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Ministerio Público deposita miles de evidencias en caso Coral 5G.
El Ministerio Público dijo que está más preparado para conocer la medida de coerción del caso Coral 5G, cuyo procurador adjunto Wilson Camacho reveló que deposito miles de pruebas en contra de los imputados por corrupción administrativa.
Contra los involucrados la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por Camacho, solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que imponga 18 meses de prisión preventiva contra 13 detenidos durante la Operación Coral G5 y que el caso se declare complejo.
“El Ministerio Público como en todos sus procesos, vino hoy listo, más que listo, para conocer la presente solicitud de medida de coerción. Nosotros hemos dicho, lo reiteramos: venimos a los tribunales cuando tenemos nuestros procesos blindados y eso ha sucedido una vez más”, dijo el representante del Ministerio Público a la prensa, a la salida del tribunal, luego del aplazamiento de la audiencia para el próximo jueves 25 de noviembre, a las 11:00 de la mañana.
“La defensa, como consecuencia del alto volumen de evidencias presentadas por el Ministerio Público, y eso es así, hemos depositado más de 15 mil páginas de evidencias, ha solicitado al tribunal un aplazamiento y que se le otorgue tiempo para revisarlas”, explicó Camacho cuando respondía a preguntas de los representantes de los diferentes medios de comunicación.
Destacó que los representantes del órgano acusador son respetuosos del debido proceso. “Hemos estado de acuerdo con que se aplace la audiencia para que la defensa revise el alto volumen de evidencias que ha presentado el Ministerio Público en este caso”, dijo.
Además, indicó que las personas que colaboren con la investigación deben tener un tratamiento diferente. “Nosotros estamos abiertos a cualquier persona que esté procesada, que colabore con la investigación y el Ministerio Público se comportará en consecuencia”, sostuvo.
Destacó también que esta es una investigación abierta. “Como nosotros dijimos en la primera parte de Coral, de que habría más procesados, aquí están los procesados que habíamos dicho”, resaltó el titular de la Pepca.Caso no se cierra
Explicó que la investigación todavía no se cierra, por lo que, en consecuencia, tampoco se cierra la posibilidad de que haya más personas procesadas en esta operación Coral 5G. “Esta es una investigación abierta. Nosotros seguimos recopilando la información necesaria e incautando bienes. Solo cuando tenemos nuestros procesos blindados con relación a todas las personas que nosotros decidamos procesar, serán presentadas ante los tribunales”, subrayó el representante del Ministerio Público.
El juez Emmanuel López, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien conocía este domingo la solicitud de coerción del Ministerio Público, dispuso su aplazamiento para el próximo jueves, luego de acoger el pedimento de las defensas.
El Ministerio Público depositó la noche del viernes la solicitud de medida de coerción junto a más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G.
La medida fue solicitada en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, contra el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
El auto de solicitud incluye documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
En este caso también representan al Ministerio Público los fiscales Mirna Ortiz, coordinadora litigación de la Pepca; Miguel Collado, María Melenciano, Jonathan Pérez, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemos Féliz, Melvin Romero.
El grupo de imputados de la Operación Coral 5G es custodiado por el sistema penitenciario en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó en el marco de 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
Santiago, RD.- Fue condenado a quince años de cárcel por los jueces que integran el Primer Tribunal Colegiado de este distrito judicial esta ciudad al agente policial, adscrito a Acción Rápida, Alejandro Castro Cruz, por la muerte del niño Donelly Joel Martínez Tejada.
El menor, de 11 años de edad, falleció por el impacto de bala disparado con el arma de Castro Cruz, hecho ocurrido la tarde del 12 de febrero del 2023 en la esquina que forman la calle Mella con avenida Las Carreras, mientras se desarrollaba las festividades del carnaval de Santiago.
El Ministerio Público tipificó el hecho como homicidio voluntario, pero los jueces lo calificaron de involuntario.
El tribunal estuvo presidido por el magistrado juez, Juan Carlos Colón e integrado por las magistradas Claribel Mateo y Gladys de los Santos.Indignación por condena
Los familiares de Donelly mostraron su indignación ya que esperaban la pena máxima.
El agente mató al menor tras impactarlo de un balazo en el brazo izquierdo y el tórax, cuando, en un uso desmedido de la fuerza, accionó su arma de fuego.
Los cargos penales contra el imputado, el agente Alejandro Castro Cruz, son violación a los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano por homicidio voluntario contra Donelly Joel Martínez, así como también por transgresión a los artículos 186, 2, 295 y 309 por abuso de autoridad contra particulares, por los golpes y heridas que infirió al padre del adolescente, Anthony Ysauri Martínez.
Del amplio legajo de pruebas que ha recolectado, la Fiscalía presentó las documentales, periciales y el audiovisual, último en el que recoge en detalles los acontecimientos que tuvieron lugar.
