Editorial
El Narcotráfico, el Fraude y la Corrupción, Fuentes Primarias en el País del Crecimiento Económico.
La República Dominicana siempre ha exhibido un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que nos ha proyectado muy bien frente a los organismos multilaterales que manejan los asuntos económicos, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), pese a que su principal fuente han sido el narcotráfico, el fraude y la corrupción generalizada.
Sin embargo, los elogios a este respecto siempre han estado acompañado de cuestionamientos a ese crecimiento, el cual nunca se refleja en desarrollo humano y en las condiciones de vida de la población.
La percepción de los expertos es que el crecimiento del PIB se puede ver en agentes muy concretos, sobre todo en aquellos insertados en la macroeconomía, como por ejemplo el sistema bancario nacional, el cual en muchas ocasiones sirve de instrumento para el lavado de activos a pesar de todas las medidas tomadas luego de las quiebras bancarias del año 2002 que creó una deuda cuasi fiscal en el Banco Central que todavía pesa mucho en la débil economía nacional.
Nunca han existido dudas de que el crecimiento del PIB se produce a través de algunos renglones de la economía dominicana que son motorizados precisamente por transacciones fraudulentas como el de las telecomunicaciones, en el que hay niveles muy altos del fenómeno en contra de la población.
Pero peor aún, se observa que en el país se mueve una economía subterránea que es el producto del narcotráfico y por esa razón hay una serie de inversiones que sólo buscan el lavado de activos porque no tienen otra forma de hacer fluir esos recursos.
Y al ser así, los que promueven el narcotráfico y otros negocios del bajo mundo también buscan insertarse en los órganos del Estado en los que se toman decisiones para evitar que esos recursos producto de actividades ilegales sean decomisados por las autoridades.
En el contexto de esa realidad, también se produce una generalización de la corrupción administrativa, la cual no tiene órganos del Estado preferidos, en la que hacen fiestas muchos diputados, senadores y otros funcionarios gubernamentales, quienes por su afán de acumular fortunas son presas fáciles de los promotores del bajo mundo que hacen grandes inversiones económicas en las campañas electorales y en la actividad política en general, así como en otras alianzas que concretan con los dirigentes del sistema de partidos del país.
Todo ello es el resultado de un fenómeno que impacta a los países del llamado tercer mundo, como por ejemplo la República Dominicana, que no es otra cosa que la falta de institucionalidad y que como vía de consecuencia produce un alto nivel de impunidad.
En el país en los últimos años se observa una tendencia muy fuerte a buscar el dinero fácil, porque incluso en la República Dominicana hay lo que se conoce como la cultura de la apariencia, la cual provoca que la gente vaya a aquellas actividades ilegales que le permita acumular grandes fortunas en un tiempo muy rápido.
Por esta razón los operativos del Ministerio Público ayudan un poco a contrarrestar el mal, pero no es la panacea, porque ese proceder del órgano persecutor del crimen y el delito debía estar acompañado de todo un plan nacional para aumentar los niveles de institucionalidad del Estado, lo cual traerá consigo mayor fiscalización y regulación oficial de todas las actividades nacionales.
El dominicano debe estar preparado para ver muchos más casos como el Falcón, ya que en virtud de que las causas que los generan aún están intactas, invariables, y en consecuencia los ilícitos como el que nos ocupa lloverán en el curso del tiempo.
Lo otro es que de las acciones del Ministerio Público debe erradicarse la politiquería que proviene, principalmente, del propio presidente de la República cuando quiere atribuirse la eficiencia de un órgano que ya se ha dicho hasta la sociedad de que es independiente y que sus méritos son propios, no de un partido o de un mandatario que no tiene ninguna coherencia en su accionar, lo cual además debe dejar claro que ello no justifica las criticas de otros sectores que son parte del problema.
Con la operación Falcón, las autoridades del Ministerio Público asestaron un nuevo golpe al narcotráfico y al lavado de activos, ilícitos que vuelven a salpicar a figuras políticas con posiciones en el Gobierno y en el poder legislativo y judicial.
En esta ocasión sale a relucir el arresto del actual titular de la Dirección General de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, quien fuera diputado perredeísta y que luego pasó a formar parte del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Los hechos vinculados al bajo mundo es un motivo de gran preocupación en una sociedad como la dominicana, la cual está más que saturada de distorsiones, donde lo mal hecho predomina en todos sus escenarios
Aunque el deseo es un componente importante en cualquier esfuerzo para que las cosas sean mejores, pero la realidad no se cambia sólo con eso.
