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Imputado manejó más de RD$150 millones de sobornos Odebrecht
Santo Domingo, RD.-Wilson Caamaño, procurador adjunto, destacó este martes que el Ministerio Público pudo demostrar que el abogado Conrado Enrique Pittaluga Arseno recibió pagos de sobornos a través del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dijo que por más que la defensa intente desvirtuar la verdad o tergiversar, no tiene la forma de desvincularse de las pruebas que posee el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
“Son afirmaciones irrefutables, como el hecho de que los sobornos que pagó Odebrecht llegaron a República Dominicana a través de Ángel Rondón y sus empresas Conansa y Lashan, y a través de Conrado Pittaluga y su empresa Newport Consulting”, dijo a periodistas que lo entrevistaron a la salida del tribunal, luego de la suspensión de la audiencia hasta el próximo jueves.
Insistió en que la defensa no ha podido negar en el tribunal que Conrado Pittaluga recibió dinero desde el Departamento de Operaciones Estructuradas y a través del sistema Drousys y dijo que “han querido tergiversar sobre la base de que en ese sistema no solo se pagaba soborno; y es cierto, se pagaba soborno y financiamiento ilícito de campaña”.
En ese sentido, el representante del Ministerio Público, quien encabeza el equipo litigante, manifestó “hasta donde nosotros sabemos, Conrado Pittaluga no ha sido candidato a nada, evidentemente los pagos que recibió desde el Departamento de Operaciones Estructuradas, fueron pagos de sobornos”.
En la etapa final del proceso judicial en la que se desarrolla la discusión final, las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, escuchan los argumentos y conclusiones de las partes.
En la audiencia de este martes correspondió el turno a la defensa de Pittaluga Arzeno, quien es vinculado a los US$92 millones de sobornos que distribuyó la empresa Odebrecht con el propósito de obtener la adjudicación de obras en el país. Enfrenta cargos por los delitos de complicidad en el soborno a funcionarios y lavado de activos producto de infracciones graves.
Los acusadores han establecido en el transcurso del juicio que manejó más de 100 millones de pesos, un millón de dólares y más de 50 mil euros producto de las actividades ilícitas de la constructora brasileña relacionadas a la entrega de sobornos.
Indicaron que la mayoría de esos recursos fueron movidos por el imputado por concepto de sobornos en complicidad con su socio, el también encartado Víctor José Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exsecretario de Obras Públicas, específicamente por la obra Autopista del Coral, una de las 16 adjudicada a la empresa mediante el tráfico de influencia y el soborno.
En audiencias anteriores, después de escuchar al Ministerio Público, correspondió el turno a los representantes legales de los encartados, siendo la defensa de Pittaluga la última en presentar sus alegatos.
Además de Pittaluga Arzeno, son acusados por los sobornos de Odebrecht, los coimputados Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht; Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas; Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal, y Juan Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.
El Ministerio Público hizo constar en la acusación que pudo determinar que durante el período comprendido entre 2002 y 2014 el imputado Rondón Rijo entregó altas sumas de dinero por concepto de sobornos a favor de los imputados, quienes producto de las actividades ilícitas con Odebrecht, lograron incrementar de manera exorbitante sus respectivos patrimonios.
En la etapa final del proceso, el Ministerio Público pidió al tribunal la imposición de penas de 10, siete y cinco años de prisión para los imputados. También, que todos paguen una multa de 200 salarios mínimos y que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.
El tribunal dispuso la suspensión de la audiencia hasta el próximo jueves 16 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, sesión en la que la defensa de Pittaluga continuará con su discurso de cierre.
Santo Domingo, R.D.-Este jueves el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió el nivel de alerta verde para 13 provincias ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como de inundaciones repentinas o urbanas, debido a la incidencia de una vaguada y una onda tropical.
- Las provincias bajo alerta son: Santo Domingo y el Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago, San Juan, Montecristi, El Seibo, Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Dajabón, Hato Mayor y San Cristóbal.
De acuerdo con el último boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), por la incidencia de estos fenómenos atmosféricos se presentarán aguaceros moderados a fuertes, posibles granizadas aisladas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata y Sánchez Ramírez.
Según el COE, las precipitaciones disminuirán gradualmente hasta las primeras horas de la noche.
Debido a las condiciones meteorológicas, los organismos recomendaron a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximos a ríos, arroyos y cañadas abstenerse de cruzar estos afluentes y no utilizar los balnearios ubicados en zonas bajo alerta.
- Asimismo, instó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional, los Cuerpos de Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencias a través de los teléfonos 809-472-0909, 9-1-1 y *462 de la OGTIC.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público identificó el municipio de Jacagua y el sector Los Cocos de Santiago como los centros operativos de una estructura de ciber-extorsión que tenía ribetes internacionales y que estafó más de 400 ciudadanos estadounidenses, cuyos datos han sido validados por el Homeland Security de Estados Unidos.
Los integrantes de la red diseñaban y publicaban anuncios publicitarios en portales de citas y encuentros íntimos, ofreciendo servicios sexuales ficticios de supuestas mujeres.
Para mantener el anonimato de los operadores en República Dominicana, los anuncios incluían números telefónicos virtuales estadounidenses contratados a proveedores en territorio americano, redirigiendo el tráfico de llamadas y mensajes de WhatsApp a los centros de operaciones en Santiago.
Una vez obtenido el número telefónico real del usuario, el tirador realizaba capturas de pantalla y las transfería a otros miembros de la red, quienes ejecutaban búsquedas exhaustivas en plataformas de recopilación de registros públicos de EE. UU.
