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Con lectura de solicitud de coerción contra implicados en Operación Larva podría concluir hoy este caso.
SAN CRISTÓBAL. -Con la solicitud de una medida de coerción de 18 meses de prisión el Ministerio Público espera concluir este miércoles la primera fase del denominado caso Larva.
La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, recordó que, por decisión del tribunal, la medida contra el último arrestado del caso se conocerá en un proceso distinto. “La fusión no tiene nada que ver con la imputación”, dijo, al referirse a las intenciones que tuvo el Ministerio Público de que toda la medida se conociera junta por economía procesal.
Dijo a periodistas que la abordaron en el Palacio de Justicia de San Cristóbal, luego de aplazamiento de la audiencia, que este martes iniciaron con la lectura de la solicitud de la coerción contra los primeros 14 arrestados, la cual continuarán este miércoles, además de que también conocerán por separado la solicitud contra el imputado número 15.
La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, Katherine Rubio Matos, luego de rechazar en audiencias anteriores múltiples incidentes de las defensas, dio inicio este martes al conocimiento de la coerción, cuya jornada continuará este miércoles a las 3:00 de la tarde.
El Ministerio Público sometió por este caso a los imputados Domingo Ventura, Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o el Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suárez Díaz (Ojitos).
En tanto que, como entidades con personería jurídica, la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y Financiera GDNIPI, S.R.L.
El órgano de la persecución penal está representado además por los fiscales Ramona Santana Uceta, titular interina de San Cristóbal, Eduardo Velásquez y Elvira Rodríguez, así como por los fiscalizadores Luis Alberto García, Daryl Montes de Oca, Laura Segura, Fanny Garabito.
El pasado 27 de octubre el Ministerio Público desmanteló la red de lavado de activos en coordinación con el Centro de Información y Coordinación Conjuntas (CICC) y la Dirección de Investigaciones Financieras (Difla) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Los involucrados en el Caso Larva forman parte de una organización criminal dedicada a traficar drogas y a lavar activos producto de operaciones de narcotráfico a gran escala, ha establecido el Ministerio Público en el transcurso de las pesquisas.
El entramado criminal está vinculado a una red de narcotráfico denominada Corona, que el 16 de marzo de 2020 introdujo al país la cantidad de 724.35 kilogramos de cocaína clorhidratada, por la costa de Nigua, provincia San Cristóbal, en una embarcación proveniente de Colombia.
El 15 de septiembre de 2020 la Fiscalía de San Cristóbal y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo presentaron acusación contra José Aníbal González Luna, José Aníbal González Cubilete (el Don), Manuel Alejandro Lara Martínez, Julio Ignacio Morel Adames y otros 12 implicados en el Caso Corona, en el que las autoridades ocuparon un arsenal, incluyendo tres fusiles y una metralleta.
Santo Domingo, R.D.-En una ofensiva contra el comercial ilegal, que incluye el alcohol adulterado, cigarrillos y contrabando de medicamentos, más de 2.3 millones de productos ilícitos fueron sacados de circulación durante operativos desplegados en la Semana Santa 2026.
Las acciones fueron ejecutadas a través de 19 allanamientos simultáneos y la inspección de 189 establecimientos previamente identificados por labores de inteligencia en distintas zonas del país, incluyendo áreas vulnerables y puntos fronterizos
Entre los productos incautados figuran 10,756 botellas y latas de bebidas alcohólicas —incluyendo cervezas, ron y whisky— que carecían de registro sanitario o presentaban etiquetado irregular, lo que las convierte en potencialmente peligrosas para el consumo humano.
Los operativos estuvieron encabezados por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor).
El impacto de las jornadas también se extendió al ámbito de la salud pública con 38,572 unidades de medicamentos y estimulantes sexuales sin garantías de calidad ocupados, además de otros productos de consumo masivo en condiciones inadecuadas.
En el marco de las intervenciones, 15 personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público por presuntas violaciones a la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, que sanciona este tipo de prácticas.
Los despliegues incluyeron la movilización de 267 efectivos especializados en distintas regiones del país, así como vigilancia en puntos de control para supervisar el transporte de combustibles y mercancías, con el objetivo de prevenir irregularidades durante el asueto.
