Editorial
Una Nueva Ofensiva Neoliberal.
Hay una expresión muy popular que reza que el Gobierno con sus acciones ha dejado que se le vea el refajo, el cual se aplica en los actuales momentos por las pretensiones de desarrollar planes de privatización de las empresas públicas.
La primera ofensiva a este respecto se produjo durante uno de los gobiernos del doctor Leonel Fernández, la cual ha dejado traumas insuperables en el seno de la sociedad dominicana.
Estos planes de los políticos que están al servicio del sector privado es antes que nada vender la idea de que el Estado no está en capacidad de manejar idoneamente ninguna empresa, lo cual resulta un contrasentido.
Si el Estado tiene la capacidad para manejar la complejidad que implica la multiplicidad de intereses que convergen en la sociedad, entonces se supone que también la tiene para administrar eficientemente una empresa de su pertenencia.
La cuestión estriba en que el Estado carece en el país de la capacidad o del nivel de institucionalidad para manejar correctamente su patrimonio y lo mismo podría decirse incluso de su presupuesto, el cual sirve más a la corrupción que a la salud, a la educación y otros servicios fundamentales para la sociedad.
De igual modo, los que tienen el control del Estado son expertos en hacer componendas con el sector privado para que se les entregue todo el patrimonio público a cambio de nada.
Los ejemplos al respecto sobran, como son el Aeropuerto Internacional del Cibao, el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), entre otros, los cuales han sido entregados al sector privado a cambio de prácticamente nada, pese que una buena parte de los recursos económicos invertidos provienen del contribuyente, pero cuyos frutos van a los bolsillos del empresariado.
Esta visión del manejo de las riquezas públicas ha sido una razón más que suficiente para que se produzca una alianza público-privada para depredar la propiedad estatal mediante unas maniobras realmente indignantes.
Lo que ocurre en el actual Gobierno no ha sido menor del cuadro descripto con el soporte legal de la Ley 47-20 de alianzas público-privadas, la cual es un mecanismo en el marco del ordenamiento jurídico nacional para convertir el patrimonio público en privado en detrimento del pueblo dominicano.
Las pretensiones del Gobierno del PRM y de Luis Abinader no debe sorprender a nadie en virtud de que el presidente proviene del sector privado y en consecuencia se impone el criterio que hemos expresado anteriormente de que los intereses pesan más que las aparentes buenas intenciones.
Las privatizaciones que promueve el Gobierno no se detienen en la venta de las empresas generadoras de energía, sino también del agua potable e incluso de la tierra, cuyos planes llevan a las autoridades nacionales a contradecir el mismo compromiso asumido con la firma del acuerdo planteado a través del Consejo Económico y Social (CES), mediante el cual se estableció que el Estado mantendría el monopolio del control energético nacional.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.