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La reforma de la Policía Nacional no se puede abordar al margen del déficit institucional que afecta a la sociedad dominicana.
Por Elba García
El presidente Luis Abinader retomó este domingo la anunciada reforma de la Policía Nacional, la cual se relanzó con la destitución de quien fuera el director de la uniformada hasta el momento del inicio del proyecto, Eduard Sánchez, sustituido por Eduardo Alberto Then, que toma las riendas del cuerpo del orden a partir de este lunes.
La Policía Nacional es uno de los órganos más corrompidos del Estado, donde se produce de todo, desde un manejo inadecuado del problema de las drogas hasta otros ilícitos de los tantos que se originan diariamente en la sociedad dominicana.
Nadie duda que estas medidas iniciales repercuten positivamente en la disminución de un problema muy grave como el de la violencia aplicada por los agentes en contra del ciudadano, y los controles señalados son definitivamente muy importantes, como también lo es la aplicación del reglamento que manda la Ley orgánica de la Policía Nacional, la 590-16 del 15 de julio del año 2016.
De igual modo, tiene una gran trascendencia la colaboración en esta materia de las policías de España, Colombia y Nueva York, que incluye tener un perfil de cada uniformado a cargo de una empresa internacional con una experiencia probada al respecto y la instalación de cámaras corporales y en los vehículos de la institución del orden con sonido, velocidad y otras mediciones, así como el hecho de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) tenga la misión de formar a los agentes.
Pero a pesar del gran valor de la voluntad política del presidente y de las medidas anunciadas frente a la necesaria reforma policial, la misma debía implicar para poder adecentarla disponer de una acción tan radical como su eliminación temporal y la creación de una nueva a partir del surgimiento de una academia que se encargue primero de la formación de sus miembros y concomitantemente de mecanismos de control de la conducta de los agentes, como los anunciados por el mandatario.
La experiencia dejada por la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), la cual se concibió con una formación diferente sobre sus funciones, sueldo, uniforme y hasta una comida diferente que sus pares, aunque al final fue desnaturalizada, constituyó de cualquier modo un referente importante para la reforma que busca producir el presidente Abinader, porque se observa que la transformación de este órgano se quiere implementar principalmente como resultado de una serie de hechos de violencia originados por miembros de la institución del orden público.
Sin embargo, en lo que respecta a esta reforma hay que decir que el problema de la Policía Nacional no estriba sólo en la conducta violenta y poco razonable de los agentes, sino también en una serie de irregularidades que no se ven a simple vista y cuyos protagonistas no son sólo las patrullas que circulan por las calles del país, sino altos oficiales que promueven y toleran desde sus despachos muchas de las distorsiones que dañan esa institución.
Se podría afirmar que los niveles de corrompimiento de la Policía Nacional no se solucionan sólo con la mejoría de los sueldos de sus miembros y con una mayor fiscalización de su conducta, porque ahí hay una gran mayoría que se le puede pagar un millón de pesos mensuales y no van a cambiar su proceder y sus vínculos con el crimen organizado y con otros ilícitos.
Por esta razón este periódico llegó a plantear una solución radical y es que la reforma de la Policía Nacional debió comenzar por tumbar el edificio que la aloja para no dejar rastros de la cultura de la corrupción que arropa a esa institución y además cambiarle hasta el color del uniforme, pese a que es un asunto de forma, pero con un profundo valor simbólico.
En el seno de la Policía Nacional hay unos problemas muy graves, los cuales se conocen cuando cualquier ciudadano tiene algún problema legal o se ve en la necesidad, por ejemplo, de ejecutar un embargo mobiliario, por decir algo, cuyos pagos tanto a los miembros de esta institución como del Ministerio Público es el principal obstáculo que se produce para cumplir con la ley del otorgamiento de la fuerza pública.
Pero, además, se agregan la ejecución de embargos ilegales en componenda con los fiscales, la venta de drogas incautadas y de armas, así como la renta de agentes policiales a empresarios privados y cuya paga la recibe un oficial superior que trabaja en conexión con las altas instancias de la institución y por el último el cobro de dinero a prostíbulos para no vigilar su irregular operación.
