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La reforma de la Policía Nacional no se puede abordar al margen del déficit institucional que afecta a la sociedad dominicana.
Por Elba García
El presidente Luis Abinader retomó este domingo la anunciada reforma de la Policía Nacional, la cual se relanzó con la destitución de quien fuera el director de la uniformada hasta el momento del inicio del proyecto, Eduard Sánchez, sustituido por Eduardo Alberto Then, que toma las riendas del cuerpo del orden a partir de este lunes.
La Policía Nacional es uno de los órganos más corrompidos del Estado, donde se produce de todo, desde un manejo inadecuado del problema de las drogas hasta otros ilícitos de los tantos que se originan diariamente en la sociedad dominicana.
Nadie duda que estas medidas iniciales repercuten positivamente en la disminución de un problema muy grave como el de la violencia aplicada por los agentes en contra del ciudadano, y los controles señalados son definitivamente muy importantes, como también lo es la aplicación del reglamento que manda la Ley orgánica de la Policía Nacional, la 590-16 del 15 de julio del año 2016.
De igual modo, tiene una gran trascendencia la colaboración en esta materia de las policías de España, Colombia y Nueva York, que incluye tener un perfil de cada uniformado a cargo de una empresa internacional con una experiencia probada al respecto y la instalación de cámaras corporales y en los vehículos de la institución del orden con sonido, velocidad y otras mediciones, así como el hecho de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) tenga la misión de formar a los agentes.
Pero a pesar del gran valor de la voluntad política del presidente y de las medidas anunciadas frente a la necesaria reforma policial, la misma debía implicar para poder adecentarla disponer de una acción tan radical como su eliminación temporal y la creación de una nueva a partir del surgimiento de una academia que se encargue primero de la formación de sus miembros y concomitantemente de mecanismos de control de la conducta de los agentes, como los anunciados por el mandatario.
La experiencia dejada por la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), la cual se concibió con una formación diferente sobre sus funciones, sueldo, uniforme y hasta una comida diferente que sus pares, aunque al final fue desnaturalizada, constituyó de cualquier modo un referente importante para la reforma que busca producir el presidente Abinader, porque se observa que la transformación de este órgano se quiere implementar principalmente como resultado de una serie de hechos de violencia originados por miembros de la institución del orden público.
Sin embargo, en lo que respecta a esta reforma hay que decir que el problema de la Policía Nacional no estriba sólo en la conducta violenta y poco razonable de los agentes, sino también en una serie de irregularidades que no se ven a simple vista y cuyos protagonistas no son sólo las patrullas que circulan por las calles del país, sino altos oficiales que promueven y toleran desde sus despachos muchas de las distorsiones que dañan esa institución.
Se podría afirmar que los niveles de corrompimiento de la Policía Nacional no se solucionan sólo con la mejoría de los sueldos de sus miembros y con una mayor fiscalización de su conducta, porque ahí hay una gran mayoría que se le puede pagar un millón de pesos mensuales y no van a cambiar su proceder y sus vínculos con el crimen organizado y con otros ilícitos.
Por esta razón este periódico llegó a plantear una solución radical y es que la reforma de la Policía Nacional debió comenzar por tumbar el edificio que la aloja para no dejar rastros de la cultura de la corrupción que arropa a esa institución y además cambiarle hasta el color del uniforme, pese a que es un asunto de forma, pero con un profundo valor simbólico.
En el seno de la Policía Nacional hay unos problemas muy graves, los cuales se conocen cuando cualquier ciudadano tiene algún problema legal o se ve en la necesidad, por ejemplo, de ejecutar un embargo mobiliario, por decir algo, cuyos pagos tanto a los miembros de esta institución como del Ministerio Público es el principal obstáculo que se produce para cumplir con la ley del otorgamiento de la fuerza pública.
Pero, además, se agregan la ejecución de embargos ilegales en componenda con los fiscales, la venta de drogas incautadas y de armas, así como la renta de agentes policiales a empresarios privados y cuya paga la recibe un oficial superior que trabaja en conexión con las altas instancias de la institución y por el último el cobro de dinero a prostíbulos para no vigilar su irregular operación.
