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El caso Odebrecht concluye con sentencias de primera instancia cuatro años y cinco meses después.
Santo Domingo, RD.-El mayor escándalo de corrupción ocurrido en la República Dominicana y en otros países del mundo terminó este jueves cuatro años medio después de iniciarse con sentencias absolutorias para la mayoría de los imputados.
En el juicio de fondo las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional Giselle Méndez, Tania Yunes y Jisell Naranjo decidieron otorgar la libertad a cuatro de los seis implicados, mientras los dos restantes fueron condenados a 8 y 5 años de cárcel.
El listado de los que esperan por el fallo está integrado por el empresario Ángel Rondón; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga; el exsenador Tommy Galán; el expresidente del Senado, Andrés Bautista García y Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa).
El caso ha dado vueltas en los tribunales desde el 29 de mayo de 2017, cuando iniciaron los apresamientos contra el grupo, originalmente 13 personas.
Desde entonces, el caso de sobornos millonarios que involucra a exfuncionarios y pasados legisladores se ha encontrado de frente con aplazamientos, variaciones de medida de coerción, absolución de varios implicados, disposición de archivos definitivos y cientos de pruebas y testigos.
Sus inicios
Todo inició el 22 de diciembre de 2016, momento en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos develó que de 2001 a 2016 la empresa brasileña Odebrecht había entregado sobornos por US$788 millones en 12 países de Latinoamérica, para obtener 100 contratos de obras de infraestructura.
En el documento figura República Dominicana como uno de los países que recibió estos sobornos, por un monto de US$92 millones entre el 2001 y 2014, periodo en el que administraban el país Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina.
Al enterarse del señalamiento por parte de las autoridades estadounidenses, el Gobierno dominicano respondió que hasta ese momento no había recibido información por una vía oficial, y que de ser cierto “actuaría con toda responsabilidad contra los involucrados”.
Iniciaron las investigaciones
Cuatro días más tarde del comunicado norteamericano, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió la documentación y abrió un proceso de investigación contra la constructora y sus representantes en el país.
A partir del 28 de diciembre de ese año comenzaron los allanamientos y los interrogatorios. En total, fueron más de 25 personas las que pasaron por interrogatorios de los fiscales.
Al final, sólo acusaron a 14 individuos de haber formado parte del entramado corrupto.
El 19 de enero del 2017 la PGR, acompañada de ocho unidades de agentes de Operaciones Especiales, allanó por más de seis horas las instalaciones de la empresa en el país, logrando incautar al menos veinte cajas con documentos probatorios.
Las autoridades explicaron que las pesquisas fueron el resultado del contraste de las informaciones suministradas por los representantes de la empresa brasileña en el país y los datos obtenidos mediante labores de inteligencia.
El acuerdo
El 21 de enero de 2017 el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, anunció que Odebrecht se había comprometido a pagarle al República Dominicana un total de US$184 millones, siendo esto el doble del monto que la empresa admitió haber pagado como sobornos al país.
No obstante, el acuerdo no fue sinónimo de que se detuviera el proceso judicial del caso. En su momento, el exprocurador aseveró que esto no impediría que se siguiera investigando, “sin descanso y hasta sus últimas consecuencias caiga quien caiga”.
Para finales del año pasado la constructora brasileña aseguró que había pagado al Estado dominicano US$60 millones de dólares en cumplimiento de este acuerdo.
Apresamientos y medida de coerción
Cuatro meses más tarde, el 29 de mayo de 2017, se emitieron las órdenes de arresto en contra del grupo y fueron apresadas 14 personas.
Se les acusó de proscripción de la corrupción, lavado de activos, soborno en el comercio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios y prevaricación, y falsedad en declaración de bienes.
Tras extensas audiencias, el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, impuso medida de coerción en contra de los imputados.
A Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga le dictaron nueve meses de prisión preventiva en Najayo Hombres; a César Sánchez y Máximo de Oleo, tres meses de prisión en el mismo centro penal; mientras que Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González fueron enviados por seis meses a la cárcel.
Ángel Rondón fue enviado por un año a La Victoria con prisión preventiva como medida de coerción.
El listado continúa con Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, a quienes les dictaron nueve meses de arresto domiciliario.
