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El caso Odebrecht concluye con sentencias de primera instancia cuatro años y cinco meses después.
Santo Domingo, RD.-El mayor escándalo de corrupción ocurrido en la República Dominicana y en otros países del mundo terminó este jueves cuatro años medio después de iniciarse con sentencias absolutorias para la mayoría de los imputados.
En el juicio de fondo las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional Giselle Méndez, Tania Yunes y Jisell Naranjo decidieron otorgar la libertad a cuatro de los seis implicados, mientras los dos restantes fueron condenados a 8 y 5 años de cárcel.
El listado de los que esperan por el fallo está integrado por el empresario Ángel Rondón; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga; el exsenador Tommy Galán; el expresidente del Senado, Andrés Bautista García y Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa).
El caso ha dado vueltas en los tribunales desde el 29 de mayo de 2017, cuando iniciaron los apresamientos contra el grupo, originalmente 13 personas.
Desde entonces, el caso de sobornos millonarios que involucra a exfuncionarios y pasados legisladores se ha encontrado de frente con aplazamientos, variaciones de medida de coerción, absolución de varios implicados, disposición de archivos definitivos y cientos de pruebas y testigos.
Sus inicios
Todo inició el 22 de diciembre de 2016, momento en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos develó que de 2001 a 2016 la empresa brasileña Odebrecht había entregado sobornos por US$788 millones en 12 países de Latinoamérica, para obtener 100 contratos de obras de infraestructura.
En el documento figura República Dominicana como uno de los países que recibió estos sobornos, por un monto de US$92 millones entre el 2001 y 2014, periodo en el que administraban el país Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina.
Al enterarse del señalamiento por parte de las autoridades estadounidenses, el Gobierno dominicano respondió que hasta ese momento no había recibido información por una vía oficial, y que de ser cierto “actuaría con toda responsabilidad contra los involucrados”.
Iniciaron las investigaciones
Cuatro días más tarde del comunicado norteamericano, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió la documentación y abrió un proceso de investigación contra la constructora y sus representantes en el país.
A partir del 28 de diciembre de ese año comenzaron los allanamientos y los interrogatorios. En total, fueron más de 25 personas las que pasaron por interrogatorios de los fiscales.
Al final, sólo acusaron a 14 individuos de haber formado parte del entramado corrupto.
El 19 de enero del 2017 la PGR, acompañada de ocho unidades de agentes de Operaciones Especiales, allanó por más de seis horas las instalaciones de la empresa en el país, logrando incautar al menos veinte cajas con documentos probatorios.
Las autoridades explicaron que las pesquisas fueron el resultado del contraste de las informaciones suministradas por los representantes de la empresa brasileña en el país y los datos obtenidos mediante labores de inteligencia.
El acuerdo
El 21 de enero de 2017 el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, anunció que Odebrecht se había comprometido a pagarle al República Dominicana un total de US$184 millones, siendo esto el doble del monto que la empresa admitió haber pagado como sobornos al país.
No obstante, el acuerdo no fue sinónimo de que se detuviera el proceso judicial del caso. En su momento, el exprocurador aseveró que esto no impediría que se siguiera investigando, “sin descanso y hasta sus últimas consecuencias caiga quien caiga”.
Para finales del año pasado la constructora brasileña aseguró que había pagado al Estado dominicano US$60 millones de dólares en cumplimiento de este acuerdo.
Apresamientos y medida de coerción
Cuatro meses más tarde, el 29 de mayo de 2017, se emitieron las órdenes de arresto en contra del grupo y fueron apresadas 14 personas.
Se les acusó de proscripción de la corrupción, lavado de activos, soborno en el comercio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios y prevaricación, y falsedad en declaración de bienes.
Tras extensas audiencias, el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, impuso medida de coerción en contra de los imputados.
A Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga le dictaron nueve meses de prisión preventiva en Najayo Hombres; a César Sánchez y Máximo de Oleo, tres meses de prisión en el mismo centro penal; mientras que Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González fueron enviados por seis meses a la cárcel.
Ángel Rondón fue enviado por un año a La Victoria con prisión preventiva como medida de coerción.
El listado continúa con Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, a quienes les dictaron nueve meses de arresto domiciliario.
Por último a Tommy Galán, Alfredo Pacheco y Julio César Valentín le impusieron una fianza de 5 millones de pesos e impedimento de salida del país.
Los dejaron en libertad
Meses más tarde los encartados obtuvieron su libertad con garantías económicas e impedimentos de salida, luego de que el juez Ortega Polanco variara la medida de coerción que había impuesto.
Por un lado, a los 14 acusados se les permitió llevar el proceso judicial fuera de los centros penitenciarios, por el otro el magistrado le dio un plazo de ocho meses al Ministerio Público para completar los expedientes.
Quedaron fuera del proceso
La gestión de Jean Alain Rodríguez presentó un archivo definitivo en el que solicitaba la apertura de juicio a favor de siete imputados por considerar que “no habían elementos de prueba suficientes” respecto a ellos.
