Editorial
Toma Cuerpo el Sello de la Irracionalidad del Gobierno.
Desde que estaba en la oposición la gente observaba una alta dosis de irracionalidad de los dirigentes y hoy funcionarios del Gobierno de Luis Abinader.
Han dejado lo suficientemente claro que no piensan muy bien los pasos a dar, lo cual se ha demostrado desde que hacían oposición y después de estar en el Gobierno, cuya conducta al respecto se puede ver en el Congreso Nacional y en la forma de manejar el Poder Ejecutivo.
No es que la irracionalidad y la falta de planificación del Gobierno choque con alguna buena fe, sanas intenciones o deseo de que las cosas salgan bien, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra.
En el caso de los funcionarios del Gobierno se observa que ellos son expertos en volverse enemigos hasta de aquellos que les pueden ayudar a sobrellevar mejor la gran tarea que implica dirigir un país.
Pero su vocación de inclinarse por lo improvisado, lo poco pensado, que viene desde los tiempos en que el PRM buscaba llegar al Gobierno, podría decirse que es parte de su ADN.
Lo primero es que desarrollaron una campaña despiada en contra de sus propios aliados y fue tan grave el asunto que decían que sólo se debía votar por sus candidatos y no por los pequeños partidos que también lo daban todo para Luis Abinader se convirtiera en presidente de la República.
Algunos de los partidos aliados no tenían mucho que aportar en términos de votos, pero los mismos no dejaban de ser importantes para el triunfo, porque tienen cuadros que podían ayudar con ideas y con algún nivel de planificación, aunque la misma es una condición extraña en la sociedad dominicana.
Pero eso ya es irrecuperable, porque en el Gobierno ya hay una tendencia que no hay forma de que cambie y todo parece indicar que su fracaso político, económico y social es algo que no lo despinta nada ni nadie.
La cuestión es que un Gobierno que no sale de la comisión de un disparate y ahora ha sido la decisión de eliminar la visa al estudiante haitiano, lo cual tal vez es una de las medidas más poco pensada.
Pero, además, que tienen que ver las desacertadas declaraciones del canciller haitiano con los jóvenes que estudian de ese país en universidades dominicanas, cuya mayoría paga su dinero como aquel que viene de cualquier otro lugar del mundo.
Con esa medida el Gobierno se gana el mayor de los trofeos de la irracionalidad, de la poca planificación y que incluso da la impresión de que se trata de una pelea entre niños o adolescentes que lo que se busca es ver quien queda como el más fuerte y mejor parado frente a los demás.
Las relaciones dominico-haitianas demandan de que la alta política juegue un papel de primer orden para que la sangre no llegue al rio, porque ambos países van a salir profundamente perjudicados con la irracionalidad con que se manejan las diferencias.
Además, el pueblo dominicano a través de su Gobierno no puede manejar la situación haitiana como si ese pueblo viviera en el marco de un estado de normalidad, sino que debe ser con mucha diplomacia para obtener la medicina que lo sane para siempre y que pueda caminar por sí solo.
Este periódico demanda que en lo inmediato se suspenda la decisión tomada sobre los estudiantes haitianos y en segundo lugar que la República Dominicana abandone el tanto protagonismo sobre el problema haitiano y que deje a la Organización de las Naciones Unidas bregar con el asunto para llevar distensión y retornar a la buena vecindad entre ambas naciones.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.