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El padre de arquitecta asesinada: “Que aparezcan realmente los culpables”
El padre de la arquitecta asesinada por un cabo de la Policía Nacional insistió en su solicitud de que se haga justicia en el caso de la muerte de su hija, Leslie, y demandó que “aparezcan los reales culpables o el culpable” del crimen.
Las declaraciones del ingeniero José Rosado, quien también es teniente coronel de la Policía, se produjo después de conocerse el pasado viernes la medida de coerción a los que hasta el momento el Ministerio Público ha sometido, que son el cabo Janil Disla Batista, y el motorista Rafael Castillo Novas (Argenis).
En medio de su dolor, el empresario y también oficial de la Policía se dejó llevar por sus sentimientos y respondía a los periodistas todas las preguntas, pero fue detenido por su abogada Emery Rodríguez.
“Que aparezcan realmente los culpables o el culpable (…) Se ha hablado de un encargo, hay versiones”, dijo José Rosado y en ese momento fue interrumpido por su representante en el tribunal.
Su hija, Leslie Rosado, fue perseguida y ultimada por Disla Batista, quien se auxilió del motorista Castillo Novas para seguirla. Según el alistado, disparó contra la arquitecta de 36 años porque esta lo chocó cuando se trasladaba junto a su familia en una motocicleta y no se detuvo. Rosado viajaba en su yipeta con una hija de 15 años, quien resultó ilesa.“Todo me lo ocultaba”
Días antes, en el sepelio de la joven, José Rosado reveló que Leslie “todo se lo ocultaba” y que tal vez si hubiese sido lo contrario las cosas fueran “diferentes”.
“Tantas mediocridades que había en su entorno y me lo ocultaba todo y a lo mejor si me lo dice muchas cosas hubiesen sido diferentes. No debiste irte, Leslie, de verdad”, se lamentaba.
Inmediatamente, dijo a sus familiares y amigos que le acompañaban en el adiós a su descendiente que si Leslie tenía “algo pendiente” con ellos, él se hacía “responsable solidario a todas las cosas. El video de las declaraciones del empresario durante la inhumación de la arquitecta fue publicada por Eduardo Sánchez, el Piro, de Somos Pueblo.
“Yo declaro a todas las personas que están aquí, que de una manera tienen algo pendiente con Leslie, que yo soy responsable solidario a todas sus cosas. No va a quedar pendiente nadie porque yo soy responsable, solo tienen que llamarme y yo soy responsable a equilibrar, a dejar el balance en cero cualquier tipo de compromiso que Leslie haya tenido en su vida o que tenga en la actualidad”, aseguró el también presidente de la constructora Armando Toros.El trágico incidente
El día del crimen, la joven Rosado transitaba por la avenida Duarte, de Andrés hacia Boca Chica a bordo de un vehículo Mercedes-Benz, en dirección oeste-este, aproximadamente a unos 500 metros del parquecito de “Andrés”.
Según el Ministerio Público, Leslie Rosado rozó levemente la motocicleta marca Suzuky conducida por Disla Batista y que el cabo estaba acompañado de su esposa, Santa de Jesús Ramírez, y sus dos hijos menores de edad, quienes resultaron sin lesiones, conforme establecen los diagnósticos médicos.
Una vez ocurrido el supuesto accidente, establece la Fiscalía, el imputado Disla Batista le realizó varios disparos que obligaron a Leslie Rosado a no detener la marcha del vehículo, tratando de salvar su vida y la de su hija.
En ese momento fue que se inició la persecución del alistado contra la arquitecta hasta dar con la muerte de esta. Las investigaciones establecen que un camión de la Armada, con varios militares presenciaron los hechos porque se desplazaban por el lugar y, según el motorista Castillo Novas el policía les pidió ayuda.
Hasta el momento, cuatro militares están solo bajo investigación, informó la Armada días después.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.