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Más controles contra los haitianos ilegales

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El Ejército y Migración refuerzan operativos en la frontera y Noroeste para evitar entrada de ilegales.

Mao, Valverde, RD.-El Ejército aumentó la vigi­lancia en la zona fronteri­za y la Línea Noroeste para evitar que haitianos indocu­mentados entren al país y, en menos de dos meses, han sido apresados y devueltos hacia Haití al menos 11,637 ciudadanos de ese país, tras ser depurados.

El comandante de la Cuar­ta Brigada del Ejército de República Dominicana con asiento en Mao, coronel Germán Rosario Pérez, dijo que las operaciones han sido reforzadas en puntos estra­tégicos fronterizos, caminos, montes, carreteras y que se requisan construcciones y casas abandonadas que pue­den servir de refugio a hai­tianos ilegales.

Sostuvo que las operacio­nes se realizan con el auxi­lio de inspectores de Migra­ción.

Rosario Pérez declaró que trabajan sin desmayo las 24 horas para hacer cumplir las leyes migratorias.

El comandante militar in­dicó que los haitianos que tienen sus documentos en orden no son molestados y que los soldados permiten sin contratiempos su libre tránsito.

El alto oficial castrense re­conoció que, muchas veces, haitianos indocumentados se tornan violentos, pero que aun así respetan sus de­rechos, pero defendiendo a la vez la integridad física de los guardias.

Asimismo, aseguró que re­conocen que son seres hu­manos que por diferentes circunstancias ingresan al país de manera clandestina, pero que las autoridades mi­litares y migratorias tienen que cumplir la ley y que por eso no vacilan en perseguir­los, apresarlos y devolverlos a su país, cumpliendo con todo el protocolo legal y de respeto a sus derechos fun­damentales. Muchos de los inmigrantes apresados por el Ejército en las cuatro pro­vincias del Noroeste y repa­triados a su país por las au­toridades de Migración, advirtieron que buscarán la forma de regresar, porque los secuestros, la inseguri­dad, la crisis política, falta de alimentos, agua, electrici­dad, desempleo, tienen a los haitianos desesperados.

Annita Espinarys, una in­migrante haitiana detenida junto a otros de sus compa­triotas en una comunidad de Dajabón, proclamó que hace dos meses cruzó la frontera de manera irregu­lar.

Espinarys dijo que resi­de en City Soleil, de Puerto Príncipe, y que junto a otros haitianos decidieron hacer la travesía usando la ruta Cabo Haitiano, Juana Mén­dez, hasta cruzar la frontera de Dajabón.

Indicó que decidió emi­grar a República Domini­cana porque temía ser se­cuestrada, ya que una de las bandas secuestró a un tío suyo que tenía un pequeño negocio y que para liberarlo pagó un rescate de dos mil dólares y tuvo que entegar a los raptores una camioneta.

“Me dicen que emigró a República Dominicana, mi intención era viajar a San­tiago donde tengo familia­res, pero hay muchos che­queos y patrullajes militares y no logré hacerlo y en cam­bio me apresaron y me van a devolver, mala suerte”, la­mentó.

SITUACIÓN
Secuestros.

“Mire muchos secuestros, mucha delincuencia, hambre, desempleo, violencia a todas horas, falta de luz, agua, alimentos, escuelas cerradas, cualquiera huye”, apostilló Ouanise Pierre, una inmigrante ilegal que junto a otros esperaba ser devuelta a su país.

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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.

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Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.

Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».

El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.

Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.

También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.

El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.

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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio

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Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.

Al Ministerio Público señalar “serias incongruencias” en la solicitud de medida de coerción en contra de Hazim, Valerio refiere que la supuesta falta de justificación de bienes, específicamente una villa en Casa de Campo y un apartamento, se encuentran “debidamente documentados” y justificados con un préstamo.

Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.

A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.

En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.

De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.

Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.

Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.

Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.

Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.

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Siete años de prisión por narcotráfico a general retirado.

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Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.

La condena de 87 meses, que fue dictada por la jueza Beth Bloom, será cumplida en una penitenciaría de Florida, tras una petición de Durán Jerez y que fue eventualmente concedida.

En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.

¿Cómo operaban?

De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.

Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.

Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.

La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.

Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.

Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.

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