Opinión
Triple agresión de EE.UU. en la cuenca del Caribe contra Haití, Cuba y Venezuela
«Nada esencial del quehacer del Estado colombiano colonizado, en su condición de caricatura latino-caribeña del accionar de Israel en el Medio Oriente, está al margen de los designios de Washington.»
Por Narciso Isa Conde
El actual paquete agresivo del decadente imperialismo estadounidense es múltiple y tiene como principales propósitos inmediatos tres objetivos: apretar las garras militares sobre Haití, estrangular económicamente a Cuba, procurando provocar estallidos sociales manipulables, y agredir en grande a Venezuela con fuerzas militares y paramilitares colombianas, incluido proyecto magnicida y asesinatos selectivos.
- El Haití de Martelly, Jovenel y la Minustah (2004-2021).
En lo que se refiere a Haití, es preciso destacar que militares asesinos de nacionalidad colombiana, al servicio de los Estados Terroristas de Colombia y EE.UU, en rol de sicarios a su servicio, acribillaron a balazos en su residencia al repudiado y debilitado presidente Jovenel Moise.
Moise fue el heredero del trono a cargo del grupo mafioso del ex-presidente Martelly; ambos designados por las élites políticas y militares estadounidenses en un país caotizado a consecuencia de sucesivas intervenciones militares, del dominio mafioso ejercido conjuntamente por la lumpen burguesía haitiana y la partidocracia corrompida, y de la expansión de las bandas armadas conectadas o no al Estado.
Preeminente el “libre mercado” y el criterio de que “todo se vale” para obtener riquezas, muy en boga en el contexto de una intensa recolonización neoliberal impuesta por EEUU a un país cruelmente empobrecido, generó un caldo de cultivo propicio para la expansión de toda esa podredumbre.
Con Moise en la presidencia, meses después de la farsa electoral del 2016 que lo catapultó a ese cargo, se expandieron las bandas armadas, los grupos de mercenarios colombianos y la compra, tráfico y posesión ilegal de armas procedentes de EEUU.
En la actualidad existen 77 bandas armadas y unas 500 mil armas modernas en manos de la población civil, de las cuales solo 45 mil han sido legalizadas.
Las bandas avanzaron en cantidad y calidad de armas, control de territorio y financiamiento a base de extorsiones, secuestros, tráfico de estupefacientes y armamento.
Una parte importante de esas bandas fueron conformadas por delincuentes civiles y por miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden-UDMO (policía nacional), logrando así fuertes conexiones policiales y estatales, incluso a nivel presidencial.
Las nueve bandas más poderosas formaron una especie de federación conocida como la G9, liderada por un ex-oficial policial de nombre Jimmy Chezider (alias Barbecue), protegida por el presidente Moise.
La G9 domina actualmente los barrios más poblados de Puerto Príncipe: Martissant, Cité Soleil y Fort Dimanche; lo que le posibilita controlar todas las vías de acceso a la capital haitiana.
Esa federación de bandas ha realizado desfiles con tropas armadas encapuchadas, sin intervención policial. Cuenta con un canal de TV propio en Youtube y ha demandado su legalización.
Precisamente ese conjunto mafioso ha sido el mejor conectado al poder estatal y el más protegido por el presidente asesinado y por la cúpula policial entrenada desde su origen por la MINUSTHA, fuerza oficial de intervención oficializada por la ONU (Cascos Azules) forjada por la invasión militar estadounidense.
En ese clima sórdido reina la gansterización de las instituciones, se desarrollan los choques sangrientos entre pandillas, continuas masacres, feroces competencias inter-burguesas e inter-mafias, e intensas pugnas por el control del gobierno, en medio de crecientes protestas populares y fuertes tendencias a la ingobernabilidad.
