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Imputado manejó más de RD$150 millones de sobornos Odebrecht
Santo Domingo, RD.-Wilson Caamaño, procurador adjunto, destacó este martes que el Ministerio Público pudo demostrar que el abogado Conrado Enrique Pittaluga Arseno recibió pagos de sobornos a través del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dijo que por más que la defensa intente desvirtuar la verdad o tergiversar, no tiene la forma de desvincularse de las pruebas que posee el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
“Son afirmaciones irrefutables, como el hecho de que los sobornos que pagó Odebrecht llegaron a República Dominicana a través de Ángel Rondón y sus empresas Conansa y Lashan, y a través de Conrado Pittaluga y su empresa Newport Consulting”, dijo a periodistas que lo entrevistaron a la salida del tribunal, luego de la suspensión de la audiencia hasta el próximo jueves.
Insistió en que la defensa no ha podido negar en el tribunal que Conrado Pittaluga recibió dinero desde el Departamento de Operaciones Estructuradas y a través del sistema Drousys y dijo que “han querido tergiversar sobre la base de que en ese sistema no solo se pagaba soborno; y es cierto, se pagaba soborno y financiamiento ilícito de campaña”.
En ese sentido, el representante del Ministerio Público, quien encabeza el equipo litigante, manifestó “hasta donde nosotros sabemos, Conrado Pittaluga no ha sido candidato a nada, evidentemente los pagos que recibió desde el Departamento de Operaciones Estructuradas, fueron pagos de sobornos”.
En la etapa final del proceso judicial en la que se desarrolla la discusión final, las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, escuchan los argumentos y conclusiones de las partes.
En la audiencia de este martes correspondió el turno a la defensa de Pittaluga Arzeno, quien es vinculado a los US$92 millones de sobornos que distribuyó la empresa Odebrecht con el propósito de obtener la adjudicación de obras en el país. Enfrenta cargos por los delitos de complicidad en el soborno a funcionarios y lavado de activos producto de infracciones graves.
Los acusadores han establecido en el transcurso del juicio que manejó más de 100 millones de pesos, un millón de dólares y más de 50 mil euros producto de las actividades ilícitas de la constructora brasileña relacionadas a la entrega de sobornos.
Indicaron que la mayoría de esos recursos fueron movidos por el imputado por concepto de sobornos en complicidad con su socio, el también encartado Víctor José Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exsecretario de Obras Públicas, específicamente por la obra Autopista del Coral, una de las 16 adjudicada a la empresa mediante el tráfico de influencia y el soborno.
En audiencias anteriores, después de escuchar al Ministerio Público, correspondió el turno a los representantes legales de los encartados, siendo la defensa de Pittaluga la última en presentar sus alegatos.
Además de Pittaluga Arzeno, son acusados por los sobornos de Odebrecht, los coimputados Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht; Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas; Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal, y Juan Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.
El Ministerio Público hizo constar en la acusación que pudo determinar que durante el período comprendido entre 2002 y 2014 el imputado Rondón Rijo entregó altas sumas de dinero por concepto de sobornos a favor de los imputados, quienes producto de las actividades ilícitas con Odebrecht, lograron incrementar de manera exorbitante sus respectivos patrimonios.
En la etapa final del proceso, el Ministerio Público pidió al tribunal la imposición de penas de 10, siete y cinco años de prisión para los imputados. También, que todos paguen una multa de 200 salarios mínimos y que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.
El tribunal dispuso la suspensión de la audiencia hasta el próximo jueves 16 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, sesión en la que la defensa de Pittaluga continuará con su discurso de cierre.
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Familia Espaillat: Se han firmado más de 40 acuerdos de compensación económica con afectados Jet Set
Santo Domingo, R.D.-La familia Espaillat emitió el jueves un comunicado en el que aseguró que más de 40 «acuerdos de compensación económica y apoyo humano» fueron firmados con los heridos y los familiares de los fallecidos en el desplome del techo de la discoteca Jet Set.