Estos son sólo pequeños detalles de la corrupción general prevaleciente en la Policía Nacional y que se convierten en un problema gigantesco y que lo propio ocurre en el Ministerio Público, pese a que en este último órgano ha habido el interés de cambiar la conducta reprochable de estos funcionarios, pero que todavía se puede ver a fiscales comprometidos con una mala práctica como voceros y fichas importantes en el desmantelamiento de redes tan peligrosas como la de la Operación Falcón, lo cual no es lo deseable porque se trata de delincuentes que persiguen a sus iguales desde una función estatal, lo que fortalece la doble moral y la impunidad que tanto daño hace a la sociedad.
Pero el asunto tiene una mucho mayor dimensión, como por ejemplo, cobrar peajes a los puntos de drogas, cuyo dinero no va precisamente a las instancias más baja de la jerarquía de la institución del orden público y necesariamente no son hechos para medir el problema de la inseguridad ciudadana y la violencia aplicada por los agentes
Además, en el país es de manejo público el dinero que cobra la Policía Nacional a personajes del bajo mundo para darles protección y de oficiales que cuentan con bandas de ladrones que se apropian de lo ajeno hasta con violencia en sociedad con ellos, lo que quiere decir que la descomposición en esta institución no es tan simple, sino muy compleja.
La cuestión es que para producir una reforma profunda en la Policía Nacional tiene que estar acompañada de medidas sustanciales en todo los órganos y entes públicos, porque el problema de la descomposición moral y ética es general en el Estado y en la sociedad y el ejemplo de otros actores del sector público marca la conducta de instituciones como el cuerpo del orden.
El proceder de los diputados, senadores, ministros y otros actores de la vida pública nacional e incluso del propio presidente de la República, su jefe supremo, sirve de ejemplo a la Policía Nacional y en consecuencia las posibilidades de que se distorsione nuevamente es innegable, lo que justifica y recomienda la reforma integral del Estado, porque no se puede aspirar a tener policías cumplidores de la ley y con una actuación ética, mientras los demás actores con funciones oficiales caminan apartados de este comportamiento, pero que además unos contaminan a los otros.
Este fenómeno explica con suficiente claridad que transformar la Policía Nacional sin que ocurra lo mismo en los demás órganos y entes del Estado, es como buscar lo imposible, pero los esfuerzos del presidente no dejan de tener un gran valor simbólico e indica un camino correcto para combatir el problema, aunque no el ideal en una sociedad con tantas falencias institucionales.
No suena mal crear una academia acorde con los planes buscados y tras la desarticulación temporal de la Policía Nacional por lo menos por dos años y responsabilizar de la función de este órgano a la parte más sana del Ejército, la que nunca deber ser la que está destacada en la frontera por su nivel de corrompimiento, y que al cabo de la construcción de un nuevo agente, con una visión y una formación cabal sobre su función civil, entonces retornarla a su labor habitual, pero sin antes hacer las reformas necesarias a nivel de todo el andamiaje estatal para evitar que los cambios generados sean circunstanciales y temporales
De otro modo, la cacareada reforma policial no parece que pueda dejar los resultados esperados y que los mismos puedan perdurar a largo plazo, porque la fiebre no está en la sabana, sino en el enfermo, pero el hecho de que éste se arrope con una cobija más limpia siempre ayuda a su higienización, pero no a su total sanación.
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Partidocracia pone en peligro estado de derecho con control y manipulación del sistema de justicia a través del CNM.
Por Elba García
La evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y los demás miembros del sistema está en manos de los partidos políticos, ya que la configuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha sido concebida para responder a los intereses de la partidocracia.
Esta realidad pone en peligro la independencia que debe prevalecer en el sistema de justicia para que en el país se pueda fortalecer el estado de derecho y la democracia, lo cual no parece un problema tan fácil de resolver.
En estos momentos está sobre la mesa el amplio margen de discrecionalidad que tiene el CNM para decidir la permanencia de un juez en el sistema de justicia, cuyos miembros provienen en su mayoría de los partidos políticos sin ninguna formación jurídica para evaluar a esos magistrados.
Una de las evidencias de la forma como jueces ponen en manos del sistema de partidos su carrera fue lo ocurrido en el 2025 con la decisión del CNM de no ratificar a Pilar Jiménez, Manuel Read y Moisés Ferrer cuando concluyó su periodo constitucional de siete años, siendo la primera vez que este órgano excluyó magistrados mediante el referido mecanismo, lo que generó críticas por la falta de parámetros objetivos para medir el desempeño judicial.
