Opinión
La sargento dominicana del Army-USA Johanny Rosario: víctima en Afganistán
Como nada humano me es ajeno, entendemos el dolor de sus familiares en EE.UU y aquí, entre sus amistades cercanas y su comunidad.
Por Narciso Isa Conde
El diario El Caribe de nuestro país, en su edición del pasado 28 de agosto, reseñó de la siguiente manera la estremecedora muerte de una joven dominicana incorporada a una de las unidades de la Marina de EEUU radicada en Afganistán:
“La embajadora dominicana en los Estados Unidos, Sonia Guzmán, anunció la muerte de una joven de origen dominicano de 25 años, producto del atentado suicida ocurrido el pasado jueves en el aeropuerto de Kabul.”
“Se trata de Johanny Rosario, quien formaba parte del equipo militar de los Estados Unidos y se encontraba en Afganistán, junto a otros soldados estadounidenses en la misión especial de protección de miles de personas que pretendían salir del país tras el asentamiento de los talibanes.”
La joven Johanny Rosario Pichardo, ciudadana estadounidense de origen dominicano de 25 años de edad, residía en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, y se desempeñaba en la unidad de la Fuerza Anfibia Naval, Task Force 51/ 5ta Brigada Expedicionaria de Infantería de Marina de los Estados Unidos, con el rango de sargento, según los datos publicados en el portal de la embajada dominicana en Estados Unidos.
Junto a ella murieron un gran número de civiles que decidieron abandonar por vía aérea Afganistán, luego de la toma de Kabul y la conquista del poder estatal por el Ejército Guerrillero Talibán, como culminación de 20 años de resistencia contra la cruel y repudiable ocupación militar estadounidense de ese país ubicado en el Lejano Oriente.
El hecho es conmovedor e injustificable por tratarse de una acción genocida de corte terrorista dirigida contra personas que no estaban en un escenario de combate, incluidos/as muchos civiles, niños/as inocentes y personas de diferentes edades sin responsabilidad directa en las pasadas confrontaciones militares.
Nos duele intensamente que esa dominicana, descendiente de una familia trabajadora emigrante, haya fallecido en esas circunstancias en los albores de su vida; extensivo el dolor por las demás víctimas de una acción indiscriminada, movida solo por el afán de venganza y alimentada por un fanatismos aberrante.
Como nada humano me es ajeno, entendemos el dolor de sus familiares en EE.UU y aquí, entre sus amistades cercanas y su comunidad.
Una cosas son las guerras entre ejércitos estatales o entre ejércitos invasores y movimientos insurgentes liberadores, y otras el ejercicio del terror indiscriminado en cualquier tipo de confrontación.
Es distinto hacer la guerra dentro de normas de respeto a la población civil y otra practicar indiscriminadamente el terrorismo estatal, de grupo o individual.
Igual hay agresiones militares y guerras destinadas a dominar y oprimir, y guerras emancipadoras. Guerras justas y guerras injustas. Violencia dominante y opresora, y violencias liberadoras.
De las insurgencia e insumisiones violentas contra la tiranía, la opresión y el coloniaje -universalmente consagradas como derecho de los pueblos- surgen las gestas heroicas, y los héroes y heroínas de la naciones y del mundo. No así de violencia y la acción militar opresora. ¡Jamás de los ejércitos verdugos e invasores!
El Che es un ser querido y asumido como símbolo del bien a nivel mundial, lo que nunca pasará con Hitler, Reagan y Bush, por ejemplo.
· UNA REFLEXIÓN IMPRESCINDIBLE.
Todo esto nos obliga a reflexionar más allá de lo repudiable del hecho de terror acaecido y de los sufrimientos que ha causado.
El terrorismo tiene varias caras y no pocas características y modalidades. No solo se trata del que practican ciertos grupos armados del islamismo fundamentalistas; o del asumido por determinados comandos ultraizquierdistas, no en pocos casos provocados o estimulados por intensos y largos periodos de violencia imperialista y/o tiránica.