En medio de ese cuadro no hay manera de exculpar la determinación del decadente imperio estadounidense, centro del imperialismo occidental, de haber auspiciado una especie de “caos bajo su control”, con el propósito de dominar un espacio territorial de gran valor geopolítico en la Cuenca del Caribe, precisamente en las proximidades de Cuba, Venezuela y toda Centroamérica; muy rico, por demás en litio, titanio, oro, cobalto y “tierras raras”.
En ese marco viciado, y en medio de un peligroso tranque político, con un pueblo en las calles y una clase gobernante-dominante local profundamente fracturada e incapaz de recomponer su poder, no es extraño que militares mercenarios, curtidos en el crimen en ejércitos genocidas como el de Colombia y EEUU, fueran seleccionados y se prestaran a eliminar a un aliado de EEUU ya desgastado e imposibilitado de garantizar gobernabilidad.
Al parecer lo hicieron sin detenerse mucho a pensar que ellos también serían sacrificados a partir agregarse al momento los factores críticos necesarios para abrirle cauce a mayores grados intervención militar imperialista; aunque siempre sujetos a posibles rejuegos y transacciones que posibiliten reparar en alguna medida su impunidad violada.
Los centros de poder estadounidense y colombianos usaron desde el 2016 a Jovenel Moise y emplearon recientemente a sus sicarios oficiales para sacarlo de juego; operando sus centros de inteligencia soterradamente, tras un formato de confrontación entre facciones mafiosas, en la que las dos partes serían anuladas en lo inmediato para tratar de salvar el arbitraje y “justificar” la posterior intervención imperial.
Una triple jugada criminal y tres ataques simultáneos en carpeta.
Nuevo plan desestabilizador contra Cuba soberana. Perversidad gringa al cubo.
En el curso de la terrible pandemia COVID 19, endureciendo cruelmente el bloqueo, la cúpula imperialista norteamericana, incluidas sus dos facciones (Neofascista-Trump y Globalista-Biden), está intentando provocar un colapso de la economía cubana que genere levantamientos sociales que le faciliten su viejo anhelo de anular su soberanía, derrotar la revolución e imponer la recolonización.
Con esos fines la Administración Trump agregó 243 nuevas restricciones a un fuerte bloqueo que dura ya 60 años y que ha representado pérdidas para Cuba que representan alrededor de 143 mil millones de dólares en todo el periodo y más de 9 mil millones del 2019 al 2021, intervalo cruzado por la pandemia.
En tiempos recientes el ataque -ratificado por la Administración Biden- ha estado concentrado en las principales fuentes de divisas de la isla: turismo, remesas, colaboración médica, transacciones financieras; obstruyendo operaciones de importación y aumentando extraordinariamente sus costos; obstruyendo exportaciones y transacciones bancarias; agravando dramáticamente la escasez de alimentos, medicamentos, combustibles, equipos médicos, insumos para la industria, reactivos y material de laboratorios para la fabricación de vacunas y fármacos.
Es muy relevante destacar que esto ha implicado obstrucciones y retrasos criminales en el Programa Anti-Covid cubano y en los procesos de fabricación de sus vacunas, ocasionando graves problemas adicionales a raíz de determinados impactos negativos de la expansión de las nuevas cepas; algunos de ellos contrarrestados a base de mucho sacrificio y renovado heroísmo.
A esto se suman recientemente los sabotajes en las redes sociales que han inutilizado el portal CUBA DEBATE y el del MIREX, la perniciosa activación de sus agentes pagados por ONGs y sus agencias con instrucciones de explotar las necesidades imperiosas y las penurias provocadas por ellos mismos, esforzándose en dividir, confundir, estimular revueltas sociales e instrumentar diversas formas de agresión e intervención externa.
Una de ellas es declarar a Cuba, a través de una brutal y apabullante campaña mediática, escenario de “crisis humanitaria” y sujeto de “asistencia humanitaria” imperial, para situar en el imaginario de los pueblos la conversión del victimario en “salvador”.
