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La reforma de la Policía Nacional no se puede abordar al margen del déficit institucional que afecta a la sociedad dominicana.
Por Elba García
El presidente Luis Abinader retomó este domingo la anunciada reforma de la Policía Nacional, la cual se relanzó con la destitución de quien fuera el director de la uniformada hasta el momento del inicio del proyecto, Eduard Sánchez, sustituido por Eduardo Alberto Then, que toma las riendas del cuerpo del orden a partir de este lunes.
La Policía Nacional es uno de los órganos más corrompidos del Estado, donde se produce de todo, desde un manejo inadecuado del problema de las drogas hasta otros ilícitos de los tantos que se originan diariamente en la sociedad dominicana.
Nadie duda que estas medidas iniciales repercuten positivamente en la disminución de un problema muy grave como el de la violencia aplicada por los agentes en contra del ciudadano, y los controles señalados son definitivamente muy importantes, como también lo es la aplicación del reglamento que manda la Ley orgánica de la Policía Nacional, la 590-16 del 15 de julio del año 2016.
De igual modo, tiene una gran trascendencia la colaboración en esta materia de las policías de España, Colombia y Nueva York, que incluye tener un perfil de cada uniformado a cargo de una empresa internacional con una experiencia probada al respecto y la instalación de cámaras corporales y en los vehículos de la institución del orden con sonido, velocidad y otras mediciones, así como el hecho de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) tenga la misión de formar a los agentes.
Pero a pesar del gran valor de la voluntad política del presidente y de las medidas anunciadas frente a la necesaria reforma policial, la misma debía implicar para poder adecentarla disponer de una acción tan radical como su eliminación temporal y la creación de una nueva a partir del surgimiento de una academia que se encargue primero de la formación de sus miembros y concomitantemente de mecanismos de control de la conducta de los agentes, como los anunciados por el mandatario.
La experiencia dejada por la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), la cual se concibió con una formación diferente sobre sus funciones, sueldo, uniforme y hasta una comida diferente que sus pares, aunque al final fue desnaturalizada, constituyó de cualquier modo un referente importante para la reforma que busca producir el presidente Abinader, porque se observa que la transformación de este órgano se quiere implementar principalmente como resultado de una serie de hechos de violencia originados por miembros de la institución del orden público.
Sin embargo, en lo que respecta a esta reforma hay que decir que el problema de la Policía Nacional no estriba sólo en la conducta violenta y poco razonable de los agentes, sino también en una serie de irregularidades que no se ven a simple vista y cuyos protagonistas no son sólo las patrullas que circulan por las calles del país, sino altos oficiales que promueven y toleran desde sus despachos muchas de las distorsiones que dañan esa institución.
Se podría afirmar que los niveles de corrompimiento de la Policía Nacional no se solucionan sólo con la mejoría de los sueldos de sus miembros y con una mayor fiscalización de su conducta, porque ahí hay una gran mayoría que se le puede pagar un millón de pesos mensuales y no van a cambiar su proceder y sus vínculos con el crimen organizado y con otros ilícitos.
Por esta razón este periódico llegó a plantear una solución radical y es que la reforma de la Policía Nacional debió comenzar por tumbar el edificio que la aloja para no dejar rastros de la cultura de la corrupción que arropa a esa institución y además cambiarle hasta el color del uniforme, pese a que es un asunto de forma, pero con un profundo valor simbólico.
En el seno de la Policía Nacional hay unos problemas muy graves, los cuales se conocen cuando cualquier ciudadano tiene algún problema legal o se ve en la necesidad, por ejemplo, de ejecutar un embargo mobiliario, por decir algo, cuyos pagos tanto a los miembros de esta institución como del Ministerio Público es el principal obstáculo que se produce para cumplir con la ley del otorgamiento de la fuerza pública.
Pero, además, se agregan la ejecución de embargos ilegales en componenda con los fiscales, la venta de drogas incautadas y de armas, así como la renta de agentes policiales a empresarios privados y cuya paga la recibe un oficial superior que trabaja en conexión con las altas instancias de la institución y por el último el cobro de dinero a prostíbulos para no vigilar su irregular operación.
