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Cualquier gestión oficial tiene como una de sus tareas más difíciles reformar la Policía Nacional.
Samantha Power, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), reconoció en su reciente visita a Santo Domingo para promover la cooperación entre los Estados Unidos con el pueblo y el gobierno de la República Dominicana, que el país avanza significativamente en la lucha contra la corrupción entre los países de América Latina.
“Lo que la República Dominicana está haciendo ahora es algo muy inusual, alrededor de todo el mundo vemos que las democracias están alejándose del estado de derecho, convirtiéndose en más corruptas y no menos, la pandemia también ha acelerado ese proceso, y aquí en nuestro propio hemisferio muy cercano hay un país que está tratando de hacer reformas significativas y luchar contra la corrupción y fortalecer instituciones independientes”, declaró.
Indicó que está en el interés de los Estados Unidos “de estar aquí” y apoyar a República Dominicana en estas reformas tan ambiciosas: “Es importante venir y ver si hay algo más que podemos hacer para apoyar estos esfuerzos, creemos que es extremadamente positivo, que es un ejemplo potencial para la región si estas reformas son aprobadas y muchas ya lo están”, expresó.
Al referirse al plan para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional dispuesto por el Poder Ejecutivo, la funcionaria norteamericana aseguró que una de las tareas más difíciles que puede tomar cualquier gestión es conformar una una policía que goce de confianza, prestigio y credibilidad de todos los ciudadanos.
“Todas las encuestas muestran que hay muy poca confianza a la policía, es igual en muchas comunidades en Estados Unidos también. Así que lo que yo creo que el presidente Abinader está tratando de traer a nuevos reclutas a la fuerza policial, buscando pagarle mejor a la policía, para asegurarles que la infraestructura sea adecuada pagarle mejor”, afirmó Power a la periodista Lorenny Solano para el programa “Despierta RD“ que se transmite Por Telecentro, canal 13.
En ese sentido, agregó que la USAID tiene programas con la Policía Nacional para trabajar en conjunto hacia lo que denominó una “cultura de paz” para que cuando haya un incidente la primera idea que les llegue a la cabeza a un agente, no sea la de hacer algo coersivo ni violento, sino que sea la de velar por la seguridad y bienestar de la ciudadanía.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-9957576537350234&output=html&h=280&slotname=3863554081&adk=1876686391&adf=991038775&pi=t.ma~as.3863554081&w=640&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1633974514&rafmt=1&psa=1&format=640×280&url=https%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2Fdestacado%2Fsamantha-power-dice-reforma-de-la-policia-es-una-de-las-tareas-mas-dificiles-que-puede-tomar-cualquier-gestion%2F&flash=0&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&adsid=ChAI8MGPiwYQspyAw_f-z4oVEj0Agu2oQwda5pJCrmcvg7fvwpojem8YJ0s-DkbWe2ctwU15j_CK0C_G7dPdg-mC9-tz8EHa0sbRrZx89p0K&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiNi4xLjAiLCJ4ODYiLCIiLCI5My4wLjQ1NzcuNjMiLFtdLG51bGwsbnVsbCwiMzIiXQ..&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hdHRlc3RhdGlvbi5hbmRyb2lkLmNvbSIsInN0YXRlIjo3fV0.&dt=1633974513271&bpp=5&bdt=6077&idt=983&shv=r20211007&mjsv=m202110070201&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D3ef62f2c21a90d42%3AT%3D1628296912%3AS%3DALNI_MZi3B-oHgc7-cWdvWweVeM6oxO6CQ&prev_fmts=640×160&correlator=8757437849856&frm=20&pv=1&ga_vid=837431861.1568081175&ga_sid=1633970841&ga_hid=1146110932&ga_fc=1&u_tz=-360&u_his=28&u_h=1024&u_w=1280&u_ah=984&u_aw=1280&u_cd=24&adx=142&ady=2212&biw=1263&bih=856&scr_x=0&scr_y=557&eid=44750574%2C31062937%2C31063089%2C21067496&oid=2&pvsid=2207055048942454&pem=364&ref=https%3A%2F%2Fwww.elcaribe.com.do%2F&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1280%2C0%2C1280%2C984%2C1280%2C856&vis=1&rsz=%7C%7CeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=11&uci=a!b&btvi=2&fsb=1&xpc=ajt4oHzMqr&p=https%3A//www.elcaribe.com.do&dtd=992
“La idea es tener una reforma policial que tenga la parte de seguridad ciudadana que incluye también llegar a los crímenes, pandillas, corrupción y todo lo demás, pero que los ciudadanos también no tengan miedo a la policía, así que este va a ser un esfuerzo a largo plazo y nosotros el Departamento de Estado tenemos un buró que trabaja con las reformas policiales en todo el mundo, el gobierno y nosotros estamos viendo los modelos de la región donde ha funcionado la reforma policial pero sin duda alguna este es uno de los desafíos más básicos del país”, dice.
