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La reforma de la Policía Nacional no se puede abordar al margen del déficit institucional que afecta a la sociedad dominicana.
Por Elba García
El presidente Luis Abinader retomó este domingo la anunciada reforma de la Policía Nacional, la cual se relanzó con la destitución de quien fuera el director de la uniformada hasta el momento del inicio del proyecto, Eduard Sánchez, sustituido por Eduardo Alberto Then, que toma las riendas del cuerpo del orden a partir de este lunes.
La Policía Nacional es uno de los órganos más corrompidos del Estado, donde se produce de todo, desde un manejo inadecuado del problema de las drogas hasta otros ilícitos de los tantos que se originan diariamente en la sociedad dominicana.
Nadie duda que estas medidas iniciales repercuten positivamente en la disminución de un problema muy grave como el de la violencia aplicada por los agentes en contra del ciudadano, y los controles señalados son definitivamente muy importantes, como también lo es la aplicación del reglamento que manda la Ley orgánica de la Policía Nacional, la 590-16 del 15 de julio del año 2016.
De igual modo, tiene una gran trascendencia la colaboración en esta materia de las policías de España, Colombia y Nueva York, que incluye tener un perfil de cada uniformado a cargo de una empresa internacional con una experiencia probada al respecto y la instalación de cámaras corporales y en los vehículos de la institución del orden con sonido, velocidad y otras mediciones, así como el hecho de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) tenga la misión de formar a los agentes.
Pero a pesar del gran valor de la voluntad política del presidente y de las medidas anunciadas frente a la necesaria reforma policial, la misma debía implicar para poder adecentarla disponer de una acción tan radical como su eliminación temporal y la creación de una nueva a partir del surgimiento de una academia que se encargue primero de la formación de sus miembros y concomitantemente de mecanismos de control de la conducta de los agentes, como los anunciados por el mandatario.
La experiencia dejada por la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), la cual se concibió con una formación diferente sobre sus funciones, sueldo, uniforme y hasta una comida diferente que sus pares, aunque al final fue desnaturalizada, constituyó de cualquier modo un referente importante para la reforma que busca producir el presidente Abinader, porque se observa que la transformación de este órgano se quiere implementar principalmente como resultado de una serie de hechos de violencia originados por miembros de la institución del orden público.
Sin embargo, en lo que respecta a esta reforma hay que decir que el problema de la Policía Nacional no estriba sólo en la conducta violenta y poco razonable de los agentes, sino también en una serie de irregularidades que no se ven a simple vista y cuyos protagonistas no son sólo las patrullas que circulan por las calles del país, sino altos oficiales que promueven y toleran desde sus despachos muchas de las distorsiones que dañan esa institución.
Se podría afirmar que los niveles de corrompimiento de la Policía Nacional no se solucionan sólo con la mejoría de los sueldos de sus miembros y con una mayor fiscalización de su conducta, porque ahí hay una gran mayoría que se le puede pagar un millón de pesos mensuales y no van a cambiar su proceder y sus vínculos con el crimen organizado y con otros ilícitos.
Por esta razón este periódico llegó a plantear una solución radical y es que la reforma de la Policía Nacional debió comenzar por tumbar el edificio que la aloja para no dejar rastros de la cultura de la corrupción que arropa a esa institución y además cambiarle hasta el color del uniforme, pese a que es un asunto de forma, pero con un profundo valor simbólico.
En el seno de la Policía Nacional hay unos problemas muy graves, los cuales se conocen cuando cualquier ciudadano tiene algún problema legal o se ve en la necesidad, por ejemplo, de ejecutar un embargo mobiliario, por decir algo, cuyos pagos tanto a los miembros de esta institución como del Ministerio Público es el principal obstáculo que se produce para cumplir con la ley del otorgamiento de la fuerza pública.
Pero, además, se agregan la ejecución de embargos ilegales en componenda con los fiscales, la venta de drogas incautadas y de armas, así como la renta de agentes policiales a empresarios privados y cuya paga la recibe un oficial superior que trabaja en conexión con las altas instancias de la institución y por el último el cobro de dinero a prostíbulos para no vigilar su irregular operación.
