Opinión
La sargento dominicana del Army-USA Johanny Rosario: víctima en Afganistán
Como nada humano me es ajeno, entendemos el dolor de sus familiares en EE.UU y aquí, entre sus amistades cercanas y su comunidad.
Por Narciso Isa Conde
El diario El Caribe de nuestro país, en su edición del pasado 28 de agosto, reseñó de la siguiente manera la estremecedora muerte de una joven dominicana incorporada a una de las unidades de la Marina de EEUU radicada en Afganistán:
“La embajadora dominicana en los Estados Unidos, Sonia Guzmán, anunció la muerte de una joven de origen dominicano de 25 años, producto del atentado suicida ocurrido el pasado jueves en el aeropuerto de Kabul.”
“Se trata de Johanny Rosario, quien formaba parte del equipo militar de los Estados Unidos y se encontraba en Afganistán, junto a otros soldados estadounidenses en la misión especial de protección de miles de personas que pretendían salir del país tras el asentamiento de los talibanes.”
La joven Johanny Rosario Pichardo, ciudadana estadounidense de origen dominicano de 25 años de edad, residía en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, y se desempeñaba en la unidad de la Fuerza Anfibia Naval, Task Force 51/ 5ta Brigada Expedicionaria de Infantería de Marina de los Estados Unidos, con el rango de sargento, según los datos publicados en el portal de la embajada dominicana en Estados Unidos.
Junto a ella murieron un gran número de civiles que decidieron abandonar por vía aérea Afganistán, luego de la toma de Kabul y la conquista del poder estatal por el Ejército Guerrillero Talibán, como culminación de 20 años de resistencia contra la cruel y repudiable ocupación militar estadounidense de ese país ubicado en el Lejano Oriente.
El hecho es conmovedor e injustificable por tratarse de una acción genocida de corte terrorista dirigida contra personas que no estaban en un escenario de combate, incluidos/as muchos civiles, niños/as inocentes y personas de diferentes edades sin responsabilidad directa en las pasadas confrontaciones militares.
Nos duele intensamente que esa dominicana, descendiente de una familia trabajadora emigrante, haya fallecido en esas circunstancias en los albores de su vida; extensivo el dolor por las demás víctimas de una acción indiscriminada, movida solo por el afán de venganza y alimentada por un fanatismos aberrante.
Como nada humano me es ajeno, entendemos el dolor de sus familiares en EE.UU y aquí, entre sus amistades cercanas y su comunidad.
Una cosas son las guerras entre ejércitos estatales o entre ejércitos invasores y movimientos insurgentes liberadores, y otras el ejercicio del terror indiscriminado en cualquier tipo de confrontación.
Es distinto hacer la guerra dentro de normas de respeto a la población civil y otra practicar indiscriminadamente el terrorismo estatal, de grupo o individual.
Igual hay agresiones militares y guerras destinadas a dominar y oprimir, y guerras emancipadoras. Guerras justas y guerras injustas. Violencia dominante y opresora, y violencias liberadoras.
De las insurgencia e insumisiones violentas contra la tiranía, la opresión y el coloniaje -universalmente consagradas como derecho de los pueblos- surgen las gestas heroicas, y los héroes y heroínas de la naciones y del mundo. No así de violencia y la acción militar opresora. ¡Jamás de los ejércitos verdugos e invasores!
El Che es un ser querido y asumido como símbolo del bien a nivel mundial, lo que nunca pasará con Hitler, Reagan y Bush, por ejemplo.
· UNA REFLEXIÓN IMPRESCINDIBLE.
Todo esto nos obliga a reflexionar más allá de lo repudiable del hecho de terror acaecido y de los sufrimientos que ha causado.
El terrorismo tiene varias caras y no pocas características y modalidades. No solo se trata del que practican ciertos grupos armados del islamismo fundamentalistas; o del asumido por determinados comandos ultraizquierdistas, no en pocos casos provocados o estimulados por intensos y largos periodos de violencia imperialista y/o tiránica.
