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A pesar de sismo primer ministro de Haití promete elecciones.
AFP
Ariel Henry, primer ministro de Haití, prometió el viernes ante la OEA encarrilar la democracia en su país con elecciones «lo antes posible» a pesar de la devastación del reciente terremoto, en una nación aún conmocionada por el asesinato del presidente en julio.
Durante una sesión extraordinaria virtual del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre Haití, Henry reconoció que la comunidad internacional ve con preocupación la inestabilidad política «crónica» del país caribeño, «agravada por el asesinato infame» de Jovenel Moïse el 7 de julio.
«Me he comprometido a hacer todo lo que esté en mi poder para volver a poner a mi país en los rieles de una democracia funcional con la organización lo antes posible de elecciones libres y transparentes», afirmó.
«Resulta imperativo que volvamos rápidamente al funcionamiento normal de las instituciones democráticas», enfatizó Henry, quien asumió el cargo el 20 de julio tras haber sido designado por Moïse.
El primer ministro admitió que el proceso electoral que estaba en marcha se vio detenido por el sismo, «que ha movilizado todas las energías», pero aseguró que se reanudará «lo más rápidamente posible».
La semana pasada, antes de que un terremoto de magnitud 7,2 sacudiera Haití el 14 de agosto, provocando más de 2,000 muertes, el consejo electoral provisional había dicho que la primera vuelta de las elecciones presidenciales, inicialmente prevista para septiembre, se realizaría el 7 de noviembre.
Ese mismo día también se prevén las elecciones legislativas que deberían haberse celebrado en 2019, y un referéndum constitucional que Moise apoyó, pospuesto dos veces debido a la pandemia del coronavirus.
Moïse, asesinado en su domicilio por un comando armado, había estado gobernando por decreto, luego de que las elecciones legislativas de 2018 se pospusieran, y de que surgieran disputas sobre si su mandato debía terminar en febrero de 2021 o 2022.
El país más pobre de las Américas, golpeado por recurrentes desastres naturales, ha registrado un aumento de la violencia de las pandillas, en medio del incremento de contagios y muertes por COVID-19.
Henry ha prometido restaurar el orden y llevar ante la justicia a los responsables del asesinato de Moïse.
Por el crimen fueron arrestadas 44 personas, incluidos 12 policías haitianos, dos estadounidenses de ascendencia haitiana y 18 colombianos que supuestamente formaban parte del comando armado.
Ante la OEA, la vicepresidenta y ministra de Exteriores de Colombia, Martha Lucía Ramírez, destacó el «dolor» de que exmilitares colombianos estén involucrados.
Ramírez pidió garantizar el «derecho al debido proceso» de sus compatriotas, y urgió a las autoridades haitianas juzgar no sólo a los autores materiales del magnicidio, sino también a los intelectuales.
«Eso no lo hicieron unos exmilitares colombianos, hay gente mucho más importante que debe estar involucrada y es importante por la tranquilidad del pueblo haitiano que se conozca la verdad completa de los hechos y que se asuman las responsabilidades», dijo.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.