Estos son sólo pequeños detalles de la corrupción general prevaleciente en la Policía Nacional y que se convierten en un problema gigantesco y que lo propio ocurre en el Ministerio Público, pese a que en este último órgano ha habido el interés de cambiar la conducta reprochable de estos funcionarios, pero que todavía se puede ver a fiscales comprometidos con una mala práctica como voceros y fichas importantes en el desmantelamiento de redes tan peligrosas como la de la Operación Falcón, lo cual no es lo deseable porque se trata de delincuentes que persiguen a sus iguales desde una función estatal, lo que fortalece la doble moral y la impunidad que tanto daño hace a la sociedad.
Pero el asunto tiene una mucho mayor dimensión, como por ejemplo, cobrar peajes a los puntos de drogas, cuyo dinero no va precisamente a las instancias más baja de la jerarquía de la institución del orden público y necesariamente no son hechos para medir el problema de la inseguridad ciudadana y la violencia aplicada por los agentes
Además, en el país es de manejo público el dinero que cobra la Policía Nacional a personajes del bajo mundo para darles protección y de oficiales que cuentan con bandas de ladrones que se apropian de lo ajeno hasta con violencia en sociedad con ellos, lo que quiere decir que la descomposición en esta institución no es tan simple, sino muy compleja.
La cuestión es que para producir una reforma profunda en la Policía Nacional tiene que estar acompañada de medidas sustanciales en todo los órganos y entes públicos, porque el problema de la descomposición moral y ética es general en el Estado y en la sociedad y el ejemplo de otros actores del sector público marca la conducta de instituciones como el cuerpo del orden.
El proceder de los diputados, senadores, ministros y otros actores de la vida pública nacional e incluso del propio presidente de la República, su jefe supremo, sirve de ejemplo a la Policía Nacional y en consecuencia las posibilidades de que se distorsione nuevamente es innegable, lo que justifica y recomienda la reforma integral del Estado, porque no se puede aspirar a tener policías cumplidores de la ley y con una actuación ética, mientras los demás actores con funciones oficiales caminan apartados de este comportamiento, pero que además unos contaminan a los otros.
Este fenómeno explica con suficiente claridad que transformar la Policía Nacional sin que ocurra lo mismo en los demás órganos y entes del Estado, es como buscar lo imposible, pero los esfuerzos del presidente no dejan de tener un gran valor simbólico e indica un camino correcto para combatir el problema, aunque no el ideal en una sociedad con tantas falencias institucionales.
No suena mal crear una academia acorde con los planes buscados y tras la desarticulación temporal de la Policía Nacional por lo menos por dos años y responsabilizar de la función de este órgano a la parte más sana del Ejército, la que nunca deber ser la que está destacada en la frontera por su nivel de corrompimiento, y que al cabo de la construcción de un nuevo agente, con una visión y una formación cabal sobre su función civil, entonces retornarla a su labor habitual, pero sin antes hacer las reformas necesarias a nivel de todo el andamiaje estatal para evitar que los cambios generados sean circunstanciales y temporales
De otro modo, la cacareada reforma policial no parece que pueda dejar los resultados esperados y que los mismos puedan perdurar a largo plazo, porque la fiebre no está en la sabana, sino en el enfermo, pero el hecho de que éste se arrope con una cobija más limpia siempre ayuda a su higienización, pero no a su total sanación.
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La izquierda ha sabido sumarse a la derecha, pero no de crear una oferta electoral propia.
Por Elba García
Son muy pocos los partidos de la izquierda dominicana que han prescindido de las alianzas permanentes, no circunstanciales, durante los procesos electorales con la derecha nacional y en consecuencia han sido como una especie de caja de resonancia de cuestiones tan preocupantes como el neoliberalismo.
No aparece que el cuadro vaya a ser diferente durante la próxima contienda electoral a celebrarse en el año 2024, ya que los partidos de la izquierda hasta el momento no han podido articular una propuesta potable que permita que se produzca una confrontación entre ambas corrientes.