Estos son sólo pequeños detalles de la corrupción general prevaleciente en la Policía Nacional y que se convierten en un problema gigantesco y que lo propio ocurre en el Ministerio Público, pese a que en este último órgano ha habido el interés de cambiar la conducta reprochable de estos funcionarios, pero que todavía se puede ver a fiscales comprometidos con una mala práctica como voceros y fichas importantes en el desmantelamiento de redes tan peligrosas como la de la Operación Falcón, lo cual no es lo deseable porque se trata de delincuentes que persiguen a sus iguales desde una función estatal, lo que fortalece la doble moral y la impunidad que tanto daño hace a la sociedad.
Pero el asunto tiene una mucho mayor dimensión, como por ejemplo, cobrar peajes a los puntos de drogas, cuyo dinero no va precisamente a las instancias más baja de la jerarquía de la institución del orden público y necesariamente no son hechos para medir el problema de la inseguridad ciudadana y la violencia aplicada por los agentes
Además, en el país es de manejo público el dinero que cobra la Policía Nacional a personajes del bajo mundo para darles protección y de oficiales que cuentan con bandas de ladrones que se apropian de lo ajeno hasta con violencia en sociedad con ellos, lo que quiere decir que la descomposición en esta institución no es tan simple, sino muy compleja.
La cuestión es que para producir una reforma profunda en la Policía Nacional tiene que estar acompañada de medidas sustanciales en todo los órganos y entes públicos, porque el problema de la descomposición moral y ética es general en el Estado y en la sociedad y el ejemplo de otros actores del sector público marca la conducta de instituciones como el cuerpo del orden.
El proceder de los diputados, senadores, ministros y otros actores de la vida pública nacional e incluso del propio presidente de la República, su jefe supremo, sirve de ejemplo a la Policía Nacional y en consecuencia las posibilidades de que se distorsione nuevamente es innegable, lo que justifica y recomienda la reforma integral del Estado, porque no se puede aspirar a tener policías cumplidores de la ley y con una actuación ética, mientras los demás actores con funciones oficiales caminan apartados de este comportamiento, pero que además unos contaminan a los otros.
Este fenómeno explica con suficiente claridad que transformar la Policía Nacional sin que ocurra lo mismo en los demás órganos y entes del Estado, es como buscar lo imposible, pero los esfuerzos del presidente no dejan de tener un gran valor simbólico e indica un camino correcto para combatir el problema, aunque no el ideal en una sociedad con tantas falencias institucionales.
No suena mal crear una academia acorde con los planes buscados y tras la desarticulación temporal de la Policía Nacional por lo menos por dos años y responsabilizar de la función de este órgano a la parte más sana del Ejército, la que nunca deber ser la que está destacada en la frontera por su nivel de corrompimiento, y que al cabo de la construcción de un nuevo agente, con una visión y una formación cabal sobre su función civil, entonces retornarla a su labor habitual, pero sin antes hacer las reformas necesarias a nivel de todo el andamiaje estatal para evitar que los cambios generados sean circunstanciales y temporales
De otro modo, la cacareada reforma policial no parece que pueda dejar los resultados esperados y que los mismos puedan perdurar a largo plazo, porque la fiebre no está en la sabana, sino en el enfermo, pero el hecho de que éste se arrope con una cobija más limpia siempre ayuda a su higienización, pero no a su total sanación.
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El camino tortuoso de crear una micro, pequena o mediana empresa en R.D. y cuyo principal desafio es el de sobrevivir.
Por Elba García
En República Dominicana, abrir un pequeño negocio puede comenzar con una idea, unos cuantos ahorros y el deseo de progresar.
Mantenerlo abierto, sin embargo, es otra historia.
Detrás de cada colmado, salón de belleza, taller, cafetería, pequeña tienda, empresa de servicios, fábrica artesanal o negocio familiar existe una estructura que genera empleo, mueve dinero en los barrios y sostiene a miles de familias.
Son las micro, pequeñas y medianas empresas.
Y aunque constituyen una de las principales columnas de la economía dominicana, para muchas de ellas sobrevivir significa enfrentar todos los días una carrera contra los costos, la falta de liquidez y las dificultades para financiarse.
EL PESO DE LAS MIPYMES
Su importancia no es marginal.
La Encuesta Nacional de MIPYMES 2022-2023 contabilizó unas 404 mil unidades empresariales, generadoras de alrededor de 3 millones 52 mil empleos. El MICM señala que el sector representa aproximadamente el 61.6% del empleo total y alrededor del 32% del Producto Interno Bruto.
Por su parte, los registros tributarios muestran la magnitud de su presencia dentro del empresariado formal.
La Dirección General de Impuestos Internos registró 275,950 MIPYMES en 2024, equivalentes al 98.5% de las empresas registradas consideradas en ese boletín.
