Editorial
Mala Conducta del Partidarismo Político Es una Señal de la Descomposición Etico Moral de la Sociedad.
El deterioro moral y ético de los partidos políticos y en consecuencia de los órganos y entes del Estado que ellos controlan, que son todos, no es un fenómeno propio sólo de ellos, sino que representa un problema integral que afecta a toda la sociedad dominicana.
Pretender tener resultados diferentes a la debacle que afecta al sistema de partidos es no ser realista, ya que los dirigentes políticos son formados para exhibir la conducta que hoy los identifica.
Por esta razón, la función legislativa tiene las distorsiones que hoy sufre, porque el diputado y el senador no es otra cosa que el resultado de unos partidos políticos corrompidos y poco formados para producir los cambios en todos los órdenes que necesidad la sociedad.
Se impone hacer una comparación de los cuerpos social y humano, ya que cuando una persona está afectada de un cáncer que ya ha hecho metástasis, se vuelve prácticamente imposible que ese paciente pueda tener un brazo que le funcione bien y otro mal, sino que se supone que todos sufren la misma consecuencia.
Igual ocurre con el cuerpo social cuando ha sido minado, como pasa con la Republica Dominicana, con una serie de antivalores y donde su Dios es la mercancía llamada dinero, fruto, naturalmente, de un neoliberalismo salvaje en el que sólo importan los mercados y no la gente, aunque uno sin el otro no funcionaría.
En tal virtud, resulta contraproducente intentar cambiar sólo una parte del todo cuando el problema es general, cuya realidad debe ser sustituida sobre la base de una respuesta que signifique un cambio integral.
Aspirar a una reforma policial, ya sea con un nuevo reglamento o un aumento general de sueldos, no lleva a ningún lado, porque hay otras instituciones que son parte del sistema o del Estado que la van a volver a corromper o la llevarán a operar con las mismas deficiencias o vicios.
De manera, que la solución al problema tiene que descansar en proponer una solución integral, como por ejemplo que se inicie con una mejoraría sustancial de los niveles de institucionalidad del Estado dominicano.
De tal suerte, que la crisis que padece la sociedad dominicana ya rebasa la visión que tienen los partidos del sistema para solucionarla, cuya formación tampoco garantiza que el país de esa manera pueda salir a buen camino.
Lo otro es que ese sistema de partidos, y no necesariamente nos referimos sólo a los tradicionales, sino también a los pequeños y medianos, de izquierda y de derecha, que son bisagras de los que llegan al poder, están profundamente corrompidos y su compromiso es con lo mal hecho, con los ilícitos penales, con el lavado de activos, el narcotráfico y otras vertientes del crimen organizado.
Este es el motivo por el que la solución a la problemática nacional ya no es posible lograrla a través de partidos como el de la Liberación Dominicana, Revolucionario Moderno, Fuerza del Pueblo, Reformista Social Cristiano, Revolucionario Dominicano y demás migajas políticas que se mueve en el escenario.
La cuestión es que esos compromisos de estos partidos con lo mal hecho es lo que explica que sus diputados y senadores legislen para su propio beneficio y en favor de grupos fácticos e incluso del bajo mundo y del crimen organizado.
La posición cerrada de los diputados y senadores a través del proyecto de modificación del Código Penal no va a cambiar, porque la misma responde a las causas que generan el problema, que no es otra que los altos niveles de contaminación en que se desenvuelve el legislativo, primer poder del Estado, como consecuencia de la descomposición en los partidos políticos, pero que igual ocurre con el judicial y el ejecutivo.
En consecuencia, las esperanzas del pueblo dominicano no son muchas, a menos que se produzca un giro que implique la creación de nuevas organizaciones políticas desvinculadas del crimen organizado y de la visión de que la política es una vía para la acumulación originaria o el enriquecimiento a través de tomarse para sí el patrimonio público o buscar dinero a cualquier precio.
Cuando el asunto se entienda desde la perspectiva de lo que realmente ocurre, entonces los buenos y conscientes ciudadanos podrán esperar cambios positivos para un país que podría constituirse en una potencia por lo menos caribeña por las fortalezas que lo adornan.
Aunque el deseo es un componente importante en cualquier esfuerzo para que las cosas sean mejores, pero la realidad no se cambia sólo con eso.