Muy parecido a lo que intentaron hacer en Venezuela, que luego devino en el frustrado intento de invasión militar y paramilitar, derrotado en siete puentes fronterizos por el bravo pueblo venezolano; algo así como el preámbulo de las atrocidades desplegadas en zonas de la vieja Yugoslavia
Contra Cuba, que independientemente de las agudas precariedades cotidianas agravadas cuenta con índices de desarrollo humano ejemplares a escala global, índices que la colocan distante de lo que podría calificarse como “crisis humanitaria”, han echado a andar la propuesta de un “CORREDOR HUMANITARIO” desde los EEUU y otras potencias enemigas (“sin ninguna restricciones”), para meter todos los componentes propios de la subversión contrarrevolucionaria y la nueva guerra anexionista.
La propuesta de ese regalo envenenado la han acompañado de la organización soterrada y/o encubierta de los primeros focos de protesta social de corte político pro-imperialista, que han sido sofocados por el pueblo movilizado y la audaz e inteligente intervención de sus líderes, encabezados por el Presidente Díaz Canel.
La respuesta del liderazgo cubano ha sido clara: estamos abiertos a la solidaridad de quienes rechazan el bloqueo, quienes quieran ayudarnos de verdad que luchen contra su prolongación, las calles son de los/as revolucionarios/as.
- EEUU se apresta a ampliar y arreciar su plan de desestabilización de la Venezuela bolivariana.
Apretar las garras sobre Haití sirve a la estrategia estadounidense de la reversión de los procesos pro-independencia y alternativos al neoliberalismo en la Cuenca del Caribe, y especialmente a su propósito inmediato de ampliar, profundizar y arreciar su plan desestabilizador del proceso bolivariano en Venezuela.
Venezuela ha estado sometida por EE.UU, con la complicidad del Estado narco-terrorista colombiano, al despliegue de todas las vertientes de la llamada “guerra de cuarta generación”: bloqueo económico, secuestro de miles de millones de dólares depositados en bancos del exterior, desabastecimientos, sabotajes, guerra mediática, agresiones cibernéticas, operaciones terroristas encubiertas, penetración e incursiones agresiva de paramilitares, invasiones marítimas, proyectos magnicidas.
Nada de eso ha cambiado sustancialmente con el cambio de administración en EE.UU. Biden y los demócratas, con otro estilo y más astucia, más bien le están subiendo el tono a su guerra contra la segunda independencia continental y particularmente contra los países que la han emprendido con fuerte vocación internacionalista y bolivariana.
Contra Cuba y Venezuela se aprecia una saña de alto nivel.
Todo parece indicar que la Casa Blanca en poder de los demócratas y de los llamados “globalistas” procura -aun en medio de las enormes dificultades de sus aliados colombianos- elevarle el rango a la Colombia santanderista como plataforma de agresión político-militar contra los países cercanos, especialmente contra la vecina Venezuela; esto es, potenciar una especie de sucursal dotada de bases militares estadounidenses, afiliada a la OTAN, con sistemas satelitales, fábricas de militares mercenarios y paramilitarismo criminal.
Esto es, la Administración Biden trabaja para delegar niveles más alto de aportes y un mayor despliegue de la guerra de cuarta generación hacia su plataforma de colombiana, sin desmontar los planes estructurados por el Comando Sur, ni afectar el papel de la IV Flota que a menudo merodea las aguas caribeñas
A ese rol asignado responden que las amenazas y todo el tinglado de guerra psicológica contra Venezuela suban de tono, que el régimen narco-terroristas de Duque-Uribe incremente su agresividad contra el chavismo bolivariano y que se estén preparando en territorio colombiano centenares de mercenarios para ser incorporados a los planes imperialistas.
Nada esencial del quehacer del Estado colombiano colonizado, en su condición de caricatura latino-caribeña del accionar de Israel en el Medio Oriente, está al margen de los designios de Washington.
El silencio y la simulación gringa no logran ocultar su prepotente mano peluda con traje paraco-falso positivo en los recientes acontecimientos acaecidos en Haití, utilizando República Dominicana como zona de tránsito y sede de su estación de mando.
