Nacionales
Irregularidades ahora dentro del Ministerio de Educación durante 2012 y 2016
Santo Domingo, RD.-Una auditoria de la Cámara de Cuentas ha dejado claro que los desfalcos en contra del Estado son de cantidades multimillonarias y ahora se agrega el Ministerio de Educación (MINERD, donde se ha detectado que más de dos mil millones de pesos habrían sido manejados de manera irregular durante el periodo 2012-2016.
Así lo reveló la periodista Julissa Céspedes en el programa “Reporte Especial”, transmitido en el canal CDN 37, en el que detalla las faltas que varían desde violaciones a la ley de compras y contrataciones hasta no pagarle cantidades millonarias a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Solamente en procesos de compras irregulares se gastaron cientos de millones de pesos, dentro de los que destacan alrededor de RD$182 millones en construcción de obras para las que no tenían el terreno; adquisición de bienes valorados exceso de RD$197 millones sin respetar los pasos establecidos.
También la compras declaradas como “urgentes” que no cumplían con este criterio (RD$85,493,397); contratos con personas o compañías que no podían ser referentes en licitaciones (RD$18,151,806); obras que presentan diferencias entre lo pagado y lo ejecutado (RD$44,912,185).
En el caso de la DGII, Céspedes informó que entre el 2012 y 2013, que comprende el final de la gestión de Josefina Pimentel y el inicio de la administración de Carlos Amarante Baret, el Minerd no le pagó al mencionado organismo más de 431.3 millones de pesos.
De igual forma RD$515,911,797 fueron pagados a docentes que supuestamente laboraban en los horarios escolares establecidos, pero que también figuraban como empleados en otras instituciones del Estado.
Asimismo, Céspedes indicó que unos 133 millones de pesos fueron pagados a miembros del personal administrativo que similarmente laboraban en otras entidades públicas.
Errores
El reportaje de Céspedes se transmitió el mismo día en que el actual ministro de Educación, Roberto Fulcar, anunció que recibió el informe sobre las denuncias de los suplidores del almuerzo escolar en contra del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), admitiendo “fallas importantes” en el funcionamiento de esa entidad.
“Esa comisión ha identificado fallas importantes en la institución que requieren de cambios significativos en la gerencia y reorganización de procesos tanto internos como relacionados con los suplidores”, escribió Fulcar en su cuenta en la red social Twitter.
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader eliminó, a través de varios decretos, la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria y el Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa).
El Gobierno dijo que la eliminación de esas instituciones forma parte del plan de racionalización y modernización de la administración pública, «eliminando duplicidades y optimizando el uso de recursos estatales en diferentes sectores».
El decreto 636-24 establece la eliminación de la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, creada en 2004 para asesorar en políticas de ciencia y tecnología; la disposición gubernamental señala que el Ministerio de Educación asumirá la responsabilidad de concluir sus programas en curso y continuará con sus compromisos jurídicos y contractuales.
“Este decreto también deroga disposiciones previas relacionadas con la creación y administración de la comisión, asegurando una transición ordenada hacia una estructura de gestión más coherente con la Constitución y las leyes vigentes en la administración pública dominicana”, indica el comunicado de prensa.
Con el decreto 637-24 se dispone la supresión de la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria, cuyas funciones serán asumidas por la Autoridad Portuaria Dominicana, que también se encargará de los compromisos legales y contractuales vigentes.
Los bienes de esta comisión serán administrados por la Dirección General de Bienes Nacionales, quien traspasará los activos necesarios a la Autoridad Portuaria para continuar sus labores en el sector portuario.
“Además, este decreto deroga varias disposiciones previas que apoyaban la existencia de la comisión, consolidando sus funciones bajo una sola entidad administrativa para mejorar la eficiencia y reducir duplicidades en la administración pública”, resalta el documento de prensa.
Mediante el decreto 640-24 se emite la supresión del Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa), cuyas funciones serán asumidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que se convierte también en el continuador jurídico de los compromisos contractuales y legales pendientes.
La Dirección General de Bienes Nacionales administrará los activos de Conapofa y transferirá los necesarios al Ministerio de Salud Pública para garantizar la continuidad de sus funciones.
La Dirección General de Presupuesto (Digepress) gestionará las partidas presupuestarias no ejecutadas de esta comisión, y el Ministerio de Administración Pública colaborará en la reubicación, cesación e indemnización del personal.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Atención Permanente de Santiago, que preside la jueza Wendy Altagracia Tavárez, impuso este lunes tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un dominicano que fue deportado desde los Estados Unidos, involucrado en al menos siete homicidios en Santiago.
Andry Josué Vargas Núñez, conocido como Juan Bosch, debe cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pino, en La Vega.
La medida fue impuesta al imputado por el asesinato a tiros de Diovel Leonel Fernández Pérez (Guccy), durante un incidente ocurrido en marzo del 2022 en el sector La Yagüita de El Ejido, en las proximidades del Parque Central de Santiago.
Al procesado también lo acusan por sus vínculos, en noviembre de ese mismo año, a una balacera donde murieron cinco personas en la misma barriada.
De acuerdo a la investigación, Vargas Núñez, de 26 años, escapó a Estados Unidos tras participar en esos casos. Fue detenido este año en esa nación y deportado al país el pasado mes de octubre.
Otros hechos delictivos
Además de los homicidios, Vargas Núñez figura en el sistema policial con dos registros por atracos, en enero y marzo del año 2018.
Santo Domingo, R.D.-La importación de alimentos sin aranceles en caso de emergencia o de pandemia podrá ser posible por la recién aprobada Ley de Seguridad Alimentaria, que busca modificar una normativa promulgada en el año 2016, que abriría las puertas para que un consejo de funcionarios pueda recomendar al Poder Ejecutivo la referida medida.
En la gestión del presidente Luis Abinader, el Congreso aprobó una ley para liberar de impuestos más de 60 alimentos y estudió sin éxito otro proyecto que permitiría importar sin aranceles el azúcar.
La pieza que aprobó el jueves la Cámara de Diputados establece que el Consejo Nacional para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan) tendrá, entre sus nuevas funciones, la atribución de recomendar al presidente «la suspensión de las obligaciones arancelarias» para importar alimentos en momentos de emergencia.
Según la iniciativa, las medidas especiales solo serían aplicadas en caso de que el producto sea impactado adversamente, cuando se perjudique la seguridad alimentaria y nutricional del país y cuando se pueda afectar la seguridad económica y los intereses esenciales del Estado.
Otros aspectos
Aparte de la importación de alimentos, la pieza también busca el cumplimiento en la calidad de los alimentos que se consumen en el país, el acceso a la comida, la estabilidad de la oferta sin fluctuaciones y la disponibilidad de alimentos.
«La seguridad alimentaria solo se cumple cuando todas las personas tienen acceso físico y económico a los alimentos nutritivos e inocuos para satisfacer sus necesidades alimentarias», establece el proyecto depositado por el presidente Abinader.
Aunque fue aprobado sin ningún obstáculo por la mayoría que ostenta el PRM en ambas cámaras, los opositores no votaron por la pieza por considerar que «lesiona» las funciones del Congreso.
El vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara baja, Rafael Castillo, expresó que el proyecto le quita funciones al Congreso que, según dijo, es el órgano facultado para recomendar o autorizar la importación de alimentos sin aranceles.