Santo Domingo, RD.- El publicista de ex-procurador general de la República, Miguel José Moya, proclamó su inocencia y dijo que su contrato con la Procuraduría General de la República y por el que es investigado actualmente no fue ilegal, el cual alcanzó un monto de veinte millones de pesos.Nacionales
Mensaje de imputado en Operación Medusa para Jeni Berenice y Camacho.
Santo Domingo, RD.- El publicista de ex-procurador general de la República, Miguel José Moya, proclamó su inocencia y dijo que su contrato con la Procuraduría General de la República y por el que es investigado actualmente no fue ilegal, el cual alcanzó un monto de veinte millones de pesos.En un video publicado en Facebook, donde no se especifica la fecha de filmación, Moya se presenta como fundador de DIO, Desarrollo de Individuos y Organizaciones, empresa fundada en 2001 en la que asegura ni él, su esposa ni sus colaboradores “han sido parte de un acto ilícito, mucho menos ser parte de un entramado criminal y mafioso con fines de lucro, jamás en 30 años de carrera y 20 años de la institución han dio parte de un acto ilícito».
En su mensaje, con el que dijo rompe el silencio, puntualizó varios aspectos, entre ellos la forma del escrutinio al que ha sido sometido que califica de “brutal, humillante y excesivo”.
También se desligó del incidente entre el pasado procurador Jean Alain Rodríguez con la magistrada Miriam Germán en la reunión del Consejo de la Magistratura y una exhortación que le hace a los magistrados Wilson Camacho y Yeni Berenice Reinoso.
Indicó que la primera invitación que le hiciera el Ministerio Público estaba fundamentado en un contrato que su empresa había realizado. “En una licitación pública con todo el rigor de la ley, se desarrolló a inicio de 2018. Este contrato establecía un compromiso de nuestra empresa con la PGR de contribuir con una extensa estrategia de desarrollo organizacional y de estabilidad clima laboral. Para ello diseñamos un complejo programa de capacitación, conferencias, charlas, seminarios, que debía ser ejecutado por la Procuraduría y sus estructuras de soporte y capacitación y nuestra contribución era eminentemente intelectual y de acompañamiento y de colaboración y orientación cuando ellos requirieran.
La interpretación que se hace de este contrato nos coloca en el riesgo de que esto sea interpretado como un fraude. Los magistrados consideran o interpretan que lo que se denomina en el título del contrato entra en conflicto con las tareas realizadas que incluían, además, en la parte de recursos humanos el acompañamiento y la orientación, la conducción y manejo de crisis que sucedían de manera frecuente y simultánea, incluyendo la crisis provocada por los encartados de Odebrecht con la institución”.
“El segundo mensaje que debo compartir es con la magistrada procuradora Miriam Germán, debe usted saber señora procuradora que Miguel José Moya y ninguno de nuestros colaboradores tenía conocimiento previo de aquel incidente ocurrido en el Consejo Nacional de la Magistratura. Observé aquel bochornoso evento con el mismo estremecimiento con que lo vieron miles de ciudadanos y le confieso que sentí la misma indignación ante lo que a una simple mirada, parecía una indignación. Desconocía las interioridades de aquella confrontación. Fue para mí, igual que para muchos otros de mis colaboradores una desagradable sorpresa”.
“Mi último mensaje va dirigido a los señores procuradores Yeni Berenice y al señor Wilson Camacho, ustedes llevan a cabo la tarea de satisfacer la expectativa ciudadana de altísimo valor emocional y moral como que se haga justicia y que termine la corrupción y la impunidad. Al conocerlos, ahora más de cerca pude constatar su pasión, determinación y honestidad en esa búsqueda.
Al alcanzar ese logro de tan alto significado deben ustedes comprender que ese logro le proporcionará un mérito extraordinario, quizás único en la trayectoria de ambos, les pido de todo corazón que el mérito que esa búsqueda le proporcione a ambos no les nuble la razón ni le opaque el discernimiento de manera tal, que no logren distinguir entre lo verdadero de lo falso y la luz de la oscuridad”.
Moya finalizó pidiéndole a Dios fortaleza. “Pido a Dios y a su providencia divina que nos de fortaleza, esperanza y fe para enfrentar este dramático proceso que comparto junto a mi familia y a mis seres queridos”.
Santo Domingo, R.D.-Un decomiso maritimo de drogas, uno de los mayores que se producen en el pais, logró la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) la madrugada del pasado contra el narcotráfico en la República Dominicana, producido al sur de Baní en colaboración con Estados Unidos.
El cargamento, que se estima podría superar las dos toneladas, era transportado en una lancha rápida procedente de zona de la Guajira, Colombia. Tras la interdicción, la droga fue trasladada a la base militar de Caldera, en Baní, donde quedó bajo custodia de los organismos de seguridad para los análisis y el proceso judicial correspondiente.
