Conecta con nosotros

Opinión

Triple agresión de EE.UU. en la cuenca del Caribe contra Haití, Cuba y Venezuela

Published

on

«Nada esencial del quehacer del Estado colombiano colonizado, en su condición de caricatura latino-caribeña del accionar de Israel en el Medio Oriente, está al margen de los designios de Washington.»

Por Narciso Isa Conde

El actual paquete agresivo del decadente imperialismo estadounidense es múltiple y tiene como principales propósitos inmediatos tres  objetivos: apretar las garras militares sobre Haití, estrangular económicamente a Cuba,  procurando provocar estallidos sociales manipulables, y agredir en grande a Venezuela con fuerzas militares y paramilitares colombianas, incluido proyecto magnicida y asesinatos selectivos.

  •  El Haití de Martelly, Jovenel y la Minustah (2004-2021).

En lo que se refiere a Haití, es preciso destacar que  militares asesinos de nacionalidad colombiana, al servicio de los Estados Terroristas de Colombia y EE.UU, en rol de sicarios a su servicio, acribillaron a balazos en su residencia al repudiado y debilitado presidente Jovenel Moise.

Moise fue el heredero del trono a cargo del grupo mafioso del ex-presidente Martelly; ambos designados por las élites políticas y militares estadounidenses en un país caotizado a consecuencia de sucesivas intervenciones militares, del dominio mafioso ejercido conjuntamente por la lumpen burguesía haitiana y la partidocracia corrompida, y de la expansión de las bandas armadas conectadas o no al Estado.

  Preeminente el “libre mercado” y el criterio de que “todo se vale” para obtener riquezas, muy en boga en el contexto de una intensa recolonización neoliberal impuesta por EEUU a un país cruelmente empobrecido, generó un caldo de cultivo propicio para la expansión de toda esa podredumbre.

Con Moise en la presidencia, meses después de la farsa electoral del 2016 que lo catapultó a ese cargo, se expandieron las bandas armadas, los grupos de mercenarios colombianos y la compra, tráfico y posesión ilegal de armas procedentes de EEUU.

En la actualidad existen 77 bandas armadas y unas 500 mil armas modernas en manos de la población civil, de las cuales solo 45 mil han sido legalizadas.

Las bandas avanzaron en cantidad y calidad de armas, control de territorio y financiamiento a base de extorsiones, secuestros, tráfico de estupefacientes y armamento.

Una parte importante de esas bandas fueron conformadas  por delincuentes civiles y por miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden-UDMO (policía nacional), logrando así fuertes conexiones  policiales y estatales, incluso a nivel presidencial.

Las nueve bandas más poderosas formaron una especie de federación conocida como la G9, liderada por un ex-oficial policial de nombre Jimmy Chezider (alias Barbecue), protegida por el presidente Moise.

La G9 domina actualmente los barrios más poblados de Puerto Príncipe: Martissant, Cité Soleil y Fort Dimanche; lo que le posibilita controlar todas las vías de acceso a la capital haitiana.

Esa federación de bandas ha realizado desfiles con tropas armadas encapuchadas, sin intervención policial. Cuenta con un canal de TV propio en Youtube y ha demandado su legalización.

Precisamente ese conjunto mafioso ha sido el mejor conectado al poder estatal y el más protegido por el presidente asesinado y por la cúpula policial entrenada desde su origen por la MINUSTHA, fuerza oficial de intervención oficializada por la ONU (Cascos Azules) forjada por la invasión militar estadounidense.

En ese clima sórdido reina la gansterización  de las instituciones, se desarrollan los choques sangrientos entre pandillas, continuas masacres, feroces competencias inter-burguesas e inter-mafias, e intensas pugnas por el control del gobierno, en medio de crecientes protestas populares y fuertes tendencias a la ingobernabilidad.

En medio de ese cuadro no hay manera de exculpar la determinación del decadente imperio estadounidense, centro del imperialismo occidental, de haber auspiciado una especie de “caos bajo su control”, con el propósito de dominar un espacio territorial de gran valor geopolítico en la Cuenca del Caribe, precisamente en las proximidades de Cuba, Venezuela y toda Centroamérica; muy rico, por demás en litio, titanio, oro, cobalto y “tierras raras”.

En ese marco viciado, y en medio de un peligroso tranque político, con un pueblo en las calles y una clase gobernante-dominante local profundamente fracturada e incapaz de recomponer su poder,  no es extraño que militares mercenarios, curtidos en el crimen en ejércitos genocidas como el de Colombia y EEUU, fueran seleccionados y se prestaran a eliminar a un aliado de EEUU ya desgastado e imposibilitado de garantizar gobernabilidad.

 Al parecer lo hicieron sin detenerse mucho a pensar que ellos también serían sacrificados a partir agregarse al momento los factores críticos necesarios para abrirle cauce a mayores grados intervención militar imperialista; aunque siempre sujetos a posibles rejuegos y transacciones que  posibiliten reparar en alguna medida su impunidad violada.

