Santo Domingo, RD.-Con unas declaraciones que busca sacar ventaja de las persecuciones del Ministerio Publico, el presidente Luis Abinader en una acción que no tiene discusión suspendió ayer de funciones a Juan Maldonado Castro, director de Comunidad Digna, por implicaciones en actividades ilícitas, convirtiéndose así en el noveno funcionario suspendido y/o destituido de su cargo.Nacionales
Presidente busca sacar ventaja política de acciones del Ministerio Público.
Santo Domingo, RD.-Con unas declaraciones que busca sacar ventaja de las persecuciones del Ministerio Publico, el presidente Luis Abinader en una acción que no tiene discusión suspendió ayer de funciones a Juan Maldonado Castro, director de Comunidad Digna, por implicaciones en actividades ilícitas, convirtiéndose así en el noveno funcionario suspendido y/o destituido de su cargo.“Yo le prometí a este país que no iba haber impunidad. Yo le prometí a este país que iba a ver un Ministerio Público que iba actuar, caiga quien caiga, y eso es lo que se está ejerciendo en este país” dijo el jefe del Estado.
“En este país ya no hay vacas sagradas. En este país todo el que la hace la paga. Ya se encargará la justicia de determinar”, agregó.
Al respecto, dijo esperar ahora que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Procuraduría General de la República den los detalles, integralmente, de toda esta operación.
Luis Abinader respondió preguntas de los periodistas sobre el caso en el que Juan Maldonado Castro fue apresado, por su presunta implicación en cuestiones relacionadas con narcotráfico y lavado de activos. Minutos antes de sus declaraciones, Abinader había suspendido de forma provisional a Maldonado Castro, mediante el decreto 550-21. “Lo que sí, ese es un compromiso sagrado que yo tengo con nuestro país, de acabar lo que muchas décadas, tanto en la corrupción administrativa como en el crimen organizado que existió, que fue impunidad y protección. Eso ya no existe en la República dominicana”, precisó.
La exministra de la Juventud, Kinberly Taveras, escenificó el primer escándalo por presuntas irregularidades en manejo de los fondos públicos mientras fue directora del Distrito Municipal de La Guayiga.
Operación Falcón
La madrugada de ayer, miércoles, arrancó con 60 fiscales para certificar 80 allanamientos en varias jurisdicciones, incluyendo el Distrito Nacional, y más de 200 agentes antinarcóticos en resguardo de sus operativos.
La Procuraduría General de la República reveló nuevos nombres que integran la supuesta red de narcotráfico y lavado de activos conocida como Operación Falcón. Entre los arrestados figuran Rafael Alberto de Jesús, Marisol López Ceballo (Mary); Elva Teresa Polanco, Víctor Elpidio Paulino Herrera, Francisco Linares Pimentel, Adolfo Torres Sanabia, Julio César Jiménez Talavera y José Alejandro de la Cruz Morales. Además de los antes mencionados, Juan José de la Cruz Morales, conocido también como Wandy, Wander, W, El Michero, El Hombre o El Don, también, Juan Maldonado Castro (Marcial o El Líder), María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli, La Princesa); Lenin Bladimir Torres Bueno y Delfina Asunción Polanco.
Según establece el Ministerio Público, los integrantes de la red adquirieron, producto del narcotráfico, cientos de propiedades, armas de fuego de guerra, estaciones de combustibles, inmuebles lujosos, fincas, vehículos de altas gamas, prendas, embarcaciones, dealers, discotecas, bancas de apuestas y empresas de entretenimiento.
También, financiaron campañas políticas apoyando de manera directa a legisladores.
El MP aseguró que esta red operaba en la zona norte del país, en especial en Santiago, pero con ramificaciones en la región este del país y que los involucrados se dedicaban a lavar dinero como resultado y beneficio ilícito por movilizar grandes cargamentos de drogas provenientes desde Sudamérica, en especial desde Colombia y Venezuela, hacia República Dominicana, con el fin de llevarlos Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, “utilizando lanchas rápidas, lanchas deportivas (doble fondo), barcos pesqueros y contenedores”.
El MP señala que la red está vinculada a un alijo de 1,786 kilogramos ocupado por las autoridades de Puerto Rico en noviembre de 2016, así como también a otro alijo de 500 kilogramos de cocaína introducido a Puerto Rico, en diciembre de 2018, y otro de 722 paquetes ocupados por la DNCD en Boca de Yuma en noviembre de 2018, más uno de 659 paquetes de cocaína ocupado en Bayahíbe en noviembre de 2018.
En febrero de 2019, a individuos vinculados a la red se les ocuparon 254 paquetes de cocaína en el tramo carretero de la Autopista del Coral, entre la estación de Peaje Coral II y la rotonda del distrito municipal Verón-Punta Cana. Los arrestados están vinculados a la red de narcotráfico a la que en marzo de 2019 se le ocuparon 1,050 paquetes de cocaína, en la embarcación tipo Go Fast que quedó a la deriva por falta de combustible a unas 50 millas náuticas al norte de Puerto Rico.
“Ciertamente, el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas, así como también con el apoyo de la DEA, ha tenido varios meses en una investigación bastante compleja que incluye alrededor de nueve provincias del país en las que hemos tenido que desplazarnos para hacer aproximadamente 86 allanamientos de forma preliminar”, especificó Yeni Berenice Reynoso.
Agregó que han ocupado muchas evidencias, entre ellas cantidades “exorbitantes” en dólares que por el momento no quiso precisar debido a que los allanamientos están en proceso.
Calificó la operación como una de las más importantes que registra el país en contra del lavado de activos. Reynoso explicó que la investigación conlleva la detención de extraditables y que otros imputados serán procesados por la Fiscalía de Santiago.
JUAN MALDONADO
En Santiago.
La Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otras agencias de seguridad del Estado realizaron ayer más de 20 allanamientos en establecimientos comerciales, torres de apartamentos, locales, financieras y otros lugares de Santiago, donde fueron apresadas varias personas y fueron incautadosvarios bienes.
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.