De ese total, 232,459 eran microempresas, 35,327 pequeñas y 8,164 medianas.
Esto significa que cuando una pequeña empresa atraviesa dificultades, no estamos hablando simplemente del problema particular de un comerciante.
Estamos hablando de empleo, consumo, producción, impuestos y sustento familiar.
¿CUÁNTAS LOGRAN SOBREVIVIR?
Aquí aparece una de las cifras más reveladoras.
La Oficina Nacional de Estadística establece que durante 2025 sobrevivieron 109,192 empresas formales, equivalentes al 87.4% del stock de empresas activas de ese año.
La tasa general de supervivencia fue de 91.4%.
Pero cuando se observa el tamaño de las empresas, aparece una diferencia significativa.
Por cada cien microempresas activas en 2024, aproximadamente 90 continuaron funcionando en 2025.
La tasa de supervivencia de las microempresas fue de 90.2%.
En las pequeñas empresas alcanzó 96%.
Y en las medianas llegó hasta 98%.
Es decir, mientras más pequeño es el negocio, mayor parece ser su vulnerabilidad.
Y esa diferencia importa.
Porque una microempresa dispone generalmente de menos capital de respaldo, menos capacidad para absorber pérdidas y menores posibilidades de resistir varios meses de reducción en sus ventas.
EL COSTO DE MANTENER LAS PUERTAS ABIERTAS
El empresario pequeño no solo necesita vender.
Tiene que pagar alquiler.
Electricidad.
Nómina.
Seguridad Social.
Transporte.
Combustibles.
Impuestos.
Servicios tecnológicos.
Inventarios.
Materias primas.
Mantenimiento.
Y muchas veces tiene que reponer mercancías a precios superiores antes de haber recuperado completamente el dinero invertido en las anteriores.
Cuando esos costos aumentan, una empresa grande puede contar con reservas, negociar mejores precios con proveedores o acudir al financiamiento.
Una microempresa tiene mucho menos espacio para maniobrar.
Los datos internacionales más recientes también retratan parte del problema empresarial dominicano.
La Encuesta Empresarial 2025 del Banco Mundial identificó entre los obstáculos mencionados por las empresas las tasas impositivas, la competencia del sector informal, la electricidad, la disponibilidad de trabajadores adecuadamente preparados y el acceso al financiamiento.
La propia base del estudio muestra empresas que calificaron el acceso al crédito como un obstáculo moderado, importante o muy severo. La encuesta advierte, sin embargo, que los conteos de esa base no deben interpretarse directamente como porcentajes representativos de todas las empresas dominicanas.
EL CRÉDITO: NECESARIO, PERO CARO
El financiamiento constituye otro punto crítico.
Según el Monitor de Industria del MICM, durante el último cuatrimestre de 2024 la tasa de interés promedio aplicada a las MIPYMES fue de aproximadamente 17.2%.
Pero las microempresas pagaban más.
La tasa promedio para ellas alcanzaba 18.4%, frente a 16.9% para las pequeñas y 15.3% para las medianas.
Esto plantea una paradoja:
quien tiene menor capacidad económica puede terminar enfrentando un financiamiento proporcionalmente más costoso.
Y cuando un préstamo se utiliza no para ampliar una empresa, comprar maquinaria o innovar, sino para pagar nómina, alquiler, suplidores o deudas anteriores, el crédito deja de convertirse en una herramienta de crecimiento y puede transformarse en una extensión del problema de liquidez.
¿SIGNIFICA ESTO QUE NO EXISTEN PROGRAMAS DE CRÉDITO?
No.
Y esta precisión es importante.
El Estado dispone de mecanismos dirigidos al sector, aunque necesariamente se debe examinar el criterio del manejo de los mismos, porque generalmente hay favoritismos y se privilegia no al más necesitado, sino al que mayores conexiones políticas tiene.
PROMIPYME informó que durante 2025 desembolsó más de RD$8,169 millones, impactando a 36,981 micro, pequeños y medianos empresarios.
Para junio de 2026, la institución informó que su cartera había alcanzado alrededor de RD$11,846 millones y que los desembolsos acumulados entre 2024 y junio de 2026 superaban los RD$19,800 millones.
PROMIPYME también ha ofrecido créditos alrededor del 12% anual y ha incorporado mecanismos como “Tu Firma es Tu Garantía” y nuevos modelos de evaluación crediticia.
