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El caso Odebrecht concluye con sentencias de primera instancia cuatro años y cinco meses después.
Santo Domingo, RD.-El mayor escándalo de corrupción ocurrido en la República Dominicana y en otros países del mundo terminó este jueves cuatro años medio después de iniciarse con sentencias absolutorias para la mayoría de los imputados.
En el juicio de fondo las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional Giselle Méndez, Tania Yunes y Jisell Naranjo decidieron otorgar la libertad a cuatro de los seis implicados, mientras los dos restantes fueron condenados a 8 y 5 años de cárcel.
El listado de los que esperan por el fallo está integrado por el empresario Ángel Rondón; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga; el exsenador Tommy Galán; el expresidente del Senado, Andrés Bautista García y Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa).
El caso ha dado vueltas en los tribunales desde el 29 de mayo de 2017, cuando iniciaron los apresamientos contra el grupo, originalmente 13 personas.
Desde entonces, el caso de sobornos millonarios que involucra a exfuncionarios y pasados legisladores se ha encontrado de frente con aplazamientos, variaciones de medida de coerción, absolución de varios implicados, disposición de archivos definitivos y cientos de pruebas y testigos.
Sus inicios
Todo inició el 22 de diciembre de 2016, momento en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos develó que de 2001 a 2016 la empresa brasileña Odebrecht había entregado sobornos por US$788 millones en 12 países de Latinoamérica, para obtener 100 contratos de obras de infraestructura.
En el documento figura República Dominicana como uno de los países que recibió estos sobornos, por un monto de US$92 millones entre el 2001 y 2014, periodo en el que administraban el país Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina.
Al enterarse del señalamiento por parte de las autoridades estadounidenses, el Gobierno dominicano respondió que hasta ese momento no había recibido información por una vía oficial, y que de ser cierto “actuaría con toda responsabilidad contra los involucrados”.
Iniciaron las investigaciones
Cuatro días más tarde del comunicado norteamericano, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió la documentación y abrió un proceso de investigación contra la constructora y sus representantes en el país.
A partir del 28 de diciembre de ese año comenzaron los allanamientos y los interrogatorios. En total, fueron más de 25 personas las que pasaron por interrogatorios de los fiscales.
Al final, sólo acusaron a 14 individuos de haber formado parte del entramado corrupto.
El 19 de enero del 2017 la PGR, acompañada de ocho unidades de agentes de Operaciones Especiales, allanó por más de seis horas las instalaciones de la empresa en el país, logrando incautar al menos veinte cajas con documentos probatorios.
Las autoridades explicaron que las pesquisas fueron el resultado del contraste de las informaciones suministradas por los representantes de la empresa brasileña en el país y los datos obtenidos mediante labores de inteligencia.
El acuerdo
El 21 de enero de 2017 el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, anunció que Odebrecht se había comprometido a pagarle al República Dominicana un total de US$184 millones, siendo esto el doble del monto que la empresa admitió haber pagado como sobornos al país.
No obstante, el acuerdo no fue sinónimo de que se detuviera el proceso judicial del caso. En su momento, el exprocurador aseveró que esto no impediría que se siguiera investigando, “sin descanso y hasta sus últimas consecuencias caiga quien caiga”.
Para finales del año pasado la constructora brasileña aseguró que había pagado al Estado dominicano US$60 millones de dólares en cumplimiento de este acuerdo.
Apresamientos y medida de coerción
Cuatro meses más tarde, el 29 de mayo de 2017, se emitieron las órdenes de arresto en contra del grupo y fueron apresadas 14 personas.
Se les acusó de proscripción de la corrupción, lavado de activos, soborno en el comercio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios y prevaricación, y falsedad en declaración de bienes.
Tras extensas audiencias, el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, impuso medida de coerción en contra de los imputados.
A Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga le dictaron nueve meses de prisión preventiva en Najayo Hombres; a César Sánchez y Máximo de Oleo, tres meses de prisión en el mismo centro penal; mientras que Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González fueron enviados por seis meses a la cárcel.
Ángel Rondón fue enviado por un año a La Victoria con prisión preventiva como medida de coerción.
El listado continúa con Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, a quienes les dictaron nueve meses de arresto domiciliario.
