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Calidad de aprendizajes es la principal preocupación de dominicanos sobre educación
La calidad de los aprendizajes desplazó a la infraestructura escolar como la principal preocupación de los dominicanos sobre el sistema educativo, según los resultados de la Consulta Nacional sobre el Futuro de la Educación, un proceso convocado por el Gobierno cuyos consensos servirán de base para elaborar una nueva legislación con la que busca transformar el sector educativo en una política de Estado.
La iniciativa fue puesta en marcha después de que la propuesta del Poder Ejecutivo de reorganizar el sistema educativo mediante la integración de los ministerios de Educación (Minerd) y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) generara rechazo en distintos sectores.
Tras ese debate, el Gobierno optó por abrir un proceso de consulta nacional para construir una propuesta de reforma con la participación de actores de todo el sistema educativo. Los resultados mostraron un cambio de prioridades.
El bajo nivel de aprendizaje fue señalado como el principal desafío de la educación dominicana, con un 59 % de las respuestas, por encima de los problemas de disciplina y violencia en los centros educativos (44 %), la desactualización del currículo (40 %), la calidad de la enseñanza y la docencia (36 %) y otras dificultades relacionadas con el aprendizaje (35 %).
El informe refleja que el debate educativo dejó de concentrarse en ampliar la infraestructura para enfocarse en la calidad de los resultados. La preocupación ya no gira principalmente alrededor de construir más escuelas o ampliar la cobertura, sino de garantizar que los estudiantes aprendan más y que la inversión realizada durante los últimos años produzca un impacto tangible en las aulas.
El mandatario afirmó además que la reforma pretende mirar más allá del presente y construir un marco legal capaz de responder a las necesidades educativas de las próximas décadas.
Educación útil para la vida
La consulta también revela que la ciudadanía espera una educación con mayor utilidad para la vida y el empleo. Durante la presentación de los resultados, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, destacó que el 73 % de los participantes manifestó que desea tener la certeza de que lo que se enseña en las aulas permitirá a las personas desenvolverse durante toda la vida y acceder a empleos de calidad.
Ese objetivo está estrechamente ligado a otra de las prioridades identificadas en el proceso: fortalecer la formación docente. Aunque el 47 % de los participantes la reconoce como uno de los mayores avances alcanzados por el sistema educativo, el 39.9 % la señala también como la principal prioridad para profundizar la transformación, reflejando que los esfuerzos realizados todavía no son percibidos como suficientes para elevar la calidad de la enseñanza.
El respaldo a una transformación de mayor alcance también fue amplio. El 71.9 % de los participantes consideró que República Dominicana necesita una reforma profunda de su sistema educativo, un consenso que el Gobierno busca traducir en una legislación que trascienda los períodos presidenciales y garantice continuidad a las políticas públicas.
El desafío de la inteligencia artificial
Los participantes de la consulta también coincidieron en que la inteligencia artificial es el fenómeno que tendrá mayor impacto sobre la educación en los próximos años, al ser mencionada por el 28 % de los consultados.
Le siguieron las tecnologías emergentes y la digitalización (27 %), los conflictos sociales y la violencia (21 %), los cambios en la productividad y la economía (17 %), el cambio climático (16 %), la atención a estudiantes con necesidades específicas (15 %) y la migración (13 %).
Frente a ese panorama, el 56 % de los participantes consideró prioritario fortalecer las competencias digitales, la inteligencia artificial, la innovación, la investigación y las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). También planteó reforzar la formación en valores éticos y cívicos, ciudadanía e identidad (40 %), así como el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad para resolver problemas (38 %).
La actualización del currículo aparece como la principal respuesta a esos desafíos. De hecho, fue la propuesta que obtuvo mayor respaldo durante la consulta, con un apoyo del 61 % en los foros regionales y del 66 % en los espacios sectoriales, por encima de cualquier otra medida analizada.
Durante la presentación del informe, Abinader sostuvo que esa transformación implica cambiar la forma en que la escuela prepara a los estudiantes para el futuro.
«La escuela no puede seguir preparando a nuestros jóvenes para un mundo que ya no existe. Debe prepararlos para el mundo que viene. Y necesitamos una educación que enseñe a pensar, a crear, a resolver problemas, a trabajar en equipo y a seguir aprendiendo durante toda la vida», reflexionó el mandatario.
