Editorial
Mala Conducta del Partidarismo Político Es una Señal de la Descomposición Etico Moral de la Sociedad.
El deterioro moral y ético de los partidos políticos y en consecuencia de los órganos y entes del Estado que ellos controlan, que son todos, no es un fenómeno propio sólo de ellos, sino que representa un problema integral que afecta a toda la sociedad dominicana.
Pretender tener resultados diferentes a la debacle que afecta al sistema de partidos es no ser realista, ya que los dirigentes políticos son formados para exhibir la conducta que hoy los identifica.
Por esta razón, la función legislativa tiene las distorsiones que hoy sufre, porque el diputado y el senador no es otra cosa que el resultado de unos partidos políticos corrompidos y poco formados para producir los cambios en todos los órdenes que necesidad la sociedad.
Se impone hacer una comparación de los cuerpos social y humano, ya que cuando una persona está afectada de un cáncer que ya ha hecho metástasis, se vuelve prácticamente imposible que ese paciente pueda tener un brazo que le funcione bien y otro mal, sino que se supone que todos sufren la misma consecuencia.
Igual ocurre con el cuerpo social cuando ha sido minado, como pasa con la Republica Dominicana, con una serie de antivalores y donde su Dios es la mercancía llamada dinero, fruto, naturalmente, de un neoliberalismo salvaje en el que sólo importan los mercados y no la gente, aunque uno sin el otro no funcionaría.
En tal virtud, resulta contraproducente intentar cambiar sólo una parte del todo cuando el problema es general, cuya realidad debe ser sustituida sobre la base de una respuesta que signifique un cambio integral.
Aspirar a una reforma policial, ya sea con un nuevo reglamento o un aumento general de sueldos, no lleva a ningún lado, porque hay otras instituciones que son parte del sistema o del Estado que la van a volver a corromper o la llevarán a operar con las mismas deficiencias o vicios.
De manera, que la solución al problema tiene que descansar en proponer una solución integral, como por ejemplo que se inicie con una mejoraría sustancial de los niveles de institucionalidad del Estado dominicano.
De tal suerte, que la crisis que padece la sociedad dominicana ya rebasa la visión que tienen los partidos del sistema para solucionarla, cuya formación tampoco garantiza que el país de esa manera pueda salir a buen camino.
Lo otro es que ese sistema de partidos, y no necesariamente nos referimos sólo a los tradicionales, sino también a los pequeños y medianos, de izquierda y de derecha, que son bisagras de los que llegan al poder, están profundamente corrompidos y su compromiso es con lo mal hecho, con los ilícitos penales, con el lavado de activos, el narcotráfico y otras vertientes del crimen organizado.
Este es el motivo por el que la solución a la problemática nacional ya no es posible lograrla a través de partidos como el de la Liberación Dominicana, Revolucionario Moderno, Fuerza del Pueblo, Reformista Social Cristiano, Revolucionario Dominicano y demás migajas políticas que se mueve en el escenario.
La cuestión es que esos compromisos de estos partidos con lo mal hecho es lo que explica que sus diputados y senadores legislen para su propio beneficio y en favor de grupos fácticos e incluso del bajo mundo y del crimen organizado.
La posición cerrada de los diputados y senadores a través del proyecto de modificación del Código Penal no va a cambiar, porque la misma responde a las causas que generan el problema, que no es otra que los altos niveles de contaminación en que se desenvuelve el legislativo, primer poder del Estado, como consecuencia de la descomposición en los partidos políticos, pero que igual ocurre con el judicial y el ejecutivo.
En consecuencia, las esperanzas del pueblo dominicano no son muchas, a menos que se produzca un giro que implique la creación de nuevas organizaciones políticas desvinculadas del crimen organizado y de la visión de que la política es una vía para la acumulación originaria o el enriquecimiento a través de tomarse para sí el patrimonio público o buscar dinero a cualquier precio.
Cuando el asunto se entienda desde la perspectiva de lo que realmente ocurre, entonces los buenos y conscientes ciudadanos podrán esperar cambios positivos para un país que podría constituirse en una potencia por lo menos caribeña por las fortalezas que lo adornan.
Editorial
Inteligencia artificial y justicia: modernizar sin entregar el juicio humano a los algoritmos
La incorporación de la inteligencia artificial a la administración de justicia representa una de las transformaciones más importantes que enfrenta el sistema jurídico contemporáneo. República Dominicana no permanece ajena a este proceso. Las herramientas tecnológicas comienzan a ocupar espacios en la gestión judicial y en el ejercicio profesional de los abogados, abriendo posibilidades que hace apenas unos años parecían propias de la ciencia ficción.