Estos son sólo pequeños detalles de la corrupción general prevaleciente en la Policía Nacional y que se convierten en un problema gigantesco y que lo propio ocurre en el Ministerio Público, pese a que en este último órgano ha habido el interés de cambiar la conducta reprochable de estos funcionarios, pero que todavía se puede ver a fiscales comprometidos con una mala práctica como voceros y fichas importantes en el desmantelamiento de redes tan peligrosas como la de la Operación Falcón, lo cual no es lo deseable porque se trata de delincuentes que persiguen a sus iguales desde una función estatal, lo que fortalece la doble moral y la impunidad que tanto daño hace a la sociedad.
Pero el asunto tiene una mucho mayor dimensión, como por ejemplo, cobrar peajes a los puntos de drogas, cuyo dinero no va precisamente a las instancias más baja de la jerarquía de la institución del orden público y necesariamente no son hechos para medir el problema de la inseguridad ciudadana y la violencia aplicada por los agentes
Además, en el país es de manejo público el dinero que cobra la Policía Nacional a personajes del bajo mundo para darles protección y de oficiales que cuentan con bandas de ladrones que se apropian de lo ajeno hasta con violencia en sociedad con ellos, lo que quiere decir que la descomposición en esta institución no es tan simple, sino muy compleja.
La cuestión es que para producir una reforma profunda en la Policía Nacional tiene que estar acompañada de medidas sustanciales en todo los órganos y entes públicos, porque el problema de la descomposición moral y ética es general en el Estado y en la sociedad y el ejemplo de otros actores del sector público marca la conducta de instituciones como el cuerpo del orden.
El proceder de los diputados, senadores, ministros y otros actores de la vida pública nacional e incluso del propio presidente de la República, su jefe supremo, sirve de ejemplo a la Policía Nacional y en consecuencia las posibilidades de que se distorsione nuevamente es innegable, lo que justifica y recomienda la reforma integral del Estado, porque no se puede aspirar a tener policías cumplidores de la ley y con una actuación ética, mientras los demás actores con funciones oficiales caminan apartados de este comportamiento, pero que además unos contaminan a los otros.
Este fenómeno explica con suficiente claridad que transformar la Policía Nacional sin que ocurra lo mismo en los demás órganos y entes del Estado, es como buscar lo imposible, pero los esfuerzos del presidente no dejan de tener un gran valor simbólico e indica un camino correcto para combatir el problema, aunque no el ideal en una sociedad con tantas falencias institucionales.
No suena mal crear una academia acorde con los planes buscados y tras la desarticulación temporal de la Policía Nacional por lo menos por dos años y responsabilizar de la función de este órgano a la parte más sana del Ejército, la que nunca deber ser la que está destacada en la frontera por su nivel de corrompimiento, y que al cabo de la construcción de un nuevo agente, con una visión y una formación cabal sobre su función civil, entonces retornarla a su labor habitual, pero sin antes hacer las reformas necesarias a nivel de todo el andamiaje estatal para evitar que los cambios generados sean circunstanciales y temporales
De otro modo, la cacareada reforma policial no parece que pueda dejar los resultados esperados y que los mismos puedan perdurar a largo plazo, porque la fiebre no está en la sabana, sino en el enfermo, pero el hecho de que éste se arrope con una cobija más limpia siempre ayuda a su higienización, pero no a su total sanación.
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En medio de groseras manipulaciones llegan vistas públicas sobre candidaturas independientes.
Por Elba García
En medio de grandes equivocaciones y enfoques distorsionados sobre el neo-constitucionalismo, el cual se fundamenta en la interpretación de valores y de principios del derecho, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados convocó para el próximo lunes 9 de junio vistas públicas para que los diferentes sectores de la vida nacional expongan sus consideraciones sobre un descabellado proyecto de ley que busca regular la referida figura jurídica.
Las vistas públicas tendrán lugar en el salón Hugo Tolentino Dipp de la Cámara de Diputados, las cuales se celebran después de un debate totalmente manipulado por los partidos políticos y algunas organizaciones de la sociedad civil que les sirven de soporte.
El vocero del Frente Pro-Candidaturas Independientes y director de este diario, doctor José Cabral Salcedo, ha subrayado que no se entiende cómo instituciones como la Fundación e Institucionalidad y Justicia (FINJUS), a través de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños, y Participación Ciudadana (PC) sostienen que para implementar en el sistema electoral dominicana la referida figura jurídica hay que reformar la Constitución de la República, cuya posición, en opinión del FPCI, es una visión tradicional y equivocada de enfocar la sentencia del Tribunal Constitucional.
