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El caso Odebrecht concluye con sentencias de primera instancia cuatro años y cinco meses después.
Santo Domingo, RD.-El mayor escándalo de corrupción ocurrido en la República Dominicana y en otros países del mundo terminó este jueves cuatro años medio después de iniciarse con sentencias absolutorias para la mayoría de los imputados.
En el juicio de fondo las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional Giselle Méndez, Tania Yunes y Jisell Naranjo decidieron otorgar la libertad a cuatro de los seis implicados, mientras los dos restantes fueron condenados a 8 y 5 años de cárcel.
El listado de los que esperan por el fallo está integrado por el empresario Ángel Rondón; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga; el exsenador Tommy Galán; el expresidente del Senado, Andrés Bautista García y Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa).
El caso ha dado vueltas en los tribunales desde el 29 de mayo de 2017, cuando iniciaron los apresamientos contra el grupo, originalmente 13 personas.
Desde entonces, el caso de sobornos millonarios que involucra a exfuncionarios y pasados legisladores se ha encontrado de frente con aplazamientos, variaciones de medida de coerción, absolución de varios implicados, disposición de archivos definitivos y cientos de pruebas y testigos.
Sus inicios
Todo inició el 22 de diciembre de 2016, momento en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos develó que de 2001 a 2016 la empresa brasileña Odebrecht había entregado sobornos por US$788 millones en 12 países de Latinoamérica, para obtener 100 contratos de obras de infraestructura.
En el documento figura República Dominicana como uno de los países que recibió estos sobornos, por un monto de US$92 millones entre el 2001 y 2014, periodo en el que administraban el país Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina.
Al enterarse del señalamiento por parte de las autoridades estadounidenses, el Gobierno dominicano respondió que hasta ese momento no había recibido información por una vía oficial, y que de ser cierto “actuaría con toda responsabilidad contra los involucrados”.
Iniciaron las investigaciones
Cuatro días más tarde del comunicado norteamericano, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió la documentación y abrió un proceso de investigación contra la constructora y sus representantes en el país.
A partir del 28 de diciembre de ese año comenzaron los allanamientos y los interrogatorios. En total, fueron más de 25 personas las que pasaron por interrogatorios de los fiscales.
Al final, sólo acusaron a 14 individuos de haber formado parte del entramado corrupto.
El 19 de enero del 2017 la PGR, acompañada de ocho unidades de agentes de Operaciones Especiales, allanó por más de seis horas las instalaciones de la empresa en el país, logrando incautar al menos veinte cajas con documentos probatorios.
Las autoridades explicaron que las pesquisas fueron el resultado del contraste de las informaciones suministradas por los representantes de la empresa brasileña en el país y los datos obtenidos mediante labores de inteligencia.
El acuerdo
El 21 de enero de 2017 el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, anunció que Odebrecht se había comprometido a pagarle al República Dominicana un total de US$184 millones, siendo esto el doble del monto que la empresa admitió haber pagado como sobornos al país.
No obstante, el acuerdo no fue sinónimo de que se detuviera el proceso judicial del caso. En su momento, el exprocurador aseveró que esto no impediría que se siguiera investigando, “sin descanso y hasta sus últimas consecuencias caiga quien caiga”.
Para finales del año pasado la constructora brasileña aseguró que había pagado al Estado dominicano US$60 millones de dólares en cumplimiento de este acuerdo.
Apresamientos y medida de coerción
Cuatro meses más tarde, el 29 de mayo de 2017, se emitieron las órdenes de arresto en contra del grupo y fueron apresadas 14 personas.
Se les acusó de proscripción de la corrupción, lavado de activos, soborno en el comercio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios y prevaricación, y falsedad en declaración de bienes.
Tras extensas audiencias, el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, impuso medida de coerción en contra de los imputados.
A Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga le dictaron nueve meses de prisión preventiva en Najayo Hombres; a César Sánchez y Máximo de Oleo, tres meses de prisión en el mismo centro penal; mientras que Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González fueron enviados por seis meses a la cárcel.
Ángel Rondón fue enviado por un año a La Victoria con prisión preventiva como medida de coerción.
El listado continúa con Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, a quienes les dictaron nueve meses de arresto domiciliario.
Por último a Tommy Galán, Alfredo Pacheco y Julio César Valentín le impusieron una fianza de 5 millones de pesos e impedimento de salida del país.
Los dejaron en libertad
Meses más tarde los encartados obtuvieron su libertad con garantías económicas e impedimentos de salida, luego de que el juez Ortega Polanco variara la medida de coerción que había impuesto.
Por un lado, a los 14 acusados se les permitió llevar el proceso judicial fuera de los centros penitenciarios, por el otro el magistrado le dio un plazo de ocho meses al Ministerio Público para completar los expedientes.
Quedaron fuera del proceso
La gestión de Jean Alain Rodríguez presentó un archivo definitivo en el que solicitaba la apertura de juicio a favor de siete imputados por considerar que “no habían elementos de prueba suficientes” respecto a ellos.
Temístocles Montás, Julio César Valentín, Radhamés Segura, Bernardo Castellanos, César Sánchez, Máximo De Óleo y Ruddy González fueron beneficiados con este archivo.
“Chu” Vásquez en el caso
El actual ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez “Chu”, fue añadido en el proceso judicial junto a los encartados.
No obstante, fue excluido en junio de 2019 del juicio luego de que el magistrado Ortega Polanco emitió un “No a lugar” a su favor.
Lo que pide el Ministerio Público
El 13 de mayo de este año la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca) incorporó todas las pruebas ante el tribunal, en total más de 1,000 documentos.
El MP pidió las siguientes penas para los imputados en el caso:
Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, 10 años de prisión; Conrado Pittaluga, 7 años de prisión; Andrés Bautista, Tommy Gálan y Roberto Rodríguez, 5 años de prisión.
Asimismo, los fiscales solicitaron el decomiso de los bienes de cada uno.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes continuó el proceso penal por presunta corrupción contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, el cual ha estado caracterizado por extensa cadena de incidentes presentados por la defensa de uno de los acusados, cuyas intervenciones —acompañadas de «lecturas de varias páginas» de teóricos del derecho — provocaron un llamado de atención por parte del tribunal.
Durante la audiencia, la presidenta del Segundo Tribunal Colegiado advirtió que, de mantenerse ese ritmo, el caso «va a ser interminable» y exhortó a los abogados del imputado Alfredo Alexander Solano a ceñirse exclusivamente a la jurisprudencia y a las disposiciones legales vinculadas con la tipificación de los delitos contenidos en la acusación.
Los defensores de Solano, Ybo René Sánchez y Manuel Sierra, formularon, entre las 10:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, cuatro solicitudes a las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado, como parte de un total de 24 incidentes que anunciaron presentarán antes de que se conozca el fondo del proceso, que lleva en la justicia casi cinco años.
Entre los pedimentos planteados por los togados Sánchez y Sierra figuran que el tribunal declare la inconstitucionalidad de tres artículos del Código Procesal Penal, también que se declare incompetente para conocer el expediente y la nulidad de la acusación. Asimismo, solicitaron que las magistradas ordenen al Ministerio Público archivar las imputaciones contra Solano y los demás acusados.
El conocimiento del caso permanece enfocado en la discusión de estos incidentes preliminares, mientras el Ministerio Público procura que se le dé inicio al análisis de la acusación principal y en la que se imputa a los que enfrentan el juicio de fondo defraudar al Estado con más de 6 mil millones de pesos.
Los llamó a resumir
La jueza Claribel Nivar Arias insistió a los dos únicos abogados que expusieron sus solicitudes este lunes a que resuman porque «si seguimos en este ejercicio, como va, va a ser interminable».