Ahora, es decir, el pasado 3 de agosto, el Consejo Nacional de la Magistratura aprobó el cronograma correspondiente a los 11 jueces de la SCJ que concluyeron su ciclo constitucional, de los cuales tres agotaron los dos periodos de siete años permitidos por la carta magna y en consecuencia deben ser sustituidos.
Sin embargo, cuatro de ellos, incluido el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, además de Nancy Salcedo, María Garabito y Manuel Herrera Carbucia anunciaron que no buscarán su ratificación, aunque no lo han dicho, pero ha trascendido que no creen en el sistema de evaluación que descansa en la partidocracia. De hecho, el saliente presidente del más alto tribunal del país fue el resultado de ese poder que tienen los partidos políticos para escoger los jueces del país.
El control de los partidos políticos para la escogencia de los jueces nacionales genera una gran incertidumbre por el hecho de que personas que no tienen la preparación ni la formación para someter a una evaluación a magistrados que tienen toda una carrera judicial, coloca a éstos en una situación incómoda e inaceptable.
Ya existe un precedente de cómo se escogen los jueces de las altas corte con el recordado Pacto de las Corbatas Azules entre Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, que dio como resultado el primer Tribunal Constitucional encabezado por Milton Rey Guevara.
El pasado 3 de agosto, el CNM aprobó el cronograma correspondiente a los 11 jueces de la SCJ, cuyo ciclo constitucional concluyó este año. Tres agotaron el tiempo en que deben permanecer en las posiciones, pero otros cuatro, -el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina; Nancy Salcedo, María Garabito y en las últimas se unió Manuel Ramon Herrera Carbuccia, comunicaron que no buscarán la ratificación.
Las críticas al modelo no sólo se centran en los criterios consignados en el Reglamento 2-25 del Consejo Nacional de la Magistratura, el cual contempla aspectos técnicos, éticos y personales, como productividad, calidad de las decisiones, tiempo de respuesta, aportes jurídicos, integridad, independencia, reputación intelectual e imagen pública, sino en la interpretación y aplicación del mismo.
Empero, El CNM no dispone una calificación o ponderación específica para esos criterios ni define qué nivel de desempeño debe alcanzar un juez para ser ratificado, por lo que la decisión final queda en manos del órgano que está bajo control de los partidos políticos, donde se mide el vínculo del aspirante a juez a los fines de garantizar el control de sus funciones.
El precedente sentado por la evaluación, cuyas actas del 2025 hablan claro al respecto y no dejan dudas, además, de la agenda principalmente política que desarrollan los partidos políticos en esta instancia y muestra que ella compromete los informes de desempeño, ya que en casos muy concretos consejeros expusieron criterios opuestos sobre un mismo juez, pero a partir del mismo expediente.
Pero desde antes de esta situación, el país conoció la retaliación que se siguió durante la presidencia de Danilo Medina en contra de la jueza de carrera Miriam German, quien fue excluida del sistema sobre la base de criterios políticos más que técnicos judiciales.
El propio CNM suspendió las evaluaciones para revisar el entonces Reglamento 1-19, lo que dio paso al 2-25, el cual no fue afectado sustancialmente, dado que mantuvo los puntos que producen las principales críticas en su contra, porque carece de una escala de calificación y una ponderación objetiva para determinar cuándo el desempeño es suficiente para que se produzca la ratificación.
En lo que respecta a los tres jueces excluidos del sistema de justicia mediante la evaluación del CNM, hubo en dos de los tres casos una votación empatada y la decisión final descansó en el presidente Luis Abinader en su condición de presidente del órgano en cuestión, quien durante sus dos mandatos ha mostrado una marcada tendencia a no respetar el sistema de justicia constitucional con el desacato mediante decretos de una serie de leyes y jurisprudencia provenientes del Tribunal Constitucional.
La configuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) otorga al oficialismo tres votos de siete, los cuales son el de Abinader, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos y el de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, mientras que los partidos de la oposición están representados por Omar Fernández, hijo de Leonel Fernández, y el diputado Tobías Crespo. Los demás integrantes son el presidente de la SCJ, la jueza Nancy Salcedo y el que preside el Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez, lo que deja claro el control de los partidos políticos en un órgano que juega un papel de primer orden en la independencia del poder judicial.
Ahí está la explicación de que no hay demanda que tenga ganancia de causa en contra de los partidos políticos, cuyas decisiones no pasan de la declaración de inadmisibilidad de los casos como se puede comprobar con lo que ocurre regularmente en el Tribunal Superior Electoral (TSE).