Sino que los grandes cambios tienen que conllevar un alto nivel de planificación y de trabajo consistente para poder alcanzar las metas trazadas.
En la República Dominicana todos los esfuerzos de algunos para alcanzar, por ejemplo, el manejo de la administración pública es muy marcado, pero desde que los actores de la vida política nacional se sienten con algún poder estatal, entonces desvían su atención y la solución de los problemas de la población pasan a un segundo plano.
Por esta razón los discursos de la oposición son muy atractivos y convincentes, pero cuando se llega al poder el mismo da un giro que lleva a la gente a perder la confianza en quien se apoyó en esa narrativa para dirigir el Estado.
Esa debilidad de los partidos políticos ha querido cubrirse con el fenómeno del clientelismo, pero la verdad que es prácticamente imposible darle de forma personal alguna dádiva del Estado a todos y cada uno de los ciudadanos, pese a que ello sí es posible mediante la satisfacción de necesidades sociales, es decir, de la solución colectiva de los problemas.
Si el Estado a través de la gestión de los partidos logra una buena educación o buen sistema de salud, la gente lo aprecia y respeta al que lo hace, pero además crea una buena imagen de la administración pública.
En el país el problema estriba en que los partidos no ven las cosas de esa manera, ya que a los principales actores de la actividad política sólo les interesa resolver los problemas individuales o personales, sobre todo a nivel monetario, pero no promover una inversión estatal que fortalezca el sistema.
Por esta razón, ha tomado tanto poder la corrupción administrativa, cuyos responsables gozan además de impunidad, la cual no tiene límites y que se puede decir que sale del Palacio Nacional, entra a un sector importante del empresariado, penetra en los principales medios de comunicación y luego se convierte en un cometa, que nadie sabe dónde termina.
Este problema, conjuntamente con otros tan o más graves, no es tan fácil de erradicar porque se trata de un mal que tiene un profundo componente cultural, que viene desde de los tiempos de la colonia, cuyas consecuencias han lacerado toda la vida nacional.
El asunto ha derivado en que todo se ve desde la perspectiva de los negocios y en realidad no debe ser así, porque hay renglones que su manejo tiene que ver principalmente con la preservación de una serie de valores sociales y morales que no respetarlos hace que la sociedad pase de los tiempos de la civilización a la época de las cavernas.
En este contexto está, por ejemplo, la educación, la cual es el alma de un verdadero desarrollo humano, pero que cuando la misma es contaminada con la corrupción y con otros hechos que le quitan sentido, la sociedad entra en un nivel de estancamiento y retroceso de la que nadie la puede salvar.
El problema es que ya esta crisis ha tocado fondo y que la solución de la misma no puede estar en manos de los que la provocaron, ya que ellos no abandonan la idea de que el Estado es para usarlo en beneficio individual y de los grupos que están anidados en el seno de los partidos políticos del país.
¡Es así de sencillo!
Editorial
Los intereses y la conveniencia es lo que determina el respeto a la Constitución y la jurisprudencia del TC en el país.
Con toda razón diversos sectores de la sociedad dominicana han salido al frente de una de las tantas violaciones constitucionales en que incurre la Junta Central Electoral (JCE).
El debate ahora tiene que ver con el reglamento dictado por el órgano comicial que dispone la prohibición de encuestas antes del inicio de la precampaña y la campaña electoral.
La preocupación es legítima, sobre todo por la acción ilegal provenir de un órgano que es el que tiene que ver con el montaje y fiscalización de las elecciones para escoger las autoridades nacionales.
Sin embargo, llama a la atención de que en algunos casos se quiera hacer valer las jurisprudencias del Tribunal Constitucional y en otros se haya querido justificar la violación que proviene de la JCE.
Son innumerables los errores de la JCE, cuyos peores son aquellos que consistieron en el sometimiento de un proyecto de ley para regular las candidaturas independientes que violaba una serie de derechos fundamentales y los que llevaron al organo comicial a acogerse a la promulgacion ilegal del presidente Luis Abinader de una pretendida ley, la 13-26, que viola la sentencia TC/0788/24 que sentó jurispredencia en el pais en esta materia.
Es como una especie de ver sólo lo que conviene en violación de la regla general que establece la Constitución como ley suprema de la nación.