Aunque las autoridades señalaron que no se registraron muertes por consumo de alcohol adulterado durante la Semana Santa, los decomisos evidencian la magnitud de un mercado ilegal que sigue operando con fuerza, especialmente en períodos de alta circulación de personas, donde aumentan los riesgos para la salud y la seguridad.
Santo Domingo.-Tras cumplir condenas por distintos delitos en ese territorio, un grupo de 62 ciudadanos dominicanos fue repatriado al país.
La aeronave, fletada por las autoridades estadounidenses, aterrizó pasado el mediodía en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez, con 60 hombres y dos mujeres a bordo, quienes habían estado recluidos en diferentes cárceles del sistema penitenciario norteamericano.
Refuerzan seguridad en aeropuertos dominicanos por Semana Santa
De acuerdo con informes preliminares, los repatriados fueron trasladados desde centros correccionales ubicados en varios estados hacia instalaciones de concentración migratoria, previo a su retorno definitivo a la República Dominicana.
En los primeros tres meses de 2026, más de 450 dominicanos han sido deportados tras cumplir condenas en Estados Unidos, reflejando la persistencia de la migración y los riesgos asociados a la inserción irregular o delictiva en el extranjero.
Gran parte de los detenidos fue arrestada durante operativos realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en ciudades con alta presencia de la diáspora dominicana como Nueva York, Boston, Chicago y el estado de Nueva Jersey.
Posteriormente, fueron trasladados a un centro de procesamiento en Haina, donde serán sometidos a procesos de registro, depuración e interrogatorios para determinar si tienen asuntos pendientes con la justicia dominicana.
Este tipo de operativos plantea desafíos en materia de seguridad y reinserción social, al tiempo que reabre el debate sobre las condiciones que enfrentan los dominicanos en el exterior y la necesidad de fortalecer políticas de prevención.
Mientras tanto, las autoridades locales se preparan para recibir nuevos grupos en las próximas semanas, en un flujo constante que, según se ha establecido, se produce cada martes con la llegada de aeronaves que trasladan a nacionales tras cumplir sus condenas en Estados Unidos.
Santo Somingo, R.D.-Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas, participó en una misa conmemorativa por el fallecimiento de su hijo, Eduardo Guarionex Estrella, y su nuera, Alexandra Grullón Segura, quienes murieron en la tragedia del Jet Set.
“Sabía que esto iba a ser difícil, pero no tan difícil. No hay día del mundo para nosotros, en la casa, camino al trabajo, hablando con los amigos y familiares, que no nos venga a la memoria alguna situación de ellos (Guarionex y Alexandra)”, reveló.
De igual forma, expresó que el infortunio ha unido a las dos familias (Grullón y Estrella), pero aún así la falta de la pareja es notoria para ellos, amigos y cercanos.
“Nunca habrá forma de sustituirlos a ellos, ellos marcaron con su comportamiento, con su humildad, con su carisma, con su honestidad y eso por más que uno quiera explicación, no hay como explicarlo”, aseguró.
El homenaje fue llevado a cabo en la Parroquia Jesús Sumo y Eterno Sacerdote y contó con la asistencia de Raquel Peña, vicepresidenta de la República; Manuel Grullón, presidente del Banco Popular y Melba Segura de Grullón, madre de Alexandra Grullón Segura.
El titular del Ministerio de Obras Públicas dijo que esperan “que la justicia dominicana actúe como debe de actuar” dentro del caso que involucra a los hermanos Maribel y Antonio Espaillat, propietarios del centro nocturno.
“Nosotros esperamos que la justicia dominicana actúe como debe de actuar y no como esperamos los familiares, sino como espera la sociedad, como espera el pueblo dominicano; porque si esa justicia no actúa, va a actuar la justicia divina y ahí no valen medios de comunicación, ahí no valen tráficos de influencias. Todo en la vida se paga”, enfatizó.
También aseveró que ambas familias sienten indignación por el hecho: «Hay que estar en el alma, en el corazón y en el interior de cada uno de nosotros para que sepan lo indignados que nos sentimos. Nosotros como familia seguimos fuertes y lo hemos entendido porque creemos en Dios, porque somos familia de fe, sino fuéramos familia de fe tal vez actuáramos de otra manera«, mencionó.