Refiriéndose al tiempo que tardaría en hacerse efectiva una reforma policial manifestó que dependerá de los jóvenes y demás personas se sienten atraídos a entrar a la institución, de igual modo dependerá de la cultura que puede ser bastante difícil de cambiar, pero que ha visto la intención del presidente Luis Abinader y del director de la Policía Nacional, mayor general Edward Sánchez de tratar de crear orgullo en una policía diferente.
Asimismo, ofreció las condolencias a la familia de Leslie Rosado, caso que catalogó como innecesario, una tragedia a la que ningún país es inmune.
Papeles de Pandora
La administradora de USAID no quiso dar mayores detalles sobre los Papeles de Pandora, solo que su gobierno “está tratando de verlos para entender cómo esto se conceptualiza”.
En otro orden, destacó la importancia que tiene el gobierno dominicano de fortalecer el sistema de transparencia, rendición de cuentas y que todos los ciudadanos sean partícipes de los procesos de contrataciones públicas.
“Los líderes deben ser responsables ante sus poblaciones de que sean transparentes sobre sus recursos financieros. Imagínense un escenario donde los oficiales de este país o de mi país tengan recursos en empresas dondequiera que sea que estén y luego estén tomando grandes decisiones sobre cómo financiar un proyecto de infraestructura, de energía limpia o turístico. No se puede saber si hay conflictos de interés a menos que toda esta información pueda ser vista”.
Sobre el encuentro que sostuvo con el presidente Luis Abinader, Samantha Power, adelantó que una de las discusiones que sostuvo con el mandatario dominicano fue sobre tres aspectos importantes: la seguridad ciudadana, la gobernanza y el estado de derecho y como tercer punto la prosperidad económica y las oportunidades: “si el sector privado y los ciudadanos no se sienten seguros en la calle va a ser difícil para que el presidente convenza a los inversionistas de que aquí es un país hospitalario, adecuando y con una buen clima de negocios. El desarrollo lleva tres patas de una banca y si una es más corta que la otra se cae la banca”, aseguró.
Aprovechó la entrevista que ofreció al Grupo Telemicro para felicitar y reconocer la labor realizada por los integrantes Procuraduría General de la República en su lucha contra la corrupción y el crimen organizado y manifestó el apoyo de los Estado Unidos en los procesos de investigación, persecución y procesamiento de los casos.
“La Procuraduría General está siguiendo los hechos y la evidencia a donde sea que les lleve. Es importante de decir tenemos un estado de derecho y lo aplicamos aquí en la República Dominicana. Estados Unidos trata de ofrecer apoyo a la procuraduría en su desarrollo de nivel de independencia. Trabajamos con este país para ver otros sistemas legales en el hemisferio en otros países que han intentado llevar a cabo reformas como estas, donde rápidamente pueden seguir una dirección y donde la gente tiene confianza en instituciones de la fuerza del orden independientes, pero la velocidad en que esa independencia se ha llevado a cabo yo creo que es bastante impresionante”.
Educación
La funcionaria manifestó que con la vuelta a la clases presenciales de miles de alumnas y alumnos en República Dominicana, se dará pie a la recuperación de aprendizajes y además, ayudará a mitigar afectaciones causadas por la pandemia.
“Antes de que las vacunas estuvieran disponibles en todos nuestros países, habían razones de salud pública para que los niños sean mantenidos en sus hogares, pero nosotros tenemos mucho en lo que tenemos que ponernos a la par y nuestro equipo aquí trabaja no solamente en el Ministerio de Educación sino también a nivel local, estamos viendo ahora cómo nos ponemos al día de lo que sabemos que no fue de la misma calidad y con la misma intensidad que un año escolar normal”.
