Opinión
La sargento dominicana del Army-USA Johanny Rosario: víctima en Afganistán
Como nada humano me es ajeno, entendemos el dolor de sus familiares en EE.UU y aquí, entre sus amistades cercanas y su comunidad.
Por Narciso Isa Conde
El diario El Caribe de nuestro país, en su edición del pasado 28 de agosto, reseñó de la siguiente manera la estremecedora muerte de una joven dominicana incorporada a una de las unidades de la Marina de EEUU radicada en Afganistán:
“La embajadora dominicana en los Estados Unidos, Sonia Guzmán, anunció la muerte de una joven de origen dominicano de 25 años, producto del atentado suicida ocurrido el pasado jueves en el aeropuerto de Kabul.”
“Se trata de Johanny Rosario, quien formaba parte del equipo militar de los Estados Unidos y se encontraba en Afganistán, junto a otros soldados estadounidenses en la misión especial de protección de miles de personas que pretendían salir del país tras el asentamiento de los talibanes.”
La joven Johanny Rosario Pichardo, ciudadana estadounidense de origen dominicano de 25 años de edad, residía en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, y se desempeñaba en la unidad de la Fuerza Anfibia Naval, Task Force 51/ 5ta Brigada Expedicionaria de Infantería de Marina de los Estados Unidos, con el rango de sargento, según los datos publicados en el portal de la embajada dominicana en Estados Unidos.
Junto a ella murieron un gran número de civiles que decidieron abandonar por vía aérea Afganistán, luego de la toma de Kabul y la conquista del poder estatal por el Ejército Guerrillero Talibán, como culminación de 20 años de resistencia contra la cruel y repudiable ocupación militar estadounidense de ese país ubicado en el Lejano Oriente.
El hecho es conmovedor e injustificable por tratarse de una acción genocida de corte terrorista dirigida contra personas que no estaban en un escenario de combate, incluidos/as muchos civiles, niños/as inocentes y personas de diferentes edades sin responsabilidad directa en las pasadas confrontaciones militares.
Nos duele intensamente que esa dominicana, descendiente de una familia trabajadora emigrante, haya fallecido en esas circunstancias en los albores de su vida; extensivo el dolor por las demás víctimas de una acción indiscriminada, movida solo por el afán de venganza y alimentada por un fanatismos aberrante.
Como nada humano me es ajeno, entendemos el dolor de sus familiares en EE.UU y aquí, entre sus amistades cercanas y su comunidad.
Una cosas son las guerras entre ejércitos estatales o entre ejércitos invasores y movimientos insurgentes liberadores, y otras el ejercicio del terror indiscriminado en cualquier tipo de confrontación.
Es distinto hacer la guerra dentro de normas de respeto a la población civil y otra practicar indiscriminadamente el terrorismo estatal, de grupo o individual.
Igual hay agresiones militares y guerras destinadas a dominar y oprimir, y guerras emancipadoras. Guerras justas y guerras injustas. Violencia dominante y opresora, y violencias liberadoras.
De las insurgencia e insumisiones violentas contra la tiranía, la opresión y el coloniaje -universalmente consagradas como derecho de los pueblos- surgen las gestas heroicas, y los héroes y heroínas de la naciones y del mundo. No así de violencia y la acción militar opresora. ¡Jamás de los ejércitos verdugos e invasores!
El Che es un ser querido y asumido como símbolo del bien a nivel mundial, lo que nunca pasará con Hitler, Reagan y Bush, por ejemplo.
· UNA REFLEXIÓN IMPRESCINDIBLE.
Todo esto nos obliga a reflexionar más allá de lo repudiable del hecho de terror acaecido y de los sufrimientos que ha causado.
El terrorismo tiene varias caras y no pocas características y modalidades. No solo se trata del que practican ciertos grupos armados del islamismo fundamentalistas; o del asumido por determinados comandos ultraizquierdistas, no en pocos casos provocados o estimulados por intensos y largos periodos de violencia imperialista y/o tiránica.
Hay otros terrorismos, como el terrorismo de Estado a nivel nacional y a escala transnacional.
Los Estados de EEUU, Israel, Colombia son Estados Terroristas responsables de innumerables acciones genocidas, masacres y asesinatos en masa.
La llamada Guerra Global Antiterrorista declarada y asumida por presidentes de EEUU y Gobiernos aliados, desplegada por el PENTÁGONO y CIA, acompañada por la OTAN y ejércitos locales bajo su tutela, es una GUERRA TERRORISTA, ejecutada por Estados y fuerzas militares con gran poder destructivo y de exterminio, responsables de millones de civiles muertos y heridos, incluida población infantil.
