Opinión
Triple agresión de EE.UU. en la cuenca del Caribe contra Haití, Cuba y Venezuela
«Nada esencial del quehacer del Estado colombiano colonizado, en su condición de caricatura latino-caribeña del accionar de Israel en el Medio Oriente, está al margen de los designios de Washington.»
Por Narciso Isa Conde
El actual paquete agresivo del decadente imperialismo estadounidense es múltiple y tiene como principales propósitos inmediatos tres objetivos: apretar las garras militares sobre Haití, estrangular económicamente a Cuba, procurando provocar estallidos sociales manipulables, y agredir en grande a Venezuela con fuerzas militares y paramilitares colombianas, incluido proyecto magnicida y asesinatos selectivos.
- El Haití de Martelly, Jovenel y la Minustah (2004-2021).
En lo que se refiere a Haití, es preciso destacar que militares asesinos de nacionalidad colombiana, al servicio de los Estados Terroristas de Colombia y EE.UU, en rol de sicarios a su servicio, acribillaron a balazos en su residencia al repudiado y debilitado presidente Jovenel Moise.
Moise fue el heredero del trono a cargo del grupo mafioso del ex-presidente Martelly; ambos designados por las élites políticas y militares estadounidenses en un país caotizado a consecuencia de sucesivas intervenciones militares, del dominio mafioso ejercido conjuntamente por la lumpen burguesía haitiana y la partidocracia corrompida, y de la expansión de las bandas armadas conectadas o no al Estado.
Preeminente el “libre mercado” y el criterio de que “todo se vale” para obtener riquezas, muy en boga en el contexto de una intensa recolonización neoliberal impuesta por EEUU a un país cruelmente empobrecido, generó un caldo de cultivo propicio para la expansión de toda esa podredumbre.
Con Moise en la presidencia, meses después de la farsa electoral del 2016 que lo catapultó a ese cargo, se expandieron las bandas armadas, los grupos de mercenarios colombianos y la compra, tráfico y posesión ilegal de armas procedentes de EEUU.
En la actualidad existen 77 bandas armadas y unas 500 mil armas modernas en manos de la población civil, de las cuales solo 45 mil han sido legalizadas.
Las bandas avanzaron en cantidad y calidad de armas, control de territorio y financiamiento a base de extorsiones, secuestros, tráfico de estupefacientes y armamento.
Una parte importante de esas bandas fueron conformadas por delincuentes civiles y por miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden-UDMO (policía nacional), logrando así fuertes conexiones policiales y estatales, incluso a nivel presidencial.
Las nueve bandas más poderosas formaron una especie de federación conocida como la G9, liderada por un ex-oficial policial de nombre Jimmy Chezider (alias Barbecue), protegida por el presidente Moise.
La G9 domina actualmente los barrios más poblados de Puerto Príncipe: Martissant, Cité Soleil y Fort Dimanche; lo que le posibilita controlar todas las vías de acceso a la capital haitiana.
Esa federación de bandas ha realizado desfiles con tropas armadas encapuchadas, sin intervención policial. Cuenta con un canal de TV propio en Youtube y ha demandado su legalización.
Precisamente ese conjunto mafioso ha sido el mejor conectado al poder estatal y el más protegido por el presidente asesinado y por la cúpula policial entrenada desde su origen por la MINUSTHA, fuerza oficial de intervención oficializada por la ONU (Cascos Azules) forjada por la invasión militar estadounidense.
En ese clima sórdido reina la gansterización de las instituciones, se desarrollan los choques sangrientos entre pandillas, continuas masacres, feroces competencias inter-burguesas e inter-mafias, e intensas pugnas por el control del gobierno, en medio de crecientes protestas populares y fuertes tendencias a la ingobernabilidad.
En medio de ese cuadro no hay manera de exculpar la determinación del decadente imperio estadounidense, centro del imperialismo occidental, de haber auspiciado una especie de “caos bajo su control”, con el propósito de dominar un espacio territorial de gran valor geopolítico en la Cuenca del Caribe, precisamente en las proximidades de Cuba, Venezuela y toda Centroamérica; muy rico, por demás en litio, titanio, oro, cobalto y “tierras raras”.
En ese marco viciado, y en medio de un peligroso tranque político, con un pueblo en las calles y una clase gobernante-dominante local profundamente fracturada e incapaz de recomponer su poder, no es extraño que militares mercenarios, curtidos en el crimen en ejércitos genocidas como el de Colombia y EEUU, fueran seleccionados y se prestaran a eliminar a un aliado de EEUU ya desgastado e imposibilitado de garantizar gobernabilidad.