Hay otros terrorismos, como el terrorismo de Estado a nivel nacional y a escala transnacional.
Los Estados de EEUU, Israel, Colombia son Estados Terroristas responsables de innumerables acciones genocidas, masacres y asesinatos en masa.
La llamada Guerra Global Antiterrorista declarada y asumida por presidentes de EEUU y Gobiernos aliados, desplegada por el PENTÁGONO y CIA, acompañada por la OTAN y ejércitos locales bajo su tutela, es una GUERRA TERRORISTA, ejecutada por Estados y fuerzas militares con gran poder destructivo y de exterminio, responsables de millones de civiles muertos y heridos, incluida población infantil.
Bombardeos de ciudades, aldeas, escuelas, hospitales, invasiones destructivas a países soberanos, paramilitarismo asesino, operaciones encubiertas, sabotajes, bloqueos criminales, desapariciones, masacres, guerras de diferentes intensidades y generaciones, centros de torturas y políticas de terror, centros de torturas, guerras bacteriológicas y químicas…son recursos del TERRORISMO DEL ESTADO aplicado recientemente por EU y aliados contra Cuba, Venezuela, República Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, El Salvador, Guatemala, Perú…
Pero donde se han roto todos los récords del TERROR IMPERIALISTA ha sido en Vietnam, Camboya, Laos, Congo, África del Sur, Ruanda, Somalia, Kosovo y la ex -Yugoslavia… y todavía en tiempos más cercanos en PALESTINA, AFGANISTÁN, IRAK, LIBIA, YEMEN, SIRIA…
Solo en IRAK los muertos superan el millón.
En AFGANISTÁN, veinte años de invasión militar y masacres, precedidas de tres intervenciones militares de Inglaterra y una de la URSS, todas fracasadas.
Los sufrimientos del pueblo afgano por culpa del IMPERIALISMO OCCIDENTAL han sido enormes, y sin que justifiquen las reacciones terroristas de los grupos talibanes más fundamentalistas de la resistencia nacional, sí explican la bravura de un pueblo empobrecido con una fuerte identidad nacional que le permiten derrotar los ejércitos más poderosos en los últimos dos siglo y recuperar reiterada veces su independencia.
La historia moderna de la humanidad no conoce de un poder más criminal y terrorista a nivel internacional que el de EEUU en su fase imperialista.
Pertenecer a su unidad de la Fuerza Anfibia Naval, Task Force 51/ 5ta Brigada Expedicionaria de Infantería de su Marina de Guerra (ARMY) fue también causa de la muerte de la joven dominicana víctima de un horripilante y vengativo acto terrorista, en tanto fuerza invasora generadora de odios merecidos.
Ella ni su familia son culpables de haberse dejado embaucar por una propaganda alienante y clientelista en lo militar, que presenta el terrorismo de Estado y las criminales intervenciones militares de EEUU y la OTAN, para tratar de preservar o recuperar dominios, como si fueran acciones patrióticas estadounidenses en defensa de su seguridad.
A la luz de hechos estremecedores como éste, las familias migrantes dominicanas y sus jóvenes descendientes están en el deber de reflexionar sobre el significado de integrarse y acompañar al ejército invasor de ese imperio en sus aventuras de conquista y reconquista violenta de territorios pertenecientes a otros pueblos, víctimas de sus genocidios y saqueos. Igual los integrantes de otras poblaciones de inmigrantes tercermundistas y la propia juventud estadounidense.
Ser valiente no equivale ni a ser héroe o heroína, ni a asumir causas justas,
Hay que resistirse a desplegar valor y talento para convertirse en carne de cañón del TERRORISMO DE ESTADO.
Es preciso recordar y reivindicar el digno ejemplo del campeón mundial de boxeo MOHAMED ALÍ (CASSIUS CLAY) cuando se resistió, como otros/as estadounidenses valientes, a ir a masacrar al pueblo vietnamita.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.