Opinión
Triple agresión de EE.UU. en la cuenca del Caribe contra Haití, Cuba y Venezuela
«Nada esencial del quehacer del Estado colombiano colonizado, en su condición de caricatura latino-caribeña del accionar de Israel en el Medio Oriente, está al margen de los designios de Washington.»
Por Narciso Isa Conde
El actual paquete agresivo del decadente imperialismo estadounidense es múltiple y tiene como principales propósitos inmediatos tres objetivos: apretar las garras militares sobre Haití, estrangular económicamente a Cuba, procurando provocar estallidos sociales manipulables, y agredir en grande a Venezuela con fuerzas militares y paramilitares colombianas, incluido proyecto magnicida y asesinatos selectivos.
- El Haití de Martelly, Jovenel y la Minustah (2004-2021).
En lo que se refiere a Haití, es preciso destacar que militares asesinos de nacionalidad colombiana, al servicio de los Estados Terroristas de Colombia y EE.UU, en rol de sicarios a su servicio, acribillaron a balazos en su residencia al repudiado y debilitado presidente Jovenel Moise.
Moise fue el heredero del trono a cargo del grupo mafioso del ex-presidente Martelly; ambos designados por las élites políticas y militares estadounidenses en un país caotizado a consecuencia de sucesivas intervenciones militares, del dominio mafioso ejercido conjuntamente por la lumpen burguesía haitiana y la partidocracia corrompida, y de la expansión de las bandas armadas conectadas o no al Estado.
Preeminente el “libre mercado” y el criterio de que “todo se vale” para obtener riquezas, muy en boga en el contexto de una intensa recolonización neoliberal impuesta por EEUU a un país cruelmente empobrecido, generó un caldo de cultivo propicio para la expansión de toda esa podredumbre.
Con Moise en la presidencia, meses después de la farsa electoral del 2016 que lo catapultó a ese cargo, se expandieron las bandas armadas, los grupos de mercenarios colombianos y la compra, tráfico y posesión ilegal de armas procedentes de EEUU.
En la actualidad existen 77 bandas armadas y unas 500 mil armas modernas en manos de la población civil, de las cuales solo 45 mil han sido legalizadas.
Las bandas avanzaron en cantidad y calidad de armas, control de territorio y financiamiento a base de extorsiones, secuestros, tráfico de estupefacientes y armamento.
Una parte importante de esas bandas fueron conformadas por delincuentes civiles y por miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden-UDMO (policía nacional), logrando así fuertes conexiones policiales y estatales, incluso a nivel presidencial.
Las nueve bandas más poderosas formaron una especie de federación conocida como la G9, liderada por un ex-oficial policial de nombre Jimmy Chezider (alias Barbecue), protegida por el presidente Moise.
La G9 domina actualmente los barrios más poblados de Puerto Príncipe: Martissant, Cité Soleil y Fort Dimanche; lo que le posibilita controlar todas las vías de acceso a la capital haitiana.
Esa federación de bandas ha realizado desfiles con tropas armadas encapuchadas, sin intervención policial. Cuenta con un canal de TV propio en Youtube y ha demandado su legalización.
Precisamente ese conjunto mafioso ha sido el mejor conectado al poder estatal y el más protegido por el presidente asesinado y por la cúpula policial entrenada desde su origen por la MINUSTHA, fuerza oficial de intervención oficializada por la ONU (Cascos Azules) forjada por la invasión militar estadounidense.
En ese clima sórdido reina la gansterización de las instituciones, se desarrollan los choques sangrientos entre pandillas, continuas masacres, feroces competencias inter-burguesas e inter-mafias, e intensas pugnas por el control del gobierno, en medio de crecientes protestas populares y fuertes tendencias a la ingobernabilidad.
En medio de ese cuadro no hay manera de exculpar la determinación del decadente imperio estadounidense, centro del imperialismo occidental, de haber auspiciado una especie de “caos bajo su control”, con el propósito de dominar un espacio territorial de gran valor geopolítico en la Cuenca del Caribe, precisamente en las proximidades de Cuba, Venezuela y toda Centroamérica; muy rico, por demás en litio, titanio, oro, cobalto y “tierras raras”.
En ese marco viciado, y en medio de un peligroso tranque político, con un pueblo en las calles y una clase gobernante-dominante local profundamente fracturada e incapaz de recomponer su poder, no es extraño que militares mercenarios, curtidos en el crimen en ejércitos genocidas como el de Colombia y EEUU, fueran seleccionados y se prestaran a eliminar a un aliado de EEUU ya desgastado e imposibilitado de garantizar gobernabilidad.