Al parecer lo hicieron sin detenerse mucho a pensar que ellos también serían sacrificados a partir agregarse al momento los factores críticos necesarios para abrirle cauce a mayores grados intervención militar imperialista; aunque siempre sujetos a posibles rejuegos y transacciones que posibiliten reparar en alguna medida su impunidad violada.
Los centros de poder estadounidense y colombianos usaron desde el 2016 a Jovenel Moise y emplearon recientemente a sus sicarios oficiales para sacarlo de juego; operando sus centros de inteligencia soterradamente, tras un formato de confrontación entre facciones mafiosas, en la que las dos partes serían anuladas en lo inmediato para tratar de salvar el arbitraje y “justificar” la posterior intervención imperial.
Una triple jugada criminal y tres ataques simultáneos en carpeta.
Nuevo plan desestabilizador contra Cuba soberana. Perversidad gringa al cubo.
En el curso de la terrible pandemia COVID 19, endureciendo cruelmente el bloqueo, la cúpula imperialista norteamericana, incluidas sus dos facciones (Neofascista-Trump y Globalista-Biden), está intentando provocar un colapso de la economía cubana que genere levantamientos sociales que le faciliten su viejo anhelo de anular su soberanía, derrotar la revolución e imponer la recolonización.
Con esos fines la Administración Trump agregó 243 nuevas restricciones a un fuerte bloqueo que dura ya 60 años y que ha representado pérdidas para Cuba que representan alrededor de 143 mil millones de dólares en todo el periodo y más de 9 mil millones del 2019 al 2021, intervalo cruzado por la pandemia.
En tiempos recientes el ataque -ratificado por la Administración Biden- ha estado concentrado en las principales fuentes de divisas de la isla: turismo, remesas, colaboración médica, transacciones financieras; obstruyendo operaciones de importación y aumentando extraordinariamente sus costos; obstruyendo exportaciones y transacciones bancarias; agravando dramáticamente la escasez de alimentos, medicamentos, combustibles, equipos médicos, insumos para la industria, reactivos y material de laboratorios para la fabricación de vacunas y fármacos.
Es muy relevante destacar que esto ha implicado obstrucciones y retrasos criminales en el Programa Anti-Covid cubano y en los procesos de fabricación de sus vacunas, ocasionando graves problemas adicionales a raíz de determinados impactos negativos de la expansión de las nuevas cepas; algunos de ellos contrarrestados a base de mucho sacrificio y renovado heroísmo.
A esto se suman recientemente los sabotajes en las redes sociales que han inutilizado el portal CUBA DEBATE y el del MIREX, la perniciosa activación de sus agentes pagados por ONGs y sus agencias con instrucciones de explotar las necesidades imperiosas y las penurias provocadas por ellos mismos, esforzándose en dividir, confundir, estimular revueltas sociales e instrumentar diversas formas de agresión e intervención externa.
Una de ellas es declarar a Cuba, a través de una brutal y apabullante campaña mediática, escenario de “crisis humanitaria” y sujeto de “asistencia humanitaria” imperial, para situar en el imaginario de los pueblos la conversión del victimario en “salvador”.
Muy parecido a lo que intentaron hacer en Venezuela, que luego devino en el frustrado intento de invasión militar y paramilitar, derrotado en siete puentes fronterizos por el bravo pueblo venezolano; algo así como el preámbulo de las atrocidades desplegadas en zonas de la vieja Yugoslavia
Contra Cuba, que independientemente de las agudas precariedades cotidianas agravadas cuenta con índices de desarrollo humano ejemplares a escala global, índices que la colocan distante de lo que podría calificarse como “crisis humanitaria”, han echado a andar la propuesta de un “CORREDOR HUMANITARIO” desde los EEUU y otras potencias enemigas (“sin ninguna restricciones”), para meter todos los componentes propios de la subversión contrarrevolucionaria y la nueva guerra anexionista.
La propuesta de ese regalo envenenado la han acompañado de la organización soterrada y/o encubierta de los primeros focos de protesta social de corte político pro-imperialista, que han sido sofocados por el pueblo movilizado y la audaz e inteligente intervención de sus líderes, encabezados por el Presidente Díaz Canel.
La respuesta del liderazgo cubano ha sido clara: estamos abiertos a la solidaridad de quienes rechazan el bloqueo, quienes quieran ayudarnos de verdad que luchen contra su prolongación, las calles son de los/as revolucionarios/as.
- EEUU se apresta a ampliar y arreciar su plan de desestabilización de la Venezuela bolivariana.
