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Con lectura de solicitud de coerción contra implicados en Operación Larva podría concluir hoy este caso.
SAN CRISTÓBAL. -Con la solicitud de una medida de coerción de 18 meses de prisión el Ministerio Público espera concluir este miércoles la primera fase del denominado caso Larva.
La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, recordó que, por decisión del tribunal, la medida contra el último arrestado del caso se conocerá en un proceso distinto. “La fusión no tiene nada que ver con la imputación”, dijo, al referirse a las intenciones que tuvo el Ministerio Público de que toda la medida se conociera junta por economía procesal.
Dijo a periodistas que la abordaron en el Palacio de Justicia de San Cristóbal, luego de aplazamiento de la audiencia, que este martes iniciaron con la lectura de la solicitud de la coerción contra los primeros 14 arrestados, la cual continuarán este miércoles, además de que también conocerán por separado la solicitud contra el imputado número 15.
La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, Katherine Rubio Matos, luego de rechazar en audiencias anteriores múltiples incidentes de las defensas, dio inicio este martes al conocimiento de la coerción, cuya jornada continuará este miércoles a las 3:00 de la tarde.
El Ministerio Público sometió por este caso a los imputados Domingo Ventura, Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o el Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suárez Díaz (Ojitos).
En tanto que, como entidades con personería jurídica, la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y Financiera GDNIPI, S.R.L.
El órgano de la persecución penal está representado además por los fiscales Ramona Santana Uceta, titular interina de San Cristóbal, Eduardo Velásquez y Elvira Rodríguez, así como por los fiscalizadores Luis Alberto García, Daryl Montes de Oca, Laura Segura, Fanny Garabito.
El pasado 27 de octubre el Ministerio Público desmanteló la red de lavado de activos en coordinación con el Centro de Información y Coordinación Conjuntas (CICC) y la Dirección de Investigaciones Financieras (Difla) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Los involucrados en el Caso Larva forman parte de una organización criminal dedicada a traficar drogas y a lavar activos producto de operaciones de narcotráfico a gran escala, ha establecido el Ministerio Público en el transcurso de las pesquisas.
El entramado criminal está vinculado a una red de narcotráfico denominada Corona, que el 16 de marzo de 2020 introdujo al país la cantidad de 724.35 kilogramos de cocaína clorhidratada, por la costa de Nigua, provincia San Cristóbal, en una embarcación proveniente de Colombia.
El 15 de septiembre de 2020 la Fiscalía de San Cristóbal y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo presentaron acusación contra José Aníbal González Luna, José Aníbal González Cubilete (el Don), Manuel Alejandro Lara Martínez, Julio Ignacio Morel Adames y otros 12 implicados en el Caso Corona, en el que las autoridades ocuparon un arsenal, incluyendo tres fusiles y una metralleta.
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Dos contratistas son condenados por atentado al sistema eléctrico en perjuicio de Edeeste y del Estado
Santo Domingo. – Dos contratistas fueron condenados mediante sentencia definitiva emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo por prácticas fraudulentas en perjuicio de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE).
La parte legal de Edeeste y el Ministerio Público presentaron pruebas suficientes para que el tribunal acogiera como buena y válida la condena en contra de Héctor Rafael Reví y Joan Danilo Eusebio Ramírez.
La sentencia establece una condena de tres años de prisión en la Penitenciaría Nacional de La Victoria y el pago de una indemnización económica de RD$100,000.00, así como la remuneración de las costas penales y civiles del proceso.
Según se describe en el documento de sentencia definitiva, ambos fueron sorprendidos en flagrante delito realizando conexiones ilegales sin la debida autorización de la Superintendencia de Electricidad (SIE) y de Edeeste, por personal de Seguridad Física de la distribuidora en junio del año 2023. Al momento de la detención tenían una “guagüita”, escalera, cables, entre otros objetos.
Con sus acciones, tanto Héctor Rafael Reví como Joan Danilo Eusebio Ramírez violentaron los artículos 124-2 de la Ley General de Electricidad 125-01 y los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
Edeeste aprovechó para reiterar su compromiso con el fortalecimiento de sus mecanismos de control y de actuar en el marco de la ley para proteger los recursos del sistema eléctrico nacional.
Además, la distribuidora aprovechó para llamar a los usuarios a regularizar su situación energética y evitar incurrir en prácticas ilegales que pueden conllevar sanciones penales y económicas.
Cabe recordar que el fraude eléctrico constituye un delito tipificado en la Ley General de Electricidad, y su combate es fundamental para garantizar la sostenibilidad del servicio y la equidad en el pago por el consumo de energía.
Santo Domingo. – Un esquema de corrupción ha sido destapado mediante un entramado de lavado de activos que involucra a funcionarios de la Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR), según una investigación del Ministerio Público, en la que hay personas que habrían recibido sobornos hasta por 15 millones de pesos dominicanos de parte de la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE).
De acuerdo con la medida de coerción, las transferencias realizadas carecían de justificación contractual y coincidían con los períodos de supervisión o pagos de facturas sometidas por la empresa investigada.
El documento explica que las evidencias apuntan a un sistema estructurado de pagos ilícitos que operó entre los años 2012 y 2020.
La medida de coerción dice que entre los implicados figura el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, quien, en su calidad de director de Seguridad de EDESUR, habría exigido sobornos al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de SENASE. Los pagos se realizaban mediante transferencias bancarias y entregas en efectivo, con el fin de evitar la fiscalización del cumplimiento de los contratos de seguridad.
Además, explica que durante su gestión, Robles Díaz habría contratado de forma irregular los servicios de la empresa SEGUINSA, presuntamente vinculada a un cuñado suyo, sobre la cual también tenía responsabilidad de supervisión directa.
El Ministerio Público dijo que Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, quien, sin ocupar cargo alguno en EDESUR ni en otras instituciones contratantes, actuaba como intermediario para facilitar la entrega de sobornos y agilizar pagos a favor de SENASE. En 2022, Aybar recibió transferencias directas por un total de DOP2,598,216.04 sin respaldo de relación comercial alguna.
Durante la Operación Lobo se realizaron 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago, logrando el arresto de una red integrada por militares y civiles vinculados al esquema delictivo.
Entre los detenidos, además de Robles Díaz y Rodríguez González, figuran los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez, Elías Camaño Pérez, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, el primer teniente Wellington Peralta Santos, el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-Durante labores de inspección agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público incautaron dos velones y un peluche relleno de fibras de cocaína en operativos realizados en el Instituto Postal Dominicano (Inposdom).
En un comunicado, la DNCD explicó que los agentes e inspectores verificaban en uno de los depósitos del Inposdom, cuando una unidad canina alertó de sustancias narcóticas en el interior de los paquetes, procediendo de inmediato a realizar el proceso de apertura.
En la primera caja se encontró un peluche de color rosado, lleno de fibras de poliéster impregnados de cocaína.
La caja fue enviada por un individuo con presunto domicilio en la calle 11, sector Mendoza, municipio Santo Domingo Este y la recibiría una mujer que según el manifiesto tiene dirección en Pune Walk, Australia.
En el segundo caso, los agentes, coordinados por el fiscal, procedieron a abrir la otra caja, donde encontraron dos velones aromatizados, llenos de cocaína, los cuales según el manifiesto fueron enviados por un hombre con residencia en la calle Santomé, Distrito Nacional y su destino final era, Norfolk ST, Estados Unidos.
La DNCD y el Ministerio Público mantiene abierta una investigación en relación con ambos casos, mientras continúan mejorando su capacidad operativa frente al narcotráfico.