Por último a Tommy Galán, Alfredo Pacheco y Julio César Valentín le impusieron una fianza de 5 millones de pesos e impedimento de salida del país.
Los dejaron en libertad
Meses más tarde los encartados obtuvieron su libertad con garantías económicas e impedimentos de salida, luego de que el juez Ortega Polanco variara la medida de coerción que había impuesto.
Por un lado, a los 14 acusados se les permitió llevar el proceso judicial fuera de los centros penitenciarios, por el otro el magistrado le dio un plazo de ocho meses al Ministerio Público para completar los expedientes.
Quedaron fuera del proceso
La gestión de Jean Alain Rodríguez presentó un archivo definitivo en el que solicitaba la apertura de juicio a favor de siete imputados por considerar que “no habían elementos de prueba suficientes” respecto a ellos.
Temístocles Montás, Julio César Valentín, Radhamés Segura, Bernardo Castellanos, César Sánchez, Máximo De Óleo y Ruddy González fueron beneficiados con este archivo.
“Chu” Vásquez en el caso
El actual ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez “Chu”, fue añadido en el proceso judicial junto a los encartados.
No obstante, fue excluido en junio de 2019 del juicio luego de que el magistrado Ortega Polanco emitió un “No a lugar” a su favor.
Lo que pide el Ministerio Público
El 13 de mayo de este año la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca) incorporó todas las pruebas ante el tribunal, en total más de 1,000 documentos.
El MP pidió las siguientes penas para los imputados en el caso:
Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, 10 años de prisión; Conrado Pittaluga, 7 años de prisión; Andrés Bautista, Tommy Gálan y Roberto Rodríguez, 5 años de prisión.
Asimismo, los fiscales solicitaron el decomiso de los bienes de cada uno.
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Director de Migración denuncia lo que todo el mundo sobre mafias que facilitan reingreso de haitianos deportados
Santo Domingo, R.D.-Luis Rafael Lee Ballester, titular de la Dirección General de Migración (DGM), declaro este martes lo que todo el mundo sabia y es que en el país hay mafias que se lucran facilitando el reingreso de haitianos que han sido deportados a su país.
A través de un comunicado de prensa, el vicealmirante indicó que se trata de un tema recurrente con el que lidian todas las instituciones involucradas en las labores migratorias.
En ese sentido, señaló que uno de los principales objetivos de la actual gestión es «transformar la conducta de quienes tienen a su cargo la vigilancia del territorio nacional», para centrarse en servir a los mejores intereses nacionales.
Ballester explicó que, mediante las operaciones en conjunto que realizan con el Ministerio de Defensa, el Ejército, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre y la Policía Nacional, han logrando un promedio diario de unas 1,000 personas detenidas en operativos de interdicción a nivel nacional.
De acuerdo con los datos ofrecidos, estas acciones también han permitido alcanzar más del 75 % de la meta planteada por el Consejo Nacional de Seguridad, que establece unas 10 mil deportaciones semanales.
La Dirección General de Migración destacó que este lunes 27 de abril fueron registradas 1,072 personas detenidas y 806 deportadas. Las intervenciones se realizaron en puntos estratégicos, incluyendo Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata, donde fueron interceptadas 123 individuos, así como en La Vega, Duarte y Nagua, con 102 detenidos.
Asimismo, detalló que durante el fin de semana, entre el viernes 24 y el domingo 26 de abril, detuvieron a 2,889 extranjeros en condición migratoria irregular y deportaron a 2,506.
De acuerdo con la institución, las deportaciones se realizaron siguiendo los protocolos establecidos a través de los puntos de control fronterizo en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.
La entidad afirmó que desde el 1 de octubre de 2024, cuando inició la gestión de Lee Ballester, han reconducido a su país de origen a 596,407 extranjeros indocumentados. En el primer trimestre de 2026 se registran 122,228, mientras que en lo que va de abril la cifra asciende a 22,978.
Santo Domingo, R.D.-Las incautaciones de drogas en aeropuertos de la República Dominicana aumentaron en 2025 en comparación con el año anterior, al pasar de 891.22 a 931.43 kilogramos, según estadísticas oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
El repunte está vinculado principalmente al crecimiento de la marihuana, que desplazó a la cocaína como la sustancia de mayor volumen.