La modernización debe ser bienvenida. Un sistema de justicia que aspire a responder oportunamente a las necesidades de los ciudadanos no puede ignorar herramientas capaces de organizar grandes cantidades de información, agilizar tareas administrativas, facilitar investigaciones jurídicas y reducir procesos repetitivos.
Pero modernizar la justicia no significa delegar la justicia.
Esa diferencia debe constituir el principio rector de cualquier política pública relacionada con inteligencia artificial y actividad jurisdiccional.
La decisión judicial debe continuar siendo humana
La inteligencia artificial puede asistir al juez. Puede organizar expedientes, localizar precedentes, comparar documentos y facilitar determinadas tareas. Lo que no debería hacer es sustituir el razonamiento y la responsabilidad de quien tiene constitucionalmente la obligación de juzgar.
Una sentencia no es simplemente el resultado de introducir hechos y normas en un sistema informático.
Detrás de cada expediente existen personas, derechos, conflictos familiares, patrimonios, empresas, libertades y, en determinados procesos, hasta el futuro de un ser humano.
El juez debe valorar pruebas, interpretar la ley, ponderar derechos y, sobre todo, motivar su decisión.
Si una persona no puede comprender por qué se tomó una decisión que afecta sus derechos porque el resultado proviene de un algoritmo cuyo funcionamiento resulta inexplicable, estaríamos ante un serio problema para las garantías propias del debido proceso.
La eficiencia tecnológica jamás debe colocarse por encima de la tutela judicial efectiva.
No podemos convertir el algoritmo en juez
Existe una tentación comprensible: creer que mientras mayor sea la capacidad tecnológica, menor será la necesidad de intervención humana.
En materia de justicia, esa lógica puede resultar peligrosa.
Los sistemas de inteligencia artificial no son infalibles. Pueden equivocarse, utilizar información incompleta, reproducir sesgos contenidos en los datos con los que fueron desarrollados o generar respuestas aparentemente convincentes que resulten jurídicamente incorrectas.
Un error humano puede afectar un expediente. Un error incorporado a un sistema automatizado podría reproducirse en cientos o miles de casos.
Por ello, la supervisión humana no debe considerarse una formalidad. Tiene que ser una garantía efectiva.
La última palabra sobre los derechos de una persona debe corresponder a una persona responsable de su decisión y sometida al ordenamiento jurídico.
Los abogados también tenemos una responsabilidad
La discusión tampoco puede concentrarse exclusivamente en los jueces y tribunales.
La inteligencia artificial está entrando aceleradamente en los bufetes y oficinas jurídicas. Puede ayudar a preparar contratos, resumir expedientes, organizar argumentos y realizar investigaciones en una fracción del tiempo que anteriormente requerían esas tareas.
Negarse a utilizar estas herramientas por principio sería desconocer una transformación profesional que ya está ocurriendo.
Pero utilizarlas sin controles sería igualmente irresponsable.
El abogado que emplea inteligencia artificial continúa siendo responsable del documento que firma, del argumento que presenta y de las fuentes que invoca ante un tribunal.
Ningún profesional debería presentar una sentencia, disposición legal, cita doctrinal o precedente proporcionado por una herramienta de IA sin comprobar previamente su existencia, vigencia y contenido.
La tecnología puede colaborar con el abogado. No puede sustituir su deber de estudiar, verificar, razonar y responder profesionalmente por sus actuaciones.
La confidencialidad no puede sacrificarse
Otro asunto requiere especial atención: la protección de los datos contenidos en los expedientes.
Los abogados y las instituciones judiciales manejan información extremadamente sensible. Introducir documentos judiciales completos en sistemas externos de inteligencia artificial sin conocer cómo serán procesados, almacenados o reutilizados puede comprometer derechos y obligaciones de confidencialidad.
Por eso, la adopción de estas tecnologías debe acompañarse de protocolos claros de seguridad, gobernanza, acceso, almacenamiento y protección de datos.
No todo lo tecnológicamente posible debe considerarse jurídicamente aceptable.
La prueba enfrenta una nueva realidad
Los deepfakes y otros contenidos sintéticos plantean, además, una amenaza que los tribunales deberán aprender a enfrentar.
Durante décadas, una fotografía, una grabación o un video podían tener una considerable fuerza persuasiva porque representaban aparentemente un acontecimiento captado de la realidad.