Al parecer lo hicieron sin detenerse mucho a pensar que ellos también serían sacrificados a partir agregarse al momento los factores críticos necesarios para abrirle cauce a mayores grados intervención militar imperialista; aunque siempre sujetos a posibles rejuegos y transacciones que posibiliten reparar en alguna medida su impunidad violada.
Los centros de poder estadounidense y colombianos usaron desde el 2016 a Jovenel Moise y emplearon recientemente a sus sicarios oficiales para sacarlo de juego; operando sus centros de inteligencia soterradamente, tras un formato de confrontación entre facciones mafiosas, en la que las dos partes serían anuladas en lo inmediato para tratar de salvar el arbitraje y “justificar” la posterior intervención imperial.
Una triple jugada criminal y tres ataques simultáneos en carpeta.
Nuevo plan desestabilizador contra Cuba soberana. Perversidad gringa al cubo.
En el curso de la terrible pandemia COVID 19, endureciendo cruelmente el bloqueo, la cúpula imperialista norteamericana, incluidas sus dos facciones (Neofascista-Trump y Globalista-Biden), está intentando provocar un colapso de la economía cubana que genere levantamientos sociales que le faciliten su viejo anhelo de anular su soberanía, derrotar la revolución e imponer la recolonización.
Con esos fines la Administración Trump agregó 243 nuevas restricciones a un fuerte bloqueo que dura ya 60 años y que ha representado pérdidas para Cuba que representan alrededor de 143 mil millones de dólares en todo el periodo y más de 9 mil millones del 2019 al 2021, intervalo cruzado por la pandemia.
En tiempos recientes el ataque -ratificado por la Administración Biden- ha estado concentrado en las principales fuentes de divisas de la isla: turismo, remesas, colaboración médica, transacciones financieras; obstruyendo operaciones de importación y aumentando extraordinariamente sus costos; obstruyendo exportaciones y transacciones bancarias; agravando dramáticamente la escasez de alimentos, medicamentos, combustibles, equipos médicos, insumos para la industria, reactivos y material de laboratorios para la fabricación de vacunas y fármacos.
Es muy relevante destacar que esto ha implicado obstrucciones y retrasos criminales en el Programa Anti-Covid cubano y en los procesos de fabricación de sus vacunas, ocasionando graves problemas adicionales a raíz de determinados impactos negativos de la expansión de las nuevas cepas; algunos de ellos contrarrestados a base de mucho sacrificio y renovado heroísmo.
A esto se suman recientemente los sabotajes en las redes sociales que han inutilizado el portal CUBA DEBATE y el del MIREX, la perniciosa activación de sus agentes pagados por ONGs y sus agencias con instrucciones de explotar las necesidades imperiosas y las penurias provocadas por ellos mismos, esforzándose en dividir, confundir, estimular revueltas sociales e instrumentar diversas formas de agresión e intervención externa.
Una de ellas es declarar a Cuba, a través de una brutal y apabullante campaña mediática, escenario de “crisis humanitaria” y sujeto de “asistencia humanitaria” imperial, para situar en el imaginario de los pueblos la conversión del victimario en “salvador”.
Muy parecido a lo que intentaron hacer en Venezuela, que luego devino en el frustrado intento de invasión militar y paramilitar, derrotado en siete puentes fronterizos por el bravo pueblo venezolano; algo así como el preámbulo de las atrocidades desplegadas en zonas de la vieja Yugoslavia
Contra Cuba, que independientemente de las agudas precariedades cotidianas agravadas cuenta con índices de desarrollo humano ejemplares a escala global, índices que la colocan distante de lo que podría calificarse como “crisis humanitaria”, han echado a andar la propuesta de un “CORREDOR HUMANITARIO” desde los EEUU y otras potencias enemigas (“sin ninguna restricciones”), para meter todos los componentes propios de la subversión contrarrevolucionaria y la nueva guerra anexionista.
La propuesta de ese regalo envenenado la han acompañado de la organización soterrada y/o encubierta de los primeros focos de protesta social de corte político pro-imperialista, que han sido sofocados por el pueblo movilizado y la audaz e inteligente intervención de sus líderes, encabezados por el Presidente Díaz Canel.
La respuesta del liderazgo cubano ha sido clara: estamos abiertos a la solidaridad de quienes rechazan el bloqueo, quienes quieran ayudarnos de verdad que luchen contra su prolongación, las calles son de los/as revolucionarios/as.
- EEUU se apresta a ampliar y arreciar su plan de desestabilización de la Venezuela bolivariana.
