Santo Domingo, RD.-Con unas declaraciones que busca sacar ventaja de las persecuciones del Ministerio Publico, el presidente Luis Abinader en una acción que no tiene discusión suspendió ayer de funciones a Juan Maldonado Castro, director de Comunidad Digna, por implicaciones en actividades ilícitas, convirtiéndose así en el noveno funcionario suspendido y/o destituido de su cargo.Nacionales
Presidente busca sacar ventaja política de acciones del Ministerio Público.
Santo Domingo, RD.-Con unas declaraciones que busca sacar ventaja de las persecuciones del Ministerio Publico, el presidente Luis Abinader en una acción que no tiene discusión suspendió ayer de funciones a Juan Maldonado Castro, director de Comunidad Digna, por implicaciones en actividades ilícitas, convirtiéndose así en el noveno funcionario suspendido y/o destituido de su cargo.“Yo le prometí a este país que no iba haber impunidad. Yo le prometí a este país que iba a ver un Ministerio Público que iba actuar, caiga quien caiga, y eso es lo que se está ejerciendo en este país” dijo el jefe del Estado.
“En este país ya no hay vacas sagradas. En este país todo el que la hace la paga. Ya se encargará la justicia de determinar”, agregó.
Al respecto, dijo esperar ahora que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Procuraduría General de la República den los detalles, integralmente, de toda esta operación.
Luis Abinader respondió preguntas de los periodistas sobre el caso en el que Juan Maldonado Castro fue apresado, por su presunta implicación en cuestiones relacionadas con narcotráfico y lavado de activos. Minutos antes de sus declaraciones, Abinader había suspendido de forma provisional a Maldonado Castro, mediante el decreto 550-21. “Lo que sí, ese es un compromiso sagrado que yo tengo con nuestro país, de acabar lo que muchas décadas, tanto en la corrupción administrativa como en el crimen organizado que existió, que fue impunidad y protección. Eso ya no existe en la República dominicana”, precisó.
La exministra de la Juventud, Kinberly Taveras, escenificó el primer escándalo por presuntas irregularidades en manejo de los fondos públicos mientras fue directora del Distrito Municipal de La Guayiga.
Operación Falcón
La madrugada de ayer, miércoles, arrancó con 60 fiscales para certificar 80 allanamientos en varias jurisdicciones, incluyendo el Distrito Nacional, y más de 200 agentes antinarcóticos en resguardo de sus operativos.
La Procuraduría General de la República reveló nuevos nombres que integran la supuesta red de narcotráfico y lavado de activos conocida como Operación Falcón. Entre los arrestados figuran Rafael Alberto de Jesús, Marisol López Ceballo (Mary); Elva Teresa Polanco, Víctor Elpidio Paulino Herrera, Francisco Linares Pimentel, Adolfo Torres Sanabia, Julio César Jiménez Talavera y José Alejandro de la Cruz Morales. Además de los antes mencionados, Juan José de la Cruz Morales, conocido también como Wandy, Wander, W, El Michero, El Hombre o El Don, también, Juan Maldonado Castro (Marcial o El Líder), María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli, La Princesa); Lenin Bladimir Torres Bueno y Delfina Asunción Polanco.
Según establece el Ministerio Público, los integrantes de la red adquirieron, producto del narcotráfico, cientos de propiedades, armas de fuego de guerra, estaciones de combustibles, inmuebles lujosos, fincas, vehículos de altas gamas, prendas, embarcaciones, dealers, discotecas, bancas de apuestas y empresas de entretenimiento.
También, financiaron campañas políticas apoyando de manera directa a legisladores.
El MP aseguró que esta red operaba en la zona norte del país, en especial en Santiago, pero con ramificaciones en la región este del país y que los involucrados se dedicaban a lavar dinero como resultado y beneficio ilícito por movilizar grandes cargamentos de drogas provenientes desde Sudamérica, en especial desde Colombia y Venezuela, hacia República Dominicana, con el fin de llevarlos Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, “utilizando lanchas rápidas, lanchas deportivas (doble fondo), barcos pesqueros y contenedores”.
El MP señala que la red está vinculada a un alijo de 1,786 kilogramos ocupado por las autoridades de Puerto Rico en noviembre de 2016, así como también a otro alijo de 500 kilogramos de cocaína introducido a Puerto Rico, en diciembre de 2018, y otro de 722 paquetes ocupados por la DNCD en Boca de Yuma en noviembre de 2018, más uno de 659 paquetes de cocaína ocupado en Bayahíbe en noviembre de 2018.
En febrero de 2019, a individuos vinculados a la red se les ocuparon 254 paquetes de cocaína en el tramo carretero de la Autopista del Coral, entre la estación de Peaje Coral II y la rotonda del distrito municipal Verón-Punta Cana. Los arrestados están vinculados a la red de narcotráfico a la que en marzo de 2019 se le ocuparon 1,050 paquetes de cocaína, en la embarcación tipo Go Fast que quedó a la deriva por falta de combustible a unas 50 millas náuticas al norte de Puerto Rico.
“Ciertamente, el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas, así como también con el apoyo de la DEA, ha tenido varios meses en una investigación bastante compleja que incluye alrededor de nueve provincias del país en las que hemos tenido que desplazarnos para hacer aproximadamente 86 allanamientos de forma preliminar”, especificó Yeni Berenice Reynoso.
Agregó que han ocupado muchas evidencias, entre ellas cantidades “exorbitantes” en dólares que por el momento no quiso precisar debido a que los allanamientos están en proceso.
Calificó la operación como una de las más importantes que registra el país en contra del lavado de activos. Reynoso explicó que la investigación conlleva la detención de extraditables y que otros imputados serán procesados por la Fiscalía de Santiago.
JUAN MALDONADO
En Santiago.
La Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otras agencias de seguridad del Estado realizaron ayer más de 20 allanamientos en establecimientos comerciales, torres de apartamentos, locales, financieras y otros lugares de Santiago, donde fueron apresadas varias personas y fueron incautadosvarios bienes.
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
Precisamente, una de las evaluaciones pendientes es la del puesto de Henry Molina. Sin embargo, 49 días después de que concluyeran los siete años del magistrado, el mandatario Abinader se mantiene todavía sin convocar a los integrantes del Consejo para determinar si escogerán un nuevo o mantendrán el mismo presidente en el Poder Judicial.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
Hasta el momento, el magistrado de SCJ aún no ha informado si estas son sus pretensiones. Si no fuese confirmado en el puesto, deberá entregarlo cuando se desarrolle la toma de posesión de quien le sustituirá.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
Esta entidad considera que “la ausencia de una convocatoria formal genera incertidumbre institucional y afecta la confianza pública en el sistema de justicia”
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
“La noble petición se subsidia en atención a que soslayar el enunciado del mandato constitucional genera que la sociedad quede inscrita en un estado límbico ante la connatural incertidumbre que se genera en el seno de la propia alta instancia judicial”, dijo durante una rueda de prensa el jurista Carlos Balcácer, quien es representante del IDDP.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.