Sino que los grandes cambios tienen que conllevar un alto nivel de planificación y de trabajo consistente para poder alcanzar las metas trazadas.
En la República Dominicana todos los esfuerzos de algunos para alcanzar, por ejemplo, el manejo de la administración pública es muy marcado, pero desde que los actores de la vida política nacional se sienten con algún poder estatal, entonces desvían su atención y la solución de los problemas de la población pasan a un segundo plano.
Por esta razón los discursos de la oposición son muy atractivos y convincentes, pero cuando se llega al poder el mismo da un giro que lleva a la gente a perder la confianza en quien se apoyó en esa narrativa para dirigir el Estado.
Esa debilidad de los partidos políticos ha querido cubrirse con el fenómeno del clientelismo, pero la verdad que es prácticamente imposible darle de forma personal alguna dádiva del Estado a todos y cada uno de los ciudadanos, pese a que ello sí es posible mediante la satisfacción de necesidades sociales, es decir, de la solución colectiva de los problemas.
Si el Estado a través de la gestión de los partidos logra una buena educación o buen sistema de salud, la gente lo aprecia y respeta al que lo hace, pero además crea una buena imagen de la administración pública.
En el país el problema estriba en que los partidos no ven las cosas de esa manera, ya que a los principales actores de la actividad política sólo les interesa resolver los problemas individuales o personales, sobre todo a nivel monetario, pero no promover una inversión estatal que fortalezca el sistema.
Por esta razón, ha tomado tanto poder la corrupción administrativa, cuyos responsables gozan además de impunidad, la cual no tiene límites y que se puede decir que sale del Palacio Nacional, entra a un sector importante del empresariado, penetra en los principales medios de comunicación y luego se convierte en un cometa, que nadie sabe dónde termina.
Este problema, conjuntamente con otros tan o más graves, no es tan fácil de erradicar porque se trata de un mal que tiene un profundo componente cultural, que viene desde de los tiempos de la colonia, cuyas consecuencias han lacerado toda la vida nacional.
El asunto ha derivado en que todo se ve desde la perspectiva de los negocios y en realidad no debe ser así, porque hay renglones que su manejo tiene que ver principalmente con la preservación de una serie de valores sociales y morales que no respetarlos hace que la sociedad pase de los tiempos de la civilización a la época de las cavernas.
En este contexto está, por ejemplo, la educación, la cual es el alma de un verdadero desarrollo humano, pero que cuando la misma es contaminada con la corrupción y con otros hechos que le quitan sentido, la sociedad entra en un nivel de estancamiento y retroceso de la que nadie la puede salvar.
El problema es que ya esta crisis ha tocado fondo y que la solución de la misma no puede estar en manos de los que la provocaron, ya que ellos no abandonan la idea de que el Estado es para usarlo en beneficio individual y de los grupos que están anidados en el seno de los partidos políticos del país.
¡Es así de sencillo!
Editorial
Los intereses y la conveniencia es lo que determina el respeto a la Constitución y la jurisprudencia del TC en el país.
Con toda razón diversos sectores de la sociedad dominicana han salido al frente de una de las tantas violaciones constitucionales en que incurre la Junta Central Electoral (JCE).
El debate ahora tiene que ver con el reglamento dictado por el órgano comicial que dispone la prohibición de encuestas antes del inicio de la precampaña y la campaña electoral.
La preocupación es legítima, sobre todo por la acción ilegal provenir de un órgano que es el que tiene que ver con el montaje y fiscalización de las elecciones para escoger las autoridades nacionales.
Sin embargo, llama a la atención de que en algunos casos se quiera hacer valer las jurisprudencias del Tribunal Constitucional y en otros se haya querido justificar la violación que proviene de la JCE.
Son innumerables los errores de la JCE, cuyos peores son aquellos que consistieron en el sometimiento de un proyecto de ley para regular las candidaturas independientes que violaba una serie de derechos fundamentales y los que llevaron al organo comicial a acogerse a la promulgacion ilegal del presidente Luis Abinader de una pretendida ley, la 13-26, que viola la sentencia TC/0788/24 que sentó jurispredencia en el pais en esta materia.
Es como una especie de ver sólo lo que conviene en violación de la regla general que establece la Constitución como ley suprema de la nación.