La ley y los ministerios
La necesidad de que la reforma trascienda los cambios de gobierno fue uno de los mensajes más reiterados durante el acto celebrado el miércoles en el Teatro Nacional.
El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, defendió que las transformaciones educativas requieren continuidad institucional y acuerdos nacionales que puedan mantenerse más allá de un período presidencial.
En la misma línea, el titular del Ministerio de Administración Pública, Sigmund Freund, insistió en que convertir los consensos en una ley ofrece mayores garantías de permanencia que un plan sujeto a la voluntad de cada administración.
Al referirse a la propuesta de reorganización del sistema educativo que motivó la consulta, el ministro de Educación Superior, Rafael Santos Badía, afirmó que el proceso permitió construir una visión integral de la educación como un conjunto articulado por cuatro subsistemas: inicial, preuniversitario, técnico superior y superior.
«Un nuevo modelo educativo con cuatro subsistemas es lo que ha salido en la consulta, que los dominicanos y dominicanas quieren que se tenga conciencia de que un sistema educativo es un todo integrado», detalló.
Agregó que la propuesta que finalmente se presente preservará la autonomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y aclaró que el propósito no es fusionar instituciones, sino fortalecer la articulación entre los distintos niveles del sistema educativo.
El informe servirá ahora como base para redactar el proyecto de ley con el que el Gobierno pretende redefinir el sistema educativo dominicano y que sustituirá las leyes de 139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; 66-97, Orgánica de Educación, y 116-80, que crea el Infotep.
Una vez concluida la redacción del proyecto, este deberá agotar el trámite correspondiente en el Poder Ejecutivo antes de ser remitido al Congreso Nacional, donde será debatido por los legisladores. El objetivo del Gobierno es que la reforma quede aprobada como una política de Estado y no dependa de la administración de turno.
16 sectores
La propuesta de reforma se sustenta en una consulta que reunió a representantes de 16 sectores de la sociedad, las 32 provincias y dominicanos residentes en el exterior. En total se realizaron 120 espacios de diálogo en 19 modalidades de participación.
Del total de participantes, el 62.3 % fueron mujeres y el 37.7 % hombres. A los encuentros asistieron familias, docentes, estudiantes, universidades, empresarios, organizaciones gremiales y sindicales, especialistas dominicanos residentes en el exterior y representantes del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, entre otros actores convocados para construir una visión compartida sobre el sistema educativo.
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Diez detenidos y más de 4.7 kilos de presuntas drogas ocupados en operativos en el Gran Santo Domingo
La DNCD, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron siete allanamientos en Pedro Brand y 56 intervenciones en Santo Domingo Norte, donde también incautaron equipos de comunicación, balanzas, dinero en efectivo y una cámara de vigilancia.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Diez personas fueron arrestadas durante una serie de intervenciones contra el presunto microtráfico de sustancias controladas desarrolladas en distintos sectores de Pedro Brand y Santo Domingo Norte, donde las autoridades ocuparon más de 4,700 gramos de materiales que se presume corresponden a cocaína, marihuana y crack.
Las acciones fueron ejecutadas por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público y con el respaldo de miembros de la Policía Nacional.
De acuerdo con el informe oficial, las operaciones permitieron incautar cientos de porciones de presuntas sustancias narcóticas, así como diversos objetos que habrían sido utilizados para facilitar su distribución y comercialización.
Siete allanamientos simultáneos en Pedro Brand
En el municipio de Pedro Brand, las autoridades realizaron siete allanamientos de manera simultánea, durante los cuales fueron detenidos Arbeiron Inoa Pérez y Jonathan Almonte Matías.
En estas intervenciones se ocuparon 375 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso de 1,521.5 gramos.
También fueron confiscados ocho envoltorios de un vegetal que se presume es marihuana, con un peso de 10.3 gramos, además de un cigarro elaborado con material de características similares.
Entre los objetos incautados figuran una balanza y dos radios de comunicación.
Los allanamientos se desarrollaron en los sectores Savica, Los Americanos, La Unión, La Fe, Los Lebrones, Los Barrancones y El Chucho, como parte de las acciones dirigidas a combatir la distribución de sustancias prohibidas en esa demarcación.
