Opinión
Triple agresión de EE.UU. en la cuenca del Caribe contra Haití, Cuba y Venezuela
«Nada esencial del quehacer del Estado colombiano colonizado, en su condición de caricatura latino-caribeña del accionar de Israel en el Medio Oriente, está al margen de los designios de Washington.»
Por Narciso Isa Conde
El actual paquete agresivo del decadente imperialismo estadounidense es múltiple y tiene como principales propósitos inmediatos tres objetivos: apretar las garras militares sobre Haití, estrangular económicamente a Cuba, procurando provocar estallidos sociales manipulables, y agredir en grande a Venezuela con fuerzas militares y paramilitares colombianas, incluido proyecto magnicida y asesinatos selectivos.
- El Haití de Martelly, Jovenel y la Minustah (2004-2021).
En lo que se refiere a Haití, es preciso destacar que militares asesinos de nacionalidad colombiana, al servicio de los Estados Terroristas de Colombia y EE.UU, en rol de sicarios a su servicio, acribillaron a balazos en su residencia al repudiado y debilitado presidente Jovenel Moise.
Moise fue el heredero del trono a cargo del grupo mafioso del ex-presidente Martelly; ambos designados por las élites políticas y militares estadounidenses en un país caotizado a consecuencia de sucesivas intervenciones militares, del dominio mafioso ejercido conjuntamente por la lumpen burguesía haitiana y la partidocracia corrompida, y de la expansión de las bandas armadas conectadas o no al Estado.
Preeminente el “libre mercado” y el criterio de que “todo se vale” para obtener riquezas, muy en boga en el contexto de una intensa recolonización neoliberal impuesta por EEUU a un país cruelmente empobrecido, generó un caldo de cultivo propicio para la expansión de toda esa podredumbre.
Con Moise en la presidencia, meses después de la farsa electoral del 2016 que lo catapultó a ese cargo, se expandieron las bandas armadas, los grupos de mercenarios colombianos y la compra, tráfico y posesión ilegal de armas procedentes de EEUU.
En la actualidad existen 77 bandas armadas y unas 500 mil armas modernas en manos de la población civil, de las cuales solo 45 mil han sido legalizadas.
Las bandas avanzaron en cantidad y calidad de armas, control de territorio y financiamiento a base de extorsiones, secuestros, tráfico de estupefacientes y armamento.
Una parte importante de esas bandas fueron conformadas por delincuentes civiles y por miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden-UDMO (policía nacional), logrando así fuertes conexiones policiales y estatales, incluso a nivel presidencial.
Las nueve bandas más poderosas formaron una especie de federación conocida como la G9, liderada por un ex-oficial policial de nombre Jimmy Chezider (alias Barbecue), protegida por el presidente Moise.
La G9 domina actualmente los barrios más poblados de Puerto Príncipe: Martissant, Cité Soleil y Fort Dimanche; lo que le posibilita controlar todas las vías de acceso a la capital haitiana.
Esa federación de bandas ha realizado desfiles con tropas armadas encapuchadas, sin intervención policial. Cuenta con un canal de TV propio en Youtube y ha demandado su legalización.
Precisamente ese conjunto mafioso ha sido el mejor conectado al poder estatal y el más protegido por el presidente asesinado y por la cúpula policial entrenada desde su origen por la MINUSTHA, fuerza oficial de intervención oficializada por la ONU (Cascos Azules) forjada por la invasión militar estadounidense.
En ese clima sórdido reina la gansterización de las instituciones, se desarrollan los choques sangrientos entre pandillas, continuas masacres, feroces competencias inter-burguesas e inter-mafias, e intensas pugnas por el control del gobierno, en medio de crecientes protestas populares y fuertes tendencias a la ingobernabilidad.
En medio de ese cuadro no hay manera de exculpar la determinación del decadente imperio estadounidense, centro del imperialismo occidental, de haber auspiciado una especie de “caos bajo su control”, con el propósito de dominar un espacio territorial de gran valor geopolítico en la Cuenca del Caribe, precisamente en las proximidades de Cuba, Venezuela y toda Centroamérica; muy rico, por demás en litio, titanio, oro, cobalto y “tierras raras”.
En ese marco viciado, y en medio de un peligroso tranque político, con un pueblo en las calles y una clase gobernante-dominante local profundamente fracturada e incapaz de recomponer su poder, no es extraño que militares mercenarios, curtidos en el crimen en ejércitos genocidas como el de Colombia y EEUU, fueran seleccionados y se prestaran a eliminar a un aliado de EEUU ya desgastado e imposibilitado de garantizar gobernabilidad.