- La sospechosa escala en Santo Domingo de los jefes del Comando Sur y la IV Flota de la Armada estadounidense y el Memorando de Balaguer.
Caliente la eliminación física del presidente mafioso de Haití, la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana anunció la llegada al Puerto de Santo Domingo del Buque USS Billings, calificado como “buque de combate del litoral”, con el Jefe del Comando Sur y el Jefe de IV Flota a bordo, Almirante Donald Gabrielson y Vice-Almirante Sinclair Harris a bordo; lo que devela el papel asignado a nuestro país en lo que habrá de pasar en Haití y más allá.
A propósito de cuestiones tan ominosas. es bueno refrescar la memoria y traer al presente aquel MEMORANDO firmado por la Cancillería Dominicana por órdenes del presidente Balaguer, horas antes de la intervención militar estadounidense destinada a reponer a Jean Beltrand Arístides en la Presidencia de Haití, previamente corrompido y cooptado.
Ese Memorando, que autorizó –y autoriza- al PENTÁGONO a usar puertos, aeropuertos, territorio y carreteras dominicanas para enviar tropas a Haití, sigue vigente.
Entonces, ¿a qué vinieron ahora esos dos jefotes del ARMY a la República Dominicana, mientras en Haití militares mercenarios colombianos y haitianos-estadounidenses ejecutaban a Jovenel Moises?
Seguro estoy que no fue a jugar futbol americano.
Como lo estoy también de que las operaciones encubiertas de EEUU contra Cuba y Venezuela, van de la mano de la determinación gringa de apretar sus garras en Haití; mientras el Gobierno dominicano que preside Luis Abinader le sirve con mucha complacencia, garantizada temporalmente su impunidad internacional por la sombrilla protectora del Norte Revuelto y Brutal en persistente decadencia agresiva.
Por José Cabral
Por doquier se escucha la misma queja de que la sociedad dominicana ha desarrollado una cultura del engaño y el fraude.
Este problema tiene necesariamente que generar mucha preocupación y angustia, porque lo que ocurre nadie se atreve a negar que es una amenaza latente en contra de todos y cada uno de los dominicanos.
El país está atrapado por los cuatro puntos cardinales, cuyas consecuencias impactan a los de abajo, los del medio y los de arriba social y económicamente hablando.
Y esto hay que traerlo a colación porque si vamos a los tribunales en busca de justicia es el mismo escenario de la negación de derechos y justificación y estimulación de lo mal hecho.
No importa el circulo en que uno se mueva, el lenguaje es el mismo, la justificación de lo injustificable.
Es una cultura que no es fácil de erradicar, ya que los principales promotores del robo, el fraude e incluso de los asesinatos porque estimulan la vía de hecho, son los tribunales penales.
Son escenarios con un nivel de solemnidad que engañan al más inteligente y bonito, como el debate presidencial, cuyos participantes y aspirantes a dirigir el país, quienes debían estar presos en vez de aparecer por televisión para justificar sus aspiraciones, son los mejores exponentes de la «decencia nacional».
Es “cogío# que estamos, no parece haber escapatorias porque esas conductas los primeros en legitimarlas y justificarlas son los propios ciudadanos, los votantes, los perjudicados con unas acciones que dañan toda la nación.
La verdad que no se ve clara la salida a esta situación que genera una gran incertidumbre, ya que es muy poco lo que sirve.
Haga una reflexión y escoja el escenario que le parezca y comprobará que cualquiera se llena de pesimismo si es que usted ama el aspecto humano de la vida, de lo contrario tal vez no se alarme.
Por Isaías Ramos
El 14 de enero de este año, nuestra nación fue víctima de una de las peores ignominias que puede sufrir nuestra frágil democracia: la ruptura de nuestra Carta Magna. Con la promulgación de la Ley 1-24, que pretende instaurar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se busca intimidar a la población y consolidar una tiranía que creíamos superada hace más de seis décadas.
