Editorial
Una Nueva Ofensiva Neoliberal.
Hay una expresión muy popular que reza que el Gobierno con sus acciones ha dejado que se le vea el refajo, el cual se aplica en los actuales momentos por las pretensiones de desarrollar planes de privatización de las empresas públicas.
La primera ofensiva a este respecto se produjo durante uno de los gobiernos del doctor Leonel Fernández, la cual ha dejado traumas insuperables en el seno de la sociedad dominicana.
Estos planes de los políticos que están al servicio del sector privado es antes que nada vender la idea de que el Estado no está en capacidad de manejar idoneamente ninguna empresa, lo cual resulta un contrasentido.
Si el Estado tiene la capacidad para manejar la complejidad que implica la multiplicidad de intereses que convergen en la sociedad, entonces se supone que también la tiene para administrar eficientemente una empresa de su pertenencia.
La cuestión estriba en que el Estado carece en el país de la capacidad o del nivel de institucionalidad para manejar correctamente su patrimonio y lo mismo podría decirse incluso de su presupuesto, el cual sirve más a la corrupción que a la salud, a la educación y otros servicios fundamentales para la sociedad.
De igual modo, los que tienen el control del Estado son expertos en hacer componendas con el sector privado para que se les entregue todo el patrimonio público a cambio de nada.
Los ejemplos al respecto sobran, como son el Aeropuerto Internacional del Cibao, el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), entre otros, los cuales han sido entregados al sector privado a cambio de prácticamente nada, pese que una buena parte de los recursos económicos invertidos provienen del contribuyente, pero cuyos frutos van a los bolsillos del empresariado.
Esta visión del manejo de las riquezas públicas ha sido una razón más que suficiente para que se produzca una alianza público-privada para depredar la propiedad estatal mediante unas maniobras realmente indignantes.
Lo que ocurre en el actual Gobierno no ha sido menor del cuadro descripto con el soporte legal de la Ley 47-20 de alianzas público-privadas, la cual es un mecanismo en el marco del ordenamiento jurídico nacional para convertir el patrimonio público en privado en detrimento del pueblo dominicano.
Las pretensiones del Gobierno del PRM y de Luis Abinader no debe sorprender a nadie en virtud de que el presidente proviene del sector privado y en consecuencia se impone el criterio que hemos expresado anteriormente de que los intereses pesan más que las aparentes buenas intenciones.
Las privatizaciones que promueve el Gobierno no se detienen en la venta de las empresas generadoras de energía, sino también del agua potable e incluso de la tierra, cuyos planes llevan a las autoridades nacionales a contradecir el mismo compromiso asumido con la firma del acuerdo planteado a través del Consejo Económico y Social (CES), mediante el cual se estableció que el Estado mantendría el monopolio del control energético nacional.
El debate presidencial entre los tres principales candidatos en las elecciones del próximo 19 de mayo del 2024 representa un escenario que por sí solo no constituye ni genera ningún tipo de esperanza en una democracia con niveles muy alto de descredito.
No importa que hermosos sean los discursos de figura como Leonel Fernández, Abel Martínez y del presidente Luis Abinader, porque hay una expresión que dice por sus hechos los conoceréis.
Habrá alguien que se atreva a decir que aparte de lo que ellos puedan prometer estos tres personajes tienen algo tangible en favor de la democracia dominicana, máxime en el tema más delicado de la vida nacional que es el que tiene que ver con un comportamiento ético.
Este periódico entiende que ello sería vender una mentira que tarde o temprano se confirma una vez más, ya que son tantas sus falencias que no hay forma de que lo dicho por ellos pueda servir para mejorar los niveles de credibilidad de la democracia.
En realidad, es como si se tratara de un circo, donde sus protagonistas no es verdad que motivan una reacción saludable para que puedan vender muchas boletas y aumentar la asistencia a ese entretenimiento.
Y el problema no radica en la edad, para específicamente hablar de Leonel Fernández, sino con lo que ha sido su conducta, ya que es muy poco lo que se puede creer de lo que dice, aunque lo propio se puede decir de los jóvenes que están en el mismo entorno como Abel Martínez o Luis Abinader, lo cual lo hace viejos de pensamientos y en consecuencia representantes de la misma cosa.
Es decir, que la juventud de Abel Martínez significa lo mismo, dado que su comportamiento en el escenario político nacional y su vida pública son más contundentes que cualquier otra cosa.
El presidente Abinader tampoco tiene la credibilidad suficiente para mejorar la democracia nacional, entonces siendo así el debate es una herramienta que en este caso sirve de poco.
