Santo Domingo, RD.-El presidente Luis Abinader dispuso que el toque de queda sega en el país por una semana más, hasta el miércoles 7 de julio.Nacionales
Abinader dispone que toque de queda y restricciones sigan otra semana más.
Santo Domingo, RD.-El presidente Luis Abinader dispuso que el toque de queda sega en el país por una semana más, hasta el miércoles 7 de julio.La decisión está contenida en el decreto 401-21, emitido por el Poder Ejecutivo hoy en la noche.
En las disposiciones se establece que los mercados binacionales se mantienen abiertos y por igual se dispuso que la venta de alcohol sea hasta el horario de toque de queda.
«El toque de queda en las demarcaciones más restringidas se mantiene todos los días desde las 6:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., con una gracia de libre circulación hasta las 9:00 p.m., con el único propósito de que las personas puedan dirigirse a sus respectivas residencias. Este horario aplica al Distrito Nacional y las provincias Azua, Bahoruco, Barahona, Dajabón, Elías Piña, El Seibo, Hato Mayor y Hermanas Mirabal, Independencia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Monte Cristi, Monte Plata, Pedernales, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, Santo Domingo y Valverde.
En las siete provincias restantes, es decir, Duarte, Espaillat, La Altagracia, La Vega, Samaná, Santiago y Puerto Plata, el toque de queda se mantiene de lunes a viernes desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., y los sábados y domingos desde las 9:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., con una gracia de libre circulación hasta las 12 de la medianoche todos los días, con el único propósito de que las personas puedan dirigirse a sus respectivas residencias», señala el decreto emitido esta noche por el presidente de la República.
Este es el 29 toque de queda solicitado por el gobierno desde el anuncio de la pandemia del covid-19 en el país.
En este año, han sido solicitados los restantes, teniendo los tres últimos una vigencia de una semana de duración.
Ante el aumento de contagios el Gobierno de Luis Abinader dispuso a través del decreto 349-21, dispuso que 25 provincias tengan un toque de queda de 6:00 de la tarde a 5:00 de la madrugada, y los sábados y domingos desde las 3:00 de la tarde hasta las 5:00 de la mañana.
Las provincias restantes tendrían un horario de 10:00 de la noche a las 5:00 de la madrugada, entre lunes a viernes. Los sábados y domingos desde las 9:00 de la noche hasta las 5:00 de la madrugada.
De igual forma, el Estado dispuso jornadas especiales de vacunación en diversas provincias que han continuado hasta la fecha y seguirán hasta que el 70 por ciento de la población esté inoculada.
Además se prohibió el consumo de bebidas alcohólicas a partir de las 3:00 de la tarde en establecimientos públicos y privados de uso público, así como la venta de estos productos si es para consumo en dichos lugares.
El toque de queda número 26 fue promulgado el día 8 de junio y entraría en vigencia el 9 manteniendo el mismo horario que se había dispuesto.
El 16 de junio decreto 378-21 establecía que hasta el miércoles 23 de junio, el toque de queda será todos los días, desde las 6:00 de la tarde hasta las 5:00 de la madrugada con una gracia de tres horas de libre tránsito en 24 provincias y el Distrito Nacional.
El pasado 22 de junio el presidente Luis Abinader ordenó la extensión del toque de un toque de queda con este mismo horario.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Atención Permanente de Santiago, que preside la jueza Wendy Altagracia Tavárez, impuso este lunes tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un dominicano que fue deportado desde los Estados Unidos, involucrado en al menos siete homicidios en Santiago.
Andry Josué Vargas Núñez, conocido como Juan Bosch, debe cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pino, en La Vega.
La medida fue impuesta al imputado por el asesinato a tiros de Diovel Leonel Fernández Pérez (Guccy), durante un incidente ocurrido en marzo del 2022 en el sector La Yagüita de El Ejido, en las proximidades del Parque Central de Santiago.
Al procesado también lo acusan por sus vínculos, en noviembre de ese mismo año, a una balacera donde murieron cinco personas en la misma barriada.
