Latinoamericanas
Nicaragua: Familiares de opositores presos temen por su vida
Managua.-Familiares de casi una veintena de opositores arrestados en Nicaragua en el último mes demandaron el jueves al gobierno de Daniel Ortega que les permita “verlos y saber dónde están y cómo están”, y que les autorice el ingreso de alimentos y medicinas a la cárcel de El Chipote, donde se cree que fueron recluidos.Durante una rueda de prensa virtual, los parientes de 16 detenidos, varios de ellos aspirantes a la presidencia en las elecciones del 7 de noviembre, dijeron temer por su salud y por su vida. La mayoría de los prisioneros son personas mayores de 50 años y algunos tienen enfermedades crónicas.
“Llevamos 11 días sin verlo, no lo dejan hablar con su abogado y sólo nos dejan pasarle agua. ¿Por qué es, lo tienen golpeado?”, se preguntó Cristian Tinoco, hija del ex vicecanciller, exdiputado y disidente sandinista Víctor Hugo Tinoco, detenido por la policía el pasado 13 de junio.
La joven aseguró que la salud de su padre, de 68 años, “se ha deteriorado mucho” pues padece hipertensión arterial y según les informaron en el penal ahora sufre de vértigos. “Quiero que nos dejen verlo porque es un derecho humano”, agregó Tinoco.
Victoria Cárdenas, esposa del aspirante presidencial opositor Juan Sebastián Chamorro, dijo que tampoco le han permitido visitar a su marido, y que no tiene certeza de que esté efectivamente en El Chipote, un reclusorio ubicado en la zona sur de Managua donde funciona la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía.
“No sé dónde está ni cómo está mi esposo… estamos desesperados, desamparados”, exclamó Cárdenas con angustia.
El gobierno no ha revelado la ubicación de los 19 opositores detenidos desde el pasado 27 de mayo y por esa razón sus parientes los consideran “desaparecidos”. Además de Chamorro, fueron arrestados los aspirantes presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Mora y Cristiana Chamorro, quien permanece bajo arresto domiciliar desde el 2 de junio.
“Nosotros suponemos que están en El Chipote, pero no hay ninguna garantía ni evidencia de que eso sea así”, expresó la periodista Berta Valle, esposa del aspirante presidencial opositor Maradiaga, detenido también el 9 de junio. Valle, quien salió al exilio hace más de un año, dijo que su marido padece problemas de presión y ella no sabe si está recibiendo los medicamentos que se le recetan.
Opiniones similares expresaron familiares de los dirigentes políticos antisandinistas Violeta Granera y José Pallais, ambos mayores de 60 años. “La preocupación se va convirtiendo en angustia, nos han conculcado el derecho humano de verlos”, dijo Jilma Herdocia, esposa de Pallais.
“En los últimos dos días solo han permitido entregarles el agua que les llevamos, nada de alimentos, y eso también es una forma de tortura”, acotó Julio Sandino, hijo de Violeta Granera, detenida el 8 de junio.
Por su parte, Ana Lucía Alvarez, hermana de Tamara Dávila y sobrina de Ana Margarita Vijil y Dora María Téllez, todas dirigentes del movimiento Unamos (antes Movimiento Renovador Sandinista, MRS), dijo que teme que sus familiares sean objeto de violencia sexual “porque las cárceles son lugares particularmente peligrosos para las mujeres”.
Dora María Téllez, una conocida excomandante guerrillera sandinista que dirigió el MRS, tiene 65 años. Su colega de armas Hugo Torres, exgeneral del ejército sandinista que fue arrestado el 13 de junio, tiene 73 años.
“Queremos verlos para constatar cómo están, nos preocupa también el COVID-19”, dijo Xenia Barahona, hermana de la presidenta del MRS, Suyén Barahona.
Tras las protestas sociales de 2018, que Ortega y su gobierno calificaron como “un fallido golpe de Estado”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA documentaron casos de violencia sexual contra personas detenidas en El Chipote. El gobierno ha negado esas denuncias.
La revuelta social fue sofocada con violencia por la policía y paramilitares, con un saldo de 328 muertos, más de 2.000 heridos, unos 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 100.000 exiliados y emigrados, según cifras de la CIDH. Según la oposición, el total de “presos políticos” en la actualidad asciende a 132 personas.
