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Estancados en tribunales caso de exjueces involucrados en actos de corrupción.
Exjueces acusados de negociar sentencias y que fueron sometidos a la justicia por esa causa siguen con sus casos en un limbo jurídico desde hace seis años, cuyos imputados son Awilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera, de quienes nadie sabe su destino.
Este proceso judicial ha sido largo, está apenas en etapa preliminar y no se ve un final cercano.
Fue en noviembre del 2015 que estalló uno de los escándalos más grandes dentro del Poder Judicial, pero será este lunes cuando un tribunal pretenda iniciar con la audiencia preliminar para determinar si Reyes Beltré y Arias Valera van a juicio de fondo o no.
El caso ha sido “un viacrucis” y el recorrido lento. En 2015, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán Mejía, indicó que la jueza Reyes Beltré le confesó haber recibido dinero para dejar en libertad al exregidor por Pedro Brand, Ericsson de los Santos Solís, acusado de encabezar una banda de sicariato. En el “lío” supuestamente estaba implicado Arias Valera, exconsejero del Poder Judicial, quien había renunciado a su cargo meses antes del escándalo.
¿Cómo ha sido el proceso?
En diciembre del 2015, un juez de la instrucción especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó prisión preventiva a Reyes Beltré y Arias Valera a cumplir en la cárcel Najayo. Pasados dos meses, otro juez, al conocer un recurso de apelación, le varió la medida de coerción por arresto domiciliario.
Para enero del 2016, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó la designación de un juez de instrucción especial para que se conociera la audiencia preliminar en contra de Reyes Beltré y Arias Valera, acusados de prevaricación, asociación de malhechores y otros delitos.
En esa ocasión se designó a una jueza y el caso se mantuvo suspendido durante un tiempo, hasta que en marzo de 2017 Reyes Beltré (que ya estaba suspendida desde junio del 2016) renunció como jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, tras considerar que fue víctima de atropellos y abusos por parte del presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía.
Días después, luego de conocer un juicio disciplinario, el Consejo del Poder Judicial la destituyó al declararla culpable de cometer faltas graves. Ante la situación, en mayo de 2017 el caso fue declinado desde la instrucción especial (que corresponde cuando se es juez) hacia la jurisdicción ordinaria. Es ahí que el proceso llega al tribunal donde actualmente se encuentra estancado.
Hoy se pretende iniciar la audiencia preliminar
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional desde hace cuatro años intenta iniciar la audiencia preliminar, pero, según se informó, diversas situaciones han impedido que el proceso arranque. Uno de ellas es la ausencia de los imputados o el Ministerio Público y lo último que pasó fue que la jueza apoderada tenía covid-19. Para hoy, se pretende comenzar a conocer la vista, en la cual el tribunal determinará si van a juicio de fondo o no.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.