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Calidad de aprendizajes es la principal preocupación de dominicanos sobre educación
La calidad de los aprendizajes desplazó a la infraestructura escolar como la principal preocupación de los dominicanos sobre el sistema educativo, según los resultados de la Consulta Nacional sobre el Futuro de la Educación, un proceso convocado por el Gobierno cuyos consensos servirán de base para elaborar una nueva legislación con la que busca transformar el sector educativo en una política de Estado.
La iniciativa fue puesta en marcha después de que la propuesta del Poder Ejecutivo de reorganizar el sistema educativo mediante la integración de los ministerios de Educación (Minerd) y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) generara rechazo en distintos sectores.
Tras ese debate, el Gobierno optó por abrir un proceso de consulta nacional para construir una propuesta de reforma con la participación de actores de todo el sistema educativo. Los resultados mostraron un cambio de prioridades.
El bajo nivel de aprendizaje fue señalado como el principal desafío de la educación dominicana, con un 59 % de las respuestas, por encima de los problemas de disciplina y violencia en los centros educativos (44 %), la desactualización del currículo (40 %), la calidad de la enseñanza y la docencia (36 %) y otras dificultades relacionadas con el aprendizaje (35 %).
El informe refleja que el debate educativo dejó de concentrarse en ampliar la infraestructura para enfocarse en la calidad de los resultados. La preocupación ya no gira principalmente alrededor de construir más escuelas o ampliar la cobertura, sino de garantizar que los estudiantes aprendan más y que la inversión realizada durante los últimos años produzca un impacto tangible en las aulas.
El mandatario afirmó además que la reforma pretende mirar más allá del presente y construir un marco legal capaz de responder a las necesidades educativas de las próximas décadas.
Educación útil para la vida
La consulta también revela que la ciudadanía espera una educación con mayor utilidad para la vida y el empleo. Durante la presentación de los resultados, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, destacó que el 73 % de los participantes manifestó que desea tener la certeza de que lo que se enseña en las aulas permitirá a las personas desenvolverse durante toda la vida y acceder a empleos de calidad.
Ese objetivo está estrechamente ligado a otra de las prioridades identificadas en el proceso: fortalecer la formación docente. Aunque el 47 % de los participantes la reconoce como uno de los mayores avances alcanzados por el sistema educativo, el 39.9 % la señala también como la principal prioridad para profundizar la transformación, reflejando que los esfuerzos realizados todavía no son percibidos como suficientes para elevar la calidad de la enseñanza.
El respaldo a una transformación de mayor alcance también fue amplio. El 71.9 % de los participantes consideró que República Dominicana necesita una reforma profunda de su sistema educativo, un consenso que el Gobierno busca traducir en una legislación que trascienda los períodos presidenciales y garantice continuidad a las políticas públicas.
El desafío de la inteligencia artificial
Los participantes de la consulta también coincidieron en que la inteligencia artificial es el fenómeno que tendrá mayor impacto sobre la educación en los próximos años, al ser mencionada por el 28 % de los consultados.
Le siguieron las tecnologías emergentes y la digitalización (27 %), los conflictos sociales y la violencia (21 %), los cambios en la productividad y la economía (17 %), el cambio climático (16 %), la atención a estudiantes con necesidades específicas (15 %) y la migración (13 %).
Frente a ese panorama, el 56 % de los participantes consideró prioritario fortalecer las competencias digitales, la inteligencia artificial, la innovación, la investigación y las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). También planteó reforzar la formación en valores éticos y cívicos, ciudadanía e identidad (40 %), así como el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad para resolver problemas (38 %).
La actualización del currículo aparece como la principal respuesta a esos desafíos. De hecho, fue la propuesta que obtuvo mayor respaldo durante la consulta, con un apoyo del 61 % en los foros regionales y del 66 % en los espacios sectoriales, por encima de cualquier otra medida analizada.
Durante la presentación del informe, Abinader sostuvo que esa transformación implica cambiar la forma en que la escuela prepara a los estudiantes para el futuro.
«La escuela no puede seguir preparando a nuestros jóvenes para un mundo que ya no existe. Debe prepararlos para el mundo que viene. Y necesitamos una educación que enseñe a pensar, a crear, a resolver problemas, a trabajar en equipo y a seguir aprendiendo durante toda la vida», reflexionó el mandatario.
La ley y los ministerios
La necesidad de que la reforma trascienda los cambios de gobierno fue uno de los mensajes más reiterados durante el acto celebrado el miércoles en el Teatro Nacional.