Por último a Tommy Galán, Alfredo Pacheco y Julio César Valentín le impusieron una fianza de 5 millones de pesos e impedimento de salida del país.
Los dejaron en libertad
Meses más tarde los encartados obtuvieron su libertad con garantías económicas e impedimentos de salida, luego de que el juez Ortega Polanco variara la medida de coerción que había impuesto.
Por un lado, a los 14 acusados se les permitió llevar el proceso judicial fuera de los centros penitenciarios, por el otro el magistrado le dio un plazo de ocho meses al Ministerio Público para completar los expedientes.
Quedaron fuera del proceso
La gestión de Jean Alain Rodríguez presentó un archivo definitivo en el que solicitaba la apertura de juicio a favor de siete imputados por considerar que “no habían elementos de prueba suficientes” respecto a ellos.
Temístocles Montás, Julio César Valentín, Radhamés Segura, Bernardo Castellanos, César Sánchez, Máximo De Óleo y Ruddy González fueron beneficiados con este archivo.
“Chu” Vásquez en el caso
El actual ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez “Chu”, fue añadido en el proceso judicial junto a los encartados.
No obstante, fue excluido en junio de 2019 del juicio luego de que el magistrado Ortega Polanco emitió un “No a lugar” a su favor.
Lo que pide el Ministerio Público
El 13 de mayo de este año la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca) incorporó todas las pruebas ante el tribunal, en total más de 1,000 documentos.
El MP pidió las siguientes penas para los imputados en el caso:
Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, 10 años de prisión; Conrado Pittaluga, 7 años de prisión; Andrés Bautista, Tommy Gálan y Roberto Rodríguez, 5 años de prisión.
Asimismo, los fiscales solicitaron el decomiso de los bienes de cada uno.
Santo Domingo.- Los contratos de concesion minera suscritos en el Estado dominicano y la Falcombridge Dominicana, S.A. (Falcondo) fueron cancelados por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), poniendo fin a una relación contractual de casi siete décadas sobre la concesión Quisqueya I, ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del TSA, presidida por el magistrado Antonio O. Sánchez Mejía e integrada por los jueces Úrsula J. Carrasco Márquez y Edward A. Abreu, mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, de fecha 12 de agosto de 2026.
El fallo alcanza los contratos suscritos el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969.
La acción fue interpuesta en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), en representación del Estado dominicano, tras identificarse incumplimientos relacionados con la explotación de los yacimientos, obligaciones económicas y laborales, así como con la presentación de informes técnicos exigidos por la legislación minera.
Entre los elementos valorados por el tribunal figura la paralización de las operaciones productivas de Quisqueya I desde el 17 de noviembre de 2023, conforme a una certificación de la Dirección General de Minería.
El TSA también tomó en cuenta que Falcondo no presentó los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.
La terminación de los contratos se produce en medio de una crisis marcada por el cese abrupto de las operaciones de Falcondo.
Tras la paralización de noviembre de 2023, la empresa entró en una etapa de cuidado y mantenimiento, sin ejecutar un plan de cierre ordenado, situación que derivó en la desvinculación de trabajadores y en incumplimientos de compromisos con empleados, contratistas y suplidores locales.
En 2024, más de 900 trabajadores fueron desvinculados y recibieron sus prestaciones laborales mediante la intervención del FONPER, en representación del Estado dominicano.
A estos se sumó un grupo de exempleados cuyos contratos fueron terminados en marzo de 2026 y que mantiene reclamaciones laborales pendientes que, según sus voceros, ascienden a unos RD$300 millones.
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Propietarios de Vidal Plast, acusados de explosión en San Cristóbal, son declarados no culpables
Santo Domingo, R.D.-No culpables fueron declarados los propietarios de la empresa Vidal Plast por el Segundo Tribunal Colegiado de San Cristóbal, quienes estaban acusados de la explosión en la provincia San Cristóbal que dejó un saldo de 38 fallecidos el 14 de agosto de 2023.
La jueza Wilma Altagracia Cuello descargó a los imputados, Edward Armando Vidal Garrido, su esposa, Maribel Sandoval Almánzar, y su hija, Mercedes Altagracia Vidal, quienes son propietarios de Vidal Plast.
Al salir de la audiencia, los familiares de las víctimas de la tragedia se mostraron a favor de la decisión de la magistrada, al considerar que la familia Vidal no era la responsable de los hechos que se le imputaban.
