Más Noticias
Este jueves es el día clave para conocer el desenlace del caso Odebrecht.
SANTO DOMINGO.-Este jueves es el día que se conocerá como terminará el caso Odebrecht, ya que el tribunal que ventiló el proceso dictará su fallo sobre el juicio del escandalo de corrupción que involucra a una serie de personajes de la política y los negocios de la República Dominicana.
Estas son las claves para entender el caso en República Dominicana, país en el que Odebrecht admitió haber pagado 92 millones de dólares entre 2001 y 2014 para adjudicarse 17 obras de infraestructura y conseguir la aprobación de financiación a esos proyectos.
Están acusadas seis personas, entre ellos los principales imputados son el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y el representante de Odebrecht en el país en la época de los hechos, Ángel Rondón, quienes se enfrentan a posibles penas de hasta diez años de cárcel.
Los otros imputados son los exsenadores Andrés Bautista, Roberto Rodríguez y Tommy Galán, contra quienes la Fiscalía pide cinco años de cárcel, además del abogado Conrado Pittaluga, supuesto testaferro del exministro de Obras Públicas, quien podría cumplir hasta siete años de prisión.
Los acusados, que se declaran inocentes, atienden a cargos de soborno, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad en las declaraciones juradas, así como complicidad en el soborno a funcionarios.
La mayor obra ejecutada por Odebrecht en el país, la central Punta Catalina, obra estrella del Gobierno del expresidente Danilo Medina, fue excluida del caso por falta de pruebas, aunque los actuales responsables de la Procuraduría General de la República (PGR) ya han anunciado la apertura de una nueva investigación en torno a esta obra.
A diferencia de otros países latinoamericanos, las investigaciones nunca llegaron a los tres presidentes que han gobernado el país en la época en la que se suscribieron los contratos.
Tampoco se ha juzgado a ningún ejecutivo de Odebrecht, en virtud de un acuerdo por medio del cual la compañía se comprometía a colaborar con las investigaciones y a pagar al Estado dominicano 184 millones de dólares, el doble de lo distribuido en sobornos.
En un primer momento, hubo 14 investigados, entre ellos el exministro Temístocles Montás, uno de los principales dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ahora en la oposición, pero la mayoría de ellos acabaron excluidos del proceso, en polémicas decisiones de la Fiscalía.
El camino del caso ha sido tortuoso desde que se produjeron los primeros arrestos en 2017, sobre todo por el papel del ex procurador general, Jean Alain Rodríguez, que hoy cumple prisión preventiva por otro gran caso de corrupción en el que se le investiga por usar la Fiscalía con fines políticos.
Incluso la actual procuradora general, Miriam Germán Brito, criticó la solidez del expediente cuando ella formaba parte de la Suprema Corte de Justicia, tribunal que analizó el caso de los legisladores que estaban en activo en el momento de formularse las acusaciones.
Entre las principales críticas que se achacan al anterior procurador está el hecho de no haber viajado a Brasil para interrogar a los delatores, ni haber solicitado a Odebrecht que revelara la identidad de las decenas de personas que aparecen en las listas de pagos de sobornos, identificados con seudónimos.
El juicio se ha extendido casi trece meses, desde el 21 de septiembre de 2020, con largas audiencias públicas y retransmitidas por televisión e internet, en los que el Ministerio Público ha presentado al menos 1.700 pruebas.
Quizá la prueba más importante, las delaciones realizadas en Brasil por los ejecutivos de Odebrecht, no fueron admitidas por el tribunal por no cumplir con las formalidades legales.
En cambio, sí se aceptó el testimonio del exejecutivo de Odebrecht Mauricio Dantas Bezerra, quien declaró que la constructora pagó millones de dólares al empresario Ángel Rondón y al abogado Conrado Pittaluga, para canalizar sobornos al exministro Díaz Rúa.
El caso Odebrecht es contemplado por la opinión pública dominicana como la primera ocasión de acabar con la impunidad que ha protegido a los políticos de cualquier investigación de corrupción.
Tras destaparse el caso, se produjo una inédita oleada de manifestaciones contra la corrupción, en un movimiento que se conoció como Marcha Verde.
