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Ministerio Público deposita miles de evidencias en caso Coral 5G.
El Ministerio Público dijo que está más preparado para conocer la medida de coerción del caso Coral 5G, cuyo procurador adjunto Wilson Camacho reveló que deposito miles de pruebas en contra de los imputados por corrupción administrativa.
Contra los involucrados la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por Camacho, solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que imponga 18 meses de prisión preventiva contra 13 detenidos durante la Operación Coral G5 y que el caso se declare complejo.
“El Ministerio Público como en todos sus procesos, vino hoy listo, más que listo, para conocer la presente solicitud de medida de coerción. Nosotros hemos dicho, lo reiteramos: venimos a los tribunales cuando tenemos nuestros procesos blindados y eso ha sucedido una vez más”, dijo el representante del Ministerio Público a la prensa, a la salida del tribunal, luego del aplazamiento de la audiencia para el próximo jueves 25 de noviembre, a las 11:00 de la mañana.
“La defensa, como consecuencia del alto volumen de evidencias presentadas por el Ministerio Público, y eso es así, hemos depositado más de 15 mil páginas de evidencias, ha solicitado al tribunal un aplazamiento y que se le otorgue tiempo para revisarlas”, explicó Camacho cuando respondía a preguntas de los representantes de los diferentes medios de comunicación.
Destacó que los representantes del órgano acusador son respetuosos del debido proceso. “Hemos estado de acuerdo con que se aplace la audiencia para que la defensa revise el alto volumen de evidencias que ha presentado el Ministerio Público en este caso”, dijo.
Además, indicó que las personas que colaboren con la investigación deben tener un tratamiento diferente. “Nosotros estamos abiertos a cualquier persona que esté procesada, que colabore con la investigación y el Ministerio Público se comportará en consecuencia”, sostuvo.
Destacó también que esta es una investigación abierta. “Como nosotros dijimos en la primera parte de Coral, de que habría más procesados, aquí están los procesados que habíamos dicho”, resaltó el titular de la Pepca.Caso no se cierra
Explicó que la investigación todavía no se cierra, por lo que, en consecuencia, tampoco se cierra la posibilidad de que haya más personas procesadas en esta operación Coral 5G. “Esta es una investigación abierta. Nosotros seguimos recopilando la información necesaria e incautando bienes. Solo cuando tenemos nuestros procesos blindados con relación a todas las personas que nosotros decidamos procesar, serán presentadas ante los tribunales”, subrayó el representante del Ministerio Público.
El juez Emmanuel López, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien conocía este domingo la solicitud de coerción del Ministerio Público, dispuso su aplazamiento para el próximo jueves, luego de acoger el pedimento de las defensas.
El Ministerio Público depositó la noche del viernes la solicitud de medida de coerción junto a más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G.
La medida fue solicitada en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, contra el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
El auto de solicitud incluye documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
En este caso también representan al Ministerio Público los fiscales Mirna Ortiz, coordinadora litigación de la Pepca; Miguel Collado, María Melenciano, Jonathan Pérez, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemos Féliz, Melvin Romero.
El grupo de imputados de la Operación Coral 5G es custodiado por el sistema penitenciario en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó en el marco de 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
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Cedulación para extranjeros es suspendida temporalmente por la JCE en tres demarcaciones del país.
Santo Domingo, R.D.-Este jueves la Junta Central Electoral (JCE) informó de la suspensión temporal de los servicios en los Centros de Cedulación para Extranjeros ubicados en Santo Domingo, Verón y Santiago de los Caballeros.
La institución explicó que la medida responde a un proceso de actualización del sistema, el cual forma parte de la implementación de un nuevo proceso de cedulación dirigido a extranjeros residentes legales en el país.
La JCE aseguró que esta iniciativa busca modernizar y optimizar los servicios ofrecidos, garantizando mayor eficiencia en la emisión de documentos.
Asimismo, indicó que anunciará oportunamente la fecha de reanudación de los servicios una vez concluya el proceso de actualización.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henru Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), aseguró este jueves que el sistema judicial dominicano se ha fortalecido con el uso de plataformas digitales, con más de 33,000 usuarios registrados y la emisión de más de cinco millones de documentos con firma digital, como parte del proceso de modernización de la justicia.
Molina explicó que la digitalización, establecida mediante una nueva ley, permitió a ciudadanos y operadores del sistema acceder a los tribunales de manera remota a través de un portal, lo que facilita los trámites y mejora el acceso a la justicia en todo el país.
El magistrado ofreció estas declaraciones durante una visita al Congreso Nacional, donde presentó a los legisladores los avances, retos y proyecciones del sistema judicial dominicano en el período 2019-2025.
Además de la transformación tecnológica, el presidente de la SCJ destacó que las reformas implementadas han contribuido a mejorar la eficiencia del sistema judicial.
Agregó que esta cultura de eficiencia se ha extendido a nivel nacional, lo que ha permitido que más del 80 % de los tribunales del país se encuentren al día en el conocimiento de los casos, reduciendo procesos que antes tomaban años a solo días.
Durante el encuentro, el juez presidente informó que actualmente se trabaja junto al Congreso en otras iniciativas legislativas, como la Ley Orgánica del Poder Judicial, la ley de simplificación de procesos judiciales, la actualización de la normativa de Registro Inmobiliario y la eliminación de tasas judiciales, con el objetivo de agilizar los trámites y facilitar el acceso a la justicia.
Santo Domingo, R.D.-El segundo Consejo de Gobierno tuvo lugar en el Palacio Nacional, el cual fue encabezado por el presidente Luis Abinader acompanado de la vicepresidenta Raquel Pena.
- Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los puntos específicos que serán abordados durante la sesión.
Se espera que al finalizar el encuentro se emita información oficial que permita conocer los temas tratados y las medidas acordadas.
El primer Consejo de Gobierno se realizó el pasado mes de enero, donde se definió un paquete de entre 40 y 50 acciones estratégicas que serán priorizadas dentro de los más de 650 programas y productos presupuestarios contemplados en el Plan Operativo del Gobierno para 2026, con el objetivo de impactar directamente las 10 metas prioritarias de la actual gestión.