Santo Domingo, RD.-Con unas declaraciones que busca sacar ventaja de las persecuciones del Ministerio Publico, el presidente Luis Abinader en una acción que no tiene discusión suspendió ayer de funciones a Juan Maldonado Castro, director de Comunidad Digna, por implicaciones en actividades ilícitas, convirtiéndose así en el noveno funcionario suspendido y/o destituido de su cargo.Nacionales
Presidente busca sacar ventaja política de acciones del Ministerio Público.
Santo Domingo, RD.-Con unas declaraciones que busca sacar ventaja de las persecuciones del Ministerio Publico, el presidente Luis Abinader en una acción que no tiene discusión suspendió ayer de funciones a Juan Maldonado Castro, director de Comunidad Digna, por implicaciones en actividades ilícitas, convirtiéndose así en el noveno funcionario suspendido y/o destituido de su cargo.“Yo le prometí a este país que no iba haber impunidad. Yo le prometí a este país que iba a ver un Ministerio Público que iba actuar, caiga quien caiga, y eso es lo que se está ejerciendo en este país” dijo el jefe del Estado.
“En este país ya no hay vacas sagradas. En este país todo el que la hace la paga. Ya se encargará la justicia de determinar”, agregó.
Al respecto, dijo esperar ahora que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Procuraduría General de la República den los detalles, integralmente, de toda esta operación.
Luis Abinader respondió preguntas de los periodistas sobre el caso en el que Juan Maldonado Castro fue apresado, por su presunta implicación en cuestiones relacionadas con narcotráfico y lavado de activos. Minutos antes de sus declaraciones, Abinader había suspendido de forma provisional a Maldonado Castro, mediante el decreto 550-21. “Lo que sí, ese es un compromiso sagrado que yo tengo con nuestro país, de acabar lo que muchas décadas, tanto en la corrupción administrativa como en el crimen organizado que existió, que fue impunidad y protección. Eso ya no existe en la República dominicana”, precisó.
La exministra de la Juventud, Kinberly Taveras, escenificó el primer escándalo por presuntas irregularidades en manejo de los fondos públicos mientras fue directora del Distrito Municipal de La Guayiga.
Operación Falcón
La madrugada de ayer, miércoles, arrancó con 60 fiscales para certificar 80 allanamientos en varias jurisdicciones, incluyendo el Distrito Nacional, y más de 200 agentes antinarcóticos en resguardo de sus operativos.
La Procuraduría General de la República reveló nuevos nombres que integran la supuesta red de narcotráfico y lavado de activos conocida como Operación Falcón. Entre los arrestados figuran Rafael Alberto de Jesús, Marisol López Ceballo (Mary); Elva Teresa Polanco, Víctor Elpidio Paulino Herrera, Francisco Linares Pimentel, Adolfo Torres Sanabia, Julio César Jiménez Talavera y José Alejandro de la Cruz Morales. Además de los antes mencionados, Juan José de la Cruz Morales, conocido también como Wandy, Wander, W, El Michero, El Hombre o El Don, también, Juan Maldonado Castro (Marcial o El Líder), María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli, La Princesa); Lenin Bladimir Torres Bueno y Delfina Asunción Polanco.
Según establece el Ministerio Público, los integrantes de la red adquirieron, producto del narcotráfico, cientos de propiedades, armas de fuego de guerra, estaciones de combustibles, inmuebles lujosos, fincas, vehículos de altas gamas, prendas, embarcaciones, dealers, discotecas, bancas de apuestas y empresas de entretenimiento.
También, financiaron campañas políticas apoyando de manera directa a legisladores.
El MP aseguró que esta red operaba en la zona norte del país, en especial en Santiago, pero con ramificaciones en la región este del país y que los involucrados se dedicaban a lavar dinero como resultado y beneficio ilícito por movilizar grandes cargamentos de drogas provenientes desde Sudamérica, en especial desde Colombia y Venezuela, hacia República Dominicana, con el fin de llevarlos Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, “utilizando lanchas rápidas, lanchas deportivas (doble fondo), barcos pesqueros y contenedores”.
El MP señala que la red está vinculada a un alijo de 1,786 kilogramos ocupado por las autoridades de Puerto Rico en noviembre de 2016, así como también a otro alijo de 500 kilogramos de cocaína introducido a Puerto Rico, en diciembre de 2018, y otro de 722 paquetes ocupados por la DNCD en Boca de Yuma en noviembre de 2018, más uno de 659 paquetes de cocaína ocupado en Bayahíbe en noviembre de 2018.