En la operación fueron detenidos seis tripulantes, todos de nacionalidad dominicana.
Una fuente expresó a Listín Diario que anoche la DNCD realizaba el conteo y decomiso del cargamento de la droga, para presentarla y ofrecer detalles sobre el peso de la cocaína decomisada y de la operación antinarcóticos. Investigaciones preliminares establecen que la embarcación partió desde la zona conocida como La Guajira, norte de Colombia, una región ampliamente identificada por agencias internacionales como uno de los principales puntos de salida de drogas hacia el Caribe.
Su geografía (costas extensas, escasa presencia estatal en amplias áreas y cercanía relativa a rutas marítimas internacionales) ha sido aprovechada por organizaciones criminales para enviar cargamentos hacia Centroamérica y el Caribe, desde donde posteriormente se dirigen al mercado norteamericano.
Autoridades antinarcóticos sostienen que el uso de lanchas rápidas es una modalidad frecuente: embarcaciones livianas, de gran potencia y difícil detección que intentan atravesar el Caribe en pocas horas, para evadir los sistemas de vigilancia.
Según informes la detención fue posible gracias al intercambio de información entre agencias, especialmente datos suministrados por Estados Unidos a los organismos dominicanos, lo que permitió ubicar la embarcación antes de su llegada a nuestro territorio.
Destacan que la cooperación bilateral continúa activa, pese a la suspensión temporal anunciada la semana pasada por la embajada estadounidense respecto a la oficina local de la DEA. Esa medida, según se explicó, no implicó el cese de operaciones conjuntas, sino la separación provisional de agentes bajo investigación por un presunto fraude vinculado al programa de visas.
O sea, los mecanismos de asistencia técnica, intercambio de datos e interdicción marítima permanecen en funcionamiento.
El pasado sábado las autoridades del Ministerio Público y de la DNCD también informaron que persiguen a tres hombres, incluyendo a dos haitianos, en relación a un gran cultivo de marihuana desmantelado en un amplio operativo de seguimiento y vigilancia en un área montañosa de Baní, provincia Peravia.
El operativo se desarrolló con un equipo de fiscales y agentes de la DNCD que contaron con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).
Las labores de inteligencia llevaron a determinar que varios individuos se dedicaban al cultivo y venta del vegetal, lo cual llevó a poner en marcha un amplio operativo aéreo y terrestre en la zona montañosa de la sección Montería, Baní.
Santo Domingo, R.D.-Un nuevo reglamento emitió la Junta Central Electoral (JCE) mediante el cual busca regular las afiliaciones y desafiliaciones de los partidos.
El reglamento, enviado este lunes 16 de febrero a los partidos políticos, tiene por objeto establecer los procedimientos para el registro de las afiliaciones y el proceso de las desafiliaciones de los miembros de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos ante la JCE, de conformidad con la Ley 33-18.
Las disposiciones generales señalan que el plazo anual establecido para la entrega de duplicados de los registros de afiliados actualizados de los miembros de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos será cada día uno de agosto o el siguiente día hábil, a partir del año 2026.
En los años electorales, se establece como fecha de entrega el 1 de noviembre del referido año electoral; en los preelectorales, depositarán su lista de afiliados a más tardar el 30 de abril de dicho año, para los fines de la celebración de los procesos internos que deberán desarrollar para la escogencia de sus candidatos a cargos de elección popular.
El reglamento señala que los partidos tendrán la potestad de decidir el procedimiento de registro de sus afiliados, a través de una plataforma digital desarrollada por estos (la cual deberá ser compatible con la JCE y cuya utilización deberá ser notificada por escrito) o de utilizar la plataforma digital desarrollada por el órgano electoral.
El mismo, aprobado por el pleno encabezado por su presidente Román Jáquez Liranzo, la JCE, de común acuerdo con las organizaciones políticas, podrá incorporar las medidas que considere oportunas o necesarias para implementar las iniciativas que faciliten el proceso de afiliación y la comprobación del mismo, incluyendo pruebas de vida técnicamente disponibles en la institución.
La Junta Central Electoral, una vez reciba los registros de afiliados, realizará los cruces pertinentes, para determinar que los mismos cumplen con lo establecido en este artículo y comunicarlo a las respectivas organizaciones.
“La JCE entregará a más tardar cinco días laborables las observaciones detalladas de los casos con los/las ciudadanos/as que no reunieron los requisitos para pertenecer a una organización política”, reseña el documento.
La JCE establece que para afiliarse a un partido, agrupación o movimiento político se requiere ser ciudadano inscrito y habilitado en el Padrón Electoral.
Mientras que no podrán afiliarse a partidos, agrupaciones o movimientos políticos los militares o miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los jueces del Poder Judicial, Tribunal Superior Electoral (TSE) y Tribunal Constitucional. Tampoco podrán afiliarse los representantes del Ministerio Público, miembros, funcionarios y colaboradores de JCE, juntas electorales, miembros de la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y adjuntos.