Hablando la noche del miércoles en un acto partidario, Ortega se refirió por primera vez a los arrestos masivos de opositores y aseguró que no fueron detenidos “por ser candidatos” sino por ser “criminales” y “agentes del imperio yanqui”, que preparaban “otro golpe de Estado” para derrocarlo. “Aquí el único criminal es Daniel Ortega, responsable de la muerte de más de 300 personas”, replicó Cristian Tinoco.
Daniel Ortega, de 75 años, gobernó por primera vez de 1985 a 1990, durante la revolución sandinista, y fue derrotado en las urnas por Violeta Chamorro. Volvió al poder en 2007, fue reelegido en 2011 y 2016 y ahora aspira a ganar las elecciones para iniciar un cuarto mandato consecutivo en enero de 2022.
Latinoamericanas
Tres dominicanos enfrentan prisión provisional en Panamá por presunta red de reclutamiento para combatir en Rusia
Fiscalía sostiene que los imputados captaban panameños por redes sociales y les ofrecían pagos para viajar a la zona de guerra
Ciudad de Panamá.– Tres ciudadanos dominicanos fueron enviados a detención provisional en Panamá, acusados de formar parte de una presunta estructura dedicada a reclutar personas para viajar a Rusia y participar en el conflicto bélico contra Ucrania.
Los imputados fueron identificados como Joselyn Ramírez, Rolando Newball y María Inés García, contra quienes un juez de garantías admitió cargos relacionados con trata de personas y asociación ilícita, según informó la Procuraduría General de la Nación de Panamá.
La investigación forma parte de las acciones desarrolladas por las autoridades panameñas contra redes que presuntamente captaban ciudadanos mediante ofertas económicas para desplazarlos hacia territorio ruso con fines militares.
Fiscalía habla de transferencias superiores a US$800,000
Durante la audiencia, la fiscal especializada contra la delincuencia organizada Elizabeth Carrión sostuvo que los procesados habrían recibido transferencias superiores a 800,000 dólares destinadas a financiar y organizar el reclutamiento de panameños.
De acuerdo con la investigación citada por La Prensa de Panamá, a algunos de los reclutados se les ofrecían pagos de alrededor de US$2,000 y US$3,000 para incorporarse al conflicto armado.
Las autoridades sostienen que las personas captadas no necesariamente recibían el dinero prometido una vez llegaban a la zona de combate.
Contactaban a posibles reclutas por TikTok
Según la tesis de la Fiscalía, la estructura utilizaba redes sociales, entre ellas TikTok, para contactar a ciudadanos interesados en viajar al extranjero bajo promesas de remuneración.
Entre los panameños señalados como víctimas figuran Octavio Carrillo, Rafael Ulises y José Montenegro, residentes en la provincia de Bocas del Toro.
La investigación sostiene que fueron convencidos de trasladarse hasta la ciudad de Panamá para gestionar pasaportes, boletos aéreos y documentación relacionada con supuestos contratos para prestar servicios en el conflicto.
Posteriormente fueron llevados a un establecimiento de alojamiento en Tocumen, desde donde se habrían coordinado diferentes aspectos logísticos del viaje.
Dos hombres abandonaron el alojamiento y alertaron a la Policía
De acuerdo con la Fiscalía, dos de las personas reclutadas decidieron abandonar el lugar donde permanecían hospedadas y buscaron ayuda de las autoridades al sospechar que podían ser víctimas de explotación.
Un tercer hombre sí habría viajado a Rusia.
Las investigaciones señalan que esa persona no recibió el dinero que supuestamente le habían ofrecido y posteriormente solicitó asistencia a las autoridades panameñas para regresar al país.
Panamá investiga una red más amplia
El caso forma parte de una investigación mayor relacionada con la captación de ciudadanos panameños para incorporarlos al conflicto entre Rusia y Ucrania.
La Procuraduría panameña informó que la denominada Operación Rescate Soberano permitió realizar allanamientos y aprehensiones relacionadas con el presunto reclutamiento de personas con fines militares.
Las autoridades también han documentado otros procesos judiciales vinculados a personas presuntamente reclutadas mediante promesas económicas para viajar a Rusia.