En febrero de 2019, a individuos vinculados a la red se les ocuparon 254 paquetes de cocaína en el tramo carretero de la Autopista del Coral, entre la estación de Peaje Coral II y la rotonda del distrito municipal Verón-Punta Cana. Los arrestados están vinculados a la red de narcotráfico a la que en marzo de 2019 se le ocuparon 1,050 paquetes de cocaína, en la embarcación tipo Go Fast que quedó a la deriva por falta de combustible a unas 50 millas náuticas al norte de Puerto Rico.
“Ciertamente, el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas, así como también con el apoyo de la DEA, ha tenido varios meses en una investigación bastante compleja que incluye alrededor de nueve provincias del país en las que hemos tenido que desplazarnos para hacer aproximadamente 86 allanamientos de forma preliminar”, especificó Yeni Berenice Reynoso.
Agregó que han ocupado muchas evidencias, entre ellas cantidades “exorbitantes” en dólares que por el momento no quiso precisar debido a que los allanamientos están en proceso.
Calificó la operación como una de las más importantes que registra el país en contra del lavado de activos. Reynoso explicó que la investigación conlleva la detención de extraditables y que otros imputados serán procesados por la Fiscalía de Santiago.
JUAN MALDONADO
En Santiago.
La Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otras agencias de seguridad del Estado realizaron ayer más de 20 allanamientos en establecimientos comerciales, torres de apartamentos, locales, financieras y otros lugares de Santiago, donde fueron apresadas varias personas y fueron incautadosvarios bienes.
SANTO DOMINGO.- Parte de los imputados en el sonado caso SENASA han admitido ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional su participación en una supuesta trama para desfalcar a esa institución con miles de millones de pesos.
Durante la primera audiencia de medida de coerción, los acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo señalaron a Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución, como el cabecilla del presunto entramado, lo que complica la situación legal del exfuncionario.
El abogado Martín Rubiera, representante de otra imputada, confirmó que “ellos han manifestado todos lo mismo: que entregaron valores, dinero, a favor de él en este entramado. De 3-3 tiene él en contra hasta el momento, tres imputados que han confesado parte de la acusación y han manifestado una participación en la que afecta bastantemente a Hazim”.
De su lado, Surun Hernández, abogado de Read Estrella, dijo su defendido declaró ante el tribunal haber entregado mil millones de pesos a Hazim.
Según el Ministerio Público, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, Read Estrella recibió pagos que ascienden a más de RD$7,110 millones por contratos y adendas con SENASA.
Surun Hernández calificó el entramado como un “hecho de lesa humanidad cruel” y aseguró que el proceso cuenta con “abundancia de elementos probatorios, como pagos, transferencias y actuaciones de lavado de activos debidamente comprobadas».
ABOGADOS DE HAZIM SOLICITAN HABLAR DE ULTIMO
Tras los señalamientos directos que vinculan a Hazim con la recepción de sobornos, uno de sus abogados dijo que la defensa solicitó hablar de último ante el juez.
“La defensa del doctor Hazim pidió que fuera de último porque las imputadas dicen que a través de un señor apodado ‘el gordo’ eran que recibían sobornos,” declaró el abogado Marcos Valentín Contreras, uno de los abogados del exfuncionario.
Durante la audiencia, el Ministerio Público identificó a José Pablo Ortiz Giráldez (el Gordo) como la “mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a las empresas contratistas de SeNaSa.
HAZIM TENDRA SU TURNO ESTE VIERNES
Hazim tendrá este viernes su turno para defenderse ante el tribunal.
«Nosotros vamos a demostrar que el testigo estrella de la fiscalía es una persona dedicada a la corrupción, perdonado en otro expediente e involucrada en este caso, y eso obviamente tendremos que discutirlo», manifestó Miguel Valerio, otro de los abogados del exfuncionario.
Dijo que se demostró ante el tribunal que su cliente no guarda ninguna relación con Rafael Domínguez Hazim, otro de los implicados.
«A los empresarios los extorsionaron, pero ellos continuaron trabajando con Senasa. Esa es la extorsión más rara, porque al que extorsionan tienen que parar inmediatamente el trabajo, porque el trabajo no se paró nunca; incluso, el señor Hazim canceló ese contrato. Lo que nadie puede decir ahí es que el señor Hazim recibió ningún pago indebido», declaró.
jt-am
Santo Domingo, R.D.-La esposa del movimiento Ola, que apoyo durante la campaña electoral a Luis Abinader, Heidi Mariela Pineda Perdomo, ha sido vinculada al caso SENASA, aunque el Ministerio Público establece que la persona que controlaba la empresa Flavorheart Food Parts S.R.L era Manuel Enrique Ovalle Tapia, “conocido dentro de la organización por su activa participación y aportes económicos.
El órgano persecutor sostiene que a través de esta empresa Ovalle Tapia compró un reloj marca Rolex Daytona, valorado en USD$83,000.00, destinado al imputado Santiago Hazim.