Agenda Nacional
Sobre que algunos sectores sociales sostienen que los Estados Unidos quiere establecer una agenda en el país para manejar entre otros temas el de la ideología de género, Power señala que la no discriminación debe ser un pilar dentro de la ley porque todos queremos vivir en comunidades donde nos sintamos físicamente a salvo, con capacidad de acceder a oportunidades sin importar si somos hombres o mujeres, a quién amemos, cuál sea nuestra fe, nuestro color de piel y esto deber ser “un principio universal no estadounidense”.
“Primero siento que nosotros creemos en los derechos humanos y la no discriminación sin duda alguna. Nuestro país ha pasado por bastante, fue justo antes de que yo naciera, que si eras afroamericano en los Estados Unidos tenías que montarte en la parte de atrás del autobús, las personas eran linchadas por el color de su piel sin que nadie fuese responsable por esos crímenes. Debo decir que las personas LGTB han sido victimas de bullying, los transgéneros han sido atracados y asesinados y eso no es correcto la ley debe cubrir a todos“, finalizó.
Las autoridades enfrentan una creciente demanda de intervenciones por riñas, violencia de género, contaminación acústica y desacuerdos entre vecinos, situaciones que representan un desafío para la prevención de homicidios y la seguridad ciudadana.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Policía Nacional enfrenta importantes desafíos operativos debido a la frecuencia de conflictos familiares, enfrentamientos entre ciudadanos y alteraciones de la convivencia comunitaria, que obligan a movilizar personal y recursos para impedir que situaciones cotidianas terminen en hechos de violencia.
Las discusiones por estacionamientos, el volumen excesivo de la música, los problemas de pareja y las diferencias personales figuran entre los incidentes que requieren intervenciones policiales constantes en distintos sectores del territorio nacional.
De acuerdo con estadísticas oficiales reseñadas este domingo, aproximadamente el 59 % de los homicidios registrados en República Dominicana está relacionado con conflictos de convivencia y problemas interpersonales, lo que evidencia que una proporción significativa de las muertes violentas se produce fuera del ámbito de los atracos y de las actividades atribuidas a organizaciones criminales.
Conflictos sociales concentran gran parte de los hechos violentos
Los datos citados indican que durante los últimos dos meses más del 70 % de los hechos violentos registrados estuvo vinculado con situaciones de conflictividad social, una proporción superior al comportamiento tradicional, situado entre el 58 % y el 60 %.
Estas cifras ponen de manifiesto la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención y resolución pacífica de controversias en las comunidades.
Los enfrentamientos pueden comenzar con desacuerdos aparentemente menores, pero adquirir mayor gravedad cuando intervienen otras personas, existe consumo de alcohol o alguno de los involucrados utiliza armas.
En esas circunstancias, las patrullas policiales deben desplazarse hasta el lugar de los acontecimientos, identificar a los participantes y adoptar las medidas necesarias para restablecer la tranquilidad.
Violencia de género representa otro desafío para las autoridades
La localización de personas requeridas por la justicia por delitos relacionados con violencia de género constituye otra de las responsabilidades que demandan esfuerzos de la institución policial.
Según datos ofrecidos por la Policía Nacional el mes pasado, 53,877 personas figuraban con órdenes pendientes de localización por distintas infracciones penales.
De ese universo, 17,635, equivalentes al 32.7 %, estaban vinculadas a imputaciones por violencia de género.
La cantidad de requerimientos pendientes evidencia la magnitud de las labores de búsqueda y localización, así como la necesidad de garantizar respuestas oportunas para proteger a las víctimas.
En los casos de violencia intrafamiliar, las intervenciones requieren especial atención por la posibilidad de amenazas reiteradas, agresiones y situaciones que pueden poner en peligro la integridad física o la vida de las personas afectadas.
No obstante, el número de órdenes pendientes no representa necesariamente la cantidad de casos activos atendidos diariamente ni permite establecer por sí solo el volumen de personal policial asignado a esas actuaciones.
Ruido y fiestas callejeras generan conflictos entre residentes
La contaminación acústica también constituye una fuente recurrente de enfrentamientos comunitarios.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples ENHOGAR-MICS 2025, citados en el informe, el 40.4 % de los hogares manifestó estar expuesto a música elevada procedente de bares, colmados o viviendas vecinas.
Otro 38 % reportó afectaciones por ruidos originados en vehículos, talleres mecánicos y plantas eléctricas.
Estos problemas ocasionan denuncias constantes y pueden provocar disputas cuando los responsables de las emisiones sonoras desatienden los reclamos de quienes se consideran perjudicados.