Sin embargo, en el escenario electoral dominicano se ha abierto un nicho que podría garantizar por lo menos una participación electoral muy digna por parte de la izquierda dominicana, aunque habría que ver si esta corriente se pone en capacidad de satisfacer esa necesidad que tienen el pueblo dominicano.
En los actuales momentos se desarrollan esfuerzos para promover la unidad de los partidos de la izquierda, pero luce, como en ocasiones anteriores, que los resultados no serán los mejores por la apatía que se observa en algunas organizaciones, sobre todo las que han tenido mayor penetración en el seno de la población votante, lo cual no augura un buen porvenir al respecto.
El empeño en este asunto no se detiene, pero el tiempo es un enemigo fundamental entre los que persiguen este propósito, porque la búsqueda de la unidad se vuelve traumátizante por el espíritu divisionista de los que dirigen los partidos políticos del llamado progresismo.
Otro factor que tendría que ser muy bien manejado por los promotores de las ideas al respecto, es despejar el pesimismo y la duda que prevalece en amplios sectores nacionales, incluidos los más democráticos, de que la izquierda no logra vender vocación de poder para alcanzar la meta de llegar al control del Estado.
El problema de esta corriente política estriba en que la capacidad y metodología de trabajo no luce que sea la mejor, lo cual impide que conecte con los amplios sectores nacionales que están muy resentidos con los grupos económicos y los partidos políticos tradicionales que no cuentan con una agenda de mejorar la distribución de una forma más equitativa de las riquezas nacionales.
De igual modo, la herencia histórico-cultural del pueblo dominicano es otro escollo para superar el sentido de propiedad que se observa en prácticamente todos los dirigentes de los partidos políticos, quienes no ceden de un ápice de la mucha o poca fortaleza de la organización que controlan.
Presidente, Gabriel Boric
Es decir, que son numerosas las causas que obstaculizan el desarrollo de la idea de unidad que se promueve en el seno de la izquierda nacional, lo cual aleja la posibilidad de que en el país pueda surgir una propuesta con vocación de poder en esta corriente.
Es muy común y corriente que los partidos de la izquierda sirvan de bisagra a la derecha para mantener el control del Estado y de esa manera promover la acumulación originaria de las organizaciones de derecha y el aumento de las fortunas de los grupos económicos del país.
Empero, los ciudadanos dominicanos están a la espera de que en el país surja una nueva propuesta electoral que no sea más de lo mismo que promueva un cambio real en la sociedad dominicana a partir de una transformación desde las dos direcciones, la de arriba hacia abajo y lo contrario desde abajo hacia arriba.
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La República anuncia reportajes desde Estados Unidos y Europa para examinar aportes criollos a economía del país.
Por Rosa Hernández
La dirección del periódico La República reinicia sus trabajos periodísticos desde las comunidades dominicanas del exterior con reportajes sobre una serie de temas que revisten un gran interés nacional, los cuales estarán a cargo del experimentado periodista, abogado y escritor José Cabral.
De acuerdo a lo informado por el diario, los reportajes incluyen investigaciones periodísticas sobre los siguientes temas: Aportes de la comunidad dominicana al fisco de los Estados Unidos, los valores cívicos y democráticos que los dominicanos asimilan del Estado norteamericano, crecimiento cuantitativo y cualitativo de los estudiantes dominicanos en universidades como Columbia y Harvard, incluida entrevistas con profesores como el doctor Rafael Lantigua, vicedecano de la escuela de Medina de la primera de las altas casas de estudios; empoderamiento político de la comunidad dominicana radicada en el exterior, el cual incluye entrevistas con el congresista Adriano Espaillat y el comisionado del sistema de transporte de Nueva York, Ydanis Rodríguez.
Además, reportajes sobre la labor de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a favor de la libertad de prensa en el hemisferio a propósito de las violaciones en el país de la Ley 200-04 sobre libre acceso a la información pública como muy bien lo estableció el Departamento de Estado en un informe reciente al respecto, el cual incluye entrevistas con sus dirigentes; posibilidades de establecer un puente comunicacional y cultural de doble vía entre los dominicanos que residen en Estados Unidos y Europa que implica la extrapolación de una serie de valores que ayudarían a fortalecer los niveles de institucionalidad en la República Dominicana, el cual estará ilustrado con datos poblacionales.