El problema, por tanto, no puede resumirse diciendo que no existe financiamiento, pero de cualquier modo se debe determinar cómo se indica más arriba cuál es el criterio de la colocación o otorgamiento de los mismos.
Pero a la luz de los informes oficiales sobre financiamiento, la pregunta correcta es otra:
¿es suficiente, accesible, oportuno y adecuado para las necesidades de cientos de miles de pequeñas unidades productivas?
EL PROBLEMA DEL TAMAÑO
La vulnerabilidad se concentra precisamente donde está la mayoría.
De las 275,950 MIPYMES registradas por la DGII para 2024, 84.2% eran microempresas.
Y dentro de ese grupo, cerca del 59.7% estaba clasificado como microempresa de subsistencia.
Esto ayuda a explicar el fenómeno.
No estamos hablando únicamente de pequeñas compañías con oficinas estructuradas y capital acumulado.
Estamos hablando también de negocios que dependen diariamente de lo que venden para volver a comprar, pagar sus compromisos y sostener a sus propietarios.
En esos casos, una caída en las ventas, una avería, una factura elevada, una enfermedad, la pérdida de mercancía o varias semanas con poca actividad pueden convertirse en una crisis empresarial.
FORMALIDAD VERSUS SUPERVIVENCIA
Aquí surge otra contradicción.
El país necesita que los pequeños negocios se formalicen.
Pero formalizarse también significa asumir responsabilidades tributarias, laborales y administrativas.
Si el empresario formal compite al mismo tiempo contra unidades económicas que operan fuera de esos costos, aparece una desigualdad competitiva.
Por eso, formalizar no debe consistir únicamente en registrar una empresa.
Debe significar también crear las condiciones para que esa empresa pueda permanecer formal, crecer y generar empleos.
¿QUÉ NECESITAN LAS MIPYMES?
El desafío dominicano parece exigir algo más amplio que simplemente prestar dinero.
Se requiere financiamiento competitivo.
Pero también educación financiera.
Asistencia técnica.
Digitalización.
Acceso a mercados.
Compras públicas.
Innovación.
Capacitación empresarial.
Mecanismos de garantías.
Y políticas que permitan que una empresa pase de sobrevivir a crecer.
Porque prestar dinero a un negocio sin analizar su capacidad para producir, vender y pagar puede resolver una urgencia, pero no necesariamente garantiza su sostenibilidad, lo que no parece garantizar el Estado en esta materia.
Las MIPYMES dominicanas representan una paradoja económica.
Son pequeñas individualmente…
pero gigantes cuando se observa su impacto colectivo.
Generan millones de empleos y constituyen prácticamente todo el tejido empresarial del país.
Sin embargo, son precisamente las unidades más pequeñas las que presentan la menor tasa de supervivencia.
En 2025, mientras las medianas empresas, según estadísticas oficiales, alcanzaron una supervivencia de 98%, las microempresas se situaron en 90.2%.
Detrás de esa diferencia hay historias empresariales que merecen ser estudiadas.
Porque el gran desafío económico no es solamente conseguir que cada año nazcan miles de negocios.
Es lograr que puedan llegar al segundo año.
Al quinto.
Al décimo.
Que puedan contratar trabajadores.
Invertir.
Crecer.
Y transformarse algún día de micro a pequeñas, de pequeñas a medianas y, por qué no, de medianas a grandes.
Porque cuando desaparece una pequeña empresa no siempre cierra solamente un establecimiento.
Muchas veces desaparece un empleo.
Una fuente de ingresos.
Una inversión familiar.
Y quizás el proyecto económico de toda una vida, cuyo desenlace también implica un problema humano.
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Los pesticidas en los alimentos son un riesgo invisible para la salud humana y un desafío para el Estado en R. D.
Es un problema que está presente todos los días sobre nuestras mesas con los productos agrícolas que consumimos como tomates, lechugas, ajíes, pepinos, plátanos, frutas, vegetales, entre otros.
Por Elba García
Estos productos son asociados con una alimentación saludable, pero detrás de cada uno de ellos existe una pregunta que pocas veces se hace el consumidor, como qué cantidad de pesticidas fue utilizada durante su producción y cuántas de esas sustancias podrían permanecer en el alimento que finalmente consumimos.
El uso de plaguicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas forma parte de la agricultura moderna, a los fines de combatir insectos, hongos, malezas y otras amenazas capaces de destruir plantaciones enteras.