Ocho arrestados en Santo Domingo Norte
Las operaciones también se extendieron a Santo Domingo Norte, donde los equipos actuantes realizaron 56 intervenciones que concluyeron con ocho personas detenidas.
Entre los arrestados identificados por las autoridades figuran Carlos Miguel Ramos Pimentel; José Abraham Hernández, conocido como «Negro»; Fernando José Lorenzo; Alexander Lorenzo Minaya; Yeuri Javier Reyes Paredes; Randy Alexander Rosario y Juan Luis.
El informe divulgado por la DNCD no precisó la identidad completa de todos los detenidos.
Durante estas intervenciones fueron ocupadas 75 porciones de un polvo presumiblemente cocaína, con un peso de 2,682.1 gramos.
También se incautaron 94 porciones de presunta marihuana, equivalentes a 428 gramos, y 21 dosis de un material rocoso que se presume es crack, con un peso de 71.4 gramos.
Los operativos se concentraron en comunidades como Guaricano, Villa Mella, Sabana Perdida, La Victoria y Hacienda Estrella, entre otras localidades.
Incautan cámara presuntamente utilizada para vigilar a los agentes
Además de las sustancias ocupadas, los equipos antidrogas confiscaron 1,475 pesos en efectivo, dos balanzas, tres teléfonos celulares y una cámara de seguridad.
Según las autoridades, el dispositivo de vigilancia habría sido empleado para observar los desplazamientos de los agentes y advertir sobre posibles intervenciones policiales en las zonas donde se desarrollaban las presuntas actividades ilícitas.
La ocupación de estos equipos forma parte de las evidencias incorporadas a las investigaciones para determinar su posible vinculación con operaciones de distribución de drogas.
Evidencias remitidas al Ministerio Público y al Inacif
La DNCD informó que las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, institución responsable de continuar las investigaciones y determinar las actuaciones judiciales correspondientes.
Asimismo, las sustancias incautadas fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), bajo los procedimientos de cadena de custodia, para establecer mediante los análisis científicos su composición y características.
De acuerdo con los pesos preliminares divulgados, el material ocupado en ambas demarcaciones suma aproximadamente 4,713.3 gramos, sin incluir el peso no especificado del cigarro confiscado en Pedro Brand.
Las autoridades mantienen las acciones contra el tráfico y la distribución de sustancias controladas en distintos sectores del Gran Santo Domingo.
Los diez detenidos permanecerán sujetos a los procedimientos legales correspondientes, mientras los organismos competentes profundizan las investigaciones para establecer las posibles responsabilidades penales relacionadas con los materiales y objetos confiscados.
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Más de tres millones de dominicanos estarían pendientes de renovar su cédula mientras oficinas de la JCE registran escasa asistencia
Aunque alrededor de cuatro millones de ciudadanos han obtenido el nuevo documento de identidad, una parte importante de la población adulta continúa pendiente del proceso. Errores en los registros civiles y dificultades administrativas también afectan a algunos solicitantes.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – La renovación de la cédula de identidad y electoral continúa representando un importante desafío para la Junta Central Electoral (JCE), debido a que millones de dominicanos todavía no han actualizado su documento, pese a que varias oficinas habilitadas para ofrecer el servicio registran una reducida presencia de ciudadanos.
De acuerdo con las cifras divulgadas por el organismo electoral, aproximadamente cuatro millones de personas han completado el proceso de renovación desde el inicio de la jornada nacional.
Sin embargo, tomando como referencia las estimaciones de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que sitúan en unos 7.78 millones la población adulta residente en el territorio dominicano, se calcula que más de tres millones de ciudadanos podrían estar pendientes de obtener el nuevo documento.
Esta diferencia constituye una aproximación estadística y no una cifra oficial de personas pendientes de renovación, debido a que los datos poblacionales y los registros de cedulación no necesariamente corresponden al mismo universo.
Escasa presencia de ciudadanos en centros de cedulación
La baja asistencia a determinadas oficinas de la Junta Central Electoral ha llamado la atención, especialmente porque el proceso de renovación se encuentra en desarrollo y existe una fecha establecida para dejar de aceptar el formato anterior del documento.
Durante recorridos por distintas dependencias de la institución se observaron salas de espera prácticamente vacías, una situación que contrasta con la cantidad estimada de personas que todavía necesitan actualizar su identificación.