Esta ley desafía abiertamente la Constitución que nos rige. Según el artículo 261, el sistema de inteligencia debe estar subordinado a instituciones independientes, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, asegurando así su supervisión y alineación con el interés nacional. No obstante, el artículo 8 de la Ley 1-24 coloca la DNI directamente bajo el presidente, otorgándole un poder ilimitado que es tanto peligroso como inestable.
La historia nos ofrece lecciones claras sobre los peligros de un poder sin restricciones. Tácito, el historiador romano, advirtió: «El poder nunca es estable cuando es ilimitado». Este poder concentrado en una sola figura no solo va en contra de nuestras leyes fundamentales, sino que es una receta para el abuso y la corrupción.
Esta ley se levanta como un monstruo de múltiples cabezas que, de no ser detenido, destruirá los cimientos de esta débil democracia, llevándose consigo nuestra libertad y nuestros derechos más preciados: nuestra dignidad.
La implementación de esta ley podría llevarnos por un camino oscuro, similar al sufrido por ciudadanos en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde los servicios de inteligencia se han utilizado como herramientas para reprimir la disidencia y mantener a los líderes autoritarios en el poder.
La historia reciente de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida arbitrariamente, y de algunos dirigentes de la líder opositora María Corina Machado en un país bajo un régimen con leyes similares, nos sirve como un presagio sombrío de lo que podría suceder aquí. Sus experiencias de miedo, represión y violencia son un claro recordatorio de lo que está en juego.
Es imperativo que reconsideremos esta legislación y evaluemos sus impactos potenciales no solo en nuestra seguridad, sino en nuestra libertad.
El Frente Cívico y Social (FCS) comprende profundamente estas consecuencias y, por eso, instamos a la población a tomar una postura firme. Si esta ley no es derogada o modificada para alinearse con nuestros principios constitucionales antes de las elecciones del 19 de mayo, llamamos a la ciudadanía a abstenerse de votar o emitir un voto nulo. Esta acción de desobediencia civil no es solo un derecho, sino un deber cívico.
El sistema actual nos desmoraliza, nos lleva a vivir en un estado de desestabilización y crisis, causando miedo y terror que nos quitan el poder de razonar y pensar en lo verdaderamente importante.
De continuar indiferentes ante este enorme desafío, visualizamos un futuro donde el miedo y la represión se convertirán en la norma, y donde las libertades que tanto costaron conquistar serán solo un recuerdo lejano. Frente a este escenario, debemos recordar que aún tenemos la oportunidad de redirigir el rumbo de nuestra nación.
Defender nuestra libertad es ahora. No podemos permitir que las sombras de un pasado autoritario oscurezcan nuestro presente y nuestro futuro. Alcémonos con valor y compromiso, preparados para actuar y proteger lo que más valoramos. Solo así podremos superar las adversidades y fortalecer los pilares de nuestra democracia.
En el FCS estamos muy claros de que el futuro está en nuestras manos, y el momento de actuar es ahora. No esperemos más para defender nuestro sistema democrático y asegurar un mañana más prometedor y justo para todos. ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 77 del Estatuto de Roma faculta a la CPI para imponer la condena de cadena perpetua, pero solo en aquellos casos en que se justifique debido a la extrema gravedad del crimen y las circunstancias individuales del condenado.
De otra manera, la pena máxima para los delitos del Estatuto de Roma es de 30 años de prisión. Algunas constituciones prohíben la cadena perpetua o el término de 30 años de prisión por considerar que estas penas no prevén una oportunidad para la rehabilitación, o que no son proporcionales con la naturaleza del crimen.
Sería difícil argumentar que los largos periodos de prisión son desproporcionados respecto a la mayoría de los crímenes de la competencia de la CPI, particularmente cuando la cadena perpetua debe ser justificada por la ̈extrema gravedad del crimen ̈. Tal condena solo se impondrá a aquellos que tengan el más alto nivel de responsabilidad en la comisión de los mas graves crímenes, tales como el genocidio.