Por tanto, el problema no está necesariamente en utilizar productos fitosanitarios autorizados, sino también en que el verdadero peligro aparece cuando se utilizan productos prohibidos en una sociedad sin controles eficientes y donde se aplican dosis superiores a las permitidas, se mezclan sustancias incorrectamente o no se respeta el periodo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
La Organización Mundial de la Salud advierte que los pesticidas pueden ser potencialmente tóxicos para los seres humanos y producir efectos agudos o crónicos dependiendo del producto, la dosis y la forma de exposición y ya en el país ha habido secuelas en este sentido.
El mayor riesgo comienza en el campo, donde los primeros expuestos son los propios trabajadores agrícolas, porque quien prepara el producto, quien llena una mochila de fumigación, quien aplica el químico, quien permanece dentro de la plantación y también las personas que viven cerca de áreas donde se realización las aplicaciones sufre una mayor exposición, especialmente cuando no utilizan correctamente guantes, mascarillas, ropa protectora y demás equipo de seguridad.
Según la OMS, entre sus posibles manifestaciones pueden encontrarse irritaciones de piel y ojos, mareos, náuseas, vómitos, dificultades respiratorias y alteraciones neurológicas, dependiendo de la sustancia involucrada y de la cantidad recibida, pero peor aún se corre el riesgo de padecer de enfermedades catastróficas como cáncer
La misma OMS señala que determinadas exposiciones elevadas o prolongadas a pesticidas pueden relacionarse, según la sustancia, con efectos además sobre el sistema nervioso, la reproducción y otros problemas de salud, las cuales en algún momento provocaron prácticamente una epidemia de cirrosis hepática en el país.
Sin embargo, no todos los pesticidas pueden colocarse bajo una misma categoría de riesgo, ya que cada sustancia posee características toxicológicas diferentes.
El problema abordado en este reportaje toma otra dimensión cuando los productos del campo llegan a la mesa del consumidor, lo que indica que el riesgo no termina necesariamente cuando concluye la fumigación.
Porque una parte de los productos utilizados puede permanecer como residuo en frutas, verduras, cereales y otros productos agrícolas, lo que motiva que haya los llamados límites máximos de residuos, conocidos como LMR.
Estos límites establecen cuánto residuo de una sustancia puede permanecer legalmente en determinado alimento, lo cual en la República Dominicana se dispone de una base oficial máxima de los mismos que contempla diferentes principios activos y los compara, entre otros parámetros, con estándares del CODEX Alimentarius, Estados Unidos y la Unión Europea.
La OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura evalúan periódicamente pesticidas y establecen parámetros científicos destinados a determinar niveles de exposición considerados aceptables para los consumidores.
En el informe conjunto correspondiente a 2025 fueron evaluados 38 pesticidas, incluyendo aspectos de toxicología y exposición alimentaria, lo cual permite establecer que la presencia de un residuo de pesticida en un alimento no significa automáticamente que ese producto es peligroso.
Realmente el riesgo depende de cuál sustancia está presente, y fundamentalmente, de su concentración y del nivel de exposición del consumidor, ya que el problema aparece cuando los residuos superan los límites de seguridad establecidos.
El principal desafío en esta materia ocurre cuando falla el control en muchos países agrícolas, porque no basta con establecer normas, dado que es necesario comprobar que realmente se cumplen.
Un sistema efectivo necesita vigilancia desde la importación y comercialización del pesticida hasta su utilización en la finca y además necesita de agricultores capacitados, y registros de los productos utilizados, lo cual no es tan fácil en el país por los bajos niveles de fiscalización y control del Estado.
De igual modo se imponen inspecciones, laboratorios, toma periódica de muestras, análisis de frutas y vegetales, control de los establecimientos que comercializan agroquímicos, a los fines de promover sanciones cuando se detecten prácticas que puedan poner en peligro la salud humana o el medio ambiente.
La propia Organización Mundial de la Salud sostiene que, debido a que los pesticidas son sustancias intrínsecamente tóxicas utilizadas deliberadamente en el ambiente, su producción, distribución y aplicación requieren regulación estricta, además del monitoreo periódico de residuos en alimentos y en el medio ambiente.
En República Dominicana no existe un marco de regulación y vigilancia de plaguicidas eficiente, pese a que en el 2024 el Ministerio de Agricultura dijo que actualizó disposiciones relacionadas con el registro de los mismos y reafirmó su responsabilidad de supervisar los productos que se formulan, comercializan, utilizan o aplican en territorio dominicano, procurando reducir los riesgos para la salud y el medio ambiente.