Apretar las garras sobre Haití sirve a la estrategia estadounidense de la reversión de los procesos pro-independencia y alternativos al neoliberalismo en la Cuenca del Caribe, y especialmente a su propósito inmediato de ampliar, profundizar y arreciar su plan desestabilizador del proceso bolivariano en Venezuela.
Venezuela ha estado sometida por EE.UU, con la complicidad del Estado narco-terrorista colombiano, al despliegue de todas las vertientes de la llamada “guerra de cuarta generación”: bloqueo económico, secuestro de miles de millones de dólares depositados en bancos del exterior, desabastecimientos, sabotajes, guerra mediática, agresiones cibernéticas, operaciones terroristas encubiertas, penetración e incursiones agresiva de paramilitares, invasiones marítimas, proyectos magnicidas.
Nada de eso ha cambiado sustancialmente con el cambio de administración en EE.UU. Biden y los demócratas, con otro estilo y más astucia, más bien le están subiendo el tono a su guerra contra la segunda independencia continental y particularmente contra los países que la han emprendido con fuerte vocación internacionalista y bolivariana.
Contra Cuba y Venezuela se aprecia una saña de alto nivel.
Todo parece indicar que la Casa Blanca en poder de los demócratas y de los llamados “globalistas” procura -aun en medio de las enormes dificultades de sus aliados colombianos- elevarle el rango a la Colombia santanderista como plataforma de agresión político-militar contra los países cercanos, especialmente contra la vecina Venezuela; esto es, potenciar una especie de sucursal dotada de bases militares estadounidenses, afiliada a la OTAN, con sistemas satelitales, fábricas de militares mercenarios y paramilitarismo criminal.
Esto es, la Administración Biden trabaja para delegar niveles más alto de aportes y un mayor despliegue de la guerra de cuarta generación hacia su plataforma de colombiana, sin desmontar los planes estructurados por el Comando Sur, ni afectar el papel de la IV Flota que a menudo merodea las aguas caribeñas
A ese rol asignado responden que las amenazas y todo el tinglado de guerra psicológica contra Venezuela suban de tono, que el régimen narco-terroristas de Duque-Uribe incremente su agresividad contra el chavismo bolivariano y que se estén preparando en territorio colombiano centenares de mercenarios para ser incorporados a los planes imperialistas.
Nada esencial del quehacer del Estado colombiano colonizado, en su condición de caricatura latino-caribeña del accionar de Israel en el Medio Oriente, está al margen de los designios de Washington.
El silencio y la simulación gringa no logran ocultar su prepotente mano peluda con traje paraco-falso positivo en los recientes acontecimientos acaecidos en Haití, utilizando República Dominicana como zona de tránsito y sede de su estación de mando.
- La sospechosa escala en Santo Domingo de los jefes del Comando Sur y la IV Flota de la Armada estadounidense y el Memorando de Balaguer.
Caliente la eliminación física del presidente mafioso de Haití, la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana anunció la llegada al Puerto de Santo Domingo del Buque USS Billings, calificado como “buque de combate del litoral”, con el Jefe del Comando Sur y el Jefe de IV Flota a bordo, Almirante Donald Gabrielson y Vice-Almirante Sinclair Harris a bordo; lo que devela el papel asignado a nuestro país en lo que habrá de pasar en Haití y más allá.
A propósito de cuestiones tan ominosas. es bueno refrescar la memoria y traer al presente aquel MEMORANDO firmado por la Cancillería Dominicana por órdenes del presidente Balaguer, horas antes de la intervención militar estadounidense destinada a reponer a Jean Beltrand Arístides en la Presidencia de Haití, previamente corrompido y cooptado.
Ese Memorando, que autorizó –y autoriza- al PENTÁGONO a usar puertos, aeropuertos, territorio y carreteras dominicanas para enviar tropas a Haití, sigue vigente.
Entonces, ¿a qué vinieron ahora esos dos jefotes del ARMY a la República Dominicana, mientras en Haití militares mercenarios colombianos y haitianos-estadounidenses ejecutaban a Jovenel Moises?
Seguro estoy que no fue a jugar futbol americano.
Como lo estoy también de que las operaciones encubiertas de EEUU contra Cuba y Venezuela, van de la mano de la determinación gringa de apretar sus garras en Haití; mientras el Gobierno dominicano que preside Luis Abinader le sirve con mucha complacencia, garantizada temporalmente su impunidad internacional por la sombrilla protectora del Norte Revuelto y Brutal en persistente decadencia agresiva.
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.