
La Constitución no fue escrita para adornar discursos ni para ser invocada cuando conviene al poder. Fue concebida para limitar a quienes gobiernan, proteger a los ciudadanos y garantizar que ningún funcionario, partido, mayoría congresual o presidente coloque su voluntad por encima de la soberanía popular.
Por eso preocupa el rumbo de diversas actuaciones del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo.
En los últimos años se han aprobado normas luego anuladas, corregidas o seriamente cuestionadas por su compatibilidad constitucional. La Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia motivó la intervención del Tribunal Constitucional por objeciones relacionadas con derechos fundamentales. La Ley de Facturación Electrónica también requirió su actuación para corregir una disposición que afectaba la privacidad.
Más recientemente, el nuevo Código Penal ha dejado de ser únicamente una inquietud jurídica para provocar un rechazo creciente en amplios sectores de la sociedad. Juristas, periodistas, profesionales, organizaciones sociales y ciudadanos hemos advertido que varias disposiciones, por su amplitud, ambigüedad o desproporción, podrían amenazar la libertad de expresión, la denuncia pública, el ejercicio profesional y la protesta pacífica.
Cuando una legislación penal provoca temor entre quienes informan, denuncian o protestan, el problema deja de ser técnico: amenaza la convivencia democrática.
Pero el caso institucionalmente más delicado es la respuesta legislativa posterior a la sentencia TC/0788/24.
Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para todos los poderes públicos. Cuando una legislación posterior genera serios cuestionamientos sobre si respeta materialmente el criterio fijado por el máximo intérprete de la Constitución, no estamos ante un simple debate político. Está comprometida la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
La preocupación no gira solo alrededor de una sentencia ni de las candidaturas independientes. El problema es más profundo: ¿puede el poder político redefinir, limitar o neutralizar derechos protegidos por la Constitución?
La Constitución dominicana no creó una democracia para beneficio de los partidos. Creó un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, la soberanía popular, el pluralismo político, la separación de poderes y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
El derecho a expresarse no es una concesión del Gobierno.
El derecho a protestar pacíficamente no es un favor del Congreso.
El derecho a elegir y ser elegido no pertenece a los partidos.
Son derechos constitucionales que ningún poder temporal puede apropiarse, reducir ni administrar según su conveniencia.
No sabemos si quienes gobiernan desconocen el espíritu de la Constitución o si, conociéndolo, han decidido apartarse de él. Lo evidente es que demasiadas decisiones han obligado al Tribunal Constitucional y a la sociedad a recordar principios que debieron orientar desde el inicio a los poderes públicos.
No afirmamos que la República Dominicana sea hoy una dictadura. Pero sería irresponsable esperar a que el autoritarismo esté consumado para denunciar las decisiones que pueden abrirle camino.
Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente cuando se relativiza la supremacía constitucional, se reducen los espacios de participación, aumentan las facultades del poder sin controles suficientes y los derechos fundamentales dejan de orientar la legislación.
Está en juego la República que dejaremos a nuestros hijos: una nación donde la Constitución gobierne al poder o un país donde el poder acomode la Constitución a sus intereses.
Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.
El pueblo dominicano ha demostrado paciencia, madurez y vocación democrática. Ha recurrido a los tribunales, promovido el debate público y utilizado los mecanismos institucionales reconocidos por la Constitución.
Pero la paz social no puede sostenerse indefinidamente si los reclamos constitucionales no encuentran respuesta. Cuando las instituciones dejan de escuchar, aumenta la presión social. Esa realidad no debe celebrarse ni provocarse; debe prevenirse mediante el diálogo, la rectificación y el respeto a la Constitución.
Este no es un llamado a la confrontación. Es un llamado a la rectificación.
El Congreso debe legislar dentro de los límites constitucionales. El Poder Ejecutivo debe ejercer sus facultades constitucionales con el mismo compromiso que juró al asumir el cargo. Y todos los poderes públicos deben recordar que las decisiones del Tribunal Constitucional no son recomendaciones: forman parte del orden que están obligados a respetar.