Naturalmente, no es de ninguna manera, que el reclamo no tenga asidero en lo que se refiere a la prohibición de encuestas, sino que de igual modo que se ha rechazado el reglamento de la JCE sobre la prohibición de encuestas, igual debió ocurrir cuando el presidente Luis Abinader viola la Constitución con la promulgación de una supuesta ley que debió ser observada.
De cualquier manera, los fiascos cometidos por la Junta Central Electoral ponen en tela de juicio la eficiencia de este órgano para controlar unas elecciones donde se supone que debe primar el principio de legalidad y de juridicidad y los cuales viola cotidianamente.
Este periódico pese a que entiende que las encuestas son un instrumento, muchas veces, para desinformar y manipular al votantes por empresas que su regla del juego es buscar dinero por esta vía, pero no hay otra opción que acogerse a los principios de legalidad y de juridicidad y al mandato de la Constitución de la República.
Sin que tenga la necesidad, aunque la justificación podría estar explicada en un problema de ignorancia, intereses o de miedo, el gobierno de Luis Abinader, tal vez el peor en lo que respecta a irrespetar el orden constitucional establecido, no se detiene en su imitación de lo que ocurre en los Estados Unidos.
Este periódico ha dicho y ahora por igual lo repite que la constitucionalización del derecho conlleva una gran confrontación con una partidocracia que ha demostrado históricamente que no cree en la ley ordinaria y orgánica, pero mucho menos en la carta magna.
El respeto de la Constitución es parte de una retórica que forma parte de una formalidad que en la realidad no tiene ningún valor, lo cual implica un alto riesgo para la democracia nacional.
El comportamiento del gobierno del PRM y Luis Abinader no difiere en prácticamente nada con los demás que conforman la llamada partidocracia, pero éste por la poca formación que lo caracteriza para conducir el Estado incurre en peores errores que los que le precedieron.
Desde el punto de vista de la jurisprudencia nacional e internacional el actual gobierno ha llegado a extremos que pueden crear serios escollos jurídicos, políticos y sociales al país, porque ponen en cuestionamiento todo el sistema legal, la seguridad jurídica y la justicia constitucional y convencional, la cual se fundamenta en los derechos fundamentales.
La audacia parece ser cada día más peligrosa, porque Abinader y su gente lucen no tener presente que la República Dominicana es el único país del mundo donde se produjo una revuelta armada para exigir el respeto a la constitucionalidad con el derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch en 1963.
Sin embargo, Abinader no para de cometer torpezas que violentan de forma vulgar la Constitución y todo el derecho internacional, en algunos casos por razones de geopolítica y otras veces por responder a los intereses de la desgraciada partidocracia.
El presidente actúa sobre la base de los parámetros que impone la administración de Donald Trump, que es experto en violar la Constitución de los Estados Unidos y todo el derecho internacional.
Y definitivamente Abinader ha decidido acompañar a Trump en sus andanzas en contra del orden legal internacional y de lo que dispone el derecho interno, cuyos mejores ejemplos, entre muchos otros, está el decreto que promulga la Ley 13-26 que persigue eliminar las candidaturas independientes, pese a que las mismas ya son el resultado de una interpretación del órgano facultado para ello como lo es el Tribunal Constitucional, cuya corte sentó una jurisprudencia al respecto que debe ser respetada por todos los poderes públicos, incluido el Ejecutivo, que preside el presidente de la República.
Pero el jefe de Estado dominicano no tiene la menor idea de nada y en consecuencia ahora incurre, tal vez por miedo a las travesuras de Trump, a firmar un memorando de entendimiento para recibir indocumentados deportados a terceros países por disposición de los Estados Unidos, el cual debió conocerse en el Congreso Nacional.
La vocación anti-constitucional de Abinader es de tal magnitud que aun con el control del Congreso Nacional, cuyos diputados y senadores aprobarían el referido acuerdo, aunque vulnera la Constitución, él no ve necesario acudir a ellos por lo ocurrido anteriormente con la carta magna y que esa conducta no ha recibido la respuesta que se produciría en cualquier pueblo con un menor nivel de contaminación y enfermedad que el dominicano.
Sólo falta esperar cuál será el próximo paso en términos de violación constitucional de un gobierno que no siente ningún respeto por el orden legal, la justicia constitucional y el derecho internacional, lo que podría implicar una grave amenaza para la democracia nacional.