El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, defendió que las transformaciones educativas requieren continuidad institucional y acuerdos nacionales que puedan mantenerse más allá de un período presidencial.
En la misma línea, el titular del Ministerio de Administración Pública, Sigmund Freund, insistió en que convertir los consensos en una ley ofrece mayores garantías de permanencia que un plan sujeto a la voluntad de cada administración.
Al referirse a la propuesta de reorganización del sistema educativo que motivó la consulta, el ministro de Educación Superior, Rafael Santos Badía, afirmó que el proceso permitió construir una visión integral de la educación como un conjunto articulado por cuatro subsistemas: inicial, preuniversitario, técnico superior y superior.
«Un nuevo modelo educativo con cuatro subsistemas es lo que ha salido en la consulta, que los dominicanos y dominicanas quieren que se tenga conciencia de que un sistema educativo es un todo integrado», detalló.
Agregó que la propuesta que finalmente se presente preservará la autonomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y aclaró que el propósito no es fusionar instituciones, sino fortalecer la articulación entre los distintos niveles del sistema educativo.
El informe servirá ahora como base para redactar el proyecto de ley con el que el Gobierno pretende redefinir el sistema educativo dominicano y que sustituirá las leyes de 139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; 66-97, Orgánica de Educación, y 116-80, que crea el Infotep.
Una vez concluida la redacción del proyecto, este deberá agotar el trámite correspondiente en el Poder Ejecutivo antes de ser remitido al Congreso Nacional, donde será debatido por los legisladores. El objetivo del Gobierno es que la reforma quede aprobada como una política de Estado y no dependa de la administración de turno.
16 sectores
La propuesta de reforma se sustenta en una consulta que reunió a representantes de 16 sectores de la sociedad, las 32 provincias y dominicanos residentes en el exterior. En total se realizaron 120 espacios de diálogo en 19 modalidades de participación.
Del total de participantes, el 62.3 % fueron mujeres y el 37.7 % hombres. A los encuentros asistieron familias, docentes, estudiantes, universidades, empresarios, organizaciones gremiales y sindicales, especialistas dominicanos residentes en el exterior y representantes del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, entre otros actores convocados para construir una visión compartida sobre el sistema educativo.
Santo Domingo.- Los contratos de concesion minera suscritos en el Estado dominicano y la Falcombridge Dominicana, S.A. (Falcondo) fueron cancelados por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), poniendo fin a una relación contractual de casi siete décadas sobre la concesión Quisqueya I, ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del TSA, presidida por el magistrado Antonio O. Sánchez Mejía e integrada por los jueces Úrsula J. Carrasco Márquez y Edward A. Abreu, mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, de fecha 12 de agosto de 2026.
El fallo alcanza los contratos suscritos el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969.
La acción fue interpuesta en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), en representación del Estado dominicano, tras identificarse incumplimientos relacionados con la explotación de los yacimientos, obligaciones económicas y laborales, así como con la presentación de informes técnicos exigidos por la legislación minera.
Entre los elementos valorados por el tribunal figura la paralización de las operaciones productivas de Quisqueya I desde el 17 de noviembre de 2023, conforme a una certificación de la Dirección General de Minería.
El TSA también tomó en cuenta que Falcondo no presentó los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.
La terminación de los contratos se produce en medio de una crisis marcada por el cese abrupto de las operaciones de Falcondo.
Tras la paralización de noviembre de 2023, la empresa entró en una etapa de cuidado y mantenimiento, sin ejecutar un plan de cierre ordenado, situación que derivó en la desvinculación de trabajadores y en incumplimientos de compromisos con empleados, contratistas y suplidores locales.
En 2024, más de 900 trabajadores fueron desvinculados y recibieron sus prestaciones laborales mediante la intervención del FONPER, en representación del Estado dominicano.
A estos se sumó un grupo de exempleados cuyos contratos fueron terminados en marzo de 2026 y que mantiene reclamaciones laborales pendientes que, según sus voceros, ascienden a unos RD$300 millones.
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Propietarios de Vidal Plast, acusados de explosión en San Cristóbal, son declarados no culpables
Santo Domingo, R.D.-No culpables fueron declarados los propietarios de la empresa Vidal Plast por el Segundo Tribunal Colegiado de San Cristóbal, quienes estaban acusados de la explosión en la provincia San Cristóbal que dejó un saldo de 38 fallecidos el 14 de agosto de 2023.
