Editorial
Mala Conducta del Partidarismo Político Es una Señal de la Descomposición Etico Moral de la Sociedad.
El deterioro moral y ético de los partidos políticos y en consecuencia de los órganos y entes del Estado que ellos controlan, que son todos, no es un fenómeno propio sólo de ellos, sino que representa un problema integral que afecta a toda la sociedad dominicana.
Pretender tener resultados diferentes a la debacle que afecta al sistema de partidos es no ser realista, ya que los dirigentes políticos son formados para exhibir la conducta que hoy los identifica.
Por esta razón, la función legislativa tiene las distorsiones que hoy sufre, porque el diputado y el senador no es otra cosa que el resultado de unos partidos políticos corrompidos y poco formados para producir los cambios en todos los órdenes que necesidad la sociedad.
Se impone hacer una comparación de los cuerpos social y humano, ya que cuando una persona está afectada de un cáncer que ya ha hecho metástasis, se vuelve prácticamente imposible que ese paciente pueda tener un brazo que le funcione bien y otro mal, sino que se supone que todos sufren la misma consecuencia.
Igual ocurre con el cuerpo social cuando ha sido minado, como pasa con la Republica Dominicana, con una serie de antivalores y donde su Dios es la mercancía llamada dinero, fruto, naturalmente, de un neoliberalismo salvaje en el que sólo importan los mercados y no la gente, aunque uno sin el otro no funcionaría.
En tal virtud, resulta contraproducente intentar cambiar sólo una parte del todo cuando el problema es general, cuya realidad debe ser sustituida sobre la base de una respuesta que signifique un cambio integral.
Aspirar a una reforma policial, ya sea con un nuevo reglamento o un aumento general de sueldos, no lleva a ningún lado, porque hay otras instituciones que son parte del sistema o del Estado que la van a volver a corromper o la llevarán a operar con las mismas deficiencias o vicios.
De manera, que la solución al problema tiene que descansar en proponer una solución integral, como por ejemplo que se inicie con una mejoraría sustancial de los niveles de institucionalidad del Estado dominicano.
De tal suerte, que la crisis que padece la sociedad dominicana ya rebasa la visión que tienen los partidos del sistema para solucionarla, cuya formación tampoco garantiza que el país de esa manera pueda salir a buen camino.
Lo otro es que ese sistema de partidos, y no necesariamente nos referimos sólo a los tradicionales, sino también a los pequeños y medianos, de izquierda y de derecha, que son bisagras de los que llegan al poder, están profundamente corrompidos y su compromiso es con lo mal hecho, con los ilícitos penales, con el lavado de activos, el narcotráfico y otras vertientes del crimen organizado.
Este es el motivo por el que la solución a la problemática nacional ya no es posible lograrla a través de partidos como el de la Liberación Dominicana, Revolucionario Moderno, Fuerza del Pueblo, Reformista Social Cristiano, Revolucionario Dominicano y demás migajas políticas que se mueve en el escenario.
La cuestión es que esos compromisos de estos partidos con lo mal hecho es lo que explica que sus diputados y senadores legislen para su propio beneficio y en favor de grupos fácticos e incluso del bajo mundo y del crimen organizado.
La posición cerrada de los diputados y senadores a través del proyecto de modificación del Código Penal no va a cambiar, porque la misma responde a las causas que generan el problema, que no es otra que los altos niveles de contaminación en que se desenvuelve el legislativo, primer poder del Estado, como consecuencia de la descomposición en los partidos políticos, pero que igual ocurre con el judicial y el ejecutivo.
En consecuencia, las esperanzas del pueblo dominicano no son muchas, a menos que se produzca un giro que implique la creación de nuevas organizaciones políticas desvinculadas del crimen organizado y de la visión de que la política es una vía para la acumulación originaria o el enriquecimiento a través de tomarse para sí el patrimonio público o buscar dinero a cualquier precio.
Cuando el asunto se entienda desde la perspectiva de lo que realmente ocurre, entonces los buenos y conscientes ciudadanos podrán esperar cambios positivos para un país que podría constituirse en una potencia por lo menos caribeña por las fortalezas que lo adornan.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.