De este modo, la red obtenía nombres de familiares, lugares de trabajo, direcciones residenciales exactas y edades de sus objetivos.
Bajo un guion agresivo, le reclamaba haberle hecho perder tiempo y dinero a la joven, alegando que supuestamente está rechazó otros clientes por su culpa y exigiéndole el pago inmediato de una multa o compensación económica. Si la víctima se resistía a pagar, la red ejecutaba su maniobra más violenta: la intimidación con fines de coacción.
“Los imputados enviaban mensajes de texto, audios y videos afirmando pertenecer a organizaciones criminales de extrema violencia como el Cártel de Sinaloa o las Maras Salvatruchas”.
Desesperadas por el terror, las víctimas cedían y realizaban los depósitos. La red facilitaba canales digitales de pago como Zelle, Cash App, Venmo, PayPal, Apple Pay, Chime o transferencias en Bitcoin.
Para burlar los controles antiblanqueo, las cuentas receptoras en EE. UU. pertenecían a intermediarios, identificados en la red como colectores, que movían el dinero de inmediato.
El Ministerio Público prueba el modus operandi a través de la incorporación de transcripciones de interceptaciones telefónicas, informes forenses y análisis periciales en el documento oficial, así como recibos de los envíos y otras evidencias de las transacciones.
El Ministerio Público incautó decenas de teléfonos móviles, máquinas de contar dinero, sellos de financieras falsas y barras de oro ocupados a los implicados.
El voluminoso expediente del caso detalla como un grupo de jóvenes de una zona suburbana de Santiago, utilizaron la tecnología de la información, combinada con la manipulación del terror psicológico, para crear una estafa transnacional altamente rentable y estructurado por la delincuencia organizada local.
Será el próximo lunes cuando la juez del juzgado de Atención Permanente evalúe las 365 páginas de la solicitud de medida de coerción de la llamada Operación XL 526 para quienes están solicitando prisión preventiva y declaratoria del caso complejo por la multiplicidad de imputados.
El órgano acusador también aportó los movimientos de cuentas bancarias por decenas de millones de pesos dominicanos, los reportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) que prueban que los imputados no tenían empleos lícitos, y los listados de terrenos e inmuebles adquiridos para el lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Fue variada por la Corte de Apelación de Santo Domingo la medida de coercion que pesaba en contra de la interprete de musica urbna Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida popularmente como «Masha«, quien se encuentra acusada de porte ilegal de armas de fuego.
El tribunal de alzada dispuso la libertad de la artista, tras imponerle el pago de una garantía económica de RD$5,000 pesos y la obligación de comparecer ante las autoridades mediante presentación periódica.
Con esta decisión, la corte revoca la medida dictada previamente por el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este, cuya magistrada, la jueza Karen Casado Minyety, había impuesto tres meses de prisión preventiva a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Mujeres. En el mismo expediente también figuran los jóvenes Alexander Martínez Nolasco y Karla Julisa Rodríguez, de 18 y 19 años respectivamente, quienes fueron enviados a Najayo-Hombres y Najayo-Mujeres por el mismo período.
A la salida del tribunal ubicado en la Ciudad Judicial, el consejo de defensa de la imputada —integrado por los abogados Randy Banks, Jenrry Romero y Amaury Oviedo— expresó que este fallo confirma que el proceso continuará conforme a las garantías establecidas por la ley.
«A partir de este momento, nuestra representada deberá cumplir con las medidas impuestas mientras se desarrolla el curso de la investigación», manifestó el jurista Randy Banks.
Banks aprovechó la ocasión para agradecer a quienes mantuvieron la confianza en el sistema de justicia durante el proceso y reafirmó el compromiso del equipo legal de seguir defendiendo los derechos de su protegida dentro del marco legal correspondiente. Al concluir, recordó un principio fundamental del derecho penal dominicano: «La libertad es la regla; la prisión preventiva, la excepción».
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, «Masha» y los otros dos justiciables fueron arrestados durante una inspección vehicular en el municipio de Boca Chica. Las autoridades ocuparon dos pistolas calibre 9MM marca Glock sin documentación, las cuales se encontraban dentro de una yipeta marca Honda CRV, color blanco, conducida por Karla Julisa Rodríguez.
El informe detalla que: La primera arma contenía su cargador con 4 cápsulas. y la segunda arma no tenía cargador.
En medio de la palanca de cambios se halló un cargador extendido (tipo «cohete») con capacidad para 30 municiones, el cual contenía 10 cápsulas en su interior.
La fiscal Zayra Soto, del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona, formuló la acusación inicial provisional por el delito de porte ilegal de armas de fuego, ilícito penal tipificado y sancionado en los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. En la audiencia inicial, la solicitud fue litigada por el fiscal Tito Osea González Ramírez.
Un historial rodeado de controversias y violencia
El entorno de la joven artista urbana ha estado marcado por constantes conflictos de carácter judicial y policial en los últimos meses:
Octubre de 2025: La Policía Nacional detuvo a «Masha» en el sector de Villa Francisca, Distrito Nacional, tras ocupársele dos paquetes de un vegetal que presumiblemente correspondía a marihuana.
Enero: Su pareja sentimental, Jhakomo Hernández de la Rosa, fue enviado a prisión preventiva por tres meses, acusado de la muerte de un joven en el referido sector de Villa Francisca.
Febrero: Desconocidos tirotearon el vehículo en el que se desplazaba la artista junto a su amiga Dominique Natalia Gómez Cabrera (22 años), quien lamentablemente resultó muerta a causa de las heridas de bala. Días más tarde, agentes de la Policía Nacional abatieron a dos hombres señalados como los presuntos responsables de dicho atentado.