El especialista en derecho constitucional planteó que lo más grave del asunto es que estas organizaciones de la sociedad civil no explican de forma puntual por qué entienden que ante la decisión del TC debía producirse una reforma a la carta magna, porque parece una tesis que no tiene nada que ver con el constitucionalismo moderno.
El vocero del Frente Pro-Candidaturas Independientes (FPCI) expresó que ambas organizaciones de la sociedad civil, las cuales han hecho importantes aportes a la democracia nacional, deben ajustar sus planteamientos con el neo-constitucionalismo, el cual hoy está muy presente en el derecho comparado y en todos los sistemas jurídicos del planeta, lo cual de no hacerse representa un impedimento para que haya una lectura correcta de la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional.
De acuerdo con Cabral Salcedo el neo-constitucionalismo prioriza los valores y principios constitucionales sobre la lectura literal de las normas y reglas, dado que, en lugar de una visión estricta y legalista de la constitución, se busca una interpretación más amplia que considere los ideales y objetivos fundamentales.
El abogado constitucionalista recordó que el neo-constitucionalismo, que en el país se aplica desde la Constitución del 2010, no resiste el análisis que se hace a partir del concepto tradicionalista del derecho constitucional, ya que se centra en las reglas escritas más que en los principios como guías interpretativas.
Cabral Salcedo sostuvo que con el neo-constitucionalismo se produce una comprensión más amplia de la Constitución, a partir principalmente de los valores y principios fundamentales, lo cual explica el error de lo planteado por ambas organizaciones de la sociedad civil.
Expresó que la PC y FINJUS deben hacer una interpretación más flexible de la constitución, en lugar de una lectura literal de sus disposiciones, ya que el neo-constitucionalismo desplaza el enfoque tradicional que se centraba en la aplicación rigurosa de la ley para que sea una lectura más amplia y contextualizada en el constitucionalismo moderno.
En la sentencia del TC se ha hecho una interpretación del derecho, valor y principio de elegir y ser elegido, el cual tiene necesariamente que ser a partir del ciudadano o lo que es lo mismo de la persona física, la cual tiene personalidad jurídica desde que nace hasta que muere, lo que es encontrado en el espíritu de la Constitución y en una serie de sus articulados como el 2, el 22, el 2008 y el 272, que habla del referendo aprobatorio.
Tanto es así que el método que se aplica en el neo-constitucionalismo es el de la ponderación cuando hay un conflicto entre principios, que permite que el juez haga uso de la discrecionalidad para resolver casos complejos.
Observó que tanto Participación Ciudadana (PC) como la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) entienden que las normas y las reglas están por encima de los valores y los principios, lo que los coloca en una perspectiva equivocada si se ve desde el neo-constitucionalismo, ya que ambas entidades están ancladas en artículos como el 216 y otros que hacen referencia a los partidos políticos.
Reiteró que el actor principal en el neo-constitucionalismo es el ciudadano, que no es otro que la misma persona física que tiene personalidad jurídica desde que nace hasta que muere, pero que la democracia representativa, la cual en este modelo es algo del pasado en una serie de aspectos, de alguna manera estableció el mecanismo para la elección de los funcionarios públicos, como los legisladores y el presidente de la República, entre otros, cuya representación no implica abandonar y no respetar los derechos fundamentales que son inherentes al ser humano.
Advirtió que enarbolar el criterio de ambas organizaciones, que sin dudas han hecho grandes aportes a la democracia nacional, hace más daño que bien para la mejoría del sistema político nacional, el cual por su profunda descomposición pone en peligro todo el orden institucional del país.
El doctor José Cabral Salcedo llamó a PC y la FINJUS a revisar sus posiciones para que las ajusten a la corriente que prevalece en esta época en el derecho comparado, dado que por su carácter internacional impacta el derecho interno, a los fines de que no represente una negación de la corriente del neo-constitucionalismo, que es la bandera en la actualidad de los derechos fundamentales.
Explicó que el neo-constitucionalismo se focaliza en la justicia, la igualdad, la dignidad de la persona y los derechos como pilares fundamentales de la Constitución, la cual ocupa la supremacía que guía la interpretación de todas las demás normas legales.