En 2024, la mayor proporción correspondía a cocaína, con más de 629 kilogramos ocupados, que fueron concentrados en interdicciones en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana —con más de 501 kilos— y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, que superó los 108.
Para 2025, los decomisos de esa sustancia se redujeron a unos 250 kilogramos, mientras que la marihuana se elevó por encima de los 678 kilos, con mayor presencia en los aeropuertos de La Romana, Las Américas y Punta Cana.
Evolución
El comportamiento en los últimos cuatro años muestra cambios tanto en los volúmenes como en los tipos de droga detectados.
En 2021 se produjo el primer repunte, con 155.68 kilogramos de cocaína, con mayor incidencia en Las Américas y Punta Cana, además de la aparición de sustancias como heroína y éxtasis.
El salto más marcado ocurrió en 2022, cuando las autoridades ocuparon más de 334 kilogramos de cocaína en Punta Cana y más de 233.32 en Las Américas, evidenciando una mayor escala del tráfico aéreo.
kilogramos de narcóticos fueron incautados en 2025, según estadísticas de la Dirección Nacional de Control de Drogas
Aunque Punta Cana concentra grandes cargamentos en momentos puntuales, el Aeropuerto Internacional de Las Américas se mantiene como el principal punto de actividad constante.
En paralelo, terminales como La Romana y el Cibao han ganado peso, lo que refleja una ampliación de las rutas utilizadas.
Para 2023, la marihuana siguió ganando más terreno, especialmente en Las Américas, con 202.85 kilogramos, marcando un cambio en la dinámica del tráfico.
Minorías
Para los últimos cuatro años otras sustancias como el hachís y el opio también reflejan los cambios en la dinámica del tráfico por los aeropuertos.
Desde 2021, el hachís muestra un comportamiento hacia la baja.
Esta droga pasó de 2.84 kilogramos a 8 en 2022, desaparece en 2023 de las estadísticas, y vuelve con apenas 0.47 en el 2024 y con 0.17 en el 2025.
El opio, por su parte, registró volúmenes bajos al inicio, alcanzando su punto más alto en 2023 con 12.84 kilogramos y desciende progresivamente hasta poco más de medio kilogramo en 2025.
Estas variaciones evidencian ajustes en las sustancias movilizadas, en un escenario donde la marihuana gana protagonismo y la cocaína pierde peso relativo.
El número de detenidos por narcotráfico ha crecido de manera sostenida. En el 2021 fueron al menos 41 personas las capturadas, entre ellas 25 hombres y 16 mujeres. Para 2022 la tendencia continuó, alcanzando los 81 casos.
En 2023 se registraron 48 personas retenidas.
Durante el 2024, la cifra volvió a incrementarse hasta 67 implicados (50 hombres y 17 mujeres).
En 2025, en cambio se ubicó en 47 personas arrestadas, de las cuales 29 eran hombres y 18 mujeres.
Santo Domingo, R.D.-El ministro de Educacion Superior, Ciencia y Tecnologia (Mescyt), Rafael Santos Badia, planteó que en un escenario global marcado por la acelerada transformación del mundo del trabajo, la automatización y la necesidad de competencias cada vez más especializadas, llamó a impulsar una reforma profunda del sistema educativo dominicano que responda de manera efectiva a las demandas actuales y futuras del mercado laboral.
Durante su participación en el Foro de Líderes de la Asamblea General de WorldSkills Punta Cana 2026, el funcionario instó a orientar la formación académica hacia la calidad, la pertinencia y la eficiencia, como parte de una visión estratégica de país con miras al año 2036.
Santos Badía advirtió que República Dominicana debe replantear su modelo educativo para enfrentar los cambios acelerados que experimenta el mundo del trabajo, señalando que el sistema actual no logra responder de manera adecuada a la diversidad de talentos ni a las necesidades reales del sector productivo.
En ese contexto, el ministro propuso avanzar hacia un sistema más flexible e inclusivo, capaz de integrar diversas trayectorias formativas, tales como la formación técnico-profesional, la educación dual y el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, como herramientas clave para mejorar la empleabilidad y la competitividad del capital humano.
Santos Badía subrayó que esta transformación permitiría que los jóvenes dominicanos no solo accedan a empleos de calidad, sino que también desarrollen capacidades para adaptarse, innovar y liderar en entornos laborales dinámicos y en constante evolución.