Nacionales
Ex-empleada del ayuntamiento de Santiago es requerida por el Ministerio Público.
Autoridades persiguen a una sobrina de ex alcalde de Puerto Plata que trabajó en Protocolo del Ayuntamiento de Santiago durante la actual gestión de Abel Martínez por estar supuestamente involucrada en la red de narcotráfico desmantelada por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público.
En la pesquisa fue apresado este jueves una ficha clave de la red de narcotráfico y se trata de Juan Carlos Mosquea, hermano del líder de la banda del bajo mundo, cuyo operativo tuvo lugar en la casa en Puerto Plata del ex-alcalde de ese municipio, Walter Musa, donde fue apresado además un sobrino del dirigente del PLD en la ciudad del atlántico.
El allanamiento estaba dirigido a apresar a Heidy Musa, sobrina del pasado sindico de Puerto Plata, quien fue candidata a diputada por el Partido de la Liberacion Dominicana (PLD) y trabajó en el departamento de Protocolo del ayuntamiento de Santiago en la actual gestión de Abel Martínez, aspirante presidencial por la mencionada organización política.
En la casa intervenida, ubicada en el residencial Torre Alta, de Puerto Plata, residen la ex esposa y los hijos del dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Según lo informado, el Ministerio Público realizó el allanamiento en ese inmueble luego de que surgieran rumores de que Heidy Musa, quien es vinculada a la Operación Falcón, se encontraba en ese lugar.
Heidy Musa es hermana de Waldo Musa, apresado anoche junto a Juan Carlos Mosquea, quien era buscado por las autoridades por su presunta vinculación con la red de narcotráfico y lavado de activos denominada Operación Falcón.
Mosquea es hermano Erick Randhiel Mosquea Polanco, señalado por el Ministerio Público como uno de los cabecillas de la supuesta red.
Heidy Musa es una activista del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Puerto Plata, por cuya organización fue candidata a diputada en las elecciones congresales del 2020.
También trabajó por varios años en el departamento de protocolo de la alcaldía de Santiago en la gestión municipal de Abel Martínez.
Por el caso hay detenidas más de 20 personas y hay acusados tres diputados, uno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y dos del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM). También hay varias personas prófugas.
El apresado fue identificado como Juan Carlos Mosquea, hermano de Erick Randhiel Mosquea, el supuesto cabecilla de la banda. Junto a él fue detenido Waldo Musa, sobrino del exalcalde de Puerto Plata, Walter Musa, quien pertenece al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.