Nacionales
Estancados en tribunales caso de exjueces involucrados en actos de corrupción.
Exjueces acusados de negociar sentencias y que fueron sometidos a la justicia por esa causa siguen con sus casos en un limbo jurídico desde hace seis años, cuyos imputados son Awilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera, de quienes nadie sabe su destino.
Este proceso judicial ha sido largo, está apenas en etapa preliminar y no se ve un final cercano.
Fue en noviembre del 2015 que estalló uno de los escándalos más grandes dentro del Poder Judicial, pero será este lunes cuando un tribunal pretenda iniciar con la audiencia preliminar para determinar si Reyes Beltré y Arias Valera van a juicio de fondo o no.
El caso ha sido “un viacrucis” y el recorrido lento. En 2015, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán Mejía, indicó que la jueza Reyes Beltré le confesó haber recibido dinero para dejar en libertad al exregidor por Pedro Brand, Ericsson de los Santos Solís, acusado de encabezar una banda de sicariato. En el “lío” supuestamente estaba implicado Arias Valera, exconsejero del Poder Judicial, quien había renunciado a su cargo meses antes del escándalo.
¿Cómo ha sido el proceso?
En diciembre del 2015, un juez de la instrucción especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó prisión preventiva a Reyes Beltré y Arias Valera a cumplir en la cárcel Najayo. Pasados dos meses, otro juez, al conocer un recurso de apelación, le varió la medida de coerción por arresto domiciliario.
Para enero del 2016, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó la designación de un juez de instrucción especial para que se conociera la audiencia preliminar en contra de Reyes Beltré y Arias Valera, acusados de prevaricación, asociación de malhechores y otros delitos.
En esa ocasión se designó a una jueza y el caso se mantuvo suspendido durante un tiempo, hasta que en marzo de 2017 Reyes Beltré (que ya estaba suspendida desde junio del 2016) renunció como jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, tras considerar que fue víctima de atropellos y abusos por parte del presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía.
Días después, luego de conocer un juicio disciplinario, el Consejo del Poder Judicial la destituyó al declararla culpable de cometer faltas graves. Ante la situación, en mayo de 2017 el caso fue declinado desde la instrucción especial (que corresponde cuando se es juez) hacia la jurisdicción ordinaria. Es ahí que el proceso llega al tribunal donde actualmente se encuentra estancado.
Hoy se pretende iniciar la audiencia preliminar
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional desde hace cuatro años intenta iniciar la audiencia preliminar, pero, según se informó, diversas situaciones han impedido que el proceso arranque. Uno de ellas es la ausencia de los imputados o el Ministerio Público y lo último que pasó fue que la jueza apoderada tenía covid-19. Para hoy, se pretende comenzar a conocer la vista, en la cual el tribunal determinará si van a juicio de fondo o no.
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.