Conflicto ya ha dejado panameños muertos y desaparecidos
La preocupación de las autoridades panameñas ha aumentado ante la presencia de ciudadanos de ese país en la zona de guerra.
Un informe citado por La Prensa señaló recientemente que seis panameños habían muerto y otros 15 figuraban como desaparecidos, mientras decenas permanecían vinculados a las zonas de combate en Rusia y Ucrania.
El Gobierno panameño también ha solicitado públicamente cooperación para facilitar el regreso seguro de sus ciudadanos involucrados en el conflicto.
La investigación contra los tres dominicanos continúa abierta y las acusaciones deberán ser demostradas ante los tribunales panameños. Los imputados conservan su presunción de inocencia mientras avance el proceso.
Latinoamericanas
Colombia y Costa Rica refuerzan cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado
Abelardo de la Espriella y Laura Fernández se reúnen este martes en Barranquilla para abordar estrategias conjuntas de seguridad frente a las organizaciones criminales transnacionales.
BARRANQUILLA, Colombia.– La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional marcará la agenda de la reunión que sostendrán este martes los presidentes de Colombia, Abelardo de la Espriella, y de Costa Rica, Laura Fernández, en momentos en que ambos gobiernos buscan fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad.
El encuentro se realizará en Barranquilla y fue acordado previamente durante una conversación entre ambos mandatarios, en la que coincidieron en la necesidad de ampliar los mecanismos de colaboración para enfrentar organizaciones delictivas que operan más allá de las fronteras nacionales.
Entre los asuntos previstos figuran el intercambio de información e inteligencia, la coordinación institucional y posibles acciones conjuntas frente al narcotráfico y otras estructuras criminales transnacionales.
Fernández considera urgente fortalecer la cooperación
La presidenta costarricense ha otorgado especial importancia al encuentro ante su preocupación por las repercusiones que las operaciones contra el narcotráfico en Colombia puedan tener sobre otros países de la región.
Fernández calificó previamente la reunión como urgente y manifestó su interés en evitar que el desplazamiento de estructuras criminales termine afectando a Costa Rica. Sus declaraciones se producen en medio de la preocupación de su Gobierno por la actividad del narcotráfico y del crimen organizado.
La visita tiene además una relevancia particular para la mandataria costarricense, al constituir su primer viaje al exterior desde que asumió la Presidencia en mayo de 2026.
Seguridad, prioridad para Colombia
El Gobierno colombiano ha colocado el combate contra el narcotráfico y las organizaciones armadas y criminales entre los principales componentes de su política de seguridad.
Según cifras divulgadas por la propia Presidencia de Colombia, durante las primeras semanas de la administración de De la Espriella las autoridades han desarrollado operaciones contra distintas estructuras criminales, con capturas, decomisos de narcóticos, incautaciones de armas y erradicación de cultivos de coca.
La reunión con Fernández forma parte de los esfuerzos del Gobierno colombiano por ampliar la cooperación internacional ante fenómenos delictivos que no se limitan al territorio de un solo país.
Una amenaza que traspasa fronteras
El narcotráfico representa un desafío regional debido a la capacidad de las organizaciones criminales para modificar rutas, establecer redes logísticas en distintos países y trasladar sus operaciones cuando aumenta la presión de las autoridades en determinados territorios.
Por esa razón, Colombia y Costa Rica buscan profundizar mecanismos de intercambio de información y coordinación que permitan responder de manera conjunta a esas estructuras.
La reunión de este martes adquiere así una dimensión que supera las relaciones bilaterales entre ambos países: la discusión se concentra en cómo coordinar respuestas regionales frente a organizaciones criminales que actúan sin reconocer fronteras.
Para los dos gobiernos, el desafío será convertir la cooperación política en mecanismos concretos de intercambio de inteligencia, prevención y persecución del narcotráfico y otros delitos transnacionales.
Washington vincula la operación con una supuesta plataforma marítima de apoyo al narcotráfico atribuida a Los Choneros; familiares de tripulantes de embarcaciones intervenidas rechazan las acusaciones
QUITO.– Fuerzas militares de Estados Unidos abordaron este sábado una embarcación ecuatoriana en aguas internacionales del océano Pacífico, en una nueva operación que Washington vincula con actividades de apoyo logístico al narcotráfico y que eleva a cuatro las embarcaciones intervenidas en esa zona durante los últimos nueve días.