Los centros de poder estadounidense y colombianos usaron desde el 2016 a Jovenel Moise y emplearon recientemente a sus sicarios oficiales para sacarlo de juego; operando sus centros de inteligencia soterradamente, tras un formato de confrontación entre facciones mafiosas, en la que las dos partes serían anuladas en lo inmediato para tratar de salvar el arbitraje y “justificar” la posterior intervención imperial.

Una triple jugada criminal y tres ataques simultáneos en carpeta.

 Nuevo plan desestabilizador contra Cuba soberana. Perversidad gringa al cubo.

    En el curso de la terrible pandemia COVID 19, endureciendo cruelmente el bloqueo, la cúpula imperialista norteamericana, incluidas sus dos facciones (Neofascista-Trump y Globalista-Biden), está intentando provocar un colapso de la economía cubana que genere levantamientos sociales que le faciliten su viejo anhelo de anular su soberanía, derrotar la revolución e imponer la recolonización.

Con esos fines la Administración Trump agregó 243 nuevas restricciones a un fuerte bloqueo que dura ya 60 años y que ha representado pérdidas para Cuba que representan alrededor de 143 mil millones de dólares en todo el periodo y más de 9 mil millones del 2019 al 2021, intervalo cruzado por la pandemia.

En tiempos recientes el ataque -ratificado por la Administración Biden- ha estado concentrado en las principales fuentes de divisas de la isla: turismo, remesas, colaboración médica, transacciones financieras; obstruyendo operaciones de importación y aumentando extraordinariamente sus costos; obstruyendo exportaciones y transacciones bancarias; agravando dramáticamente  la escasez de alimentos, medicamentos, combustibles, equipos médicos, insumos para la industria, reactivos y material de laboratorios para la fabricación de vacunas y fármacos.

Es muy relevante destacar que esto ha implicado obstrucciones y retrasos criminales en el Programa Anti-Covid cubano y en los procesos de fabricación de sus vacunas, ocasionando graves problemas adicionales a raíz de determinados impactos negativos de la expansión de las nuevas cepas; algunos de ellos contrarrestados a base de mucho sacrificio y renovado heroísmo.

A esto se suman recientemente los sabotajes en las redes sociales que han inutilizado el portal CUBA DEBATE y el del MIREX, la perniciosa activación de sus agentes pagados por ONGs  y sus agencias con instrucciones de explotar las necesidades imperiosas y las penurias provocadas por ellos mismos, esforzándose en dividir, confundir, estimular revueltas sociales e instrumentar diversas formas de agresión e intervención externa.

Una de ellas es declarar a Cuba, a través de una brutal y apabullante campaña mediática, escenario de “crisis humanitaria” y sujeto de “asistencia humanitaria” imperial, para situar en el imaginario de los pueblos la conversión del victimario en “salvador”.

Muy parecido a lo que intentaron hacer en Venezuela, que luego devino en el frustrado intento de invasión militar y paramilitar, derrotado en siete puentes fronterizos por el bravo pueblo venezolano; algo así como el preámbulo de las atrocidades desplegadas en zonas de la vieja Yugoslavia

Contra Cuba, que independientemente de las agudas precariedades cotidianas agravadas cuenta con índices de desarrollo humano ejemplares a escala global, índices que la colocan distante de lo que podría calificarse como “crisis humanitaria”, han echado a andar la propuesta de un “CORREDOR HUMANITARIO” desde los EEUU y otras potencias enemigas (“sin ninguna restricciones”), para meter todos los componentes propios de la subversión contrarrevolucionaria y la nueva guerra anexionista.

La propuesta de ese regalo envenenado la han acompañado de la organización soterrada y/o encubierta de los primeros focos de protesta social de corte político pro-imperialista, que han sido sofocados por el pueblo movilizado y la audaz e inteligente intervención de sus líderes, encabezados por el Presidente Díaz Canel.

La respuesta del liderazgo cubano ha sido clara: estamos abiertos a la solidaridad de quienes rechazan el bloqueo,  quienes quieran ayudarnos de verdad que luchen contra su prolongación, las calles son de los/as revolucionarios/as.

  • EEUU se apresta a ampliar y arreciar su plan  de desestabilización de la Venezuela bolivariana.

Apretar las garras sobre Haití sirve a la estrategia estadounidense de la reversión de los procesos pro-independencia  y alternativos al neoliberalismo en la Cuenca del Caribe, y especialmente a su propósito inmediato de ampliar, profundizar y arreciar su plan desestabilizador del proceso bolivariano en Venezuela.

Venezuela ha estado sometida por EE.UU, con la complicidad del Estado narco-terrorista colombiano, al despliegue de todas las vertientes de la llamada “guerra de cuarta generación”: bloqueo económico, secuestro de miles de millones de dólares depositados en bancos del exterior, desabastecimientos, sabotajes, guerra mediática, agresiones cibernéticas, operaciones terroristas encubiertas, penetración e incursiones agresiva de paramilitares, invasiones marítimas, proyectos magnicidas.