La Fundación Institucionalidad y Justicia sostiene que el CNM carece de una estructura técnica especializada para hacer las evaluaciones de los jueces y en consecuencia ha planteado sustituir el modelo por un periodo de designación para los jueces de las altas cortes.
Otro que se ha expresado al respecto es el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ha criticado que la permanencia de los jueces dependa de un órgano de una composición predominanmente política, lo que a su juicio puede afectar la independencia judicial y propiciar gestiones y cabildeos cuando se próxima la evaluación.
No obstante, Subero Isa es un defensor del sistema de partidos y del control que mantienen éstos sobre todo el Estado, cuya posición ahora avala desde la Consultaría Jurídica del Poder Ejecutivo con un asesoramiento al presidente Abinader para que desacate la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional.
Lo menos que debía ocurrir para mejorar la situación creada es la aprobación de una nueva ley o la modificación de la existente para conformar un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyos miembros tienen que venir de las universidades nacionales, el Colegio de Abogados de la República Dominicana, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y jueces de carrera, pero no personas que representan los intereses de los partidos políticos.
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Transparencia Internacional con medición de lucha contra corrupción en R.D. se sale de contexto.
Por Elba García
Son innumerables las afirmaciones de organismos internacionales que hablan de logros en la democracia dominicana, que nadie entiende porque su valoración parte de lo que venden mediáticamente sectores interesados.
El más reciente de estos informes se refiere a que en el país existe una verdadera lucha contra la corrupción, sin tomar en cuenta que se trata de una confrontación político partidaria para unos quitarles credibilidad a otros.
El primer problema para valorar correctamente lo que ocurre en la justicia con la corrupción administrativa, cuyo mal afecta a todos los partidos que han tenido el control del Estado, es que el Ministerio Público más que un mecanismo para combatir el fenómeno representa un instrumento para perseguir al contrario ya salido del poder y que es imputado de incurrir en mal uso de recursos públicos, pero generalmente los casos, aunque sean verdad, terminan en impunidad.
En la actualidad una serie de procesos se ventilan en la justicia, pero los resultados son regularmente la absolución de los acusados y cuando ello no ocurre así en el tiempo prudente es porque el Ministerio Público y la defensa de los imputados llevan los casos mediante incidentales a periodos muy largos sin que haya una solución a los mismos.
La base de lo que ocurre sólo tiene como fin satisfacer mediáticamente las ansias de justicia de la sociedad dominicana, pero que en la realidad ello nunca ocurre, todo como resultado de que la justicia está controlada por los mismos que promueven la corrupción administrativa a través del Consejo Nacional de la Magistratura y de otros órganos del Estado.
El trabajo de valoración de la transparencia en la República Dominicana no parte de una interpretación objetiva o más bien realista por la organización que acaba de publicarla, el que hace más daño que bien por tratarse de una especie de distorsión de la verdad, tal vez para llevar a una actitud conformista del ciudadano.
El estudio más reciente que impacta a la República Dominicana ha sido hecho público por el presidente de Transparencia Internacional, quien afirma que en el país existe una verdadera lucha contra la corrupción, pero que luce que el mismo carece de la objetividad necesaria para hacer tal afirmación.
Amplios sectores de la vida nacional entienden que esa supuesta lucha contra la corrupción que menciona Transparencia Internacional parte de una valoración fuera de contexto cuando no toma como referencia lo que ocurre con el Ministerio Público y todo el sistema de justicia.
Algunos medios de comunicación dan mucha relevancia a lo dicho por Transparencia Internacional, precisamente por el origen que tiene, pero no se detienen a sopesar lo que ocurre en el Estado dominicano por estar controlado por los partidos políticos, los cuales han creado las herramientas necesarias para evitar que la figura de la impunidad sea prácticamente erradicarla del escenario nacional.
La sanción de los delitos penales comunes son tal vez los que de alguna manera tienen una respuesta relativamente más convincente, aunque siempre la severidad de la justicia está determinada por el nivel de contaminación de los que controlan el sistema, como la ya conocida partidocracia.
La referencia realizada por Transparencia Internacional la atribuyen al papel del Gobierno, los fiscales y el sistema judicial, los cuales juegan un rol en este campo que los convierte en los principales actores del deterioro de elementos tan vitales para el logro del propósito anunciado como la seguridad jurídica, el fortalecimiento institucional y en consecuencia de la mejoría de la democracia, lo que deja en tela de juicio la afirmación de la mencionada organización de que lo que ocurre puede generar una mejoría de los niveles de confianza pública, pese a que es todo lo contrario.