Bombardeos de ciudades, aldeas, escuelas, hospitales, invasiones destructivas a países soberanos, paramilitarismo asesino, operaciones encubiertas, sabotajes, bloqueos criminales, desapariciones, masacres, guerras de diferentes intensidades y generaciones, centros de torturas y políticas de terror, centros de torturas, guerras bacteriológicas y químicas…son recursos del TERRORISMO DEL ESTADO aplicado recientemente por EU y aliados contra Cuba, Venezuela, República Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, El Salvador, Guatemala, Perú…
Pero donde se han roto todos los récords del TERROR IMPERIALISTA ha sido en Vietnam, Camboya, Laos, Congo, África del Sur, Ruanda, Somalia, Kosovo y la ex -Yugoslavia… y todavía en tiempos más cercanos en PALESTINA, AFGANISTÁN, IRAK, LIBIA, YEMEN, SIRIA…
Solo en IRAK los muertos superan el millón.
En AFGANISTÁN, veinte años de invasión militar y masacres, precedidas de tres intervenciones militares de Inglaterra y una de la URSS, todas fracasadas.
Los sufrimientos del pueblo afgano por culpa del IMPERIALISMO OCCIDENTAL han sido enormes, y sin que justifiquen las reacciones terroristas de los grupos talibanes más fundamentalistas de la resistencia nacional, sí explican la bravura de un pueblo empobrecido con una fuerte identidad nacional que le permiten derrotar los ejércitos más poderosos en los últimos dos siglo y recuperar reiterada veces su independencia.
La historia moderna de la humanidad no conoce de un poder más criminal y terrorista a nivel internacional que el de EEUU en su fase imperialista.
Pertenecer a su unidad de la Fuerza Anfibia Naval, Task Force 51/ 5ta Brigada Expedicionaria de Infantería de su Marina de Guerra (ARMY) fue también causa de la muerte de la joven dominicana víctima de un horripilante y vengativo acto terrorista, en tanto fuerza invasora generadora de odios merecidos.
Ella ni su familia son culpables de haberse dejado embaucar por una propaganda alienante y clientelista en lo militar, que presenta el terrorismo de Estado y las criminales intervenciones militares de EEUU y la OTAN, para tratar de preservar o recuperar dominios, como si fueran acciones patrióticas estadounidenses en defensa de su seguridad.
A la luz de hechos estremecedores como éste, las familias migrantes dominicanas y sus jóvenes descendientes están en el deber de reflexionar sobre el significado de integrarse y acompañar al ejército invasor de ese imperio en sus aventuras de conquista y reconquista violenta de territorios pertenecientes a otros pueblos, víctimas de sus genocidios y saqueos. Igual los integrantes de otras poblaciones de inmigrantes tercermundistas y la propia juventud estadounidense.
Ser valiente no equivale ni a ser héroe o heroína, ni a asumir causas justas,
Hay que resistirse a desplegar valor y talento para convertirse en carne de cañón del TERRORISMO DE ESTADO.
Es preciso recordar y reivindicar el digno ejemplo del campeón mundial de boxeo MOHAMED ALÍ (CASSIUS CLAY) cuando se resistió, como otros/as estadounidenses valientes, a ir a masacrar al pueblo vietnamita.
Por José Cabral
Por doquier se escucha la misma queja de que la sociedad dominicana ha desarrollado una cultura del engaño y el fraude.
Este problema tiene necesariamente que generar mucha preocupación y angustia, porque lo que ocurre nadie se atreve a negar que es una amenaza latente en contra de todos y cada uno de los dominicanos.
El país está atrapado por los cuatro puntos cardinales, cuyas consecuencias impactan a los de abajo, los del medio y los de arriba social y económicamente hablando.
Y esto hay que traerlo a colación porque si vamos a los tribunales en busca de justicia es el mismo escenario de la negación de derechos y justificación y estimulación de lo mal hecho.
No importa el circulo en que uno se mueva, el lenguaje es el mismo, la justificación de lo injustificable.
Es una cultura que no es fácil de erradicar, ya que los principales promotores del robo, el fraude e incluso de los asesinatos porque estimulan la vía de hecho, son los tribunales penales.