Según una fuente interna citada por Listín Diario, la disminución de usuarios llevó incluso a suspender la jornada laboral correspondiente al horario de madrugada en una de las dependencias.
La situación plantea interrogantes sobre las razones por las cuales una parte considerable de la ciudadanía aún no ha acudido a completar el trámite, pese a la disponibilidad de atención en los centros visitados.
Errores en actas de nacimiento dificultan el proceso
Además de la baja asistencia, algunos ciudadanos han denunciado inconvenientes relacionados con inconsistencias en los registros del estado civil, que han provocado retrasos en la emisión de sus documentos.
Uno de esos casos corresponde a la estudiante universitaria Ana Medina, quien relató que enfrentó dificultades cuando acudió a renovar su cédula.
Según su testimonio, el documento quedó retenido después de que funcionarios de la institución detectaran la existencia de dos actas de nacimiento diferentes correspondientes a su padre.
La joven aseguró que tuvo que acudir en varias ocasiones a la oficina correspondiente antes de recibir finalmente su identificación, aproximadamente un mes después de lo esperado.
Otro caso es el de Félix Cruz, un adulto mayor que manifestó tener dificultades para actualizar su documento debido a que, según explicó, sus datos de nacimiento no aparecen en los registros digitales ni en los libros físicos de la JCE.
Esta situación le impide completar el procedimiento hasta tanto se esclarezca su información registral.
Asimismo, Vanilda Arias denunció problemas relacionados con los datos de su madre, cuyo registro civil presenta presuntas inconsistencias respecto al matrimonio de sus progenitores y la composición de sus apellidos.
Arias afirmó que ha tenido que visitar varias veces las dependencias del organismo electoral para intentar corregir la situación.
Antiguas cédulas dejarán de aceptarse en abril de 2027
La renovación adquiere especial importancia ante el anuncio de que el formato anterior de la cédula dejará de ser aceptado a partir de abril de 2027.
Por esta razón, los ciudadanos que todavía utilizan el documento antiguo deberán completar el procedimiento dentro del plazo establecido por las autoridades.
La proximidad de esa fecha plantea el reto de evitar una acumulación masiva de solicitudes durante los últimos meses del proceso, situación que podría generar congestión en las oficinas y mayores dificultades para quienes necesitan resolver errores en sus registros civiles.
Limitaciones presupuestarias también preocupan
A las dificultades relacionadas con la participación ciudadana se suma la situación financiera del organismo electoral.
Según las informaciones divulgadas, la JCE ha manifestado limitaciones de recursos para adquirir los materiales necesarios que permitan continuar desarrollando el proceso de actualización de documentos.
Este escenario plantea otro desafío para las autoridades, debido a que la renovación requiere tanto la asistencia de los ciudadanos como la disponibilidad de recursos técnicos, materiales y administrativos.
La continuidad del servicio dependerá de que la institución cuente con los insumos necesarios para atender la demanda pendiente.
Un proceso que exige mayor orientación ciudadana
La situación evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de información y orientación para que la población conozca los requisitos, los procedimientos y los plazos establecidos para obtener la nueva cédula.
También pone de manifiesto la importancia de facilitar soluciones oportunas a quienes enfrentan inconvenientes derivados de errores en sus actas de nacimiento o inconsistencias en los registros oficiales.
Aunque las cifras divulgadas reflejan avances importantes en la sustitución del documento, todavía existe una cantidad considerable de personas que podría necesitar completar el procedimiento.
El principal desafío para la Junta Central Electoral será garantizar que todos los ciudadanos elegibles puedan obtener su nueva identificación antes de que venza la vigencia del formato anterior, evitando que problemas administrativos, registrales o presupuestarios se conviertan en obstáculos para el ejercicio de sus derechos.
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Arroceros advierten que medidas del Gobierno no garantizan supervivencia de la producción nacional
Dirigentes del sector agrícola reclaman una renegociación de las condiciones comerciales con Estados Unidos y alertan sobre las consecuencias que tendría la pérdida de competitividad para miles de productores y trabajadores dominicanos.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Los productores nacionales de arroz expresaron su preocupación por el futuro de esta actividad agrícola, luego de considerar insuficientes las ocho medidas anunciadas por el Gobierno dominicano para enfrentar los efectos de la apertura del mercado a las importaciones estadounidenses.