Nada de eso ha cambiado sustancialmente con el cambio de administración en EE.UU. Biden y los demócratas, con otro estilo y más astucia, más bien le están subiendo el tono a su guerra contra la segunda independencia continental y particularmente contra los países que la han emprendido con fuerte vocación internacionalista y bolivariana.

Contra Cuba y Venezuela se aprecia una saña de alto nivel.

Todo parece indicar que la Casa Blanca en poder de los demócratas y de los llamados “globalistas” procura -aun en medio de las enormes dificultades de sus aliados colombianos- elevarle el rango a la Colombia santanderista como plataforma de agresión político-militar contra los países cercanos, especialmente contra la vecina Venezuela; esto es, potenciar una especie de sucursal dotada de bases militares estadounidenses, afiliada a la OTAN, con sistemas satelitales, fábricas de militares mercenarios y paramilitarismo criminal.

Esto es, la Administración Biden trabaja para delegar niveles  más alto de aportes y un mayor despliegue de la guerra de cuarta generación hacia su plataforma de colombiana, sin desmontar los planes estructurados por el Comando Sur, ni afectar el papel de la IV Flota que a menudo merodea las aguas caribeñas

A ese rol asignado responden que las amenazas y todo el tinglado de guerra psicológica contra Venezuela suban de tono, que el régimen narco-terroristas de Duque-Uribe incremente su agresividad contra el chavismo bolivariano y que se estén preparando en territorio colombiano centenares de mercenarios para ser incorporados a los planes imperialistas.

Nada esencial del quehacer del Estado colombiano colonizado, en su condición de caricatura latino-caribeña del accionar de Israel en el Medio Oriente, está al margen de los designios de Washington.

El silencio y la simulación gringa no logran ocultar su prepotente mano peluda con traje paraco-falso positivo en los recientes acontecimientos acaecidos en Haití, utilizando República Dominicana como zona de tránsito y sede de su estación de mando. 

  • La sospechosa escala en Santo Domingo de los  jefes del Comando Sur y la IV Flota de la Armada estadounidense y el Memorando de Balaguer.

Caliente la eliminación física del presidente mafioso de Haití, la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana anunció la llegada al Puerto de Santo Domingo del Buque USS Billings, calificado como “buque de combate del litoral”, con el Jefe del Comando Sur y el Jefe de IV Flota a bordo, Almirante Donald Gabrielson y Vice-Almirante Sinclair Harris a bordo; lo que devela el papel asignado a nuestro país en lo que habrá de pasar en Haití y más allá.

A propósito de cuestiones tan ominosas. es bueno refrescar la memoria y traer al presente aquel MEMORANDO firmado por la Cancillería Dominicana por órdenes del presidente Balaguer, horas antes de la intervención militar estadounidense destinada a reponer a Jean Beltrand Arístides en la Presidencia de Haití, previamente corrompido y cooptado.

Ese Memorando, que autorizó –y autoriza- al PENTÁGONO a usar puertos, aeropuertos, territorio y carreteras dominicanas para enviar tropas a Haití, sigue vigente.

Entonces, ¿a qué vinieron ahora esos dos jefotes del ARMY a la República Dominicana, mientras en Haití militares mercenarios colombianos y haitianos-estadounidenses ejecutaban a Jovenel Moises?

Seguro estoy que no fue a jugar futbol americano.

 Como lo estoy también de que las operaciones encubiertas de EEUU contra Cuba y Venezuela, van de la mano de la determinación gringa de apretar sus garras en Haití; mientras el Gobierno dominicano que preside Luis Abinader le sirve con mucha complacencia, garantizada temporalmente su impunidad internacional por la sombrilla protectora del Norte Revuelto y Brutal en persistente decadencia agresiva.

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Opinión

Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad

Published

on

La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.

  • El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
  • Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
  • La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.

Por Narciso Isa Conde

Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.

Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.

 Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.

 El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:

·         La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.

·          Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.

·         Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.

·         En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.

·         Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.

·         La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».

·         El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.

Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:

¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?

 Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:

Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.

En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.

La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.

Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.

Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.

Continue Reading

Opinión

Descalifican libros y ganadores con IA (6 de 10)

Published

on

Por Oscar López Reyes

Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.

Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.

La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.

¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?

Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.

También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.

Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.

El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.

La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.

¿Cuáles son las respuestas?

Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.

Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.

Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.

……………………………………..

Referencias bibliográficas:

1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/

2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.

3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.

5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.

6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.

8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
…………………………………………

El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.

…………………………………………

 

Continue Reading

Opinión

La Constitución como medida del poder

Published

on

Por Isaías Ramos

 Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.

El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.

El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.

Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.

La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.

Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.

En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.

El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.

El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.

Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.

Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.

Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.

El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.

Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.

Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.

En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder

siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.

El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.

¡El 2044 comienza hoy!

Continue Reading

Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
www.larepublicaonline.com  / Email: periodico@larepublicaonline.com
Copyright © 2021 Blue National Group