Son escenarios con un nivel de solemnidad que engañan al más inteligente y bonito, como el debate presidencial, cuyos participantes y aspirantes a dirigir el país, quienes debían estar presos en vez de aparecer por televisión para justificar sus aspiraciones, son los mejores exponentes de la «decencia nacional».
Es “cogío# que estamos, no parece haber escapatorias porque esas conductas los primeros en legitimarlas y justificarlas son los propios ciudadanos, los votantes, los perjudicados con unas acciones que dañan toda la nación.
La verdad que no se ve clara la salida a esta situación que genera una gran incertidumbre, ya que es muy poco lo que sirve.
Haga una reflexión y escoja el escenario que le parezca y comprobará que cualquiera se llena de pesimismo si es que usted ama el aspecto humano de la vida, de lo contrario tal vez no se alarme.
Por Isaías Ramos
El 14 de enero de este año, nuestra nación fue víctima de una de las peores ignominias que puede sufrir nuestra frágil democracia: la ruptura de nuestra Carta Magna. Con la promulgación de la Ley 1-24, que pretende instaurar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se busca intimidar a la población y consolidar una tiranía que creíamos superada hace más de seis décadas.
Esta ley desafía abiertamente la Constitución que nos rige. Según el artículo 261, el sistema de inteligencia debe estar subordinado a instituciones independientes, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, asegurando así su supervisión y alineación con el interés nacional. No obstante, el artículo 8 de la Ley 1-24 coloca la DNI directamente bajo el presidente, otorgándole un poder ilimitado que es tanto peligroso como inestable.
La historia nos ofrece lecciones claras sobre los peligros de un poder sin restricciones. Tácito, el historiador romano, advirtió: «El poder nunca es estable cuando es ilimitado». Este poder concentrado en una sola figura no solo va en contra de nuestras leyes fundamentales, sino que es una receta para el abuso y la corrupción.
Esta ley se levanta como un monstruo de múltiples cabezas que, de no ser detenido, destruirá los cimientos de esta débil democracia, llevándose consigo nuestra libertad y nuestros derechos más preciados: nuestra dignidad.
La implementación de esta ley podría llevarnos por un camino oscuro, similar al sufrido por ciudadanos en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde los servicios de inteligencia se han utilizado como herramientas para reprimir la disidencia y mantener a los líderes autoritarios en el poder.
La historia reciente de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida arbitrariamente, y de algunos dirigentes de la líder opositora María Corina Machado en un país bajo un régimen con leyes similares, nos sirve como un presagio sombrío de lo que podría suceder aquí. Sus experiencias de miedo, represión y violencia son un claro recordatorio de lo que está en juego.
Es imperativo que reconsideremos esta legislación y evaluemos sus impactos potenciales no solo en nuestra seguridad, sino en nuestra libertad.
El Frente Cívico y Social (FCS) comprende profundamente estas consecuencias y, por eso, instamos a la población a tomar una postura firme. Si esta ley no es derogada o modificada para alinearse con nuestros principios constitucionales antes de las elecciones del 19 de mayo, llamamos a la ciudadanía a abstenerse de votar o emitir un voto nulo. Esta acción de desobediencia civil no es solo un derecho, sino un deber cívico.
El sistema actual nos desmoraliza, nos lleva a vivir en un estado de desestabilización y crisis, causando miedo y terror que nos quitan el poder de razonar y pensar en lo verdaderamente importante.
De continuar indiferentes ante este enorme desafío, visualizamos un futuro donde el miedo y la represión se convertirán en la norma, y donde las libertades que tanto costaron conquistar serán solo un recuerdo lejano. Frente a este escenario, debemos recordar que aún tenemos la oportunidad de redirigir el rumbo de nuestra nación.
Defender nuestra libertad es ahora. No podemos permitir que las sombras de un pasado autoritario oscurezcan nuestro presente y nuestro futuro. Alcémonos con valor y compromiso, preparados para actuar y proteger lo que más valoramos. Solo así podremos superar las adversidades y fortalecer los pilares de nuestra democracia.
En el FCS estamos muy claros de que el futuro está en nuestras manos, y el momento de actuar es ahora. No esperemos más para defender nuestro sistema democrático y asegurar un mañana más prometedor y justo para todos. ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 77 del Estatuto de Roma faculta a la CPI para imponer la condena de cadena perpetua, pero solo en aquellos casos en que se justifique debido a la extrema gravedad del crimen y las circunstancias individuales del condenado.