Con el planteamiento de los que se oponen a las candidaturas independientes demuestran que no entienden que el espíritu de la sentencia del TC se fundamenta en cumplir con una serie de principios del derecho como son el de legalidad, finalidad, legitimidad y proporcionalidad, porque los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 restringen el derecho y principio de participación y en cuya decisión también el alto tribunal partió del contexto de razones políticas y sociales.
El Frente Pro-Candidaturas Independientes (FPCI) está conformado por una serie de profesionales e intelectuales, entre los que se encuentran el doctor José Cabral Salcedo, doctor Alberto Fiallo Billini, autor de la acción directa de inconstitucionalidad; doctor José Dunker Lamber, doctor Isaías Ramos, doctor Sixto Ureña, doctor Jensy Cid, doctora Ilianni Berrido García, licenciado Miguel Valoy, licenciado Rommel Santos, licenciada Elba García Hernández, ingeniero Guillermo Caram, licenciado Rafael Céspedes Morillo y el señor Edgar Paniagua Miguel.
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El nuevo papado de León X1V podría significar la llegada de grandes cambios con acciones dentro y fuera de la Iglesia Católica.
Por Elba García
La focalización en pequeñas cosas vistas al margen de las perspectivas de las inmensas agendas tradicionales del Vaticano, es posible la experimentación de un profundo cambio con resultados medibles en poco tiempo. Sin abandonar su misión evangelizadora e incluso fortaleciéndola con tareas pequeñas, pero contundentes, el papado de Robert Francis Prevost reúne las condiciones para desarrollar asuntos que impactarían de manera muy particular a determinados países y regiones.
Parece de un gran valor el hecho del puente emocional del nuevo papa, León X1V, con los Estados Unidos de América, donde nació y creció, y Latinoamérica, lugar donde ha desarrollado una buena parte de su sacerdocio e incluso por vínculos familiares que lo unen a la zona.
Independiente de la agenda ante los conflictos bélicos y humanos que se producen en lugares muy concretos del mundo, como el Medio Oriente y Ucrania, el papa León X1V tiene en sus manos un arma muy poderosa como es conocer de primera mano al católico latinoamericano a través de Perú y República Dominicana.
Entre las agendas pequeñas, pero de una extraordinaria trascendencia, está la crisis ético-moral de estos pueblos, donde los valores han sido sustituidos por anti valores, lo cual se convierte en una retranca para que avancen hacia un estadio de progreso, bonanza y dignidad humana.
Este propósito permitiría generar toda una corriente que, sin apartarse de la prédica del evangelio, que es una parte consustancial de la Iglesia Católica, desarrolle campañas amplias y consistentes con la creación de las herramientas necesarias para producir cambios importantes en contra de una conducta que destruye la esencia latinoamericanista.
Ese trabajo con asuntos que parecen pequeños, porque además difieren de los grandes temas que involucran los intereses de grandes potencias como los Estados Unidos de América, donde el nuevo papa tiene vínculos indisolubles.
Esta forma de manejar su papado dejaría resultados tangibles en países muy concretos, los cuales pueden ser logrables a través de un trabajo conjunto con una serie de Estados de Latinoaméricana, que tienen profundos problemas de eficacia e incluso hasta de tipo cultural para emprender una gran campaña para restablecer valores a partir de cada realidad particular.
Este estilo que se permite sugerir este periódico persigue que el nuevo papa tenga una focalización muy concreta y específica para generar soluciones tangibles en un tiempo relativamente corto y que el Vaticano de esa manera se convierta en un gran protagonista de grandes cambios a partir de cosas que parecen pequeñas.
En estas tareas el papa debe partir de la devoción cristiana sin importar la iglesia en que se congrega el creyente y de esa forma convertir este tipo de batalla, que se fundamentaría en cuestiones pequeñas, por ser muy particulares, de alguna nación especifica de la tierra.
Este plan ayudaría probablemente a detener el acentuado proceso de sustitución de valores humanos, cívicos y democráticos, lo cual se traduce en un daño irreparable a la vida en sociedad a partir de la solidaridad, la reciprocidad y la hermandad.
Esta sugerencia de este diario persigue detener lo que parece ser la peor tragedia que vive la razón humana, cuyas metas sólo están marcadas y definidas sobre la base del interés pecuniario, sin importar el aspecto humano de la vida.