Ante esto, pidieron que se inicie una nueva investigación con el fin de dar con los “verdaderos responsables” de la explosión que dejó más de una decena de heridos.
En 2023, tras ser acusada por el Ministerio Público, la empresa Vidal Plast expresó su “gran sorpresa e indignación” por la responsabilidad que se le atribuye en un comunicado del Ministerio Público y resaltó que “somos una empresa familiar que, con apego a las leyes, desde 2003 se dedica a la compra y venta de materiales plásticos que reciclamos convirtiéndolos en materia prima”.
La explosión en San Cristóbal se registró alrededor de las 3:10 de la tarde del 14 de agosto de 2023. Los bomberos explicaron que se creó una deflagración de llamas que generaron ondas expansivas hacia los laterales y hacia el techo del comercio ubicado en la calle Padre Ayala, casi esquina J. Peynado, epicentro del evento.
El siniestro dejó un saldo de 38 las víctimas, 59 personas que sufrieron lesiones de leves a graves, más de 12 viviendas afectadas y al menos 70 negocios afectados.
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El destituido director de la PN sólo duró seis meses en la dirección de la Policía Nacional
Santo Domingo, R.D.-Andres Modesto Cruz Cruz, destituido director de la Policia Nacional, sólo duró seis meses en el cargo, quien además fue colocado en estado de retiro tras el cese de sus responsabilidades.
Su gestión termina marcada por dos hechos que han sacudido al país. Uno de ellos es el paro en el municipio de Navarrete, que inicialmente fue convocado por 48 horas, sin embargo, se extendió por 24 horas más ante la falta de respuestas a los reclamos planteados por los sectores.
La protesta se realizó con el fin de que las autoridades brinden soluciones a los problemas que, según los grupos populares, afectan a las comunidades de Navarrete. Entre las denuncias que los comunitarios realizan están la falta de agua potable, la terminación y reubicación del vertedero municipal y la mejora del servicio eléctrico.
Sin embargo, tras las 72 horas de protestas, los grupos populares decidieron levantar el paro y conceder un plazo de 15 días para esperar el desarrollo de las conversaciones con las autoridades. Concluida la espera, evaluaran las respuestas y determinaran las acciones que asumirán en caso de que sus demandas no sean atendidas.
Asimismo, un hecho que marcó el quinto mes de Modesto Cruz y, que dio inicio a debates sobre los protocolos policiales y el uso de la fuerza, fue la muerte de Darlin Mercado Reyes: un joven de 19 años, residente del sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, que falleció tras resultar herido de bala durante una actuación policial.
Posteriormente, Mercado se acercó al agente para indicarle que el vehículo era de su propiedad y, es en ese momento, cuando sin mediar palabras, le disparó en el tórax ocasionándole la muerte de manera instantánea.
Más tarde, los agentes observados en el video fueron suspendidos y, durante el conocimiento de la medida de coerción, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Moreta. El imputado fue llevado a una celda de máxima seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Modesto Cruz Cruz asumió el cargo el 17 de febrero del año en curso luego de haberse desempeñado como inspector general de la Policía. En el momento, había sustituido al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta quien, tras su salida, fue designado como asesor del presidente en materia policial.
Dentro de las funciones que desempeñó Modesto, previo a su labor como director, se encuentran la de director central de Asuntos Internos (DICAI), director regional Sur y subinspector general. Además, formó parte de posiciones en recursos humanos, protección y servicios especializados, seguridad preventiva y dependencias operativas.
Obtuvo reconocimientos como la medalla al mérito del servidor público, merito aéreo distintivo azul y la orden al mérito naval. De igual forma, recibió cartas de felicitaciones por su desempeño durante procesos electorales y operativos preventivos de alcance nacional.
Al asumir el cargo, Cruz se había comprometido a continuar el trabajo de Peralta en cuanto a la reducción de la tasa de criminalidad. Aseguró que en su gestión sus ejecutorias laborales no procurarían la acumulación paulatina de poder y posiciones jerárquicas.
Con la nueva designación queda derogado el artículo 1 del Decreto número 111-26, del 17 de febrero del 2026, mediante el cual había sido designado al ex director Andrés Modesto Cruz Cruz.