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Con el fin de estudiar el Código Penal legisladores se retiran 4 días a «un hotel en Bayahibe.

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Santo Domingo, RD.-Un retiro de cuatro días en un hotel de Bayahibe con el fin de consensuar el proyecto de ley del Código Penal, harán los legisladores miembros de la comisión bicameral que tiene a su cargo el estudio de la pieza legislativa

Según varios legisladores, el retiro a un hotel no significa que “se van divertir”, sino que es un método para concentrarse y dedicarse exclusivamente a los trabajos para consensuar el Código Penal.

El diputado Alexis Jiménez, vicepresidente de la comisión bicameral, fue más allá y aseguró que la Cámara de Diputados no permitió que los legisladores lleven a sus esposas ni hijos.

“Allá vamos a trabajar. La Cámara ha sido tan exigente que no va a pagar ni a esposas ni hijos. Legislador que quiera llevarlos tiene que pagarlo y nosotros nos vamos a ausentar es a trabajar”, indicó.

Jiménez también dijo que se puede “malinterpretar” su retiro a un hotel en el interior, pero que los cuatro días que permanecerán allá será únicamente para trabajar la pieza legislativa.

“Tenemos muchos compromisos y distracciones cuando estamos aquí en el Congreso, por ende el retiro es una forma de tener mayor concentración y centrarnos exclusivamente al estudio de la pieza”, alegó.

La comisión bicameral ha logrado aprobar hasta la fecha poco más de 130 artículos del proyecto de ley de Código Penal, compuesto por más de 400.

Sin embargo, además de los que faltan por conocer, los legisladores han dejado sobre la mesa unos 15 artículos por diferencias u oposiciones de más de tres congresistas.

“Cada artículo que ha generado un debate o posiciones encontradas de más de tres legisladores ha sido decidido dejar sobre la mesa. Entonces se aplaza la discusión, se avanza y se van aprobando artículos con los cuales no hay conflicto”, explicó el diputado José Horacio Rodríguez.

El legislador representante de Alianza País consideró que  los cuatro días del retiro “no serán suficientes” para finalizar el estudio de la pieza legislativa, más allá de la voluntad que tiene la comisión bicameral.

“A sinceridad creo que no será tiempo suficiente, porque han quedado muchos artículos sobre la mesa, incluso algunos que se consideraban que no iban a generar debates o conflictos. No creo que de tiempo. La voluntad con la que se va es terminar, pero si se debaten a profundidad puede que no de tiempo”, expresó Rodríguez.

Quien sí se mostró esperanzado de concluir los estudios en estos cuatro días de la pieza legislativa fue el diputado Omar Fernández, que recordó cuando la Cámara de Diputados hizo algo similar un año atrás.

“Iremos al interior del país a encerrarnos solo a trabajar el Código Penal. La última vez que lo hicimos se avanzó bastante, hace ya casi un año. Tengo la esperanza de que para el domingo tendremos un Código Penal consensuado. De no tenerlo, estoy seguro que lo que quedará por discutir serían varios artículos que en una o dos reuniones más se podrá terminar”, afirmó.

De acuerdo a la agenda de la Cámara de Diputados, los legisladores se hospedarán en el Hotel Hilton Bayahíbe, provincia La Altagracia.

La comisión está compuesta por los senadores Santiago Zorrilla (presidente), Antonio Taveras, Yván Lorenzo, Dionis Sánchez, Faride Raful, Franklin Romero, Pedro Catrain, Ramón Rogelio Genao y Virgilio Cedano.

Mientras que los diputados son Alexis Jiménez (vicepresidente), Darío Zapata, Elías Wessin, Eugenio Cedeño, Fior Daliza Peguero, Jesús Manuel Sánchez, José Horacio Rodríguez, Luis Sánchez, Mateo Evangelista, Omar Fernández, Pedro Botello, Plutarco Pérez, Rafael Alburquerque, Ramón Martínez, Sadoky Duarte, Santiago Vilorio, Víctor Fadul y Víctor Suarez.

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Recusación de juez de caso Falcón genera aplazamiento de audiencia preliminar.

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Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la  audiencia preliminar del caso Falcón.

El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.

El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.

La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.

El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.

El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.

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Panorama político del pais podría cambiar por candidaturas independientes.

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Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del  Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.

 El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.

Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».

Según el tribunal, estas disposiciones «imponían barreras desproporcionadas» al exigir que las candidaturas independientes cumplieran requisitos similares a los de los partidos políticos, lo que resultaba en una limitación al derecho fundamental a elegir y ser elegido.

El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.

En el caso del electorado, esto podría significar un aumento en las opciones políticas, especialmente en un contexto donde los partidos tradicionales a menudo dominan el escenario electoral. La posibilidad de que ciudadanos puedan presentar sus propuestas de forma independiente, sin depender de estructuras partidarias, generaría un mayor interés y nuevas opciones.

A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.

La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.

La decisión del TC

En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.

«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.

El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.

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Acuerdo de cielo abierto con E.U entra en vigencia con el pais, según informó Abinader.

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Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.

Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.

En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.

Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competenciaampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.

Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.

En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.

La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.

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