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Este jueves es el día clave para conocer el desenlace del caso Odebrecht.
SANTO DOMINGO.-Este jueves es el día que se conocerá como terminará el caso Odebrecht, ya que el tribunal que ventiló el proceso dictará su fallo sobre el juicio del escandalo de corrupción que involucra a una serie de personajes de la política y los negocios de la República Dominicana.
Estas son las claves para entender el caso en República Dominicana, país en el que Odebrecht admitió haber pagado 92 millones de dólares entre 2001 y 2014 para adjudicarse 17 obras de infraestructura y conseguir la aprobación de financiación a esos proyectos.
Están acusadas seis personas, entre ellos los principales imputados son el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y el representante de Odebrecht en el país en la época de los hechos, Ángel Rondón, quienes se enfrentan a posibles penas de hasta diez años de cárcel.
Los otros imputados son los exsenadores Andrés Bautista, Roberto Rodríguez y Tommy Galán, contra quienes la Fiscalía pide cinco años de cárcel, además del abogado Conrado Pittaluga, supuesto testaferro del exministro de Obras Públicas, quien podría cumplir hasta siete años de prisión.
Los acusados, que se declaran inocentes, atienden a cargos de soborno, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad en las declaraciones juradas, así como complicidad en el soborno a funcionarios.
La mayor obra ejecutada por Odebrecht en el país, la central Punta Catalina, obra estrella del Gobierno del expresidente Danilo Medina, fue excluida del caso por falta de pruebas, aunque los actuales responsables de la Procuraduría General de la República (PGR) ya han anunciado la apertura de una nueva investigación en torno a esta obra.
A diferencia de otros países latinoamericanos, las investigaciones nunca llegaron a los tres presidentes que han gobernado el país en la época en la que se suscribieron los contratos.
Tampoco se ha juzgado a ningún ejecutivo de Odebrecht, en virtud de un acuerdo por medio del cual la compañía se comprometía a colaborar con las investigaciones y a pagar al Estado dominicano 184 millones de dólares, el doble de lo distribuido en sobornos.
En un primer momento, hubo 14 investigados, entre ellos el exministro Temístocles Montás, uno de los principales dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ahora en la oposición, pero la mayoría de ellos acabaron excluidos del proceso, en polémicas decisiones de la Fiscalía.
El camino del caso ha sido tortuoso desde que se produjeron los primeros arrestos en 2017, sobre todo por el papel del ex procurador general, Jean Alain Rodríguez, que hoy cumple prisión preventiva por otro gran caso de corrupción en el que se le investiga por usar la Fiscalía con fines políticos.
Incluso la actual procuradora general, Miriam Germán Brito, criticó la solidez del expediente cuando ella formaba parte de la Suprema Corte de Justicia, tribunal que analizó el caso de los legisladores que estaban en activo en el momento de formularse las acusaciones.
Entre las principales críticas que se achacan al anterior procurador está el hecho de no haber viajado a Brasil para interrogar a los delatores, ni haber solicitado a Odebrecht que revelara la identidad de las decenas de personas que aparecen en las listas de pagos de sobornos, identificados con seudónimos.
El juicio se ha extendido casi trece meses, desde el 21 de septiembre de 2020, con largas audiencias públicas y retransmitidas por televisión e internet, en los que el Ministerio Público ha presentado al menos 1.700 pruebas.
Quizá la prueba más importante, las delaciones realizadas en Brasil por los ejecutivos de Odebrecht, no fueron admitidas por el tribunal por no cumplir con las formalidades legales.
En cambio, sí se aceptó el testimonio del exejecutivo de Odebrecht Mauricio Dantas Bezerra, quien declaró que la constructora pagó millones de dólares al empresario Ángel Rondón y al abogado Conrado Pittaluga, para canalizar sobornos al exministro Díaz Rúa.
El caso Odebrecht es contemplado por la opinión pública dominicana como la primera ocasión de acabar con la impunidad que ha protegido a los políticos de cualquier investigación de corrupción.
Tras destaparse el caso, se produjo una inédita oleada de manifestaciones contra la corrupción, en un movimiento que se conoció como Marcha Verde.
Pero desde que se inició el juicio, el caso Odebrecht se ha quedado incluso empequeñecido en relación a otros nuevos escándalos que han surgido y que han salpicado a figuras públicas de mayor relieve, entre ellas el citado exprocurador Rodríguez, un general en activo y dos hermanos del expresidente Medina.
“Nosotros estamos más que convencidos que no habrá impunidad en el caso Odebrecht en República Dominicana”, aseguró este miércoles el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Añadió que el equipo de fiscales que él encabeza ha trabajado con el objetivo de enfrentar la impunidad, por lo que el Ministerio Público espera una sentencia condenatoria este jueves ontra los seis imputados de recibir y distribuir sobornos de los US$92 millones que la propia constructora Odebrecht confesó que entregó en el país para agenciarse la adjudicación de obras del Estado.