Y no es que el mismo no sea idóneo siempre y cuando cambien los referentes de los personales que intervienen en él, sino que su efecto sólo será posible si quienes exponen sus ideas avalan éstas con una conducta que haga creíble lo que dicen.
De otro modo, es como nadar en el mar, dado que el color de la pluma del pájaro no descanse en pintarlo del color que más puede gustar en el escenario donde vuela, sino de aquella que es la natural y que sin importar lo fea que sea no lesiona el mensaje fundamentado en la verdad, la originalidad y formalidad que reclama la circunstancia.
Si una cosa debe preocupar a la sociedad dominicana tiene que ser el comportamiento de sus policías y militares, porque la gran mayoría no exhibe una buena conducta.
Si se revisa la participación policial y militar en los atracos y robos a mano armada que ocurren en el territorio nacional, siempre se encontrará la sombre de miembros de los cuerpos armados.
Y si se analizara el problema a partir de lo que ocurre en la frontera, las cosas se complican, porque aparte de que son los militares destacados allí los que permiten la entrada de los haitianos, también fácilmente va a quedar al descubierto que por ahí entra mas que seres humanos, sino droga, trata de blanca y miles de actividades ilegales.
Lo complicado del asunto es que el lenguaje que se habla en esa parte del pais es el del dinero dinero, cuyo involucramiento de los militares destacados allí proviene de los partidos políticos, en los que todo tiene un precio y sólo las cosas caminan cuando cada uno recibe los suyos.
Es decir, que pedir un comportamiento ético y mística en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es una quimera que no parece tan fácil de lograr.
El país está inmerso en la fiesta de los cuartos y el que no tiene la audacia para buscarlo y repartir se queda fuera de la misma, porque nadie lo quiera a su lado y precisamente así están los cuerpos armados de la nación.
Ahí está la explicación del comportamiento de los miembros de la Dirección Nacional de Migración, quienes están más atentos de las propiedades de los haitianos que de su documentación y si son o no ilegales.
Lo grave del problema es que, aunque muchos superiores hablan todo lo que les viene a la boca cuando se produce un escándalo, lo cierto es que nadie está fuera del botín, cuyos beneficiarios no les importa otra cosa que acumular dinero sin importar las consecuencias e incluso aunque tengan que poner en peligro los intereses de la patria.
Si este comportamiento no es detenido al precio que sea, la República Dominicana va a sufrir un deterioro en su imagen que llegará un momento que el mal va ser muy difícil revertir.
El problema toma cuerpo, porque se profundiza la crisis de valores, pero no parece que el mal pueda ser detenido porque es la mayoría de la gente que anda en la misma onda.
Solo queda observar.
La violación sexual de una adolescente haitiana durante un operativo de la Dirección General de Migración representa una afrenta en contra de toda familia sin importar en qué lugar del mundo ocurra y la nacionalidad de la víctima.
Puede producirse en cualquiera de los continentes que conforman el mundo y no hay forma de justificar semejante aberración.
Todo el que tiene algún sentimiento paternal tiene que indignarse con semejante aberración, la cual constituye la que más heridas psicológicas y físicas produce en sus víctimas.
Esa es una forma de arruinarla la vida un ser que apenas comienza a vivir, cuyos traumas la acompañarán durante el resto de su existencia.
No hay forma de concebir semejante crimen, porque en realidad la violación sexual es uno de los peores recursos de cualquier degenerado en contra de sus víctimas.
Cualquier buen ciudadano, no importa que tan poca o muy civilizada sea su nación de procedencia, no puede sentirse cómodo con que un degenerado sobre la base del poder público cometa semejante agresión, pero peor aun en contra de una persona que todavía se puede definir como una niña.
Ya el Gobierno ha reaccionado al respecto, pero el asunto no permite dilaciones, porque el remedio tardío puede ser mucho peor que la enfermedad y la sociedad dominicana no puede darse el lujo de proyectarse ante la comunidad internacional como una nación de salvajes y de perversos que se escudan en la ley para cometer sus atrocidades.
No hay forma de justificar semejante acción, sin importar las diferencias migratorias y a otros niveles con los haitianos, porque el crimen cometido por miembros de la Dirección General de Migración trasciende todas las fronteras.
El que viola a una haitiana de igual lo hace con una dominicana o con cualquier otra persona, porque se habla de un enfermo que merece tratamiento clínico y de la sanción que dispone la ley para este tipo de conducta.