Pero desde que se inició el juicio, el caso Odebrecht se ha quedado incluso empequeñecido en relación a otros nuevos escándalos que han surgido y que han salpicado a figuras públicas de mayor relieve, entre ellas el citado exprocurador Rodríguez, un general en activo y dos hermanos del expresidente Medina.
“Nosotros estamos más que convencidos que no habrá impunidad en el caso Odebrecht en República Dominicana”, aseguró este miércoles el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Añadió que el equipo de fiscales que él encabeza ha trabajado con el objetivo de enfrentar la impunidad, por lo que el Ministerio Público espera una sentencia condenatoria este jueves ontra los seis imputados de recibir y distribuir sobornos de los US$92 millones que la propia constructora Odebrecht confesó que entregó en el país para agenciarse la adjudicación de obras del Estado.
“Para eso hemos trabajado y es lo que esperamos que suceda en el día de mañana”, añadió.
Santo Domingo, R.D.-Este jueves el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió el nivel de alerta verde para 13 provincias ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como de inundaciones repentinas o urbanas, debido a la incidencia de una vaguada y una onda tropical.
- Las provincias bajo alerta son: Santo Domingo y el Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago, San Juan, Montecristi, El Seibo, Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Dajabón, Hato Mayor y San Cristóbal.
De acuerdo con el último boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), por la incidencia de estos fenómenos atmosféricos se presentarán aguaceros moderados a fuertes, posibles granizadas aisladas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata y Sánchez Ramírez.
Según el COE, las precipitaciones disminuirán gradualmente hasta las primeras horas de la noche.
Debido a las condiciones meteorológicas, los organismos recomendaron a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximos a ríos, arroyos y cañadas abstenerse de cruzar estos afluentes y no utilizar los balnearios ubicados en zonas bajo alerta.
- Asimismo, instó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional, los Cuerpos de Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencias a través de los teléfonos 809-472-0909, 9-1-1 y *462 de la OGTIC.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público identificó el municipio de Jacagua y el sector Los Cocos de Santiago como los centros operativos de una estructura de ciber-extorsión que tenía ribetes internacionales y que estafó más de 400 ciudadanos estadounidenses, cuyos datos han sido validados por el Homeland Security de Estados Unidos.
Los integrantes de la red diseñaban y publicaban anuncios publicitarios en portales de citas y encuentros íntimos, ofreciendo servicios sexuales ficticios de supuestas mujeres.
Para mantener el anonimato de los operadores en República Dominicana, los anuncios incluían números telefónicos virtuales estadounidenses contratados a proveedores en territorio americano, redirigiendo el tráfico de llamadas y mensajes de WhatsApp a los centros de operaciones en Santiago.
Una vez obtenido el número telefónico real del usuario, el tirador realizaba capturas de pantalla y las transfería a otros miembros de la red, quienes ejecutaban búsquedas exhaustivas en plataformas de recopilación de registros públicos de EE. UU.
De este modo, la red obtenía nombres de familiares, lugares de trabajo, direcciones residenciales exactas y edades de sus objetivos.
Bajo un guion agresivo, le reclamaba haberle hecho perder tiempo y dinero a la joven, alegando que supuestamente está rechazó otros clientes por su culpa y exigiéndole el pago inmediato de una multa o compensación económica. Si la víctima se resistía a pagar, la red ejecutaba su maniobra más violenta: la intimidación con fines de coacción.
“Los imputados enviaban mensajes de texto, audios y videos afirmando pertenecer a organizaciones criminales de extrema violencia como el Cártel de Sinaloa o las Maras Salvatruchas”.
Desesperadas por el terror, las víctimas cedían y realizaban los depósitos. La red facilitaba canales digitales de pago como Zelle, Cash App, Venmo, PayPal, Apple Pay, Chime o transferencias en Bitcoin.
Para burlar los controles antiblanqueo, las cuentas receptoras en EE. UU. pertenecían a intermediarios, identificados en la red como colectores, que movían el dinero de inmediato.
El Ministerio Público prueba el modus operandi a través de la incorporación de transcripciones de interceptaciones telefónicas, informes forenses y análisis periciales en el documento oficial, así como recibos de los envíos y otras evidencias de las transacciones.
El Ministerio Público incautó decenas de teléfonos móviles, máquinas de contar dinero, sellos de financieras falsas y barras de oro ocupados a los implicados.