La valoración de Transparencia Internacional destaca que estos actores, desde sus respectivas responsabilidades, forman parte de un proceso institucional que ha colocado la lucha contra la corrupción como un elemento relevante dentro de la gestión pública y del fortalecimiento de la democracia, cuando la realidad es que en el país hay serias preocupaciones por el camino que toma la justicia con el no cumplimiento de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Sin lugar a dudas que durante décadas América Latina ha enfrentado el desafío de lograr instituciones más sólidas y confiables, pero que en muchos casos en ese contexto regional la valoración de Transparencia Internacional luce ser el resultado de un análisis hecho en un cuarto frío que no tiene nada que ver con la verdad.
Tanto es así que, si se parte del caso Odebrecht, cuyos imputados todos fueron absueltos por los tribunales nacionales, cuando no ocurrió lo mismo en otras naciones del hemisferio, como por ejemplo Perú, donde varios expresidentes de la República guardan prisión por estos hechos, se puede ver la falsa valoracion en esta materia de la referidad entidad interncaional.
Pero más recientemente en el país varios exministros del gobierno de Danilo Medina fueron absueltos a pesar de que a nivel social la gente mantiene la idea de que se enriquecieron con los recursos públicos, cuyo caso más emblemático es del ahora aspirante presidencial Gonzalo Castillo.
Es muy probable que este tipo de informe obedezca al interés del Gobierno de fortalecer los factores que observan los inversionistas antes de tomar cualquier decisión para poner su dinero en un proyecto nacional.
Todo el mundo sabe que la inversión nacional y extranjera no depende únicamente de las oportunidades de mercado, sino también de la confianza, la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas, las cuales todavía son un sueño en el país.
La proyección de una fortaleza institucional genera mejores condiciones para atraer capital, impulsar proyectos productivos y ampliar sus posibilidades de crecimiento, pero que las afirmaciones en este sentido pueden ser el resultado de una interpretación caprichosa, a los fines de que sea verdaderamente un componente estratégico para el desarrollo económico.
La valoración de Transparencia Internacional es posible que tenga su explicación en el hecho de que el país será sede del 1 al 4 de diciembre de 2026 de la Conferencia Internacional Anticorrupción, un encuentro global que reunirá a más de dos mil participantes provenientes de alrededor de 140 países.
La celebración de este importante foro internacional sobre la base de una premisa falsa no hace bien a la democracia en el hemisferio y el mundo, ya que el mismo es un escenario para el debate mundial sobre transparencia, integridad pública y fortalecimiento institucional, los cuales no están presentes en el Estado dominicano.
Sin embargo, el fenómeno de los informes de diferentes tipos como el de la pobreza y este de la transparencia y lucha contra la corrupción, parecen ser una forma de vender el país sobre la base de una percepción más que de la realidad.
La reputación internacional de un país se construye a partir de la verdad y debe ajustarse a factores como la estabilidad democrática, el desempeño económico, la calidad institucional y la confianza, los cuales deben estar por encima del debate político.
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Inseguridad del Gobierno al distintiguir entre promulgar una ley que viola o que se ajusta a proceptos constitucionales.
Por José Cabral
El presidente Abinader ha sido el que más, pese a que pregona lo contrario, que ha puesto en un total descrédito los decretos de leyes y de otros actos de la administración pública que son aplicables y de obligatorio cumplimiento para todo el pueblo dominicano, cuya inseguridad o falta de certeza juridica del principal funcionario del Gobierno implica la nulidad de los mismos, la pérdida de confianza ciudadana y de los diversos tipos de responsabilidad legal, lo cual ocurre cuando se toman decisiones sin claridad sobre las normas aplicables.
Cuando esto ocurre el documento pierde validez juridica si carece de los elementos esenciales de la ley de leyes, afectando los derechos de los ciudadanos, lo que expone al servidor público, máxime si se trata del presidente de la República, a sanciones administrativas, disciplinarias, civiles e incluso penales por extralimitación de funciones, sobre todo cuando el acto involucra la figura de la precaricación.
Las dudas en esta materia son una causa para que se produzca una paralisis institucional, dado que la ocurrencia de las mismas constantemente frenan la eficacia y la agilidad que se exige al servicio público moderno, lo que produce un impacto social que se expresa mediante la incertidumbre en los ciudadanos afectados que no tienen la claridad sobre sus derechos ni predictibilidad en los trámites del Estado.