Adicionalmente, el Estatuto de Roma prevé la posibilidad de la rehabilitación. Según el artículo 110, la Corte deberá revisar todas las condenas de prisión cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua para determinar si esta puede reducirse.
En el punto anterior la CPI considera estos aspectos como si la persona hubiese asistido a la Corte con la localización de cualquier bien objeto de una multa, decomiso u órdenes de reparación que pudiesen beneficiar a la víctima.
La CPI también podrá tomar en consideración ¨otros factores indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba, que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena¨
Por consiguiente una cadena perpetua podría reducirse a 25 años de prisión en algunos casos. Si la CPI decide no reducir la sentencia de la persona después de la primera revisión, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.
Durante las negociaciones sobre las penas de la CPI, muchos Estados estuvieron a favor de la aplicación de la pena de muerte en los casos extremos. El numero de Estados con pena de muerte es poco menor que el de aquellos que no tienen pena de muerte.
No existe la oportunidad para rehabilitación alguna cuando se impone la pena de muerte. Por ende la cadena perpetua con la posibilidad de reducirla a 25 años, es un compromiso razonable entre la pena de muerte y la prisión máxima de 30 años.
Los Estados deberán recordar que el artículo 80 del Estatuto de Roma expresamente establece que el Estatuto no afecta la aplicación por parte de los Estados de aquellas penas prescritas por su propio derecho interno , ni afecta la ley de aquellos Estados que no impongan las penas prescritas en el Estatuto de Roma.
Los Estados Partes no deben imponer las mismas penas por los mismos delitos en su jurisdicción, ni deberán aplicar las condenas de prisión a no ser que voluntariamente lo quieran hacer. En este caso, los Estados podrán también especificar las condiciones bajo las cuales aceptarían a las personas condenadas, inclusive la condición de no aplicar la cadena perpetua.
Por consiguiente, los Estados Partes que cuenten con las disposiciones constitucionales que prohíban la imposición de la cadena perpetua solo necesitaran permitir la excepción de entregar a la persona a la CPI, pese a que tal persona pueda ser condenada a cadena perpetua.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán entregar a la persona acusada a la CPI cuando ésta así lo solicite, aún si existe la posibilidad de que dicha persona sea condenada a cadena perpetua.
En el caso de muchos Estados, la potestad de la CPI para imponer la cadena perpetua no necesitará la aplicación de medidas legislativas particulares. Sin embargo, en algunos Estados la constitución explícitamente prohíbe la extradición de una persona a un Estado donde se aplica esta pena , o que declara la cadena perpetua como un castigo cruel. Estos Estados cuentan con dos opciones:
- a)Establecer claramente, en la norma que implemente el Estatuto, la distinción entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la Corte Penal Internacional.
Algunos Estados podrán realizar esta distinción en su legislación, lo cual les permitiría entregar personas a la CPI aunque existan una restricción a la ¨extradicion¨de personas a tribunales que impongan la pena de cadena perpetua. Esto les permitiría mantenerla prohibición de extraditar una persona a un tribunal extranjero, sin interferir con la habilidad de cooperar plenamente con la CPI.
- b)La reforma a la Constitución podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio. Podría especificarse que la cadena perpetua impuesta por la CPI de conformidad con el Estatuto de Roma para algunos de los crímenes allí enumerados no viola la Constitución.
Debería también mencionarse que el Estado puede entregar a la persona acusada a la CPI a pesar de que exista la posibilidad de la cadena perpetua. La enmienda constitucional podría también mencionar que la CPI puede reducir la condena después de 25 años, existiendo así la posibilidad de la rehabilitación.
Finalmente, la ventaja de una reforma constitucional que elimina cualquier posibilidad de un conflicto normativo, garantiza que los tribunales nacionales dicten sus fallos de conformidad con sus obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Roma.