Los operativos contra las fiestas callejeras conocidas como teteos y los equipos de sonido utilizados a volúmenes excesivos forman parte de las acciones dirigidas a preservar la tranquilidad pública.
Dependiendo de las circunstancias, estas actuaciones requieren coordinación con el Ministerio Público y las autoridades responsables de la protección ambiental.
Disputas por estacionamientos pueden terminar en agresiones
Los desacuerdos relacionados con el uso de parqueos y espacios comunes también representan un motivo de intervención policial.
Un conflicto reciente en el residencial El Sembrador, ubicado en Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este, puso de relieve cómo las diferencias entre residentes pueden agravarse y provocar situaciones de peligro.
Según versiones ofrecidas por vecinos, el enfrentamiento se produjo en medio de desacuerdos sobre la utilización de estacionamientos asignados a los apartamentos.
Durante el incidente, un hombre fue captado en video portando una escopeta y un cinturón con municiones, circunstancia que generó preocupación entre los residentes.
Este tipo de acontecimientos evidencia la importancia de disponer de mecanismos de administración y resolución de controversias en complejos residenciales, especialmente cuando existen diferencias sobre derechos de uso de áreas compartidas.
Manifestaciones también requieren despliegue policial
Las protestas comunitarias y las movilizaciones ciudadanas representan otra responsabilidad para los organismos encargados de mantener la seguridad pública.
Las manifestaciones motivadas por deficiencias en los servicios de agua potable, electricidad, asfaltado y otras demandas sociales requieren medidas de organización del tránsito y protección de los participantes.
La presencia policial en estos escenarios debe orientarse a garantizar tanto la seguridad ciudadana como el ejercicio legítimo de los derechos de reunión y manifestación pacífica.
Cuando existe riesgo de enfrentamientos, corresponde a las unidades especializadas actuar bajo criterios de necesidad, legalidad y proporcionalidad.
Prevención y mediación como alternativas
El volumen de incidentes derivados de problemas de convivencia plantea la necesidad de complementar las actuaciones policiales con mecanismos institucionales de prevención.
La mediación comunitaria, la educación ciudadana, la intervención temprana y la coordinación con organizaciones sociales pueden contribuir a evitar que determinados desacuerdos terminen en agresiones.
Sin embargo, en situaciones de violencia intrafamiliar o de género, la mediación no debe sustituir las medidas de protección ni los procedimientos legales que correspondan, especialmente cuando existe riesgo para las víctimas.
Los especialistas en seguridad ciudadana consideran fundamental diferenciar los conflictos susceptibles de soluciones dialogadas de aquellos que requieren una intervención policial y judicial inmediata.
Seguridad ciudadana más allá de la delincuencia organizada
Las estadísticas expuestas revelan que los desafíos de seguridad no se limitan al combate contra estructuras criminales, narcotráfico y delitos patrimoniales.
Una parte importante de la violencia surge de relaciones familiares, diferencias personales y dificultades de convivencia que pueden intensificarse cuando no existen mecanismos eficaces de prevención.
Esta realidad obliga a desarrollar estrategias de seguridad que incorporen la educación para la convivencia, la protección de personas vulnerables y una mayor capacidad de respuesta institucional.
El principal desafío consiste en evitar que las diferencias cotidianas se conviertan en acontecimientos violentos, al tiempo que se garantiza que la Policía Nacional disponga de recursos suficientes para atender las emergencias y cumplir sus demás responsabilidades de seguridad ciudadana.
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Reportan posible secuestro de cinco soldados de El Salvador por bandas armadas en Haití
Los militares habrían desaparecido en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, mientras persiste la incertidumbre sobre su paradero. Las autoridades todavía no han confirmado oficialmente el incidente.
SANTO DOMINGO.– La presunta desaparición de cinco militares salvadoreños desplegados en Haití ha generado preocupación en medio del deterioro de la seguridad que afecta a ese país, luego de que trascendieran informaciones sobre un posible secuestro perpetrado por organizaciones criminales que operan en la capital haitiana.
Según informaciones divulgadas este domingo por el periódico dominicano El Día, citando fuentes relacionadas con la crisis haitiana, los integrantes del contingente internacional habrían quedado aislados en una zona situada al norte del aeropuerto de Puerto Príncipe, donde posteriormente se habría perdido contacto con ellos.
Las versiones preliminares señalan que, cuando unidades de apoyo llegaron al lugar donde presuntamente se encontraban los soldados, estos ya no estaban presentes.
