Editorial
El Narcotráfico, el Fraude y la Corrupción, Fuentes Primarias en el País del Crecimiento Económico.
La República Dominicana siempre ha exhibido un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que nos ha proyectado muy bien frente a los organismos multilaterales que manejan los asuntos económicos, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), pese a que su principal fuente han sido el narcotráfico, el fraude y la corrupción generalizada.
Sin embargo, los elogios a este respecto siempre han estado acompañado de cuestionamientos a ese crecimiento, el cual nunca se refleja en desarrollo humano y en las condiciones de vida de la población.
La percepción de los expertos es que el crecimiento del PIB se puede ver en agentes muy concretos, sobre todo en aquellos insertados en la macroeconomía, como por ejemplo el sistema bancario nacional, el cual en muchas ocasiones sirve de instrumento para el lavado de activos a pesar de todas las medidas tomadas luego de las quiebras bancarias del año 2002 que creó una deuda cuasi fiscal en el Banco Central que todavía pesa mucho en la débil economía nacional.
Nunca han existido dudas de que el crecimiento del PIB se produce a través de algunos renglones de la economía dominicana que son motorizados precisamente por transacciones fraudulentas como el de las telecomunicaciones, en el que hay niveles muy altos del fenómeno en contra de la población.
Pero peor aún, se observa que en el país se mueve una economía subterránea que es el producto del narcotráfico y por esa razón hay una serie de inversiones que sólo buscan el lavado de activos porque no tienen otra forma de hacer fluir esos recursos.
Y al ser así, los que promueven el narcotráfico y otros negocios del bajo mundo también buscan insertarse en los órganos del Estado en los que se toman decisiones para evitar que esos recursos producto de actividades ilegales sean decomisados por las autoridades.
En el contexto de esa realidad, también se produce una generalización de la corrupción administrativa, la cual no tiene órganos del Estado preferidos, en la que hacen fiestas muchos diputados, senadores y otros funcionarios gubernamentales, quienes por su afán de acumular fortunas son presas fáciles de los promotores del bajo mundo que hacen grandes inversiones económicas en las campañas electorales y en la actividad política en general, así como en otras alianzas que concretan con los dirigentes del sistema de partidos del país.
Todo ello es el resultado de un fenómeno que impacta a los países del llamado tercer mundo, como por ejemplo la República Dominicana, que no es otra cosa que la falta de institucionalidad y que como vía de consecuencia produce un alto nivel de impunidad.
En el país en los últimos años se observa una tendencia muy fuerte a buscar el dinero fácil, porque incluso en la República Dominicana hay lo que se conoce como la cultura de la apariencia, la cual provoca que la gente vaya a aquellas actividades ilegales que le permita acumular grandes fortunas en un tiempo muy rápido.
Por esta razón los operativos del Ministerio Público ayudan un poco a contrarrestar el mal, pero no es la panacea, porque ese proceder del órgano persecutor del crimen y el delito debía estar acompañado de todo un plan nacional para aumentar los niveles de institucionalidad del Estado, lo cual traerá consigo mayor fiscalización y regulación oficial de todas las actividades nacionales.
El dominicano debe estar preparado para ver muchos más casos como el Falcón, ya que en virtud de que las causas que los generan aún están intactas, invariables, y en consecuencia los ilícitos como el que nos ocupa lloverán en el curso del tiempo.
Lo otro es que de las acciones del Ministerio Público debe erradicarse la politiquería que proviene, principalmente, del propio presidente de la República cuando quiere atribuirse la eficiencia de un órgano que ya se ha dicho hasta la sociedad de que es independiente y que sus méritos son propios, no de un partido o de un mandatario que no tiene ninguna coherencia en su accionar, lo cual además debe dejar claro que ello no justifica las criticas de otros sectores que son parte del problema.
Con la operación Falcón, las autoridades del Ministerio Público asestaron un nuevo golpe al narcotráfico y al lavado de activos, ilícitos que vuelven a salpicar a figuras políticas con posiciones en el Gobierno y en el poder legislativo y judicial.
En esta ocasión sale a relucir el arresto del actual titular de la Dirección General de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, quien fuera diputado perredeísta y que luego pasó a formar parte del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Los hechos vinculados al bajo mundo es un motivo de gran preocupación en una sociedad como la dominicana, la cual está más que saturada de distorsiones, donde lo mal hecho predomina en todos sus escenarios
La democracia dominicana tras la desaparición de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina ha sido una falsa, una mentira que se apoya en unos supuestos avances del Estado Social Democrático de Derecho.