«Se han suscrito, sin publicidad ni condicionamiento alguno, más de 40 acuerdos de compensación económica y apoyo humano, legalizados ante notario, con familiares de fallecidos, personas lesionadas y músicos afectados», leía parte del referido documento.
Asimismo, en el comunicado se indica que se hizo público los presupuestos que depositó la defensa de los imputados en la investigación de la tragedia que dejó a 236 muertos y 180 heridos, Antonio y Maribel Espaillat.
En esos presupuestos califica como una «conducta solidaria» por parte de Antonio y Maribel el haber suscrito los mencionados acuerdos, sin esperar el desenlace del proceso de investigación y legal.
¿QUIENES FIRMARON EL ACUERDO?
En este documento también se enumera las víctimas y familiares de los fallecidos en el colapso del Jet Set que, hasta el momento de publicación de esta noticia, han firmado un acuerdo de compensación con la empresa Inversiones E y L, S. R. L., compañía propietaria del Jet Set.
De manera similar estos acuerdos, según lo establecido en los presupuestos, fueron firmados entre el 2 de mayo y 12 de junio de este año.
Los firmantes identificados son Simeón Mueses, Yira Hernández Martínez, Epifania López Sánchez, Aura Rosario Soriano, Winelys Medina Marte, Ronny Darinel Taveras Minaya, Kelvin Sterling Peralta Delgado, Luz María Divina Peralta Delgado, Miguel Antonio Brito, Kirssy Guillermina Pérez Cruz de Álvarez y Ramon de Jesús Álvarez Guerrero.
También Johanna Franceli Pérez Hernández, Luis Alberto Saavedra Alvarado, Luis Javier Saavedra Martín, Yanitza Carolina Marín de Saavedra, Fredzaid del Carmen Tovar Santana, Jhoana García Reyes, Rosa Irania García Reyes, Neury Elizabeth Lora Morel, Francisca Mariñez Rosario
Elpidio Marilez Ramírez, Jhonelyn Manuel Mariñez Mojica, Jianny Cesarina Mariñez Mojina y Juana Francisca Mojica.
Igualmente firmaron acuerdos Ángel Alberto Franco Fuentes, Anibal Arodi Albuerme Rosa, Deivis Alberti Antigua Paulino, Esdras Hernández Segura, Carlos Ubiera Payano, Jordy Ramírez Matos, Juan Luis Gómez Espinal, Junior Radhaméz Sánchez Pérez, Manuel de Jesús Tatis, Martín José Encarnación Pineda, Misael Abreu Cruz y Máximo Leonardo Núñez Díaz.
Lo mismo hicieron Raúl Andrés Castro Valerio, Teosaris Miguel Báez Polanco, Teófilo Blas Dimil Reyes Céspedes, Félix Fernando Soto Rodríguez y Zulinka Yadhira Pérez Lizardo.
Estos acuerdos fueron firmados en disposición de descargo por lo sucedido en la tragedia del Jet Set y como garantía económica correspondiente al de pago por daños físicos, psicológicos y gastos médicos por los afectados.
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“La libertad podría costar menos de 12 mil pesos por cada vida perdida”, Félix Portes sobre Jet Set
Santo Domingo, R.D.-“¿Se pagan los 50 millones de pesos de la garantía económica impuesta?”, cuestionó este jueves el abogado Félix Portes la medida de coerción dictada por la jueza Fátima Veloz a los imputados Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo colapsó y dejó un saldo de 235 muertos y unos 180 heridos.
“La respuesta es no”, dijo Portes a través de su cuenta de X.
El abogado, representante de varias de las víctimas del derrumbe del techo de la discoteca, señaló que la garantía económica de 50 millones de pesos fijada por el tribunal a los hermanos Espaillat no implica el pago total de ese monto, sino apenas una fracción del mismo.