Apretar las garras sobre Haití sirve a la estrategia estadounidense de la reversión de los procesos pro-independencia y alternativos al neoliberalismo en la Cuenca del Caribe, y especialmente a su propósito inmediato de ampliar, profundizar y arreciar su plan desestabilizador del proceso bolivariano en Venezuela.
Venezuela ha estado sometida por EE.UU, con la complicidad del Estado narco-terrorista colombiano, al despliegue de todas las vertientes de la llamada “guerra de cuarta generación”: bloqueo económico, secuestro de miles de millones de dólares depositados en bancos del exterior, desabastecimientos, sabotajes, guerra mediática, agresiones cibernéticas, operaciones terroristas encubiertas, penetración e incursiones agresiva de paramilitares, invasiones marítimas, proyectos magnicidas.
Nada de eso ha cambiado sustancialmente con el cambio de administración en EE.UU. Biden y los demócratas, con otro estilo y más astucia, más bien le están subiendo el tono a su guerra contra la segunda independencia continental y particularmente contra los países que la han emprendido con fuerte vocación internacionalista y bolivariana.
Contra Cuba y Venezuela se aprecia una saña de alto nivel.
Todo parece indicar que la Casa Blanca en poder de los demócratas y de los llamados “globalistas” procura -aun en medio de las enormes dificultades de sus aliados colombianos- elevarle el rango a la Colombia santanderista como plataforma de agresión político-militar contra los países cercanos, especialmente contra la vecina Venezuela; esto es, potenciar una especie de sucursal dotada de bases militares estadounidenses, afiliada a la OTAN, con sistemas satelitales, fábricas de militares mercenarios y paramilitarismo criminal.
Esto es, la Administración Biden trabaja para delegar niveles más alto de aportes y un mayor despliegue de la guerra de cuarta generación hacia su plataforma de colombiana, sin desmontar los planes estructurados por el Comando Sur, ni afectar el papel de la IV Flota que a menudo merodea las aguas caribeñas
A ese rol asignado responden que las amenazas y todo el tinglado de guerra psicológica contra Venezuela suban de tono, que el régimen narco-terroristas de Duque-Uribe incremente su agresividad contra el chavismo bolivariano y que se estén preparando en territorio colombiano centenares de mercenarios para ser incorporados a los planes imperialistas.
Nada esencial del quehacer del Estado colombiano colonizado, en su condición de caricatura latino-caribeña del accionar de Israel en el Medio Oriente, está al margen de los designios de Washington.
El silencio y la simulación gringa no logran ocultar su prepotente mano peluda con traje paraco-falso positivo en los recientes acontecimientos acaecidos en Haití, utilizando República Dominicana como zona de tránsito y sede de su estación de mando.
- La sospechosa escala en Santo Domingo de los jefes del Comando Sur y la IV Flota de la Armada estadounidense y el Memorando de Balaguer.
Caliente la eliminación física del presidente mafioso de Haití, la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana anunció la llegada al Puerto de Santo Domingo del Buque USS Billings, calificado como “buque de combate del litoral”, con el Jefe del Comando Sur y el Jefe de IV Flota a bordo, Almirante Donald Gabrielson y Vice-Almirante Sinclair Harris a bordo; lo que devela el papel asignado a nuestro país en lo que habrá de pasar en Haití y más allá.
A propósito de cuestiones tan ominosas. es bueno refrescar la memoria y traer al presente aquel MEMORANDO firmado por la Cancillería Dominicana por órdenes del presidente Balaguer, horas antes de la intervención militar estadounidense destinada a reponer a Jean Beltrand Arístides en la Presidencia de Haití, previamente corrompido y cooptado.
Ese Memorando, que autorizó –y autoriza- al PENTÁGONO a usar puertos, aeropuertos, territorio y carreteras dominicanas para enviar tropas a Haití, sigue vigente.
Entonces, ¿a qué vinieron ahora esos dos jefotes del ARMY a la República Dominicana, mientras en Haití militares mercenarios colombianos y haitianos-estadounidenses ejecutaban a Jovenel Moises?
Seguro estoy que no fue a jugar futbol americano.
Como lo estoy también de que las operaciones encubiertas de EEUU contra Cuba y Venezuela, van de la mano de la determinación gringa de apretar sus garras en Haití; mientras el Gobierno dominicano que preside Luis Abinader le sirve con mucha complacencia, garantizada temporalmente su impunidad internacional por la sombrilla protectora del Norte Revuelto y Brutal en persistente decadencia agresiva.
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?