“Para eso hemos trabajado y es lo que esperamos que suceda en el día de mañana”, añadió.
Por EFE
Santo Domingo, R.D.- La Dirección General de Migración (DGM) informó este miércoles de la detención de 1,784 haitianos en situación migratoria irregular, mientras que otros 1,149 fueron deportados.
Las operaciones se realizaron en el Gran Santo Domingo, donde fueron detenidos 116 haitianos, 76 en Santiago, 42 en La Vega, 75 en Valverde, 153 en la Zona Este, 13 en Azua, 27 en Barahona, 62 en Puerto Plata, 213 en Dajabón, 128 en Elías Piña, 113 en Jimaní, 63 en Pedernales y 54 en Montecristi.
A estos se agregan 572 aprehendidos por el Ejército de República Dominicana, 59 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre y 18 por la Policía Nacional.
Respecto a los haitianos deportados, 550 fueron devueltos a través de la puerta binacional de Dajabón, mientras que otros fueron desde Elías Piña (375), por Jimaní (161) y por Pedernales (63).
La República Dominicana deportó a 153,144 haitianos indocumentados en los primeros cinco meses de 2025, en medio de su ofensiva contra la inmigración irregular.
of-am
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Autoridades intensifican operativos en zonas de acceso restringido para vehículos pesados
Santo Domingo, R.D.- En una acción combinada de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), continúan con los operativos de control y fiscalización a vehículos pesados que transitan sin autorización en zonas de Acceso Restringido (ZAR) del Distrito Nacional, en cumplimiento de la Ordenanza 14-2021 del Ayuntamiento.
Los operativos buscan hacer cumplir la normativa que establece restricciones al tránsito de vehículos de carga en áreas específicas del Gran Santo Domingo, con el objetivo de mejorar la movilidad, proteger la infraestructura urbana y reforzar la seguridad vial.
Estos controles se están realizando en puntos estratégicos del Distrito Nacional, incluyendo: Las Avenidas Luperón con carretera Sánchez, para evitar el ingreso de vehículos pesados al Distrito Nacional, John F. Kennedy antes de la Núñez de Cáceres, Padre Castellanos con Josefa Brea, Bolívar con José Contreras, próximo a la Máximo Gómez, calle México esquina Emilio Prud’ Homme.
El director de la DIGESETT, general Pascual Cruz Méndez, P.N., estuvo supervisando personalmente los operativos realizados en cada zona donde los agentes de la entidad y técnicos del INTRANT verifican que los camiones cuenten con los permisos correspondientes para circular en las ZAR, y que respeten los horarios y rutas autorizadas. Los vehículos que violan esta normativa están siendo retenidos y sancionados conforme a lo establecido por la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
La DIGESETT exhorta a los conductores y empresas transportistas a cumplir con los requerimientos legales y gestionar los permisos correspondientes ante el INTRANT, a fin de evitar sanciones y contribuir a un tránsito más seguro y ordenado.
Ambas instituciones reiteran su compromiso con la regulación del transporte de carga, la seguridad vial y la organización del tránsito en beneficio de todos los ciudadanos.
Santo Domingo, R.D.-En un operativo del Ministerio Público conjuntamente con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que contó con la colaboración internacional de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), fueron ocupadas distintas evidencias documentales en un allanamiento practicado en una propiedad de Blanca Bautista Martínez (la Doña), vinculada a una red de narcotráfico internacional y lavado de activos.
En el allanamiento del inmueble ubicado en el Distrito Nacional los fiscales Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocuparon documentaciones vinculantes entre la acusada y la red, las cuales permiten robustecer los cargos en contra de los miembros de la organización criminal procesados en República Dominicana.
Bautista Martínez, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por narcotráfico en el Distrito Sur de la Florida, se entregó a las autoridades de Estados Unidos el pasado 27 de mayo.
La acusada, vinculada a una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos con ramificaciones en la provincia María Trinidad Sánchez, también tiene conexión con otros imputados, incluyendo a Omar Ortiz Mosquea, pendiente de audiencia preliminar.
El Ministerio Público indicó que al grupo criminal le fueron ocupados 243 paquetes de un polvo blanco, que resultaron ser cocaína clorhidratada, con un peso total de 250.58 kilogramos, durante un allanamiento a propiedades de la red, ejecutado en el municipio Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, el 20 de febrero de 2023.
Bautista Martínez ya había cumplido una condena de cinco años de prisión, con dos suspendidos, que le fue impuesta el 12 de diciembre de 2019, mediante la sentencia núm. 249-04-2019-SSEN-00221, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
La magistrada Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, y el fiscal investigador Luis Alberto García, explicaron a que las unidades del Ministerio Público continúan ampliando la investigación a los fines de identificar y procurar sanción penal contra todos los miembros de la referida estructura criminal en el proceso judicial que se lleva en su contra en tribunales del país.