Cuando los aspirantes ingresen a esos órganos previamente señalados, deberán presentar una declaración jurada sobre el hecho de estar o no afiliados a un partido, agrupación o movimiento político, con cuya declaración, la institución o el organismo correspondiente, comunicará por escrito tal circunstancia a la JCE y esta al partido, agrupación o movimiento político que corresponda, el cual procederá a cancelar la afiliación de la persona a la organización política.
La afiliación a otro partido, agrupación o movimiento político, el apoyo a otra candidatura contraria, la participación en actividades o la aceptación de candidaturas por otras organizaciones implicarán la renuncia automática a toda afiliación anterior.
“Hacer pronunciamientos en contra de candidaturas de elección popular postuladas por su partido, no producirán la renuncia automática de los militantes que procedieren y que, en caso de que la entidad política en que militan pretendiere sancionarlos, la sanción impuesta solo será válida si fuere dictada con ocasión de un juicio disciplinario llevado a cabo con observancia de las garantías del debido proceso”, indica el documento.
El documento señala que todo afiliado a un partido, agrupación o movimiento político podrá renunciar a él, en cualquier momento, sin expresión de causa.
“La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por la Junta Central Electoral dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción”, dice la propuesta.
Por igual se indica los afiliados podrá renunciar, en cualquier momento, sin expresión de causa.
La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por JCE dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción o ante el órgano electoral, quien remitirá copia y el debido reporte con los datos personales de los renunciantes cada 30 días calendario a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos correspondientes.
El reglamento realizado por el órgano electoral indica que los partidos, agrupaciones o movimientos políticos realizarán el procedimiento de registro a través de la Plataforma Digital habilitada en la página web de la JCE.
La Dirección de Partidos Políticos otorgará un acceso a cada organización política que haya decidido utilizar la plataforma de la JCE, la cual operará a través y bajo la responsabilidad de un/a Administrador/a, quien tendrá a su cargo crear el/los usuarios/s necesarios para sus registros.
“Los partidos, agrupaciones o movimientos políticos usuarios de la referida plataforma, mediante instancia firmada por su presidente o secretario general, designarán un Administrador/a que será la persona autorizada y responsable de crear el/los usuario/s necesarios para realizar sus registros a través de la Plataforma Digital. El/La Delegado/a Político/a será el/la encargado/a de tramitar dicha designación ante la Junta Central Electoral”, señala el nuevo reglamento.
La plataforma de la JCE operará de forma permanente. En el caso de que la Junta Central Electoral requiera suspender temporalmente dicha Plataforma, se informará por los medios correspondientes a los partidos.
El formato establecido para la entrega del Registro de Afiliaciones, en cumplimiento con lo indicado en la Ley núm. 33-18, contendrá el logo y nombre del Partido, Agrupación o Movimiento Político; el Nombre del/ de la afiliado/a o desafiliado/a; la Cédula de Identidad y Electoral; el municipio /Distrito Municipal que corresponda; el código de circunscripción; la fecha de afiliación y la documentación soporte de las afiliaciones o desafiliaciones.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes la Fuerza de Tarea Conjunta descartó hablar sobre el caso del exsupervisor dominicano de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
“Ese no fue un tema hoy en la Fuerza de Tarea”, dijo la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, refiriéndose a Melitón Cordero, arrestado el jueves pasado en Washington y acusado de soborno y fraude de visas estadounidenses.
Raful respondió a una pregunta de uno de los periodistas durante la conferencia de prensa celebrada después de la reunión en el Palacio de la Policía Nacional. La funcionaria no amplió sus comentarios sobre este caso.
Durante su asignación en Embajada estadounidense, Cordero tramitó al menos 119 solicitudes de visa, de las cuales una “presuntamente era fraudulenta”, según indicó la fiscalía federal para el distrito de Columbia en un comunicado.
También asesoraba a las personas en la preparación de su entrevista de visa con funcionarios consulares estadounidenses.
“Cordero se reunió con un ciudadano extranjero y le proporcionó un pasaporte y una visa que le permitían viajar a Estados Unidos a cambio de dinero”, reveló la fiscalía.
La oficina de la DEA en Santo Domingo fue cerrada hasta nuevo aviso tras el arresto del exsupervisor. La embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos, dio a conocer la medida el jueves por la tarde.
Cordero “presuntamente recibió miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener un visado de no inmigrante que les permitiría visitar Estados Unidos por un período temporal”, indicó la fiscalía federal.
Cordero, de 47 años, estuvo asignado durante seis años a la embajada estadounidense en el país.
“La corrupción no tiene espacio en el gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro”, dijo el jueves Campos en un comunicado publicado en X al anunciar el cierre de la oficina de la DEA en el país.
“Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, añadió.
En 2024, el presidente Abinader otorgó la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero a Cordero, según el decreto 520-24 archivado en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.