También se teme que dos de los cinco efectivos hayan resultado heridos, aunque esa información tampoco ha sido confirmada por fuentes oficiales.
Sin confirmación de las autoridades
Hasta el momento de la publicación de las informaciones, ni el Gobierno de El Salvador ni las autoridades haitianas o los responsables de la misión internacional de seguridad habían ofrecido una declaración pública que permitiera confirmar el supuesto secuestro.
El medio que difundió la noticia indicó que intentó obtener una versión del Gobierno salvadoreño, sin conseguir una respuesta oficial.
La ausencia de confirmación mantiene abiertas las interrogantes sobre las circunstancias de la desaparición denunciada, la condición física de los militares y la posible participación de grupos armados.
El Salvador participa en operaciones internacionales contra las pandillas
El personal salvadoreño forma parte de los esfuerzos internacionales desplegados para apoyar a las instituciones haitianas en el enfrentamiento de las organizaciones criminales que mantienen bajo su influencia importantes sectores de Puerto Príncipe.
La participación de El Salvador comenzó con labores relacionadas principalmente con evacuaciones médicas y posteriormente fue ampliada para incorporar otras capacidades de apoyo operativo.
El pasado 29 de septiembre, la Asamblea Legislativa salvadoreña autorizó la continuidad de la participación de efectivos, aeronaves y recursos militares en las operaciones internacionales desarrolladas en territorio haitiano.
En abril de 2026, el Ministerio de Defensa de ese país había informado sobre el despliegue de la denominada Fuerza de Tarea Libertad, destinada a realizar operaciones de evacuación médica, búsqueda y rescate, patrullaje aéreo y apoyo a las autoridades de seguridad de Haití.
Un informe de Naciones Unidas había documentado anteriormente la presencia de 77 efectivos salvadoreños asignados a funciones de asistencia y evacuación médica.
Grupos criminales mantienen influencia sobre zonas estratégicas
El supuesto incidente ocurre en un contexto de persistente violencia, caracterizado por el control o influencia que ejercen las pandillas sobre numerosos sectores de la capital haitiana y corredores de comunicación estratégicos.
Las organizaciones armadas han logrado mantener capacidad de movilización y operación pese a los esfuerzos de las autoridades nacionales y de los contingentes internacionales desplegados para contenerlas.
Un informe correspondiente al período abril-agosto de 2026 advirtió sobre la influencia de estos grupos en rutas de acceso a Puerto Príncipe y otras áreas consideradas esenciales para la movilidad y el funcionamiento de servicios.
De acuerdo con los datos reseñados, al 31 de agosto la fuerza internacional contaba con 1,213 efectivos uniformados provenientes de seis países, incluido El Salvador.
Posible impacto sobre la misión internacional
De confirmarse el secuestro, el incidente representaría un nuevo desafío para las operaciones internacionales de seguridad en Haití, particularmente por haberse producido presuntamente en las proximidades de una infraestructura estratégica como el aeropuerto de la capital.
También pondría de relieve los riesgos que enfrentan los contingentes extranjeros encargados de colaborar con las fuerzas haitianas en un territorio donde las organizaciones criminales mantienen una considerable capacidad de acción.
La Fuerza de Supresión de Pandillas, conocida por sus siglas en inglés GSF, dispone de un mandato para desarrollar operaciones contra estructuras criminales, proteger instalaciones estratégicas y fortalecer las capacidades de respuesta de las instituciones de seguridad haitianas.
Sin embargo, las dificultades para recuperar el control de zonas dominadas por grupos armados continúan representando un importante obstáculo para la estabilización del país.
Mientras se espera una declaración de las autoridades correspondientes, persiste la incertidumbre sobre la situación de los cinco militares salvadoreños.
Hasta que exista una confirmación oficial o evidencia independiente suficiente, el supuesto secuestro debe considerarse una información preliminar y no un hecho comprobado.
Fuente de la información inicial: periódico El Día, 18 de octubre de 2026.
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Tribunal descarta prisión preventiva contra psiquiatra investigada por internamiento involuntario de ingeniero
La doctora Ylsa Emperatriz Quero Cabrera deberá presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales y cumplir una garantía económica de RD$50,000. Su defensa sostiene que la imputación carece de pruebas suficientes y cuestiona la actuación del Ministerio Público.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este dispuso medidas de coerción no privativas de libertad contra la psiquiatra Ylsa Emperatriz Quero Cabrera, investigada por su presunta participación en el internamiento involuntario de un ingeniero en un centro de salud mental.
