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Este jueves es el día clave para conocer el desenlace del caso Odebrecht.
SANTO DOMINGO.-Este jueves es el día que se conocerá como terminará el caso Odebrecht, ya que el tribunal que ventiló el proceso dictará su fallo sobre el juicio del escandalo de corrupción que involucra a una serie de personajes de la política y los negocios de la República Dominicana.
Estas son las claves para entender el caso en República Dominicana, país en el que Odebrecht admitió haber pagado 92 millones de dólares entre 2001 y 2014 para adjudicarse 17 obras de infraestructura y conseguir la aprobación de financiación a esos proyectos.
Están acusadas seis personas, entre ellos los principales imputados son el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y el representante de Odebrecht en el país en la época de los hechos, Ángel Rondón, quienes se enfrentan a posibles penas de hasta diez años de cárcel.
Los otros imputados son los exsenadores Andrés Bautista, Roberto Rodríguez y Tommy Galán, contra quienes la Fiscalía pide cinco años de cárcel, además del abogado Conrado Pittaluga, supuesto testaferro del exministro de Obras Públicas, quien podría cumplir hasta siete años de prisión.
Los acusados, que se declaran inocentes, atienden a cargos de soborno, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad en las declaraciones juradas, así como complicidad en el soborno a funcionarios.
La mayor obra ejecutada por Odebrecht en el país, la central Punta Catalina, obra estrella del Gobierno del expresidente Danilo Medina, fue excluida del caso por falta de pruebas, aunque los actuales responsables de la Procuraduría General de la República (PGR) ya han anunciado la apertura de una nueva investigación en torno a esta obra.
A diferencia de otros países latinoamericanos, las investigaciones nunca llegaron a los tres presidentes que han gobernado el país en la época en la que se suscribieron los contratos.
Tampoco se ha juzgado a ningún ejecutivo de Odebrecht, en virtud de un acuerdo por medio del cual la compañía se comprometía a colaborar con las investigaciones y a pagar al Estado dominicano 184 millones de dólares, el doble de lo distribuido en sobornos.
En un primer momento, hubo 14 investigados, entre ellos el exministro Temístocles Montás, uno de los principales dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ahora en la oposición, pero la mayoría de ellos acabaron excluidos del proceso, en polémicas decisiones de la Fiscalía.
El camino del caso ha sido tortuoso desde que se produjeron los primeros arrestos en 2017, sobre todo por el papel del ex procurador general, Jean Alain Rodríguez, que hoy cumple prisión preventiva por otro gran caso de corrupción en el que se le investiga por usar la Fiscalía con fines políticos.
Incluso la actual procuradora general, Miriam Germán Brito, criticó la solidez del expediente cuando ella formaba parte de la Suprema Corte de Justicia, tribunal que analizó el caso de los legisladores que estaban en activo en el momento de formularse las acusaciones.
Entre las principales críticas que se achacan al anterior procurador está el hecho de no haber viajado a Brasil para interrogar a los delatores, ni haber solicitado a Odebrecht que revelara la identidad de las decenas de personas que aparecen en las listas de pagos de sobornos, identificados con seudónimos.
El juicio se ha extendido casi trece meses, desde el 21 de septiembre de 2020, con largas audiencias públicas y retransmitidas por televisión e internet, en los que el Ministerio Público ha presentado al menos 1.700 pruebas.
Quizá la prueba más importante, las delaciones realizadas en Brasil por los ejecutivos de Odebrecht, no fueron admitidas por el tribunal por no cumplir con las formalidades legales.
En cambio, sí se aceptó el testimonio del exejecutivo de Odebrecht Mauricio Dantas Bezerra, quien declaró que la constructora pagó millones de dólares al empresario Ángel Rondón y al abogado Conrado Pittaluga, para canalizar sobornos al exministro Díaz Rúa.
El caso Odebrecht es contemplado por la opinión pública dominicana como la primera ocasión de acabar con la impunidad que ha protegido a los políticos de cualquier investigación de corrupción.
Tras destaparse el caso, se produjo una inédita oleada de manifestaciones contra la corrupción, en un movimiento que se conoció como Marcha Verde.
Pero desde que se inició el juicio, el caso Odebrecht se ha quedado incluso empequeñecido en relación a otros nuevos escándalos que han surgido y que han salpicado a figuras públicas de mayor relieve, entre ellas el citado exprocurador Rodríguez, un general en activo y dos hermanos del expresidente Medina.
“Nosotros estamos más que convencidos que no habrá impunidad en el caso Odebrecht en República Dominicana”, aseguró este miércoles el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Añadió que el equipo de fiscales que él encabeza ha trabajado con el objetivo de enfrentar la impunidad, por lo que el Ministerio Público espera una sentencia condenatoria este jueves ontra los seis imputados de recibir y distribuir sobornos de los US$92 millones que la propia constructora Odebrecht confesó que entregó en el país para agenciarse la adjudicación de obras del Estado.
“Para eso hemos trabajado y es lo que esperamos que suceda en el día de mañana”, añadió.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.