Portes explicó que esta garantía económica fue impuesta mediante una aseguradora, lo que significa que los imputados solo deben pagar una prima —es decir, un porcentaje del monto total— que generalmente oscila entre un 4 % y un 10 %, dependiendo la aseguradora.
“En términos prácticos, cada uno podría pagar entre 2 y 5 millones de pesos por concepto de prima”, indicó el abogado.
Pero lo más interesante fue el cálculo que realizó, partiendo de la garantía económica: si se toma como base una prima de cinco millones de pesos, y se divide entre las 415 víctimas del desastre (235 muertos y 180 heridos), el resultado sería de apenas RD$12,048 por cada vida afectada, explicó Portes.
“La libertad podría costar menos de 12 mil pesos por cada vida perdida o destruida. Así de barata puede salir la impunidad en República Dominicana”, criticó Portes en la red social.
Portes también enfatizó que la prima pagada a la aseguradora no es reembolsable, incluso si los imputados cumplen todas las condiciones impuestas por el tribunal, lo que convierte ese pago en el simple costo de recuperar la libertad mientras avanza el proceso.
“Es importante destacar que la prima pagada no es reembolsable, aunque la persona cumpla con todas las condiciones impuestas por el tribunal. Es el costo de contratar la fianza”, escribió.
“burla a las víctimas”
Casi a las dos de la madrugada del jueves, la jueza Veloz ordenó que los hermanos Espaillat encaren en libertad su juicio por homicidio involuntario. Además de la fianza, a ambos se le dictó presentación periódica e impedimento de salida.
El Ministerio Público (MP) solicitó prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel. El caso se declaró complejo, según abogados que participaron en la audiencia.
El MP apelará la decisión de la jueza, indicó el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho.
Camacho dijo a los periodistas que la medida de coerción es una “burla a las víctimas”.
“Sabor a injusticia”
La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, dijo que la decisión de la jueza ha dejado un “profundo sabor a injusticia” en el país.
“Esta decisión no solo hiere la memoria de quienes ya no están, sino que también pone en entredicho la esperanza de cientos de familias que claman por justicia”, escribió Ramos en su cuenta de X.
“No puede haber paz mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo”, agregó.
Santo Domingo.- Mil ochocientos ochenta y tres indocumentados fueron detenidos por unidades de interdicción de la Dirección General de Migración (DGM), coordinadas con efectivos de otros organismos de seguridad, de los cuales 1,214 fueron repatriados.
Los trabajos de interdicción produjeron la captura de 135 extranjeros en condición migratoria irregular en el Gran Santo Domingo; en Santiago de los Caballeros, 82; en Mao/Santiago Rodríguez, 38; Zona Este, 156; Azua, 23; Barahona, 3; Puerto Plata, 47 y 19 en Montecristi. También se aprehendieron 173 personas en Dajabón, 181 en Elías Piña, 133 en Jimaní y 65 en Pedernales.
Asimismo, el Ejército de República Dominicana detuvo a 625; el Cesfront, 97 y la Policía Nacional, 106, en acciones coordinadas con la DGM y que también involucran la participación del Ministerio de Defensa, la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea, el Ciutran, la Digesett y el Ministerio Público, entre otras.
Respecto a los deportados, 506 fueron reingresados a su país por la puerta binacional de Elías Piña, 510 por la de Dajabón, 133 por Jimaní y 65 por Pedernales. Fueron recibidos por las autoridades migratorias del vecino país luego de haber sido identificados y procesados en los centros de retención de la DGM, y trasladados con atención humanitaria y cumpliendo los procedimientos legales tanto nacionales como los que emanan de los convenios internacionales de los que República Dominicana es signataria.
Las acciones de la DGM se fundamentan en que la inmigración ilegal compromete la estabilidad social y la soberanía nacional, al instituirse en potenciales riesgos para la integridad territorial, la seguridad pública y la cohesión social del país.