Esa presunción práctica está cambiando.
La posibilidad de crear rostros, conversaciones, voces e imágenes artificiales obliga a reforzar los mecanismos de autenticación de la prueba digital.
La justicia del futuro necesitará abogados, jueces, fiscales y peritos capaces de comprender que ver ya no siempre será suficiente para creer.
República Dominicana necesita reglas claras
El país no debe esperar a que surjan conflictos graves para comenzar a establecer límites.
La regulación tampoco debe convertirse en una barrera contra la innovación. La inteligencia artificial puede contribuir significativamente a mejorar el acceso a la justicia y la eficiencia institucional.
Lo necesario es encontrar un equilibrio.
República Dominicana necesita desarrollar principios claros sobre supervisión humana, transparencia, trazabilidad, protección de datos, responsabilidad, uso de información judicial, explicabilidad de sistemas automatizados y mecanismos de impugnación cuando una herramienta tecnológica haya intervenido significativamente en una actuación que afecte derechos.
También será indispensable invertir en capacitación.
No tendremos una justicia preparada para la inteligencia artificial simplemente comprando tecnología. La tendremos cuando jueces, abogados, fiscales, defensores públicos, auxiliares judiciales y demás operadores comprendan tanto sus posibilidades como sus límites.
La tecnología debe estar al servicio de la persona
La inteligencia artificial llegó para quedarse y el Derecho no debe darle la espalda.
Pero tampoco puede recibirla sin condiciones.
La República considera que la modernización tecnológica del sistema judicial debe avanzar bajo un principio irrenunciable: la inteligencia artificial debe estar al servicio de la justicia y nunca la justicia al servicio de la inteligencia artificial.
Debemos aprovechar la velocidad de las máquinas sin renunciar a la prudencia humana; utilizar su capacidad de procesamiento sin abandonar el razonamiento jurídico; beneficiarnos de la automatización sin sacrificar transparencia, responsabilidad ni derechos fundamentales.
Porque al final de cada expediente no existe un número ni un conjunto de datos.
Existe una persona esperando justicia.
Y mientras sea una persona quien deba soportar las consecuencias de una decisión judicial, debe existir también un ser humano dispuesto a examinarla, explicarla y asumir la responsabilidad de decidirla.
Ese debe ser el límite.
Y también el punto de partida de la justicia dominicana ante la era de la inteligencia artificial.
El motoconcho forma parte de la cotidianidad dominicana. Está presente en los barrios, municipios, comunidades rurales, mercados, hospitales, centros educativos y alrededores de las principales estaciones y paradas del transporte colectivo.
Negar su importancia sería desconocer una realidad social y económica construida durante décadas.
Para miles de ciudadanos representa una fuente de ingresos. Para muchos otros constituye una alternativa rápida para trasladarse hacia lugares donde el transporte público resulta insuficiente o inexistente.
Por eso, criminalizar indiscriminadamente al motoconchista sería un error.
Pero igualmente irresponsable sería ignorar las consecuencias negativas asociadas a la falta de regulación y al incumplimiento de las normas de tránsito.
República Dominicana cerró 2025 con 3,846,694 motocicletas registradas, equivalentes al 57.9 % del parque vehicular nacional. La motocicleta dejó hace mucho tiempo de ser un elemento marginal del tránsito para convertirse en protagonista de la movilidad nacional.
Y precisamente por eso debe preocuparnos otra cifra: de las 2,992 personas fallecidas en siniestros viales durante 2025, más del 65 % eran motociclistas, según datos divulgados por el INTRANT.
No todos eran motoconchistas. Sería incorrecto afirmarlo. Pero la estadística demuestra que quienes se desplazan sobre dos ruedas constituyen uno de los grupos más vulnerables de nuestras vías.
Frente a esta realidad, el país necesita superar dos posiciones extremas: la persecución indiscriminada del motoconchista y la tolerancia absoluta frente al desorden.
Ni prohibición ni anarquía. Regulación.
Todo conductor dedicado al transporte de pasajeros debe estar identificado, poseer la licencia correspondiente, utilizar una motocicleta debidamente registrada y cumplir rigurosamente las normas de seguridad vial.
El casco protector debe ser obligatorio tanto para quien conduce como para quien utiliza el servicio. Las paradas tienen que estar organizadas y ubicadas de manera que no obstaculicen calles, aceras ni entradas de establecimientos. Y las autoridades deben establecer mecanismos que permitan identificar con facilidad al conductor que presta el servicio.