La posición fue manifestada tras una reunión celebrada con una comisión gubernamental encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, en la que las autoridades presentaron las iniciativas destinadas a responder a las dificultades del sector.
Pese a los anuncios oficiales, los representantes arroceros consideran que las disposiciones no corrigen las diferencias estructurales que existen entre la producción dominicana y la estadounidense, situación que, según advierten, amenaza la permanencia de miles de agricultores.
El presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz, Marcos Rodríguez, manifestó que el encuentro concluyó sin ofrecer las respuestas que esperaban los productores para garantizar la sostenibilidad de sus actividades.
Rodríguez sostuvo que la producción nacional enfrenta una situación de vulnerabilidad ante la competencia del arroz estadounidense y que las medidas gubernamentales no eliminan las desventajas que afectan a los agricultores locales.
Advierten sobre miles de empleos amenazados
El dirigente agrícola señaló que el sector está integrado por aproximadamente 30,000 productores y genera unos 300,000 empleos directos e indirectos, según sus estimaciones.
Afirmó que la apertura comercial podría afectar significativamente a estas familias, especialmente si el Gobierno no consigue establecer mecanismos que permitan competir en condiciones más equilibradas.
Rodríguez planteó que las autoridades deben considerar alternativas de renegociación comercial con Estados Unidos, debido a que las diferencias entre ambas estructuras productivas dificultan la competencia de los agricultores dominicanos.
A su entender, la continuidad de la producción nacional dependerá de decisiones que trasciendan las ayudas temporales y permitan enfrentar las condiciones del comercio internacional.
Factorías consideran insuficientes las medidas compensatorias
La Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (Adofa) también manifestó inquietud respecto al futuro del sector.
Su director, Heraldo Suero, reconoció que las propuestas gubernamentales pueden representar esfuerzos positivos, pero sostuvo que ninguna medida aislada resolverá las desigualdades existentes entre los sistemas productivos dominicano y estadounidense.
Suero defendió la necesidad de preservar la capacidad del país para producir uno de los alimentos fundamentales de la dieta nacional.
En ese sentido, expresó que el debate no puede limitarse a criterios de rentabilidad o competitividad empresarial, porque también involucra la soberanía alimentaria y la posibilidad de mantener el abastecimiento mediante producción propia.
El representante de las factorías consideró necesario explorar nuevos entendimientos bilaterales que permitan proteger los intereses de los agricultores dominicanos sin desconocer la realidad de los compromisos comerciales internacionales.
Apertura comercial genera incertidumbre
La inconformidad de los arroceros se produce en medio del debate sobre los efectos de la eliminación de las protecciones arancelarias previamente establecidas para las importaciones de arroz estadounidense.
Los productores temen que la entrada del cereal bajo condiciones de mayor apertura comercial reduzca su participación en el mercado y comprometa la rentabilidad de sus cosechas.
La preocupación adquiere especial importancia debido al peso que tiene esta actividad en numerosas comunidades rurales, donde la producción de arroz constituye una fuente fundamental de ingresos y empleos.
El conflicto también plantea interrogantes sobre la capacidad del país para mantener una producción agrícola competitiva frente a economías que cuentan con mayores recursos financieros, tecnológicos y productivos.
Gobierno enfrenta reclamo de soluciones estructurales
Aunque las autoridades presentaron ocho medidas para enfrentar las dificultades del sector, los productores consideran que todavía no existe una respuesta suficientemente sólida para garantizar su permanencia en el mercado.
Los dirigentes arroceros insisten en que las estrategias oficiales deben estar acompañadas de mecanismos comerciales que reduzcan las desventajas competitivas y permitan preservar la producción nacional.
El desacuerdo evidencia la complejidad de encontrar un equilibrio entre los compromisos asumidos en los acuerdos de libre comercio y la necesidad de proteger actividades económicas estratégicas.
La principal advertencia de los productores es que, de mantenerse las condiciones actuales sin soluciones estructurales, la República Dominicana podría experimentar un debilitamiento progresivo de su capacidad para producir arroz, con consecuencias para el empleo rural y la seguridad alimentaria.
Por el momento, las organizaciones del sector mantienen sus cuestionamientos a las medidas gubernamentales y reclaman respuestas que garanticen condiciones sostenibles para continuar cultivando el cereal en territorio dominicano.