De acuerdo a la investigación, Vargas Núñez, de 26 años, escapó a Estados Unidos tras participar en esos casos. Fue detenido este año en esa nación y deportado al país el pasado mes de octubre.
Alias «Juan Bosch» también tiene en su contra la orden judicial No. 04036-2022, por supuestamente herir de bala al sargento de la Policía Nacional Starlin Jiménez Mendoza.
Otros hechos delictivos
Además de los homicidios, Vargas Núñez figura en el sistema policial con dos registros por atracos, en enero y marzo del año 2018.
Santo Domingo, R.D.-La importación de alimentos sin aranceles en caso de emergencia o de pandemia podrá ser posible por la recién aprobada Ley de Seguridad Alimentaria, que busca modificar una normativa promulgada en el año 2016, que abriría las puertas para que un consejo de funcionarios pueda recomendar al Poder Ejecutivo la referida medida.
En la gestión del presidente Luis Abinader, el Congreso aprobó una ley para liberar de impuestos más de 60 alimentos y estudió sin éxito otro proyecto que permitiría importar sin aranceles el azúcar.
La pieza que aprobó el jueves la Cámara de Diputados establece que el Consejo Nacional para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan) tendrá, entre sus nuevas funciones, la atribución de recomendar al presidente «la suspensión de las obligaciones arancelarias» para importar alimentos en momentos de emergencia.
La suspensión del cobro arancelario sería una medida especial que solo se aplicaría en caso de que el país tenga alguna necesidad de alimentos provocada por una pandemia o un desastre natural que afecte la soberanía alimentaria del territorio nacional.
Según la iniciativa, las medidas especiales solo serían aplicadas en caso de que el producto sea impactado adversamente, cuando se perjudique la seguridad alimentaria y nutricional del país y cuando se pueda afectar la seguridad económica y los intereses esenciales del Estado.
Otros aspectos
Aparte de la importación de alimentos, la pieza también busca el cumplimiento en la calidad de los alimentos que se consumen en el país, el acceso a la comida, la estabilidad de la oferta sin fluctuaciones y la disponibilidad de alimentos.
«La seguridad alimentaria solo se cumple cuando todas las personas tienen acceso físico y económico a los alimentos nutritivos e inocuos para satisfacer sus necesidades alimentarias», establece el proyecto depositado por el presidente Abinader.
Aunque fue aprobado sin ningún obstáculo por la mayoría que ostenta el PRM en ambas cámaras, los opositores no votaron por la pieza por considerar que «lesiona» las funciones del Congreso.
El vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara baja, Rafael Castillo, expresó que el proyecto le quita funciones al Congreso que, según dijo, es el órgano facultado para recomendar o autorizar la importación de alimentos sin aranceles.
Así también lo argumentó el diputado Danilo Díaz, del Partido de la Liberación Dominicana, al quejarse de que la ley «vulnera» las facultades de los congresistas en su función de fiscalización.
Santo Domingo, R.D.-Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Isis Muñiz, Luis Omar Jiménez y Delio Germán, deliberaban esta noche para decidir la suerte de la solicitud de variación de medida de coerción hecha por el exdirector del Intrant, Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S y Transcore Latam; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
Se espera que esta noche los magistrados adopten una decisión sobre la solicitud presenta, en la que estos piden una medida de coerción menos gravosa a la prisión preventiva. El Ministerio Público, en cambio, solicita mantener la coerción ya dictada.
El pasado 10 de octubre, los involucrados en el llamado caso Intrant fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres de San Cristóbal con 18 meses de prisión preventiva por supuestamente ejecutar de forma fraudulenta el contrato de 1,317 millones de pesos para instalar la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Gómez, Beras y Padovani son señalados por el Ministerio Público de pertenecer a una supuesta red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Las presuntas irregularidades en la licitación giran en torno al contrato para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, el cual fue adjudicado a la empresa Transcore Latam, de Jochi Gómez.