El recién fallecido papa Francisco habló mucho sobre el poder decisivo del capitalismo en la vida de los pueblos, lo cual no es que sea del todo negativo, pero que lo avasallante de la corriente hace que todo se traduzca en la búsqueda de riquezas sin importar cualquier otra cosa.
Por lo que se ve, lo planteado en este trabajo periodístico escapa a la posibilidad de las iglesias locales, pero además porque la fuerza del papa trasciende cualquier otra influencia, incluso el hiperpresidencialismo que prevalece en las naciones pobres del tercer mundo.
Las pequeñas agendas, por llamarles de algún modo, no implica necesariamente que el papa no pueda también articular otras con los grandes problemas que confronta el mundo de hoy, como el medioambiental, el de las guerras y de tipos raciales, así como de pobreza.
Sin embargo, esta propuesta puede traer consigo que las cosas aparentemente pequeñas sean tan valiosas que se conviertan en tan grandes como las que más que hoy azotan a la raza humana.
Si por una cosa se caracteriza el gobierno que preside el republicano Donald Trump es por representar la más fuerte agresión en contra del constitucionalismo moderno, cuyas órdenes ejecutivas son emitidas sin ningún miramiento ni cuidado para no dañar el Estado de Derecho en los Estados Unidos y el resto del mundo.
Lo extraño de lo que ocurre en la nación más poderosa de la tierra es que Trump, como todo un emperador, se ha burlado de la tradición de los Estados Unidos, ya que el Parlamento y hasta la Corte Suprema parecen haberse plegado a sus irracionalidades, la cual durante el pasado año otorgó al mandatario «amplia inmunidad», cuya medida fue criticada por colocar al jefe de Estado por encima de todo el mundo con lo que socava el principio de igualdad en que se fundamenta el Estado de derecho.
Expertos en asuntos jurídicos sostienen que «Decir que un presidente no puede ser procesado por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones es categóricamente incorrecto», dice a Richard Painter, jurista de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, que trabajó para la administración de George W. Bush.
Añade este experto que: «Creo que existe una preocupación muy real sobre la señal que envía el resultado de estos casos: que Donald Trump está por encima de la ley y de los delitos por los que cualquier otro ciudadano de los Estados Unidos habría pagado un precio». Subraya, por su parte, Costas Panagopoulos, politólogo de la Universidad del Noreste. Estados Unidos, dice: «No rinde cuentas y no paga realmente un precio».
Advierte que «la democracia no puede sobrevivir de esta manera». Según él, la forma más probable de cambiar el nuevo statu quo es «mediante una enmienda a la Constitución de Estados Unidos o persuadiendo a la Corte Suprema para que cambie de opinión al respecto».
Consideran estos especialistas que hay otra consideración no escrita que puede actuar como freno a los excesos presidenciales: su legado.
«
Donald Trump es consciente (…) de que, si se recuerda por algo su primer mandato, será por cómo manejó la pandemia [de COVID-19], por el 6 de enero y por perder las elecciones de 2020″, dice el politólogo.
«Ninguna de esas cosas es muy positiva para Donald Trump. Es posible que quiera esforzarse al máximo para asegurarse de que se le recuerde en su segundo mandato por cosas que reflejen un aspecto más favorable», sostiene.
La pregunta que predomina en el campo internacional es con qué moral los Estados Unidos puede hablarles a los países que están bajo su influencia de respeto a la ley cuando las autoridades de la potencia del norte no creen en eso.
El problema más peligroso es que la democracia norteamericana ha pasado de buenas a primeras de un presidencialismo puro a un hiperpresidencialismo, donde el primer mandatario de la nación ha roto con el histórico «check and balance», conocido también como controles y equilibrios, que ha caracterizado a la nación del norte.
Ahora todo depende de las acciones de Trump sin tomar en cuenta las decisiones de los jueces en asuntos que están dentro de su competencia y lo peor de todo es que el asunto toma fuerza y que allí ya las cosas fuera de la ley se ven como normales.
Si el fenómeno Trump no impacta rápidamente de muy mala manera a las naciones que están bajo su control, ya sea por colonización política o económica, la razón podría estar en que ahora reina más el miedo a las sanciones en contra de los gobiernos, principalmente latinoamericanos, que la violación de derechos humanos y que se promueva la corrupción administrativa, pero no por otra causa.