También reportajes sobre el nivel de empoderamiento comercial y empresarial de los dominicanos que residen en los Estados Unidos, sobre todo en la línea de los supermercados; crecimiento del sector médico dominicano en estados como New York, New Jersey y ciudades como Boston y Providence; promoción del trabajo vocacional entre jóvenes dominicanos, hombres y mujeres, a través de entrenamientos en escuelas creadas con ese propósito para insertarlos en el mercado laboral de los Estados Unidos.
Otros temas a ser examinados están la compra y venta de viviendas entre los criollos, lo cual está asociado al sueño americano y acerca de la colaboración entre los gobiernos dominicano y estadounidense para combatir las diferentes vertientes del crimen transnacional, como el cibernético, el de drogas y el sexual a propósito de la aprobación en el país de la Ley de Extinción de Dominio y examinar cómo esta norma jurídica impacta al que vive fuera del país cuando actúa al margen del mandato de la nueva legislación.
La intensidad del trabajo periodístico de La República sobre los dominicanos del exterior disminuyó en los últimos años a consecuencia de la severidad de la pandemia del Covid-19, cuya enfermedad cobró muchas vidas, incluidas las de profesionales de la comunicación por el riesgo que implicó exponerse en escenarios que fueron muy golpeados por el virus.
Los reportajes anunciados son una vía para examinar la gran cantidad de dominicanos que han salido del país impulsados por la crisis económica generada por la pandemia y por razones socio-económicas, aumentando de forma exponencial el número de criollos que residen en la unión americana.
En los actuales momentos se habla de más de dos millones de dominicanos que viven en los Estados Unidos, los cuales son una especie de válvula de escape del país porque éstos aportan alrededor de un 18 por ciento del Producto Interno Bruto con el envío de remesas a sus familiares que residen en el territorio nacional.
Los dominicanos que viven fuera de su patria también contribuyen significativamente al aumento del turismo, que es en estos momentos el renglón más importante de la economía nacional y cuyo segundo también está asociado a ellos por tratarse de las remesas.
Otro aspecto a examinar en estos reportajes se refiere a la formación profesional de miles de dominicanos, muchos de ellos inmigrante de segunda, tercera y hasta de cuarta generación que de alguna manera tienen un vínculo con las tierras de sus antepasados o ascendientes.
Siempre se ha dicho que los que viven en el exterior son la mejor exportación que ha hecho la República Dominicana, ya que amén de las contribuciones anteriormente mencionadas, también constituyen un dominicano diferente por la asimilación obligatoria de valores cívicos y democráticos por vivir en el marco de Estados que tienen un alto nivel de institucionalidad, lo cual impacta positivamente al país.
El puente que existe entre los dominicanos del exterior y el país está determinado por los vínculos sanguíneos y por el impacto de ellos diariamente con sus familiares para la solución de sus principales necesidades económicas, ya que se estima que más del 40 por ciento de los hogares nacionales reciben remesas del que está radicado en los Estados Unidos y Europa, entre otros lugares del mundo.
El reinicio del trabajo periodístico reviste una gran importancia para visibilizar y proyectar el valor que tienen las comunidades en el exterior e incluso para aprovecharse como un mercado cautivo para los productos de fabricación nacional y que son mercadeados fuera de las fronteras nacionales.
Otro tema de un valor político y social es el empoderamiento de los dominicanos del exterior a través del voto, cuya cantidad de empadronados ya alcanza cerca de medio millón criollos, quienes tienen la oportunidad de incidir en la escogencia de las autoridades nacionales, incluidos los diputados y el presidente y vicepresidente de la República.
En la actualidad en el exterior se escogen siete diputados en las elecciones congresuales mediante las tres circunscripciones creadas para tal efecto y de las cuales la número uno corresponde a la zona triestatal, el Canadá y otros lugares de los Estados Unidos.