Naturalmente, no es de ninguna manera, que el reclamo no tenga asidero en lo que se refiere a la prohibición de encuestas, sino que de igual modo que se ha rechazado el reglamento de la JCE sobre la prohibición de encuestas, igual debió ocurrir cuando el presidente Luis Abinader viola la Constitución con la promulgación de una supuesta ley que debió ser observada.
De cualquier manera, los fiascos cometidos por la Junta Central Electoral ponen en tela de juicio la eficiencia de este órgano para controlar unas elecciones donde se supone que debe primar el principio de legalidad y de juridicidad y los cuales viola cotidianamente.
Este periódico pese a que entiende que las encuestas son un instrumento, muchas veces, para desinformar y manipular al votantes por empresas que su regla del juego es buscar dinero por esta vía, pero no hay otra opción que acogerse a los principios de legalidad y de juridicidad y al mandato de la Constitución de la República.
Sin que tenga la necesidad, aunque la justificación podría estar explicada en un problema de ignorancia, intereses o de miedo, el gobierno de Luis Abinader, tal vez el peor en lo que respecta a irrespetar el orden constitucional establecido, no se detiene en su imitación de lo que ocurre en los Estados Unidos.
Este periódico ha dicho y ahora por igual lo repite que la constitucionalización del derecho conlleva una gran confrontación con una partidocracia que ha demostrado históricamente que no cree en la ley ordinaria y orgánica, pero mucho menos en la carta magna.
El respeto de la Constitución es parte de una retórica que forma parte de una formalidad que en la realidad no tiene ningún valor, lo cual implica un alto riesgo para la democracia nacional.
El comportamiento del gobierno del PRM y Luis Abinader no difiere en prácticamente nada con los demás que conforman la llamada partidocracia, pero éste por la poca formación que lo caracteriza para conducir el Estado incurre en peores errores que los que le precedieron.
Desde el punto de vista de la jurisprudencia nacional e internacional el actual gobierno ha llegado a extremos que pueden crear serios escollos jurídicos, políticos y sociales al país, porque ponen en cuestionamiento todo el sistema legal, la seguridad jurídica y la justicia constitucional y convencional, la cual se fundamenta en los derechos fundamentales.
La audacia parece ser cada día más peligrosa, porque Abinader y su gente lucen no tener presente que la República Dominicana es el único país del mundo donde se produjo una revuelta armada para exigir el respeto a la constitucionalidad con el derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch en 1963.
Sin embargo, Abinader no para de cometer torpezas que violentan de forma vulgar la Constitución y todo el derecho internacional, en algunos casos por razones de geopolítica y otras veces por responder a los intereses de la desgraciada partidocracia.
El presidente actúa sobre la base de los parámetros que impone la administración de Donald Trump, que es experto en violar la Constitución de los Estados Unidos y todo el derecho internacional.
Y definitivamente Abinader ha decidido acompañar a Trump en sus andanzas en contra del orden legal internacional y de lo que dispone el derecho interno, cuyos mejores ejemplos, entre muchos otros, está el decreto que promulga la Ley 13-26 que persigue eliminar las candidaturas independientes, pese a que las mismas ya son el resultado de una interpretación del órgano facultado para ello como lo es el Tribunal Constitucional, cuya corte sentó una jurisprudencia al respecto que debe ser respetada por todos los poderes públicos, incluido el Ejecutivo, que preside el presidente de la República.
Pero el jefe de Estado dominicano no tiene la menor idea de nada y en consecuencia ahora incurre, tal vez por miedo a las travesuras de Trump, a firmar un memorando de entendimiento para recibir indocumentados deportados a terceros países por disposición de los Estados Unidos, el cual debió conocerse en el Congreso Nacional.
La vocación anti-constitucional de Abinader es de tal magnitud que aun con el control del Congreso Nacional, cuyos diputados y senadores aprobarían el referido acuerdo, aunque vulnera la Constitución, él no ve necesario acudir a ellos por lo ocurrido anteriormente con la carta magna y que esa conducta no ha recibido la respuesta que se produciría en cualquier pueblo con un menor nivel de contaminación y enfermedad que el dominicano.
Sólo falta esperar cuál será el próximo paso en términos de violación constitucional de un gobierno que no siente ningún respeto por el orden legal, la justicia constitucional y el derecho internacional, lo que podría implicar una grave amenaza para la democracia nacional.