Cumplir la Constitución no debilita al Estado. Lo fortalece.
Respetar los derechos fundamentales no genera desorden. Construye paz.
Abrir la democracia no amenaza la República. La hace más legítima y fuerte.
Desde el Foro Cívico y Social lo afirmamos con claridad: la Constitución no pertenece al Congreso, al Poder Ejecutivo ni a los partidos políticos.
La Constitución pertenece al pueblo dominicano.
Defenderla por las vías pacíficas, democráticas y constitucionales no es un acto de oposición. Es el deber moral, cívico y patriótico de toda generación que aspire a entregar a sus hijos una República más libre, justa y fiel al Estado social y democrático de derecho.
Una nación puede sobrevivir a una mala ley y corregir una mala decisión. Lo que no puede permitirse es acostumbrarse a que el poder deje de obedecer la Constitución.
Por Oscar López Reyes
(A la 18:00 hora local del miércoles 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos: el primero en la escala 7.2 (duró un minuto) y 39 segundos después otro de magnitud 7.5 (se extendió por tres minutos), concentrados especialmente en la Guaira y Caracas, con un salto -hasta el 12 de julio de 2026- de más de 50 mil desaparecidos, según la ONU; cerca de 5 mil fallecidos, 20 mil heridos y 20 mil damnificados).
(I)
¡Oh, Venezuela!
Patria inmensa.
¡Caramba!,
Hermanos en Bolívar,
¡qué dolor soberbio!
que oprime las fibras de mi alma,
En tristeza de gritos que escapan
de escombros retorcidos
por furia de un suelo rebelde.
El telúrico conmueve en miradas
de arquitecturas sin piedras ni ventanas,
y melancolías de niños vagando en penumbras,
Sin padres ni estancias.
Y pone a temblar en rememoración de amor
su épica solidaridad y sacrificio de dignidad infinita
en épocas pretéritas, que configura
una vastedad de grandeza histórica
y el patriotismo compartido.
¡Oh, Venezuela, SOS!
(II)
Cuando no haya más lágrimas que derramar,
rebosantes las porcelanas de mortandad,
esa “Tierra de Venecia” y esa “Tierra de Gracia”
dejará de llorar y se levantará en cumbre de cerros,
contemplando
marchas fúnebres y entierros colectivos,
echando la vista a la resurrección de Cristo.
(III)
Heridos que sollozan en ruinas y hospitales,
sobrevivirán en sonidos de esperanza y el susurro
que late desde los vientos que soplan
de mares y montañas, para otro comienzo
de sonrisas en barcas de adversidad.
(IV)
Los fallecidos descansarán en púrpura palmera
y ecosistemas naturales con flores coloreadas
con toques de bellezas íntimas
que evocan la fragancia
en la eternidad de jardines
con pétalos de atardeceres versátiles.
(V)
Y los muchos desaparecidos fertilizarán
los predios erosionados,
para floración de hojas, frutos y plantas aromáticas,
que germinarán emergentes criaturas en vientres
de primaveras de Luna menguante
y otoños de Luna creciente.
(VI)
En su inocencia, niños huérfanos seguirán jugando
en noches tranquilas, abrazados de madres sustitutas
y nutrientes saludables,
que brotarán renovadas energías
en llanuras, bosques y lagos estrellados,
acariciados por paisajes de jazmines
y saltos que gimen en la nostalgia de edificios desplomados.
(VII)
Sumergidos en cenizas de techos agrietados
por terrestres sacudidas bruscas,
pequeños, adultos y veteranos
alzarán vuelos con recuperados bríos,
como aquel ave mítica y pájaro de fuego.
Tendrán casas alfombradas con claveles
y rosadas cestas colgantes,
en calles sin pedruscos y con Sol,
parques con glorietas y toboganes,
escuelas y parroquias para el cambio.
(y VIII)
En brisas de trompetas, hembras y varones
abatidos en estado emocional resurgirán
de pedazos de paredes rotas,
para reconstruir territorios asolados,
en el renacer de paz y progreso,
y entonces entonar, a viva voz: ¡felicidad, felicidad!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.