La jueza Wilma Altagracia Cuello descargó a los imputados, Edward Armando Vidal Garrido, su esposa, Maribel Sandoval Almánzar, y su hija, Mercedes Altagracia Vidal, quienes son propietarios de Vidal Plast.
Al salir de la audiencia, los familiares de las víctimas de la tragedia se mostraron a favor de la decisión de la magistrada, al considerar que la familia Vidal no era la responsable de los hechos que se le imputaban.
Ante esto, pidieron que se inicie una nueva investigación con el fin de dar con los “verdaderos responsables” de la explosión que dejó más de una decena de heridos.
En 2023, tras ser acusada por el Ministerio Público, la empresa Vidal Plast expresó su “gran sorpresa e indignación” por la responsabilidad que se le atribuye en un comunicado del Ministerio Público y resaltó que “somos una empresa familiar que, con apego a las leyes, desde 2003 se dedica a la compra y venta de materiales plásticos que reciclamos convirtiéndolos en materia prima”.
La explosión en San Cristóbal se registró alrededor de las 3:10 de la tarde del 14 de agosto de 2023. Los bomberos explicaron que se creó una deflagración de llamas que generaron ondas expansivas hacia los laterales y hacia el techo del comercio ubicado en la calle Padre Ayala, casi esquina J. Peynado, epicentro del evento.
El siniestro dejó un saldo de 38 las víctimas, 59 personas que sufrieron lesiones de leves a graves, más de 12 viviendas afectadas y al menos 70 negocios afectados.
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El destituido director de la PN sólo duró seis meses en la dirección de la Policía Nacional
Santo Domingo, R.D.-Andres Modesto Cruz Cruz, destituido director de la Policia Nacional, sólo duró seis meses en el cargo, quien además fue colocado en estado de retiro tras el cese de sus responsabilidades.
Su gestión termina marcada por dos hechos que han sacudido al país. Uno de ellos es el paro en el municipio de Navarrete, que inicialmente fue convocado por 48 horas, sin embargo, se extendió por 24 horas más ante la falta de respuestas a los reclamos planteados por los sectores.
La protesta se realizó con el fin de que las autoridades brinden soluciones a los problemas que, según los grupos populares, afectan a las comunidades de Navarrete. Entre las denuncias que los comunitarios realizan están la falta de agua potable, la terminación y reubicación del vertedero municipal y la mejora del servicio eléctrico.
Sin embargo, tras las 72 horas de protestas, los grupos populares decidieron levantar el paro y conceder un plazo de 15 días para esperar el desarrollo de las conversaciones con las autoridades. Concluida la espera, evaluaran las respuestas y determinaran las acciones que asumirán en caso de que sus demandas no sean atendidas.
Asimismo, un hecho que marcó el quinto mes de Modesto Cruz y, que dio inicio a debates sobre los protocolos policiales y el uso de la fuerza, fue la muerte de Darlin Mercado Reyes: un joven de 19 años, residente del sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, que falleció tras resultar herido de bala durante una actuación policial.
Posteriormente, Mercado se acercó al agente para indicarle que el vehículo era de su propiedad y, es en ese momento, cuando sin mediar palabras, le disparó en el tórax ocasionándole la muerte de manera instantánea.
Más tarde, los agentes observados en el video fueron suspendidos y, durante el conocimiento de la medida de coerción, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Moreta. El imputado fue llevado a una celda de máxima seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Modesto Cruz Cruz asumió el cargo el 17 de febrero del año en curso luego de haberse desempeñado como inspector general de la Policía. En el momento, había sustituido al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta quien, tras su salida, fue designado como asesor del presidente en materia policial.
Dentro de las funciones que desempeñó Modesto, previo a su labor como director, se encuentran la de director central de Asuntos Internos (DICAI), director regional Sur y subinspector general. Además, formó parte de posiciones en recursos humanos, protección y servicios especializados, seguridad preventiva y dependencias operativas.
Obtuvo reconocimientos como la medalla al mérito del servidor público, merito aéreo distintivo azul y la orden al mérito naval. De igual forma, recibió cartas de felicitaciones por su desempeño durante procesos electorales y operativos preventivos de alcance nacional.
Al asumir el cargo, Cruz se había comprometido a continuar el trabajo de Peralta en cuanto a la reducción de la tasa de criminalidad. Aseguró que en su gestión sus ejecutorias laborales no procurarían la acumulación paulatina de poder y posiciones jerárquicas.
Con la nueva designación queda derogado el artículo 1 del Decreto número 111-26, del 17 de febrero del 2026, mediante el cual había sido designado al ex director Andrés Modesto Cruz Cruz.