Editorial
El Narcotráfico, el Fraude y la Corrupción, Fuentes Primarias en el País del Crecimiento Económico.
La República Dominicana siempre ha exhibido un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que nos ha proyectado muy bien frente a los organismos multilaterales que manejan los asuntos económicos, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), pese a que su principal fuente han sido el narcotráfico, el fraude y la corrupción generalizada.
Sin embargo, los elogios a este respecto siempre han estado acompañado de cuestionamientos a ese crecimiento, el cual nunca se refleja en desarrollo humano y en las condiciones de vida de la población.
La percepción de los expertos es que el crecimiento del PIB se puede ver en agentes muy concretos, sobre todo en aquellos insertados en la macroeconomía, como por ejemplo el sistema bancario nacional, el cual en muchas ocasiones sirve de instrumento para el lavado de activos a pesar de todas las medidas tomadas luego de las quiebras bancarias del año 2002 que creó una deuda cuasi fiscal en el Banco Central que todavía pesa mucho en la débil economía nacional.
Nunca han existido dudas de que el crecimiento del PIB se produce a través de algunos renglones de la economía dominicana que son motorizados precisamente por transacciones fraudulentas como el de las telecomunicaciones, en el que hay niveles muy altos del fenómeno en contra de la población.
Pero peor aún, se observa que en el país se mueve una economía subterránea que es el producto del narcotráfico y por esa razón hay una serie de inversiones que sólo buscan el lavado de activos porque no tienen otra forma de hacer fluir esos recursos.
Y al ser así, los que promueven el narcotráfico y otros negocios del bajo mundo también buscan insertarse en los órganos del Estado en los que se toman decisiones para evitar que esos recursos producto de actividades ilegales sean decomisados por las autoridades.
En el contexto de esa realidad, también se produce una generalización de la corrupción administrativa, la cual no tiene órganos del Estado preferidos, en la que hacen fiestas muchos diputados, senadores y otros funcionarios gubernamentales, quienes por su afán de acumular fortunas son presas fáciles de los promotores del bajo mundo que hacen grandes inversiones económicas en las campañas electorales y en la actividad política en general, así como en otras alianzas que concretan con los dirigentes del sistema de partidos del país.
Todo ello es el resultado de un fenómeno que impacta a los países del llamado tercer mundo, como por ejemplo la República Dominicana, que no es otra cosa que la falta de institucionalidad y que como vía de consecuencia produce un alto nivel de impunidad.
En el país en los últimos años se observa una tendencia muy fuerte a buscar el dinero fácil, porque incluso en la República Dominicana hay lo que se conoce como la cultura de la apariencia, la cual provoca que la gente vaya a aquellas actividades ilegales que le permita acumular grandes fortunas en un tiempo muy rápido.
Por esta razón los operativos del Ministerio Público ayudan un poco a contrarrestar el mal, pero no es la panacea, porque ese proceder del órgano persecutor del crimen y el delito debía estar acompañado de todo un plan nacional para aumentar los niveles de institucionalidad del Estado, lo cual traerá consigo mayor fiscalización y regulación oficial de todas las actividades nacionales.
El dominicano debe estar preparado para ver muchos más casos como el Falcón, ya que en virtud de que las causas que los generan aún están intactas, invariables, y en consecuencia los ilícitos como el que nos ocupa lloverán en el curso del tiempo.
Lo otro es que de las acciones del Ministerio Público debe erradicarse la politiquería que proviene, principalmente, del propio presidente de la República cuando quiere atribuirse la eficiencia de un órgano que ya se ha dicho hasta la sociedad de que es independiente y que sus méritos son propios, no de un partido o de un mandatario que no tiene ninguna coherencia en su accionar, lo cual además debe dejar claro que ello no justifica las criticas de otros sectores que son parte del problema.
Con la operación Falcón, las autoridades del Ministerio Público asestaron un nuevo golpe al narcotráfico y al lavado de activos, ilícitos que vuelven a salpicar a figuras políticas con posiciones en el Gobierno y en el poder legislativo y judicial.
En esta ocasión sale a relucir el arresto del actual titular de la Dirección General de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, quien fuera diputado perredeísta y que luego pasó a formar parte del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Los hechos vinculados al bajo mundo es un motivo de gran preocupación en una sociedad como la dominicana, la cual está más que saturada de distorsiones, donde lo mal hecho predomina en todos sus escenarios
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.