El magistrado Leomar Cruz Quezada ordenó que la profesional cumpla con presentación periódica y una garantía económica de RD$50,000, rechazando la solicitud de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público.
La decisión se produjo en medio de cuestionamientos de la defensa sobre los elementos probatorios utilizados para vincular a la médica con los acontecimientos investigados.
Defensa rechaza imputaciones contra la especialista
El abogado Jean Cristofer Pérez, representante legal de Quero Cabrera, afirmó que el órgano acusador no ha presentado evidencias suficientes para establecer la presunta participación de su defendida en los hechos.
El jurista argumentó que la psiquiatra ni siquiera aparece mencionada en una acusación presentada anteriormente dentro del mismo expediente, circunstancia que, a su entender, debilita los fundamentos de la nueva imputación.
Asimismo, cuestionó que la investigación contra su representada se apoye en declaraciones atribuidas a otra persona involucrada en el proceso.
Según explicó, una de las imputadas habría manifestado que actuó siguiendo instrucciones de la profesional de la salud mental, versión cuya credibilidad y circunstancias deben ser examinadas por las autoridades judiciales.
Pérez también objetó la calificación jurídica relacionada con una presunta complicidad en violencia intrafamiliar, al considerar que el Ministerio Público no ha explicado adecuadamente los fundamentos de esa atribución.
Investigación por traslado e internamiento contra la voluntad del paciente
El caso se relaciona con el traslado de un ingeniero desde una empresa constructora ubicada en Alma Rosa II, Santo Domingo Este, hacia un establecimiento dedicado a la atención de pacientes con condiciones de salud mental.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el hombre habría sido trasladado e ingresado al centro sin su consentimiento.
Las autoridades investigan las circunstancias en que se produjo el procedimiento y la posible intervención de distintas personas en su ejecución.
Entre las involucradas figura Nancy Estervina de Jesús, expareja del ingeniero, quien también enfrenta imputaciones relacionadas con los hechos.
Según la versión atribuida a esta última por los investigadores, el ingreso del paciente se habría realizado siguiendo indicaciones de Quero Cabrera.
La defensa de la especialista rechaza esa interpretación y asegura que sus actuaciones se desarrollaron dentro de un protocolo de atención médica.
Profesionales de la salud expresan preocupación
La audiencia estuvo acompañada de manifestaciones de respaldo a la psiquiatra por parte de médicos y especialistas en salud mental, quienes acudieron a las inmediaciones de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este.
Los profesionales expresaron inquietud por las posibles consecuencias que procesos de esta naturaleza podrían tener sobre la atención de personas que atraviesan situaciones de emergencia psiquiátrica.
El abogado Pérez advirtió que la judicialización de determinadas actuaciones médicas podría generar temor entre especialistas al momento de intervenir en casos que requieran decisiones urgentes.
No obstante, la controversia también plantea la necesidad de garantizar que cualquier internamiento involuntario se realice bajo los requisitos legales, las evaluaciones clínicas correspondientes y el respeto a los derechos fundamentales del paciente.
Debate sobre responsabilidad médica y derechos de los pacientes
El proceso judicial ha puesto de relieve la importancia de establecer una diferenciación entre las intervenciones médicas justificadas por razones clínicas y aquellas actuaciones que pudieran constituir restricciones ilegales a la libertad individual.
En situaciones de emergencia psiquiátrica, la protección de la salud del paciente debe armonizarse con su dignidad, autonomía y las garantías establecidas por el ordenamiento jurídico.
La existencia de una indicación profesional no elimina automáticamente la necesidad de comprobar las condiciones en que se produjo un traslado o internamiento.
De igual manera, la apertura de una investigación penal contra un especialista no constituye por sí misma una demostración de culpabilidad.
En el caso de Quero Cabrera, corresponderá a las autoridades determinar si existieron actuaciones contrarias a la ley y establecer las eventuales responsabilidades individuales conforme a las pruebas.
Con la imposición de presentación periódica y garantía económica, la psiquiatra continuará vinculada al proceso judicial en libertad, mientras avanzan las investigaciones sobre las circunstancias del internamiento cuestionado.
La decisión sobre las medidas de coerción no representa una sentencia sobre el fondo del expediente ni determina la inocencia o culpabilidad de la investigada, quien mantiene intacto su derecho constitucional a la presunción de inocencia.