Precisamente en esa falsa descansa la verdad sobre el derrocamiento del gobierno que presidió el profesor Juan Bosch en el 1963, cuya revuelta armada derivada de la acción ilegal tuvo como razón de ser el retorno a la constitucionalidad.
Pero la experiencia sirvió de poco, porque la violación de lo consignado en la ley de leyes sigue siendo el pan de cada día, lo que provoca que los derechos fundamentales no sean más que una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
Lo que ocurre en el país desde hace décadas era para que ya hubiera habido varias revoluciones armadas por irrespetar la ley sustantiva de la nación, pero todo parece indicar que la sensibilidad del ciudadano con estos temas ha sido doblegada para siempre.
La reciente promulgación de la Ley 13-26 debió ser un motivo más que suficiente para que el ciudadano se lanzara a las calles pacíficamente para exigir el respeto a la constitución de la República, violada descaradamente por el presidente Luis Abinader y su Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuyos diputados y senadores se han ganado la calificación de ser los más conservadores de la historia política del país.
Lo peor de todo lo que ocurre es que cada día los funcionarios públicos y los propios actores de la partidocracia hablan de la constitución como si fuera un documento respetable y sagrado.
La cuestión es que los que mantienen esa actitud no se dan cuenta que provocan lo peor, porque su miopía política indica que les conviene más continuar con la simulación de que la dominicana es una sociedad democrática, porque lo que podría venir puede ser mucho peor.
Ya este periódico lo había advertido que la torpeza de Abinader no llega más allá de una imitación vulgar de lo que ocurre en los Estados Unidos, donde Donald Trump no emite una orden ejecutiva que no choque con la carta magna.
Pero la mejor resignación no puede ser otra que decir que no se le puede pedir peras al olmo, ya que la incapacidad de las actuales autoridades no deja otra opción que tolerar su torpeza y su falta de formación para dirigir el Estado dominicano.
Pero a los dominicanos tener mucho cuidado con esa tolerancia con el que no tiene la capacidad para dirigir el Estado, porque el país podría entrar en una crisis que lo coloque en el mismo sitial de una nación como la vecina Haití, donde nada es creíble y donde el Estado colapsó para siempre, sin posibilidades reales de recuperación.
Ojo pelao.
El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), como en los mejores tiempos del que es su base de sustentación, el PRD, no tiene ningún reparo en violar, no sólo la ley ordinaria y orgánica, sino la Constitución de la República.
El PRM es tal vez el mejor ejemplo de la doble moral que enarbolan los partidos políticos, con el agravante de que también es ignorante de lo que implica la conducción del Estado, cuya incapacidad ha sumergido a la sociedad dominicana en los tiempos de la caverna.
En la práctica esta organización política es la negación de la eficiencia, la planificación estratégica y otras virtudes que deben adornar a cualquier político que busque dirigir la nación desde una perspectiva de progreso, crecimiento y desarrollo humano.
El PRM es una muestra muy elocuente de esa cultura de improvisación que arrastra el dominicano desde los tiempos de la colonia, todo como resultado de la herencia dejada por la religión católica apostólica y romana, a diferencia de las naciones que se inclinaron por el protestantismo de Martin Lutero de 1517 como una forma de darle una connotación politica a una confrontación contra España, cuya razón de ser era económica y social, ya que en ese momento era la dueña de las riquezas en América.
La administración del PRM, que cumplirá ocho años, se suma a la gran desgracia nacional que tiene su explicación en acontecimiento tan nobles como la guerra restauradora, cuyos buenos resultados en vez de aprovecharse en favor de una nación pobre y golpeado por los imperios, fue utilizada para apartar, perseguir y matar a sus héroes.
Esa conducta que distorsiona los mejores intereses nacionales ahora es replicada por el PRM, cuyos dirigentes son una especie de fiel representación del tigueraje nacional, que se caracteriza por no tener escrúpulo para actuar en una u otra dirección.