Hay otros terrorismos, como el terrorismo de Estado a nivel nacional y a escala transnacional.
Los Estados de EEUU, Israel, Colombia son Estados Terroristas responsables de innumerables acciones genocidas, masacres y asesinatos en masa.
La llamada Guerra Global Antiterrorista declarada y asumida por presidentes de EEUU y Gobiernos aliados, desplegada por el PENTÁGONO y CIA, acompañada por la OTAN y ejércitos locales bajo su tutela, es una GUERRA TERRORISTA, ejecutada por Estados y fuerzas militares con gran poder destructivo y de exterminio, responsables de millones de civiles muertos y heridos, incluida población infantil.
Bombardeos de ciudades, aldeas, escuelas, hospitales, invasiones destructivas a países soberanos, paramilitarismo asesino, operaciones encubiertas, sabotajes, bloqueos criminales, desapariciones, masacres, guerras de diferentes intensidades y generaciones, centros de torturas y políticas de terror, centros de torturas, guerras bacteriológicas y químicas…son recursos del TERRORISMO DEL ESTADO aplicado recientemente por EU y aliados contra Cuba, Venezuela, República Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, El Salvador, Guatemala, Perú…
Pero donde se han roto todos los récords del TERROR IMPERIALISTA ha sido en Vietnam, Camboya, Laos, Congo, África del Sur, Ruanda, Somalia, Kosovo y la ex -Yugoslavia… y todavía en tiempos más cercanos en PALESTINA, AFGANISTÁN, IRAK, LIBIA, YEMEN, SIRIA…
Solo en IRAK los muertos superan el millón.
En AFGANISTÁN, veinte años de invasión militar y masacres, precedidas de tres intervenciones militares de Inglaterra y una de la URSS, todas fracasadas.
Los sufrimientos del pueblo afgano por culpa del IMPERIALISMO OCCIDENTAL han sido enormes, y sin que justifiquen las reacciones terroristas de los grupos talibanes más fundamentalistas de la resistencia nacional, sí explican la bravura de un pueblo empobrecido con una fuerte identidad nacional que le permiten derrotar los ejércitos más poderosos en los últimos dos siglo y recuperar reiterada veces su independencia.
La historia moderna de la humanidad no conoce de un poder más criminal y terrorista a nivel internacional que el de EEUU en su fase imperialista.
Pertenecer a su unidad de la Fuerza Anfibia Naval, Task Force 51/ 5ta Brigada Expedicionaria de Infantería de su Marina de Guerra (ARMY) fue también causa de la muerte de la joven dominicana víctima de un horripilante y vengativo acto terrorista, en tanto fuerza invasora generadora de odios merecidos.
Ella ni su familia son culpables de haberse dejado embaucar por una propaganda alienante y clientelista en lo militar, que presenta el terrorismo de Estado y las criminales intervenciones militares de EEUU y la OTAN, para tratar de preservar o recuperar dominios, como si fueran acciones patrióticas estadounidenses en defensa de su seguridad.
A la luz de hechos estremecedores como éste, las familias migrantes dominicanas y sus jóvenes descendientes están en el deber de reflexionar sobre el significado de integrarse y acompañar al ejército invasor de ese imperio en sus aventuras de conquista y reconquista violenta de territorios pertenecientes a otros pueblos, víctimas de sus genocidios y saqueos. Igual los integrantes de otras poblaciones de inmigrantes tercermundistas y la propia juventud estadounidense.
Ser valiente no equivale ni a ser héroe o heroína, ni a asumir causas justas,
Hay que resistirse a desplegar valor y talento para convertirse en carne de cañón del TERRORISMO DE ESTADO.
Es preciso recordar y reivindicar el digno ejemplo del campeón mundial de boxeo MOHAMED ALÍ (CASSIUS CLAY) cuando se resistió, como otros/as estadounidenses valientes, a ir a masacrar al pueblo vietnamita.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.