Temístocles Montás, Julio César Valentín, Radhamés Segura, Bernardo Castellanos, César Sánchez, Máximo De Óleo y Ruddy González fueron beneficiados con este archivo.
“Chu” Vásquez en el caso
El actual ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez “Chu”, fue añadido en el proceso judicial junto a los encartados.
No obstante, fue excluido en junio de 2019 del juicio luego de que el magistrado Ortega Polanco emitió un “No a lugar” a su favor.
Lo que pide el Ministerio Público
El 13 de mayo de este año la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca) incorporó todas las pruebas ante el tribunal, en total más de 1,000 documentos.
El MP pidió las siguientes penas para los imputados en el caso:
Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, 10 años de prisión; Conrado Pittaluga, 7 años de prisión; Andrés Bautista, Tommy Gálan y Roberto Rodríguez, 5 años de prisión.
Asimismo, los fiscales solicitaron el decomiso de los bienes de cada uno.
SANTO DOMINGO. Mediante una serie de allanamientos contra una supuesta banda denominada 50-0 la Policía Nacional incautó un paquete de cocaína, así como decenas de frascos de bicarbonato de sodio.
Fueron al menos dos cajas de este compuesto químico que tiene múltiples utilidades en la cotidianidad a nivel mundial. El bicarbonato de sodio sirve en la cocina para hornear varias recetas. Se utiliza en la limpieza del hogar, vestimenta y calzados. El bicarbonato es tan noble que funciona para preparar antiácidos caseros con limón, algunos también lo usan como exfoliante. Como sustituto de la pasta de diente cuando escasea y del desodorante.
¡Chanfles! El bicarbonato es tan útil que además se usa para quitar malos olores en colchones y alfombras, para abrillantar metales, para matar insectos nocivos y hasta para la jardinería.
Por eso no es sorpresa que el bicarbonato de sodio también tenga uso en el tráfico de drogas. En el microtráfico esencialmente, el bicarbonato de sodio se utiliza en lo que se llama vulgarmente como «cortar» la cocaína, a través de la mezcla de este producto, con el kilo puro de la sustancia.
Esta mezcla de cocaína y bicarbonato se utiliza para vender más porciones por kilo de droga.
También se utiliza para la creación a partir de un proceso químico de la droga denominada crack. El bicarbonato de sodio es un ingrediente clave en la conversión de clorhidrato de cocaína en crack. Este proceso implica mezclar cocaína en polvo con bicarbonato de sodio y agua, y luego calentar la mezcla. El resultado es una forma sólida de cocaína que puede ser fumada.
Riesgo para la vida
Sin embargo, el consumo de bicarbonato a través de la inhalación puede conllevar a lesiones pulmonares, neumonitis química y edemas pulmonares que pueden llevar a la muerte.
Santo Domingo.- La Policía Nacional desmanteló este miércoles a la banda de Los 50-0, que operaba en distintos sectores de Distrito Nacional y Santo Domingo Este, con diez allanamientos y la detención de 14 personas, cinco de ellas mujeres, informó el vocero de la institución, Diego Pesqueira.
La banda, vinculada al crimen organizado y también a las muertes o asesinatos por encargo, operaba en los sectores de Villa Consuelo, Villa Juana, Los Ríos y 27 de Febrero en Distrito Nacional, y en Mandinga y Alma Rosa en Santo Domingo Este.
Los miembros de esta organización estarían detrás de los asesinatos, entre otros, de Nilcio Muñoz Cordero, alias «La Pollona», Víctor Guzmán, alias «Viejito», y Emmanuel Duval García, alias «El Yalet».
No obstante, Pesqueira no especificó si todos los detenidos forman parte de esta banda.
En las intervenciones, los agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) se incautaron de tres vehículos, cuatro armas de fuego y una suma millonaria de dinero producto de la venta física de sustancias ilegales.
Por último, señaló que los allanamientos van a continuar y pidió a los todavía prófugos de la justicia que se entreguen por la vía que consideren pertinente. EFE
SANTO DOMINGO.- La representante legal de Gonzalo Castillo denunció este jueves que el Ministerio Público está haciendo “negocios con la impunidad” en los acuerdos a los que llega con los acusados de casos de corrupción.
La abogada Laura Acosta manifestó que a través de dichos acuerdos los delatores se beneficiarían con el triple de los fondos y devolverían sólo una tercera parte. “Se van con 7 mil en los bolsillos y, supuestamente, le van a entregar al Estado mil millones de pesos” ,dijo.
Según manifestó, “los que están haciendo acuerdos se embolsillan el triple, cuatro y cinco veces y devuelven una tercera o quinta parte”.
GONZALO Y GUERRERO NO CALIFICAN BENEFICIO MP
Acosta recibió este jueves la notificación de que la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, declaró inadmisible la participación de Gonzalo Castillo y Donald Guerrero en la aplicación de los criterio de oportunidad que busca otorgar el Ministerio Público.
La jurista conversó con periodistas tras recibir la comunicación de parte del tribunal.
an/am