Les dijo que si citarán una doctrina o una jurisprudencia solo mencionen «el contexto de la jurisprudencia, o la doctrina aplicable a la casuística» que abordan.
«Es a ese punto que le estamos llamando la atención, sin coartarle el derecho que usted tiene de utilizar esa herramienta«, advirtió Nivar Arias.
«Lo que estamos es reclamando justicia»
Al salir de la audiencia, el abogado Ybo René Sánchez respondió a los periodistas que con los 24 incidentes que reclamarán al Segundo Tribunal Colegiado es que «se haga justicia».
- «Es que no es que el incidente retarde el proceso, lo que tenemos que ver es que nosotros estamos reclamando justicia, y cuando usted reclama justicia hoy por Alfredo (Solano), mañana por cualquiera de nosotros, no se puede hablar de que se está torpedeando la justicia», sostuvo el togado.
Camacho, «son cuestiones improcedentes»
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó de «improcedentes» las peticiones de las defensas en el caso de corrupción que se le sigue a Jean Alain Rodríguez y a otras 14 personas físicas.
Dijo que, con la estrategia, los abogados reiteran «su intención de consumir tiempo«, y que lo único que «van a lograr es alargar su agonía porque tarde o temprano tendrán que enfrentarse a las pruebas» sometidas contra ellos.
- «Estamos escuchando a la defensa repetir una y otra vez los mismos incidentes, lo mismo que plantearon en la etapa intermedia, lo están repitiendo en el tribunal, a pesar de que el código prohíbe repetir los incidentes«, subrayó Camacho.
Explicó que cada una de las solicitudes son contrarias al derecho, como son «pretender que el tribunal declare inconstitucional artículos que fueron derogados por la reforma al Código Procesal Penal, o que este tribunal resuelva un tema de competencia que ya resolvió el Tribunal Constitucional y que también resolvió el Código Procesal Penal».
Santo Domingo, R.D.-faride Rafael, ministra de Interior y Policía, informó este lunes que las patinetas eléctricas serán categorizadas ‘dentro de un marco regulatorio claro y diferenciado’.
- La información fue suministrada, a través de una nota de prensa, al concluir la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
‘Quedó claramente establecido que deben ser categorizadas, ya que existen diferentes tipos de patinetas y motocicletas eléctricas, con distintas modalidades y velocidades, lo que requiere una regulación diferenciada‘, indicó Raful de acuerdo a la nota.
En este sentido, la funcionaria explicó que el medio de transporte será evaluado para determinar cuáles requerirán placa, la edad mínima permitida para su uso, los requisitos de circulación y estándares de seguridad obligatorios para usuarios y equipos.
La ministra anunció que el próximo miércoles se realizará una reunión con la comisión técnica creada para evaluar la resolución del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para regular y fiscalizar su uso con el objetivo de reducir riesgos y salvar vidas.
Conforme a la nota, Faride Raful precisó que el pasado miércoles sostuvieron un encuentro con el Intrant, su director, Milton Morrison, técnicos de la institución y la Asociación de Movilidad Eléctrica para definir políticas públicas de prevención, y avanzar hacia la emisión de una resolución definitiva.
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Apresan dos hombres supuestamente vinculados en muerte de joven en el municipio de Guerra.
Santo Domingo;- Dos hombres fueron detenidos por la Policía Nacional u sepersigue a un tercero por su presunta participación en la muerte de la joven Reynalda Carrasco Antoine, de 22 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una cisterna en el sector El Capacito, municipio San Antonio de Guerra.
Asimismo, las autoridades persiguen activamente a un hombre identificado solo con el alias “Patrón” y/o “Capital”, señalado como presunto autor principal del crimen.
Posteriormente, los miembros policiales procedieron con el el proceso de entrevistas y recolección de evidencias con el fin de identificar a los presuntos responsables.
El caso se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.
Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan los operativos para capturar al prófugo.