Pero el problema es mucho más complejo que el que proyecta y simboliza el PRM, porque el escenario está lleno de estos antivalores de la política, tanto es así que hay otros del mismo carácter tan o más dañino que éste, lo que ha generalizado el criterio de que se trata de un sistema que representa un partido único, cuya sola diferencia es el color que usan y los nombres de sus principales actores, aunque proceden de la misma manera cuanto se trata de la implementación de políticas públicas, las cuales tienen como sustento la corrupción administrativa y la incapacidad para manejar el patrimonio nacional.
El desastre que representa el PRM por mucho que se quiera pregonar algún progreso en términos gubernamentales, no pasa de una mentira que nadie cree después de los ocho años de Abinader, cuya deuda social acumulada, asi como el endeudamiento externa e interna y el aumento desproporcionado del gasto público y una política exterior más conservadora y negadora del derecho internacional.
Por lo que se ve, el retroceso generado por el PRM en el país podría implicar que para superar su pésima gestión la nación tendrá que pasarse décadas, si es que en el camino surge una propuesta que realmente ame a la República Dominicana y piense en la dignidad del pueblo.
De lo que sí se puede estar seguro es que el PRM parece que dejará la sociedad dominicana en una situación que para superarla son muchos los sacrificios que habrá que hacer, sobre todo porque sus acciones en violación del derecho constitucional tienen una grave repercusión en la seguridad jurídica, lo que incluso podría reducir una de las fuentes de alimentación de la economía nacional como es la inversión extranjera directa, así como el turismo y la remesa nacional.
Ya es poco lo que se puede esperar de un país en el que el presidente de la República encabeza las ilegalidades cometidas en contra de jurisprudencias del Tribunal Constitucional (TC), cuyas acciones antijurídicas colocan al Estado a la zaga de las demás naciones de la comunidad internacional, donde el derecho comparado es un referente importante para medir la calidad de sus democracias.
La influencia de la política populista y del atropello del derecho internacional por parte del presidente del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, no ha dejado dudas del poder que otorga el presidencialismo en el mundo.
El caso de los Estados Unidos de América ha puesto a prueba el poder que tiene un presidente de la República frente a los que se suponen altos de niveles de institucionalidad logrados durante siglos de luchas y largas y complejas batallas jurídicas.
No ha sido difícil Trump hacer las cosas como le venga en gana, sin que nadie, absolutamente nadie, le ponga freno, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia, lo que genera un deterioro que durante muchas décadas difícilmente se pueda reponer.
Lo más preocupante de lo que ocurre es cómo daña la democracia ese comportamiento en el resto del mundo, principalmente en los países latinoamericanos, donde hay toda una historia de gobiernos dictatoriales y de una corrupción generalizada.
Por ejemplo, que temor puede tener Luis Abinader de violar la Constitución y el orden institucional cuando tiene como carta de presentación la imitación de lo que ocurre en la potencia del norte, la cual, incluso, se ha pasado la vida supervisando la conducta de los gobiernos de todo el planeta.
El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que supo engañar a todo el mundo cuando quiso ascender al gobierno, pero que ahora tanto su presidente y la propia organización que sustenta la fuerza que otorga el poder público, ha dado señales claras de que es más conservadora, corrupta y anti-democrática que sus antecesores.
A este comportamiento se suma que los dirigentes de esta entidad política no tienen una agenda y una visión de futuro, sino que se ciegan y no miran más allá del escritorito de la oficina que ocupan mediante el carguito en el que fueron designados.
En el país no existe la menor duda de que Luis Abinader es una extensión de las políticas arbitrarias e ilegales de Donald Trump, cuyo peso se vuelve irresistible para una democracia débil y de papel como la dominicana.
El fenómeno tiene otro agravante y es que la gran mayoría de los que buscan mantenerse en el poder mediante figuras sin ninguna formación para dirigir el Estado, implica unos peligros que puede llevar a la República Dominicana a la conversión de otro Haití, con un Estado que sólo exista de derecho, pero no de hecho, es decir, sólo en el papel.
El otro factor que pesa mucho en el proceso de deterioro de la democracia nacional es que la distribución de publicidad oficial en los diferentes medios de comunicación, convencionales y digitales, es una herramienta para contrarrestar el nivel de criticidad a las acciones antijurídicas de las actuales autoridades nacionales.
Con toda legitimidad se puede pensar que podría hacerse muy tarde para salvar a la República Dominicana de una tendencia que procura hacer pedazos el Estado de Derecho y la democracia nacional.