En la teoría, aunque no en la práctica, también existen programas oficiales para el monitoreo de residuos en frutas y vegetales nacionales e importados, pese a que el funcionario competente regularmente insiste en la existencia de control.
De cualquier modo, la interrogante al respecto debe versar sobre si son suficientes la vigilancia, la frecuencia de análisis, la capacidad de fiscalización y la educación de todos los productores para garantizar que cada producto agrícola que llega al consumidor cumpla con los niveles establecidos.
Pero si se profundizara la discusión sobre este particular, necesariamente habría que decir que, de acuerdo con un informe de monitoreo divulgado por el Ministerio de Agricultura fueron analizadas 1,188 muestras de frutas y vegetales, de las cuales el 97 por ciento se encuentra conforme con los parámetros técnicos utilizados, mientras que solo una proporción reducida presentó residuos que excedían los niveles establecidos.
De ser como lo plantea el órgano oficial y competente, entonces podría decirse por qué los controles son necesarios, porque cuando la mayoría de las muestras cumple, basta la existencia de productos fuera de los parámetros.
Hay otra realidad que preocupa y es cuando un producto sale del país hacia mercados internacionales, el mismo debe enfrentarse a controles establecidos por los compradores, como los Estados Unidos y la Unión Europea, quienes aplican limites específicos de residuos de pesticidas.
Otro informe que habría que determinar su efectividad es que el Ministerio de Agricultura dijo que reforzó en zonas fronterizas dominicanas medidas que incluían monitoreo de residuos de plaguicidas en productos destinados a exportación hacia Estados Unidos y Europa, lo cual plantea otra pregunta.
¿Debe existir el mismo nivel de vigilancia sobre los alimentos destinados al mercado dominicano que sobre aquellos destinados a la exportación?
La respuesta desde el punto de vista de la salud pública debería conducir a un principio fundamental:
el consumidor dominicano merece los mismos niveles de inocuidad y seguridad alimentaria.
También sería un error generar la percepción de que consumir frutas y vegetales representa automáticamente un peligro, aunque hay una gran diferencia de los productos destinados a la exportación y los que se comercializan en el mercado local.
Aunque la Organización Mundial de la Salud explica que la población general normalmente está expuesta a niveles mucho menores de pesticidas que los trabajadores que los manipulan directamente, el consumidor al final de la jornada resulta ser el más perjudicado por la existencia del elemento cuantitativo.
Además, la evaluación científica internacional busca precisamente establecer límites que permitan utilizar determinados productos agrícolas sin representar riesgos inaceptables para el consumidor.
El problema surge con el uso incorrecto.
Cuando se aplica más cantidad de la recomendada.
Cuando se fumiga demasiado cerca de la cosecha.
Cuando alguien utiliza sustancias no autorizadas.
Cuando los trabajadores manipulan productos sin protección.
Cuando se contaminan fuentes de agua.
O cuando los mecanismos de vigilancia no detectan a tiempo las irregularidades.
No obstante, también debe decirse que el consumidor también puede adoptar algunas medidas básicas, como la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de que se debe lavar adecuadamente frutas y vegetales, y, cuándo es apropiado para determinados alimentos, pelarlos.
Estas medidas pueden contribuir a disminuir ciertos residuos superficiales y otros contaminantes microbiológicos, pero algo debe quedar claro que la responsabilidad principal no puede recaer sobre quien compra los alimentos, porque debe entenderse que el consumidor no cuenta con un laboratorio en su casa, lo que imposibilita si una lechuga contiene determinado pesticida.
Es decir, que no puede determinar con mirar un tomate qué producto químico fue utilizado hace algunos días, pero esta inocuidad alimentaria depende fundamentalmente de controles anteriores a la comercialización.
El gran reto de la República Dominicana como un país con una importante actividad agrícola es que miles de familias viven de la producción de frutas, vegetales, arroz, plátanos, café, cacao, habichuelas y otros productos y que se hace necesario protegerla.
Pero también es necesario proteger a quienes trabajan la tierra y a quienes consumen sus productos, por lo que el problema debe trascender el debate del uso o no de pesticidas, sino qué productos se usan y en qué cantidades.
Además, ¿quién supervisa su aplicación?
¿y si se respetan los tiempos antes de cosechar?