De otra manera, la pena máxima para los delitos del Estatuto de Roma es de 30 años de prisión. Algunas constituciones prohíben la cadena perpetua o el término de 30 años de prisión por considerar que estas penas no prevén una oportunidad para la rehabilitación, o que no son proporcionales con la naturaleza del crimen.
Sería difícil argumentar que los largos periodos de prisión son desproporcionados respecto a la mayoría de los crímenes de la competencia de la CPI, particularmente cuando la cadena perpetua debe ser justificada por la ̈extrema gravedad del crimen ̈. Tal condena solo se impondrá a aquellos que tengan el más alto nivel de responsabilidad en la comisión de los mas graves crímenes, tales como el genocidio.
Adicionalmente, el Estatuto de Roma prevé la posibilidad de la rehabilitación. Según el artículo 110, la Corte deberá revisar todas las condenas de prisión cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua para determinar si esta puede reducirse.
En el punto anterior la CPI considera estos aspectos como si la persona hubiese asistido a la Corte con la localización de cualquier bien objeto de una multa, decomiso u órdenes de reparación que pudiesen beneficiar a la víctima.
La CPI también podrá tomar en consideración ¨otros factores indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba, que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena¨
Por consiguiente una cadena perpetua podría reducirse a 25 años de prisión en algunos casos. Si la CPI decide no reducir la sentencia de la persona después de la primera revisión, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.
Durante las negociaciones sobre las penas de la CPI, muchos Estados estuvieron a favor de la aplicación de la pena de muerte en los casos extremos. El numero de Estados con pena de muerte es poco menor que el de aquellos que no tienen pena de muerte.
No existe la oportunidad para rehabilitación alguna cuando se impone la pena de muerte. Por ende la cadena perpetua con la posibilidad de reducirla a 25 años, es un compromiso razonable entre la pena de muerte y la prisión máxima de 30 años.
Los Estados deberán recordar que el artículo 80 del Estatuto de Roma expresamente establece que el Estatuto no afecta la aplicación por parte de los Estados de aquellas penas prescritas por su propio derecho interno , ni afecta la ley de aquellos Estados que no impongan las penas prescritas en el Estatuto de Roma.
Los Estados Partes no deben imponer las mismas penas por los mismos delitos en su jurisdicción, ni deberán aplicar las condenas de prisión a no ser que voluntariamente lo quieran hacer. En este caso, los Estados podrán también especificar las condiciones bajo las cuales aceptarían a las personas condenadas, inclusive la condición de no aplicar la cadena perpetua.
Por consiguiente, los Estados Partes que cuenten con las disposiciones constitucionales que prohíban la imposición de la cadena perpetua solo necesitaran permitir la excepción de entregar a la persona a la CPI, pese a que tal persona pueda ser condenada a cadena perpetua.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán entregar a la persona acusada a la CPI cuando ésta así lo solicite, aún si existe la posibilidad de que dicha persona sea condenada a cadena perpetua.
En el caso de muchos Estados, la potestad de la CPI para imponer la cadena perpetua no necesitará la aplicación de medidas legislativas particulares. Sin embargo, en algunos Estados la constitución explícitamente prohíbe la extradición de una persona a un Estado donde se aplica esta pena , o que declara la cadena perpetua como un castigo cruel. Estos Estados cuentan con dos opciones:
- a)Establecer claramente, en la norma que implemente el Estatuto, la distinción entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la Corte Penal Internacional.
Algunos Estados podrán realizar esta distinción en su legislación, lo cual les permitiría entregar personas a la CPI aunque existan una restricción a la ¨extradicion¨de personas a tribunales que impongan la pena de cadena perpetua. Esto les permitiría mantenerla prohibición de extraditar una persona a un tribunal extranjero, sin interferir con la habilidad de cooperar plenamente con la CPI.
- b)La reforma a la Constitución podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio. Podría especificarse que la cadena perpetua impuesta por la CPI de conformidad con el Estatuto de Roma para algunos de los crímenes allí enumerados no viola la Constitución.
Debería también mencionarse que el Estado puede entregar a la persona acusada a la CPI a pesar de que exista la posibilidad de la cadena perpetua. La enmienda constitucional podría también mencionar que la CPI puede reducir la condena después de 25 años, existiendo así la posibilidad de la rehabilitación.
Finalmente, la ventaja de una reforma constitucional que elimina cualquier posibilidad de un conflicto normativo, garantiza que los tribunales nacionales dicten sus fallos de conformidad con sus obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Roma.