Su esposa, Heidi Mariela Pineda Perdomo, admitió la noche del jueves su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó directamente a colaborar con las autoridades en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En el expediente de solicitud de medida de coerción a los implicados en este caso, se dice que su programa fue incorporado, a través del programa “Senasa Cuida de Ti”, en el que se le ofrecería complementos nutricionales para niños de 5 a 15 años y adultos en edad de 35 a 64 años.
Este programa “Nutrisalud” tenía un alcance de 55,741 afiliados del Régimen Subsidiado, con un costo por servicio al afiliado de RD$1,495.00. El mismo terminó ofreciendo servicios, supuestamente, a un total de 350,545 afiliados de diferentes regímenes.
El Ministerio Público establece que la empresa firmó el contrato con Senasa el 22 de julio de 2021. Este se firmó bajo la prestación farmacéutica para los servicios de emergencia, atención primaria. Esta empresa no contaba con licencia de servicio de consultoría de primer nivel de atención, además de que recibió del Ministerio de Salud Pública el “Certificado De Registro de Distribuidora”, un mes antes de la firma con Senasa.
Este programa, según la acusación, no tuvo ninguna supervisión de Senasa, por lo que la Unidad de Antifraude de la Contraloría General de la República constató entregas de proteínas a personas que no cumplían con el rango de edad establecido en las adendas, desviando la población objetivo del programa, y en consecuencia “que se distrajeran, sin ningún control, doscientos setenta y dos millones novecientos setenta mil quinientos sesenta y dos pesos con 69/100 (RD$272,970,562.69), de los fondos de SENASA”.
De acuerdo al expediente a Falvorheart Food Parts S.R.L., se le pagó un monto aproximado de RD$1,606,924,076.95.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), indicó en sus informes que el producto nutricional suministrado era importado desde Europa, sin evidencia completa de registro sanitario nacional y que no existen estudios o evaluaciones que midan los resultados e impacto del programa, lo que impide comprobar su efectividad sobre la salud de los afiliados.
Además, de la ausencia de indicadores de resultados y trazabilidad clínica. Falta de supervisión directa por parte de Senasa durante la ejecución del programa; inexistencia de infraestructura sanitaria adecuada para ofrecer servicios ambulatorios; debilidad documental en los contratos y adendas (algunas sin firma ni sello); deficiencias en el control y monitoreo de los afiliados atendidos.
A esta empresa también Senasa le pagó la suma de RD$3,307,577.06, “bajo el concepto de «NO DEFINIDO», lo que sugiere que dichos pagos no fueron vinculados a ningún régimen”.
Santo Domingo, R.D.-Casi diez horas no fueron suficientes para que el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, pudiera concluir este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la presunta estructura criminal que, según el Ministerio Público, operó en el seguro estatal de salud para desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a funcionarios y allegados.
El magistrado recesó la audiencia y convocó para este viernes a las 2:00 de la tarde, cuando continuarán las exposiciones de las defensas y posteriormente la réplica del Ministerio Público.
La directora de Persecución, Mirna Ortiz, reveló que tres imputados (sin revelar sus nombres) admitieron su participación y han colaborado con el Ministerio Público.
«Los mismos han admitido que pagaron sobornos a miembros del seguro estatal, incluyendo a su exdirector, Santiago Hazim«, sostuvo Ortiz.
Dijo que el monto de los supuestos sobornos pagados asciende a unos 2,000 millones de pesos.
Ortiz, en representación del Ministerio Público, informó que la acusación presentada este jueves incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y diversas pruebas periciales.
Aseguró que existen múltiples razones para que el caso sea declarado complejo. «Una de ellas es la pluralidad de víctimas. Estamos hablando de un seguro de salud que cubre a más de siete millones de dominicanos» señaló.
De su lado, el abogado Miguel Valerio, representante de Santiago Hazim, afirmó que en la audiencia se hicieron «pactos que no consideramos adecuados porque eran personas que, en dado caso, eran coautores o autores de soborno».
Valerio adelantó que este viernes desmontarán la credibilidad de uno de los principales testigos de la Fiscalía.
«Vamos a demostrar que el testigo estrella es una persona dedicada a la corrupción, perdonada en otro expediente, y que eso deberá discutir», dijo.
Agregó que Hazim aclaró en la audiencia que el imputado Martínez Hazim no es su familiar.
«Eso era importante porque se utilizó ese argumento para insinuar que había colocado a un sobrino en la institución, y no existe ningún vínculo familiar», indicó.
La solicitud de medida de coerción describe un supuesto entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos.
Según la investigación, la red fue encabezada por Santiago Hazim durante su gestión al frente del seguro estatal, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.
Hasta el momento, diez personas están formalmente imputadas en el expediente.