Al parecer lo hicieron sin detenerse mucho a pensar que ellos también serían sacrificados a partir agregarse al momento los factores críticos necesarios para abrirle cauce a mayores grados intervención militar imperialista; aunque siempre sujetos a posibles rejuegos y transacciones que posibiliten reparar en alguna medida su impunidad violada.
Los centros de poder estadounidense y colombianos usaron desde el 2016 a Jovenel Moise y emplearon recientemente a sus sicarios oficiales para sacarlo de juego; operando sus centros de inteligencia soterradamente, tras un formato de confrontación entre facciones mafiosas, en la que las dos partes serían anuladas en lo inmediato para tratar de salvar el arbitraje y “justificar” la posterior intervención imperial.
Una triple jugada criminal y tres ataques simultáneos en carpeta.
Nuevo plan desestabilizador contra Cuba soberana. Perversidad gringa al cubo.
En el curso de la terrible pandemia COVID 19, endureciendo cruelmente el bloqueo, la cúpula imperialista norteamericana, incluidas sus dos facciones (Neofascista-Trump y Globalista-Biden), está intentando provocar un colapso de la economía cubana que genere levantamientos sociales que le faciliten su viejo anhelo de anular su soberanía, derrotar la revolución e imponer la recolonización.
Con esos fines la Administración Trump agregó 243 nuevas restricciones a un fuerte bloqueo que dura ya 60 años y que ha representado pérdidas para Cuba que representan alrededor de 143 mil millones de dólares en todo el periodo y más de 9 mil millones del 2019 al 2021, intervalo cruzado por la pandemia.
En tiempos recientes el ataque -ratificado por la Administración Biden- ha estado concentrado en las principales fuentes de divisas de la isla: turismo, remesas, colaboración médica, transacciones financieras; obstruyendo operaciones de importación y aumentando extraordinariamente sus costos; obstruyendo exportaciones y transacciones bancarias; agravando dramáticamente la escasez de alimentos, medicamentos, combustibles, equipos médicos, insumos para la industria, reactivos y material de laboratorios para la fabricación de vacunas y fármacos.
Es muy relevante destacar que esto ha implicado obstrucciones y retrasos criminales en el Programa Anti-Covid cubano y en los procesos de fabricación de sus vacunas, ocasionando graves problemas adicionales a raíz de determinados impactos negativos de la expansión de las nuevas cepas; algunos de ellos contrarrestados a base de mucho sacrificio y renovado heroísmo.
A esto se suman recientemente los sabotajes en las redes sociales que han inutilizado el portal CUBA DEBATE y el del MIREX, la perniciosa activación de sus agentes pagados por ONGs y sus agencias con instrucciones de explotar las necesidades imperiosas y las penurias provocadas por ellos mismos, esforzándose en dividir, confundir, estimular revueltas sociales e instrumentar diversas formas de agresión e intervención externa.
Una de ellas es declarar a Cuba, a través de una brutal y apabullante campaña mediática, escenario de “crisis humanitaria” y sujeto de “asistencia humanitaria” imperial, para situar en el imaginario de los pueblos la conversión del victimario en “salvador”.
Muy parecido a lo que intentaron hacer en Venezuela, que luego devino en el frustrado intento de invasión militar y paramilitar, derrotado en siete puentes fronterizos por el bravo pueblo venezolano; algo así como el preámbulo de las atrocidades desplegadas en zonas de la vieja Yugoslavia
Contra Cuba, que independientemente de las agudas precariedades cotidianas agravadas cuenta con índices de desarrollo humano ejemplares a escala global, índices que la colocan distante de lo que podría calificarse como “crisis humanitaria”, han echado a andar la propuesta de un “CORREDOR HUMANITARIO” desde los EEUU y otras potencias enemigas (“sin ninguna restricciones”), para meter todos los componentes propios de la subversión contrarrevolucionaria y la nueva guerra anexionista.
La propuesta de ese regalo envenenado la han acompañado de la organización soterrada y/o encubierta de los primeros focos de protesta social de corte político pro-imperialista, que han sido sofocados por el pueblo movilizado y la audaz e inteligente intervención de sus líderes, encabezados por el Presidente Díaz Canel.
La respuesta del liderazgo cubano ha sido clara: estamos abiertos a la solidaridad de quienes rechazan el bloqueo, quienes quieran ayudarnos de verdad que luchen contra su prolongación, las calles son de los/as revolucionarios/as.
- EEUU se apresta a ampliar y arreciar su plan de desestabilización de la Venezuela bolivariana.