¿con qué frecuencia se analizan los alimentos que llegan a nuestros mercados?
¿qué ocurre cuando un producto supera los límites permitidos?
¿se informa al consumidor?
Porque si bien es cierto que es de primer orden garantizar alimentos suficientes, también es fundamental que los mismos sean seguros, porque en una sociedad donde cada día millones de personas consumen productos provenientes directamente de la agricultura, controlar adecuadamente los pesticidas no debe ser considerado solamente un asunto del campo, sino que se trata de un asunto de salud pública.
Es una cuestión ambiental.
Es un asunto de seguridad alimentaria.
Y, sobre todo, es una responsabilidad que comienza en la finca…
pero termina en la mesa de cada familia dominicana.
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Peregunta obligada del momento ¿Qué pesa más en la sociedad dominicana: el miedo o la vergüenza?
Por Elba García
En la sociedad dominicana existen sentimientos que, aunque muchas veces permanecen ocultos, condicionan decisiones personales, familiares y hasta colectivas. Dos de ellos tienen una presencia particularmente fuerte: el miedo y la vergüenza.
Miedo a denunciar una injusticia. Miedo a perder el empleo. Miedo a enfrentar a quien tiene poder. Miedo a las consecuencias de hablar.
Pero también vergüenza: de reconocer dificultades económicas, de admitir que se sufre violencia, de pedir ayuda, de aceptar un fracaso o de revelar una realidad que no coincide con la imagen que se proyecta ante los demás.
De ahí surge una pregunta que merece una reflexión profunda: ¿qué pesa más en la sociedad dominicana, el miedo o la vergüenza?
El peso del “qué dirán”
Durante generaciones, en numerosos hogares dominicanos se ha repetido una expresión aparentemente sencilla, pero cargada de significado: “¿Qué va a decir la gente?”
La frase forma parte de una cultura en la que la valoración social puede llegar a influir considerablemente sobre las decisiones individuales. Cuando una persona comienza a organizar su vida pensando permanentemente en la opinión de los demás, la vergüenza deja de ser un sentimiento pasajero y puede convertirse en una forma de presión social.
De ahí que algunas personas aparenten una estabilidad económica que realmente no poseen, permanezcan en relaciones profundamente deterioradas para evitar comentarios o escondan conflictos familiares, adicciones, violencia, problemas financieros y otras situaciones que consideran vergonzosas.
En determinadas circunstancias, la apariencia termina ocupando un lugar más importante que la propia realidad.
No se trata únicamente de preservar la intimidad, algo legítimo y necesario, sino de analizar hasta qué punto el temor al juicio social impide reconocer problemas que requieren atención.
El miedo también impone silencio
Junto a la vergüenza aparece otra fuerza igualmente poderosa: el miedo.
Una persona puede conocer una irregularidad y decidir no denunciarla por temor a las consecuencias. Un trabajador puede considerar injusta una situación laboral y guardar silencio porque necesita conservar su empleo. Una víctima puede tardar meses o años en hablar porque teme represalias.
También puede ocurrir que un ciudadano prefiera no enfrentarse a una persona con poder político, económico o social porque entiende que hacerlo podría ocasionarle problemas.
En esos casos, el silencio no necesariamente significa indiferencia, conformidad o complicidad.
Muchas veces significa miedo.
Ese temor adquiere especial relevancia cuando comienza a limitar la participación ciudadana, la denuncia de abusos, la búsqueda de justicia o la capacidad de reclamar derechos.
Una sociedad en la que amplios sectores sienten que hablar puede tener consecuencias negativas corre el riesgo de normalizar situaciones que deberían ser cuestionadas.
Cuando miedo y vergüenza se encuentran
La situación se vuelve todavía más compleja cuando ambos sentimientos aparecen simultáneamente.
Una persona que sufre violencia puede sentir miedo de su agresor y, al mismo tiempo, vergüenza de contar lo que está viviendo.
Una familia con graves dificultades económicas puede temer perder su vivienda, pero también experimentar vergüenza de solicitar ayuda.
Una persona víctima de una estafa puede callar no solamente por temor a las consecuencias, sino porque le cuesta reconocer públicamente que fue engañada.
En esos escenarios, miedo y vergüenza dejan de competir.
Se convierten en aliados del silencio.
Ese silencio puede prolongar situaciones dolorosas, impedir la búsqueda de ayuda y mantener ocultos problemas que, con una intervención oportuna, podrían enfrentarse de otra manera.
