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Recurso de Apelación de imputados en caso Anti-Pulpo volverá a Corte 27 de este mes
Santo Domingo, RD.-Sera el 27 de este mes cuando se conocerá en la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional un recurso de apelación interpuesto por el imputado José Dolores Santana Carmona, con el cual busca obtener su libertad, en cuyo caso figura como principal involucrado un hermano del expresidente Danilo Medina.
El tribunal convocó al imputado al tribunal a las 9:00 de la mañana de ese día, al conocimiento del recurso de apelación en contra de la decisión que lo envía a prisión por su implicación en el caso de la Operación Anti Pulpo.
El recurso fue interpuesto por Santana Carmona a través de su equipo de abogados encabezado por Rubén Puntiel, en contra de la decisión dictada por el entonces juez del juzgado de Atención Permanente de esa jurisdicción, José Alejandro Vargas, quien luego pasó como juez al Tribunal Constitucional.
En la instancia la defensa de Santana Carmona solicita al tribunal rechazar la imposición de prisión preventiva como medida de coerción y ordenar la libertad pura y simple de su defendido y que en consecuencia se aplique una medida menos gravosa.
En torno al caso, además, fueron enviados a prisión Juan Alexis Medina Sánchez, hermano de Danilo Medina, el exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Privadas (Fonper), Fernando Rosa y Wacal Vernavel Méndez Pineda.
Igualmente, Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, exdirector general y director de Fiscalización, respectivamente, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Julián Esteban Suriel Suazo, empero, luego se varió su prisión preventiva, por arresto domiciliario atendiendo a una solicitud del ministerio público.
Asimismo, figuran como imputados Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud y Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República. Estos tres imputados se encuentran bajo arresto domiciliario.
Operación Anti Pulpo
Se conoce como “Operación Anti Pulpo” a la serie de apresamientos y allanamientos llevado realizados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a 10 exfuncionarios del pasado gobierno que encabezó el expresidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Están acusados de presuntamente malversar fondos estatales por al menos RD$4,000 millones desde el 2012 hasta el 2020. Son señalados por corrupción administrativa y “proveedores privilegiados y testaferros que aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas”.
CLAVES
Investigación.
Este proceso de investigación ha sido liderado por el magistrado Wilson Camacho, titular de la (Pepca), junto a la magistrada Yeni Berenice Reynoso, directora General de Persecución.
Medida coerción.
El Ministerio Público presentó la solicitud de medida de coerción por ante el Juez Vargas, a pocas horas de finalizar el plazo establecido en el debido proceso quien posteriormente el 1 de diciembre de 2020 conoció dicha solicitud.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.