Además de las pruebas que fueron incorporadas en esta primera audiencia, el órgano de justicia presentará otros materiales y testimoniales que constituyen toda la fuerza probatoria necesaria para lograr la imposición de una condena que podría ser de hasta 20 años de prisión.
La investigación del hecho estuvo a cargo del fiscal titular Osvaldo Bonilla y del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía, que dirige el procurador de la Corte, Gerardo Ponce.
El Ministerio Público ha planteó que se trató de un hecho grave en el que el imputado, tras irrumpir en el lugar, donde la familia de la víctima celebraba el carnaval, abusó de la autoridad que le confiere la ley, violando todos los protocolos de uso de la fuerza.
Santiago.-Fueron capturados seis hombres presuntamente responsables del asalto a un mensajero, quien fue despojado de dos millones 861 mil 600 pesos en las afueras de una entidad bancaria de la ciudad de Santiago, cuyo captura fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en coordinación con miembros del Ministerio Público.
Los detenidos son Johan Javier Santana Pichardo, de 30 años; Wellington Saúl de la Rosa, de 24; Darío Alexander Arias Jiménez, de 41; Josías Miguel Tavárez Arias, de 31; Miguel Ángel Fadul Abreu, de 35; y Jan Carlos Tavárez Tavárez, alias “El Cojo”, de 37.
Estas detenciones fueron el resultado de una intensa labor de inteligencia por parte de los investigadores policiales.
Según la denuncia, el mensajero fue interceptado el 16 de septiembre por individuos armados que lo encañonaron y lo despojaron de dos bolsas negras con la suma mencionada, mientras se encontraba a las afueras de un banco. Los delincuentes huyeron en un vehículo KIA, modelo K5 blanco, realizando disparos contra la seguridad del lugar.
Los investigadores lograron identificar a Johan Santana como el cabecilla de la banda conocida como “Los Rayos McQueen Gris”. Se descubrió que Wellington Saúl fue quien, tras el asalto, cambió la placa falsa del vehículo. Por su parte, Arias Jiménez, quien era supervisor de seguridad del banco, fue señalado como quien ubicó al mensajero. Josías Tavárez rentó y condujo el vehículo, mientras que Miguel Fadul fue identificado como quien encañonó al mensajero. “El Cojo” fue uno de los que se bajó del auto para intimidar a la víctima, y se le ocupó RD$300,000.Recuperaciones
En la residencia de Wellington Saúl, ubicada en Bella Vista, Santiago, se recuperaron RD$350,000, mientras que, en la casa de Johan Santana, en el sector Los Platanitos, El Ejido, se ocuparon RD$440,000.
Ambas recuperaciones se realizaron mediante órdenes de allanamiento ejecutadas por los agentes y el Ministerio Público.
Entrega voluntaria y ocupaciones
Estarlin Rodríguez se entregó esta mañana para ser investigado en relación con el asalto al mensajero.
Asimismo, durante las operaciones, se incautaron una escopeta, dos pistolas sin documentos, tres cargadores, uno con capacidad para 30 balas, tres pasamontañas, un carro Sonata gris utilizado en el asalto, varios abrigos y otros objetos.
Historial delictivo
El informe policial indica que esta banda está vinculada a múltiples robos y asaltos a mano armada en diferentes sectores de Santiago, como el atraco al Minimarket del sector Gurabo, el pasado 27 de agosto, que se viralizó en redes sociales.
También se les atribuyen varios asaltos en establecimientos comerciales y a transeúntes en sectores como Mary López, Villa Verde, Villa Olga, Las Antillas, y en municipios como Puñal y Moca, además de la provincia de La Vega.
La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan las investigaciones, mientras los detenidos y las evidencias serán remitidos a la justicia para los fines legales correspondientes.
Santo Domingo, R.D.-Los empleados de las instituciones oficiales fueron llamados por el Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a continuar con normalidad en el desarrollo de sus labores habituales, y mantener la calidad y el buen desempeño en los servicios que brindan a la ciudadanía.
A través de un comunicado firmado por el ministro Sigmund Freund, el MAP resalta que no habrá desvinculaciones inmediatas o masivas, ya que cada una de las instituciones que forman parte de este plan de mejora de la administración pública iniciarán un proceso riguroso de evaluación interna para determinar los próximos pasos en materia de procesos, recursos humanos y otros.
«Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto», reseña el documento enviado a los medios de comunicación.
«Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas», expresó el documento.
Ahorro
El gobierno dominicano presentó el pasado lunes su propuesta de reestructuración y racionalización de la administración pública mediante la fusión y eliminación de varios ministerios y entidades en busca de ahorrar 25 mil millones de pesos.
Durante LA Semanal con la Prensa, el presidente Luis Abinader dijo que con esta propuesta se busca eliminar duplicidades en las instituciones públicas con el fin de lograr una administración más eficiente, coherente y alineada con las prioridades del gobierno.