La formalización también beneficia al motoconchista.
Un trabajador registrado y capacitado adquiere legitimidad frente al ciudadano. Deja de ser visto como parte de una actividad desorganizada para convertirse en prestador reconocido de un servicio de transporte.
Los operativos realizados durante 2026 muestran que las autoridades han comenzado a avanzar en esa dirección. En junio fueron intervenidas 488 paradas en distintos puntos del país dentro del proceso nacional de regularización, mientras la emisión de nuevas licencias categoría 1 para motocicletas aumentó 107.5 % entre marzo y junio.
Es un avance, pero la solución no puede depender exclusivamente de fiscalizaciones temporales.
Hace falta una política permanente.
El Estado debe combinar autoridad con educación, organización con oportunidades de formalización y fiscalización con prevención.
También corresponde responsabilidad a los propios motoconchistas. Quien transporta pasajeros no solamente conduce una motocicleta: lleva consigo una vida humana. Respetar un semáforo, utilizar casco, evitar una maniobra peligrosa o reducir la velocidad puede marcar la diferencia entre terminar un viaje o terminar una vida.
Y existe igualmente una responsabilidad ciudadana. El pasajero debe comenzar a exigir seguridad. No debería aceptar como normal abordar una motocicleta sin casco o viajar con alguien que conduce de manera temeraria.
El motoconchismo ofrece beneficios evidentes: genera ingresos, facilita la movilidad, conecta comunidades y complementa el transporte colectivo. Pero también produce desafíos que no pueden seguir posponiéndose: accidentalidad, informalidad, desorden vial y dificultades de identificación y control.
La solución sensata no consiste en acabar con una actividad de la que dependen numerosas familias.
Consiste en dignificarla.
República Dominicana necesita un motoconcho organizado, seguro y profesional. Un servicio donde trabajar no signifique arriesgar la vida y donde llegar rápido nunca sea más importante que llegar vivo.
La República Dominicana tiene razones para valorar cualquier avance que permita ampliar las oportunidades de trabajo. Pero las estadísticas laborales también obligan a observar una realidad que no debe ser normalizada: durante el primer trimestre de 2026, el 54.1 % de los ocupados se encontraba en la informalidad, frente a un 45.9 % de ocupación formal.
El dato merece atención precisamente porque la economía ha comenzado a recuperar dinamismo. En junio, la actividad económica creció 6.4 % interanual y el primer semestre acumuló una expansión de 4.5 %, según el Banco Central.
El país necesita crecimiento, inversión y empresas capaces de competir. Pero necesita igualmente que el progreso económico pueda sentirse en la estabilidad de los hogares.
Un trabajador no deja de ser productivo porque sea informal, ni un pequeño comerciante debe ser visto automáticamente como alguien que pretende incumplir la ley. En muchos casos, la informalidad es consecuencia de barreras económicas, administrativas y estructurales que el Estado tiene la obligación de comprender y reducir.
Por eso, formalizar no puede significar simplemente aumentar controles. Debe significar abrir puertas.
Las micro y pequeñas empresas necesitan procesos sencillos, financiamiento accesible, capacitación y condiciones que les permitan asumir gradualmente sus responsabilidades. Los trabajadores independientes necesitan mecanismos de protección compatibles con la realidad de sus ingresos. Y los jóvenes necesitan una ruta clara hacia su primer empleo formal.
También corresponde al sector empresarial asumir su responsabilidad. La competitividad no puede construirse sobre la precariedad permanente de la fuerza laboral. Una economía moderna necesita productividad, innovación y capital humano, pero también relaciones laborales capaces de ofrecer seguridad y perspectivas de progreso.
El crecimiento económico debe convertirse en una herramienta para ampliar oportunidades y no solamente en una estadística macroeconómica favorable.
Reducir significativamente la informalidad laboral debe ser una prioridad nacional que trascienda gobiernos y coyunturas. Para conseguirlo será necesario coordinar políticas laborales, tributarias, educativas, productivas y de protección social.
La República considera que el país debe avanzar hacia una nueva etapa en la que la pregunta no sea solamente cuántos empleos se crean, sino qué calidad tienen esos empleos y cuánto contribuyen al bienestar de quienes los desempeñan.
Porque detrás de cada porcentaje existe una persona, una familia y una expectativa de futuro.
El desarrollo será verdaderamente exitoso cuando crecimiento, productividad, oportunidades y dignidad laboral avancen en una misma dirección.