Apretar las garras sobre Haití sirve a la estrategia estadounidense de la reversión de los procesos pro-independencia y alternativos al neoliberalismo en la Cuenca del Caribe, y especialmente a su propósito inmediato de ampliar, profundizar y arreciar su plan desestabilizador del proceso bolivariano en Venezuela.
Venezuela ha estado sometida por EE.UU, con la complicidad del Estado narco-terrorista colombiano, al despliegue de todas las vertientes de la llamada “guerra de cuarta generación”: bloqueo económico, secuestro de miles de millones de dólares depositados en bancos del exterior, desabastecimientos, sabotajes, guerra mediática, agresiones cibernéticas, operaciones terroristas encubiertas, penetración e incursiones agresiva de paramilitares, invasiones marítimas, proyectos magnicidas.
Nada de eso ha cambiado sustancialmente con el cambio de administración en EE.UU. Biden y los demócratas, con otro estilo y más astucia, más bien le están subiendo el tono a su guerra contra la segunda independencia continental y particularmente contra los países que la han emprendido con fuerte vocación internacionalista y bolivariana.
Contra Cuba y Venezuela se aprecia una saña de alto nivel.
Todo parece indicar que la Casa Blanca en poder de los demócratas y de los llamados “globalistas” procura -aun en medio de las enormes dificultades de sus aliados colombianos- elevarle el rango a la Colombia santanderista como plataforma de agresión político-militar contra los países cercanos, especialmente contra la vecina Venezuela; esto es, potenciar una especie de sucursal dotada de bases militares estadounidenses, afiliada a la OTAN, con sistemas satelitales, fábricas de militares mercenarios y paramilitarismo criminal.
Esto es, la Administración Biden trabaja para delegar niveles más alto de aportes y un mayor despliegue de la guerra de cuarta generación hacia su plataforma de colombiana, sin desmontar los planes estructurados por el Comando Sur, ni afectar el papel de la IV Flota que a menudo merodea las aguas caribeñas
A ese rol asignado responden que las amenazas y todo el tinglado de guerra psicológica contra Venezuela suban de tono, que el régimen narco-terroristas de Duque-Uribe incremente su agresividad contra el chavismo bolivariano y que se estén preparando en territorio colombiano centenares de mercenarios para ser incorporados a los planes imperialistas.
Nada esencial del quehacer del Estado colombiano colonizado, en su condición de caricatura latino-caribeña del accionar de Israel en el Medio Oriente, está al margen de los designios de Washington.
El silencio y la simulación gringa no logran ocultar su prepotente mano peluda con traje paraco-falso positivo en los recientes acontecimientos acaecidos en Haití, utilizando República Dominicana como zona de tránsito y sede de su estación de mando.
- La sospechosa escala en Santo Domingo de los jefes del Comando Sur y la IV Flota de la Armada estadounidense y el Memorando de Balaguer.
Caliente la eliminación física del presidente mafioso de Haití, la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana anunció la llegada al Puerto de Santo Domingo del Buque USS Billings, calificado como “buque de combate del litoral”, con el Jefe del Comando Sur y el Jefe de IV Flota a bordo, Almirante Donald Gabrielson y Vice-Almirante Sinclair Harris a bordo; lo que devela el papel asignado a nuestro país en lo que habrá de pasar en Haití y más allá.
A propósito de cuestiones tan ominosas. es bueno refrescar la memoria y traer al presente aquel MEMORANDO firmado por la Cancillería Dominicana por órdenes del presidente Balaguer, horas antes de la intervención militar estadounidense destinada a reponer a Jean Beltrand Arístides en la Presidencia de Haití, previamente corrompido y cooptado.
Ese Memorando, que autorizó –y autoriza- al PENTÁGONO a usar puertos, aeropuertos, territorio y carreteras dominicanas para enviar tropas a Haití, sigue vigente.
Entonces, ¿a qué vinieron ahora esos dos jefotes del ARMY a la República Dominicana, mientras en Haití militares mercenarios colombianos y haitianos-estadounidenses ejecutaban a Jovenel Moises?
Seguro estoy que no fue a jugar futbol americano.
Como lo estoy también de que las operaciones encubiertas de EEUU contra Cuba y Venezuela, van de la mano de la determinación gringa de apretar sus garras en Haití; mientras el Gobierno dominicano que preside Luis Abinader le sirve con mucha complacencia, garantizada temporalmente su impunidad internacional por la sombrilla protectora del Norte Revuelto y Brutal en persistente decadencia agresiva.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?