Se entiende que la vulnerabilidad a este respecto estimula la corrupcion, ya que la falta de criterios firmes abre espacios a la arbitrariedad o a interpretaciones sesgadas de la ley.
Son innumerables los decretos publicados por el presidente que han sido anulados por el Tribunal Constitucional (TC) por representar una violación de leyes y de la Constitución de la República, lo que pone en peligro la seguridad jurídica, la institucionalidad y la vida democrática de la nación.
El sistema jurídico dominicano se rige por una jerarquía en la que ocupa el lugar preponderante y cimero la Constitución y luego van las leyes orgánicas y ordinarias y en ese mismo orden los decretos, las resoluciones y otros actos que no pueden estar por encima de los que ocupan lugares primeros en el orden legal.
Evidentemente que el gobierno de Luis Abinader no tiene la menor idea de este concepto de jerarquía, lo cual provoca que regularmente emita decretos que rompen con el principio de legalidad y de juridicidad por el que deben regirse los mismos.
Para cuidar detalles como este es que existe la Consultoría del Poder Ejecutivo, a los fines de asesorar al presidente de la República de lo que puede hacerse o no en el marco de la administración pública para evitar que el mandatario pierda su credibilidad como se produce en la gestión de Luis Abinader.
En la actualidad cursan varias acciones de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional para anular la promulgación de leyes por parte del Poder Ejecutivo que violan la jerarquía jurídica, amén de que ya ha ocurrido lo propio con decisiones del presidente que proyectan ignorancia o sencillamente constituyen un desacato que rompe con la seguridad jurídica, la institucionalidad y el orden democrático.
Una de las «metidas de patas» del presidente Abinader fue la promulgación de la Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes cuando las mismas son el resultado de la facultad interpretativa del TC a través del mandato otorgado a este órgano extra poder por el constituyente mediante los artículos 184 y 185 de la Constitución de la Republica y el 47 de la Ley 137-11.
Ahora, si bien la promulgación de la ilegal ley por violar o desacatar una jurisprudencia del alto tribunal proyecta una mala imagen del presidente Abinader, pero peor ocurre con quien ostenta la dirección de la Consultoría del Poder Ejecutivo, cuyo titular al momento de las acciones antijurídicas es nada más y nada menos que el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa.
La nulidad más reciente de un decreto de Abinader, que atenta en contra de la jerarquía jurídica, tiene que ver con la violación de la Constitución mediante la vulneración de derechos fundamentales, usurpación de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional.
El TC ha recurrido a la facultad que tiene de anular decretos como el relacionado a la creación de escalas de rangos, pensiones o reglamentos orgánicos cuando el presidente excede su potestad y vulnera la Constitución de la República.
Muy recientemente el alto tribunal emitió la sentencia TC/0287/26 que anuló el decreto 178-25 del pasado 02 de abril del 2025 expedido por el presidente Luis Abinader, el cual tenía el propósito de implementar una escala de rangos entre alistados y suboficiales de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana desde raso hasta sargento mayor de comando abarcando a los suboficiales dentro sus tres categorías de subtenientes, respectivamente.
Como se ve, el presidente de la República ha buscado modificar el otorgamiento de rangos mediante un decreto cuando las Fuerzas Armadas se rigen por una ley orgánica, que jerárquicamente es superior a la facultad que tiene en esta materia el jefe del Poder Ejecutivo.
Abinader con el referido decreto se llevó de paro la Ley 139-13, orgánica de las Fuerzas Armadas, que es la que otorga la autoridad para hacer los ascensos de rangos que el presidente ha tratado de disponer de forma ilegal, lo cual conllevó la nulidad de la referida norma.
Este escenario se repite regularmente, cuyo proceder del mandatario no sólo revela una mala asesoría legal, sino también un nivel de ignorancia que crea preocupación en la ciudadanía, ya que se pone en peligro la seguridad jurídica, la institucionalidad y la democracia nacional.
Los casos de este tipo son numerosos y los mismos ponen en tela de juicio la capacidad de un presidente que no tiene claros estos detalles, lo que constituye un atentado al régimen legal de la nación, ya que ello también implica incumplir, sobre todo cuando hay violación de derechos fundamentales, con las normas ya no sólo del derecho interno, sino también del externo.