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Nicaragua: Familiares de opositores presos temen por su vida

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AP
Managua.-Familiares de casi una veintena de opositores arrestados en Nicaragua en el último mes demandaron el jueves al gobierno de Daniel Ortega que les permita “verlos y saber dónde están y cómo están”, y que les autorice el ingreso de alimentos y medicinas a la cárcel de El Chipote, donde se cree que fueron recluidos.

Durante una rueda de prensa virtual, los parientes de 16 detenidos, varios de ellos aspirantes a la presidencia en las elecciones del 7 de noviembre, dijeron temer por su salud y por su vida. La mayoría de los prisioneros son personas mayores de 50 años y algunos tienen enfermedades crónicas.

“Llevamos 11 días sin verlo, no lo dejan hablar con su abogado y sólo nos dejan pasarle agua. ¿Por qué es, lo tienen golpeado?”, se preguntó Cristian Tinoco, hija del ex vicecanciller, exdiputado y disidente sandinista Víctor Hugo Tinoco, detenido por la policía el pasado 13 de junio.

La joven aseguró que la salud de su padre, de 68 años, “se ha deteriorado mucho” pues padece hipertensión arterial y según les informaron en el penal ahora sufre de vértigos. “Quiero que nos dejen verlo porque es un derecho humano”, agregó Tinoco.

Victoria Cárdenas, esposa del aspirante presidencial opositor Juan Sebastián Chamorro, dijo que tampoco le han permitido visitar a su marido, y que no tiene certeza de que esté efectivamente en El Chipote, un reclusorio ubicado en la zona sur de Managua donde funciona la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía.

“No sé dónde está ni cómo está mi esposo… estamos desesperados, desamparados”, exclamó Cárdenas con angustia.

El gobierno no ha revelado la ubicación de los 19 opositores detenidos desde el pasado 27 de mayo y por esa razón sus parientes los consideran “desaparecidos”. Además de Chamorro, fueron arrestados los aspirantes presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Mora y Cristiana Chamorro, quien permanece bajo arresto domiciliar desde el 2 de junio.

“Nosotros suponemos que están en El Chipote, pero no hay ninguna garantía ni evidencia de que eso sea así”, expresó la periodista Berta Valle, esposa del aspirante presidencial opositor Maradiaga, detenido también el 9 de junio. Valle, quien salió al exilio hace más de un año, dijo que su marido padece problemas de presión y ella no sabe si está recibiendo los medicamentos que se le recetan.

Opiniones similares expresaron familiares de los dirigentes políticos antisandinistas Violeta Granera y José Pallais, ambos mayores de 60 años. “La preocupación se va convirtiendo en angustia, nos han conculcado el derecho humano de verlos”, dijo Jilma Herdocia, esposa de Pallais.

“En los últimos dos días solo han permitido entregarles el agua que les llevamos, nada de alimentos, y eso también es una forma de tortura”, acotó Julio Sandino, hijo de Violeta Granera, detenida el 8 de junio.

Por su parte, Ana Lucía Alvarez, hermana de Tamara Dávila y sobrina de Ana Margarita Vijil y Dora María Téllez, todas dirigentes del movimiento Unamos (antes Movimiento Renovador Sandinista, MRS), dijo que teme que sus familiares sean objeto de violencia sexual “porque las cárceles son lugares particularmente peligrosos para las mujeres”.

Dora María Téllez, una conocida excomandante guerrillera sandinista que dirigió el MRS, tiene 65 años. Su colega de armas Hugo Torres, exgeneral del ejército sandinista que fue arrestado el 13 de junio, tiene 73 años.

“Queremos verlos para constatar cómo están, nos preocupa también el COVID-19”, dijo Xenia Barahona, hermana de la presidenta del MRS, Suyén Barahona.

Tras las protestas sociales de 2018, que Ortega y su gobierno calificaron como “un fallido golpe de Estado”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA documentaron casos de violencia sexual contra personas detenidas en El Chipote. El gobierno ha negado esas denuncias.

La revuelta social fue sofocada con violencia por la policía y paramilitares, con un saldo de 328 muertos, más de 2.000 heridos, unos 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 100.000 exiliados y emigrados, según cifras de la CIDH. Según la oposición, el total de “presos políticos” en la actualidad asciende a 132 personas.

Hablando la noche del miércoles en un acto partidario, Ortega se refirió por primera vez a los arrestos masivos de opositores y aseguró que no fueron detenidos “por ser candidatos” sino por ser “criminales” y “agentes del imperio yanqui”, que preparaban “otro golpe de Estado” para derrocarlo. “Aquí el único criminal es Daniel Ortega, responsable de la muerte de más de 300 personas”, replicó Cristian Tinoco.

Daniel Ortega, de 75 años, gobernó por primera vez de 1985 a 1990, durante la revolución sandinista, y fue derrotado en las urnas por Violeta Chamorro. Volvió al poder en 2007, fue reelegido en 2011 y 2016 y ahora aspira a ganar las elecciones para iniciar un cuarto mandato consecutivo en enero de 2022.

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Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela

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Agencia AFP

Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.

El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el 8 de enero un proceso de liberaciones, bajo fuertes presiones de Washington tras el derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero en un ataque estadounidense.

«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.

Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.

Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.

Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.

«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.

– «Peligroso» –

Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.

«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.

Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.

Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.

«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.

«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».

– «Desgastadas» –

Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.

La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.

Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.

«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».

Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».

El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.

Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.

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Casi 300 personas asesinadas en Haití en enero de este año, según una ONG local

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Agencia EFE

Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.

«Este balance, de una gravedad insoportable, ilustra una realidad en la que morir se ha convertido en un riesgo diario para todos los haitianos», indicó la ONG, que recordó que estas 299 vidas truncadas «no son solo estadísticas, sino familias destrozadas y un tejido social que se desgarra cada día un poco más ante la mirada de una sociedad traumatizada».

El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.

«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.

Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.

La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».

«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.

También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».

«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.

Exige tomar medidas

De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.

Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».

También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.

«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.

Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.

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BRASIL: Al menos 15 muertos al volcarse un autobús en el este

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BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.

Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.

El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.

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