La nave, identificada como “María Candelaria”, fue interceptada aproximadamente a 270 millas náuticas —unos 500 kilómetros— de la costa de Ecuador, según las informaciones difundidas sobre el operativo.
El Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) sostuvo que la embarcación formaba parte de una estructura compuesta por varios barcos utilizados como plataforma de reabastecimiento de combustible para apoyar el transporte de drogas por el Pacífico.
Washington atribuyó esa estructura logística a Los Choneros, organización criminal ecuatoriana a la que las autoridades estadounidenses califican de “narco-terrorista”.
Ocupantes fueron entregados a Ecuador
Las personas encontradas a bordo de la “María Candelaria” fueron entregadas posteriormente a las autoridades ecuatorianas, de acuerdo con la versión oficial estadounidense.
Las embarcaciones involucradas en la operación fueron vaciadas antes de ser hundidas.
El Ministerio de Defensa de Ecuador confirmó la intervención y la calificó como un nuevo golpe contra Los Choneros, al tiempo que indicó que la ubicación registrada aparentemente correspondía a aguas internacionales.
La circunstancia adquiere particular importancia debido a que la operación fue ejecutada por fuerzas militares estadounidenses fuera de las aguas territoriales ecuatorianas.
Tripulante transmitió el abordaje
Uno de los ocupantes de la embarcación transmitió parte de la intervención en directo mediante redes sociales y ofreció una versión diferente sobre las actividades que realizaban.
El hombre sostuvo que habían salido a pescar tres días antes y cuestionó que, según su relato, los militares no establecieran previamente comunicación por radio con la tripulación.
La versión de los ocupantes contrasta con la información de las autoridades estadounidenses y ecuatorianas, que relacionan la embarcación con operaciones logísticas utilizadas para apoyar el narcotráfico.
Cuatro embarcaciones intervenidas en nueve días
El abordaje de la “María Candelaria” se produce después de otras tres operaciones contra embarcaciones ecuatorianas desarrolladas en menos de una semana.
El 28 de agosto fue destruida y hundida la embarcación “Tres Hermanos”, procedente de Jaramijó.
Posteriormente, el 2 de septiembre, las fuerzas estadounidenses atacaron y destruyeron la “Conquista II”, mientras que el 3 de septiembre fue intervenida la “OM 2”.
Estas dos últimas embarcaciones eran de Manta.
Las autoridades de Estados Unidos y Ecuador sostienen que algunas de esas naves operaban como estaciones flotantes de abastecimiento de combustible, presuntamente utilizadas para prolongar la autonomía de otras embarcaciones relacionadas con actividades ilícitas.
Familiares rechazan vínculos con narcotráfico
Las acusaciones oficiales han sido cuestionadas por familiares de algunos de los tripulantes.
Estos niegan que sus parientes estuvieran vinculados con organizaciones criminales y sostienen que las embarcaciones desarrollaban actividades distintas a las atribuidas por las autoridades.
La controversia introduce interrogantes sobre las evidencias utilizadas para identificar las naves como parte de estructuras de apoyo al narcotráfico.
Hasta el momento, la información suministrada no detalla públicamente qué elementos específicos fueron encontrados en cada embarcación para establecer su presunta relación con organizaciones criminales.
Operaciones estadounidenses aumentan en el Pacífico
La sucesión de cuatro intervenciones en apenas nueve días evidencia una intensificación de las operaciones estadounidenses contra las rutas marítimas que Washington considera utilizadas para el transporte y apoyo logístico del narcotráfico en el Pacífico oriental.
El caso de la “María Candelaria” agrega, además, un elemento sensible: mientras Estados Unidos y Ecuador presentan la intervención como parte de la lucha contra una estructura vinculada a Los Choneros, uno de los ocupantes sostiene que se encontraba realizando labores de pesca.
La determinación de las circunstancias exactas de la operación y de la eventual responsabilidad de los tripulantes dependerá ahora de las investigaciones correspondientes y de las evidencias que presenten las autoridades.