El voluminoso expediente del caso detalla como un grupo de jóvenes de una zona suburbana de Santiago, utilizaron la tecnología de la información, combinada con la manipulación del terror psicológico, para crear una estafa transnacional altamente rentable y estructurado por la delincuencia organizada local.
Será el próximo lunes cuando la juez del juzgado de Atención Permanente evalúe las 365 páginas de la solicitud de medida de coerción de la llamada Operación XL 526 para quienes están solicitando prisión preventiva y declaratoria del caso complejo por la multiplicidad de imputados.
El órgano acusador también aportó los movimientos de cuentas bancarias por decenas de millones de pesos dominicanos, los reportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) que prueban que los imputados no tenían empleos lícitos, y los listados de terrenos e inmuebles adquiridos para el lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Fue variada por la Corte de Apelación de Santo Domingo la medida de coercion que pesaba en contra de la interprete de musica urbna Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida popularmente como «Masha«, quien se encuentra acusada de porte ilegal de armas de fuego.
El tribunal de alzada dispuso la libertad de la artista, tras imponerle el pago de una garantía económica de RD$5,000 pesos y la obligación de comparecer ante las autoridades mediante presentación periódica.
Con esta decisión, la corte revoca la medida dictada previamente por el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este, cuya magistrada, la jueza Karen Casado Minyety, había impuesto tres meses de prisión preventiva a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Mujeres. En el mismo expediente también figuran los jóvenes Alexander Martínez Nolasco y Karla Julisa Rodríguez, de 18 y 19 años respectivamente, quienes fueron enviados a Najayo-Hombres y Najayo-Mujeres por el mismo período.
A la salida del tribunal ubicado en la Ciudad Judicial, el consejo de defensa de la imputada —integrado por los abogados Randy Banks, Jenrry Romero y Amaury Oviedo— expresó que este fallo confirma que el proceso continuará conforme a las garantías establecidas por la ley.
«A partir de este momento, nuestra representada deberá cumplir con las medidas impuestas mientras se desarrolla el curso de la investigación», manifestó el jurista Randy Banks.
Banks aprovechó la ocasión para agradecer a quienes mantuvieron la confianza en el sistema de justicia durante el proceso y reafirmó el compromiso del equipo legal de seguir defendiendo los derechos de su protegida dentro del marco legal correspondiente. Al concluir, recordó un principio fundamental del derecho penal dominicano: «La libertad es la regla; la prisión preventiva, la excepción».
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, «Masha» y los otros dos justiciables fueron arrestados durante una inspección vehicular en el municipio de Boca Chica. Las autoridades ocuparon dos pistolas calibre 9MM marca Glock sin documentación, las cuales se encontraban dentro de una yipeta marca Honda CRV, color blanco, conducida por Karla Julisa Rodríguez.
El informe detalla que: La primera arma contenía su cargador con 4 cápsulas. y la segunda arma no tenía cargador.
En medio de la palanca de cambios se halló un cargador extendido (tipo «cohete») con capacidad para 30 municiones, el cual contenía 10 cápsulas en su interior.
La fiscal Zayra Soto, del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona, formuló la acusación inicial provisional por el delito de porte ilegal de armas de fuego, ilícito penal tipificado y sancionado en los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. En la audiencia inicial, la solicitud fue litigada por el fiscal Tito Osea González Ramírez.
Un historial rodeado de controversias y violencia
El entorno de la joven artista urbana ha estado marcado por constantes conflictos de carácter judicial y policial en los últimos meses:
Octubre de 2025: La Policía Nacional detuvo a «Masha» en el sector de Villa Francisca, Distrito Nacional, tras ocupársele dos paquetes de un vegetal que presumiblemente correspondía a marihuana.
Enero: Su pareja sentimental, Jhakomo Hernández de la Rosa, fue enviado a prisión preventiva por tres meses, acusado de la muerte de un joven en el referido sector de Villa Francisca.
Febrero: Desconocidos tirotearon el vehículo en el que se desplazaba la artista junto a su amiga Dominique Natalia Gómez Cabrera (22 años), quien lamentablemente resultó muerta a causa de las heridas de bala. Días más tarde, agentes de la Policía Nacional abatieron a dos hombres señalados como los presuntos responsables de dicho atentado.