¿Cuál pesa más?
No existe una respuesta única aplicable a toda la sociedad dominicana.
El miedo suele aparecer cuando una persona percibe que hablar, actuar o enfrentarse a determinada situación podría producirle consecuencias negativas.
La vergüenza, en cambio, guarda una relación más directa con la mirada ajena: con la posibilidad de ser juzgado, señalado, ridiculizado o rechazado.
Existe, sin embargo, una diferencia importante.
El miedo puede impedir que una persona actúe; la vergüenza puede impedir incluso que reconozca públicamente lo que le está ocurriendo.
Cuando una sociedad concede una importancia excesiva a las apariencias, al prestigio y al “qué dirán”, muchos problemas terminan escondidos detrás de una imagen de normalidad.
La dificultad no consiste en sentir miedo o vergüenza, porque ambos son sentimientos humanos. El verdadero problema aparece cuando comienzan a gobernar las decisiones de las personas.
Las redes sociales y la nueva cultura de la apariencia
Las redes sociales han añadido una dimensión distinta a este fenómeno.
Nunca como ahora había existido una exposición tan permanente de la vida privada. Fotografías de viajes, vehículos, celebraciones, relaciones aparentemente perfectas, éxitos profesionales y estilos de vida cuidadosamente seleccionados forman parte de una vitrina digital que millones de personas observan diariamente.
Sin embargo, una fotografía no siempre cuenta una historia completa.
Detrás de una sonrisa pueden existir conflictos familiares. Detrás de una imagen de prosperidad puede existir endeudamiento. Y detrás de una relación presentada como perfecta puede esconderse una realidad profundamente distinta.
Las redes sociales no son responsables por sí solas de esta conducta, pero pueden reforzar la presión por proyectar éxito, felicidad y estabilidad.
Y vuelve entonces aquella vieja pregunta que durante generaciones ha acompañado a muchas familias:
“¿Qué van a pensar de mí?”
La diferencia es que hoy esa mirada ya no proviene únicamente del vecino, del familiar o del círculo cercano. Puede provenir de cientos o miles de personas conectadas a una pantalla.
Romper la cultura del silencio
Una sociedad saludable no debería obligar a sus ciudadanos a escoger entre vivir con miedo o vivir pendientes de la vergüenza.
Resulta necesario construir espacios sociales, familiares e institucionales donde una persona pueda pedir ayuda sin sentirse inferior; denunciar sin ser estigmatizada; reconocer un fracaso sin considerarse derrotada; y expresar una situación difícil sin convertirse automáticamente en objeto de burla o condena.
Reconocer un problema no representa necesariamente una debilidad.
En muchas ocasiones constituye el primer paso para enfrentarlo.
También es importante comprender que quienes atraviesan situaciones difíciles necesitan acompañamiento, orientación y respuestas institucionales efectivas, no únicamente discursos que les pidan valentía.
Superar el miedo y la vergüenza no depende exclusivamente de decisiones individuales. También exige instituciones confiables, comunidades solidarias y una cultura menos inclinada a juzgar y más dispuesta a comprender.
Una reflexión necesaria
Quizás la pregunta no sea solamente qué pesa más en la sociedad dominicana: el miedo o la vergüenza.
Tal vez convenga formular otras preguntas.
¿Cuántas decisiones dejamos de tomar por miedo?
¿Cuántas verdades escondemos por vergüenza?
¿Cuántas personas permanecen en silencio porque consideran que hablar puede traerles problemas?
¿Y cuántas veces vivimos intentando satisfacer la mirada de los demás en lugar de enfrentar nuestra propia realidad?
El miedo nos advierte: “No lo hagas, porque algo puede ocurrir.”
La vergüenza nos recuerda: “No lo digas, porque van a hablar de ti.”
Entre ambos sentimientos puede instalarse el silencio.
Un silencio que, cuando se prolonga, puede impedir denunciar una injusticia, buscar ayuda, reconocer un problema, defender un derecho o comenzar nuevamente.
Por eso, posiblemente el verdadero desafío de la sociedad dominicana no sea determinar cuál de los dos sentimientos pesa más.
El desafío consiste en lograr que ninguno pese tanto como para impedirnos hablar, actuar y enfrentar la realidad.
Porque una sociedad también comienza a transformarse cuando sus ciudadanos dejan de preguntarse únicamente “¿qué dirán?” y comienzan a preguntarse con mayor frecuencia:
“¿Qué debemos hacer?”