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Luis Abinader sufre un gran revés político al verse prácticamente obligado a sustituir al ministro de Educación.
Por Elba García
El Gobierno de Luis Abinader ha sido severamente impactado por la visión de hacer política de los dirigentes y cuadros del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes concentran sus esfuerzos en asuntos personales y grupales y con la particularidad de que se desconectan incluso de la propia base de esa organización.
Desde poco tiempo después de Roberto Fulcar llegar al Ministerio de Educación se iniciaron los riesgos de que el Gobierno cayera en los escándalos en los que ahora está envuelto a través de este importante funcionario.
No era difícil advertir de que Fulcar no sólo se alejaba de sus estrechos vínculos con el presidente, ya que buscó su propio camino que parece que era construir una seguridad económica que no ha tenido hasta ahora, pero que implicaban grandes amenazas para el proyecto político perremeísta.
Exactamente así ha ocurrido, porque al ahora exministro de Educación se le atribuía un distanciamiento de los que incluso estuvieron en su entorno más cercano, quien no respondía llamadas y concibió y aplicó una visión muy personal en el importante cargo.
La cuestión es que ha quedado demostrado que a los perredeistas no se les puede pedir una conducta diferente, porque parece que han sido formados para ese tipo de comportamiento, lo cual hace difícil, por decir no imposible, que esa visión de hacer política pueda cambiar.
El caso Fulcar se repite en una serie de instituciones públicas, cuyos titulares tienen la vocación de hacer lo mal hecho, pero es una inclinación que no es sólo propia de la gente del PRM, sino de todos los partidos que interectúan en el escenario nacional.
Este cuadro indica que la República Dominicana ha entrado en una grave crisis de credibilidad en el partidarismo nacional, con el agravante de que tampoco se vislumbra una propuesta que pueda llenar el nicho que se ha creado para el surgimiento de algo nuevo en esta materia.
Sin embargo, el proceso de descredito del PRM avanza a pesar de los esfuerzos del presidente por constituirse en una forma hasta cierto punto diferente de administrar la cosa pública, pero es importante destacar que Luis Abinader no puede ser “todologo” y mucho menos perfecto para corregir los tantos errores que se cometen en su entorno partidario.
Lo preocupante del fenómeno es que los perremeistas no escarmientan y parece que nadie los saca de ese conportamiento que raya en lo troglodita, lo cual no sólo aleja a sus aliados y amigos, sino también que la gente del pueblo comienza a cogerles tanto miedo que no será fácil mantener el poder y peor aun conquistarlo otra vez en un pèríodo de tiempo relativamente corto.
Lo ocurrido con Fulcar, quien llegó al Ministerio de Educación, y se manejaba como todo un príncipe con un personal supernumerario y con una diversidad de asistentes que tal vez ni el propio presidente los tiene, luce que hizo mucha mente con el alto presupuesto que maneja ese importante órgano del Estado, pero subestimó que independientemente de que él pensaba que ese cargo era de su propiedad, en el país existe una sociedad empoderada que no le permitiría los abusos y las sobrevaluaciones que allí se producían.
Las razones que han provocado la destitución de Roberto Fulcar no ameritaba que el presidente Abinader lo protegiera con su designación como Ministro sin Cartera, ya que la misma conlleva que el mandatario arrastre consigo parte de las irregularidades imputadas a su exjefe de campaña, dado que su nuevo cargo lo libera de ir a un tribunal ordinario en el caso hipotético de que se desarrolle una investigación al respecto como debe ser.
Definitivamente, en el caso Fulcar hay que reiterar que la poca transparencia en el manejo del patrimonio público por parte de los funcionarios de los diferentes partidos políticos es consustancial a una cultura que proviene de los tiempos de la colonia y que en consecuencia no es fácil de erradicar.
Si por mala conducta es, son pocos los perremeístas que se quedarían en la administración pública y entonces el presidente Abinader tendrá que inclinarse, como hizo ahora, por la designación de gente que proviene del negocio de la educación, como Angel Hernández, lo cual no parece ser lo más aconsejable para evitar conflictos de intereses.