Opinión
Colombia: Las mentiras se gastaron y la verdad brotó como sorpresa
Por Narciso Isa Conde
Las bases calumniosas de los motes despectivos de “terroristas”, “bandidos”, “narcoterroristas”… empleados contra los FARC y el ELN, han sido evidenciadas en grande y también sensiblemente resquebrajadas con el anuncio del gobierno colombiano favoreciendo el diálogo con las FARC y el ELN en busca de la paz.
De pronto, además, el contexto de la propaganda que sindicaba a esas organizaciones político-militares como “bandas en extinción” también se vino abajo.
El lenguaje guerrerista oficial ha menguado considerablemente, lo que no significa que no se vuelva a retomar en condiciones peores para los promotores de la guerra.
En los hechos, en lo inmediato, las fuerzas insurgentes han sido reconocidas como lo que son: organizaciones político-militares revolucionarias, marxistas-bolivarianas, comunistas, guevaristas, mariateguistas…
Han sido aceptadas como fuerzas beligerantes, como contrapartes del gobierno en un nuevo dialogo por la paz, como interlocutoras válidas frente a un Estado que por más de medio siglo se ha empecinado en imponer una guerra sucia tutelada por el poder imperial.
! Las mentiras se gastaron y la verdad brotó como sorpresa!
Crisis del guerrerismo oficial colombiano
Evidentemente el Plan Colombia y su derivado Plan Patriota, pese a la enorme logística y moderna tecnología estadounidense e israelí que los han nutrido, fracasaron. Y fracasó de nuevo junto a esos planes el esfuerzo destinado a derrotar militarmente la heroica insurgencia colombiana.
La línea guerrerista entró en crisis mayor. El poder dominante está dividido en cuanto a la pertinencia y efectos de su prolongación. La realidad les dice a unos (representados políticamente por el presidente Manuel Santos) que no es posible la pretendida victoria militar; mientras que las claques mafiosas paramilitares, militaristas y empresariales vinculadas al negocio de la guerra y la narco-corrupción, se empecinan en una política guerrerista cada vez más cuestionada y acorralada por la sociedad. Ahora están mucho más aislados.
De todas maneras Uribe, ya desenmascarado y embarrado como máxima expresión política de esos sectores, persiste en su alucinante afán guerrerista con cierto apoyo de la extrema derecha de EE.UU. y del continente, entre la que se destaca la venezolana.
Mayor acumulación insurgente
La FARC no pudo ser debilitada con las acciones puntuales ejecutadas en su contra, sino que supo encajar los golpes recibidos y reponerse cada vez. Aprendió de los reveses temporales y potenció sus energías militares, sociales y políticas. Se reestructuró, creció cualitativa y cuantitativamente, diseño nuevas tácticas, remozó su estrategia, amplio su inserción en el tejido social rural, urbano y suburbano, y en toda la diversidad étnica-cultural y social.
Avanzó notablemente en el seno de la juventud, del pueblo empobrecido, las mujeres y las poblaciones originarias.
Supo, además, enriquecer y renovar su pensamiento revolucionario, potenciándose como ejército popular bien dotado, milicias irregulares, partido comunista clandestino, movimiento patriótico bolivariano y parte de un sistema de alianzas de gran amplitud y firmeza.
El ELN, por su parte superó dificultades, corrigió errores en cuanto a la salida política al conflicto armado en el contexto de la hegemonía uribista, afirmó su política revolucionaria, articuló mejor sus planes de expansión y sus políticas de unidad, y derrotó embestidas y maniobras enemigas, conservando sus áreas de implantación política y social.
Al mismo tiempo avanzó la cooperación y la unidad entre ambas fuerzas insurgentes.
Las luchas políticas sociales ha crecido impetuosamente a escala nacional y los movimientos sociales activos se han multiplicado y fortalecidos en medio de la multi-crisis crónica del capitalismo y de los efectos devastadores del neoliberalismo y del terrorismo de Estado.
Mas allá de la insurgencia armada -y sin chocar ni competir con ella, más bien complementándose ambas- se ha conformado una gran torrente de fuerzas político-sociales civiles, con definida actitud contestataria, que exige cambios estructurales, nueva institucionalidad, transformaciones sociales y políticas de fondo en el sentido de alternativa real al neo- liberalismo y a la seudo-narco-democracia vigente.
La expresión mas estructurada, potente y esperanzadora de ese torrente es el Movimiento Marcha Patriótica, que a raíz de su lanzamiento y de los meses posteriores ha exhibido un formidable poder de convocatoria y capacidad atractiva.
Así, el vacío político -resultado de la declinación del bipartidismo tradicional (conservadores y liberales neo-liberalizados), de la crisis y división de la “nueva derecha” y de la creciente dispersión y reducción del Polo Democrático (centro-izquierda, o más bien centro), tiende a ser llenado por esta nueva fuerza expansiva e innovadora, que cuenta con liderazgos tan impactantes como el de la ex-senadora (groseramente criminalizada) Piedad Córdoba, expresión de dignidad, combatividad y talento político.
Ella (Piedad) también ha sido inspiradora del espacio conocido con el nombre de Colombianos/as por la Paz, que reúne a centenares de prestigiosos intelectuales dedicados/as a sembrar la idea de la paz a través de una salida política al conflicto armado capaz de superar las causas estructurales e históricas de la guerra y la violencia.
Tanto ha calado ese reclamo de paz –resistido por años por un Estado guerrerista y por los negociantes de la guerra- que el actual gobierno de Santos no ha podido ignorarlo ni evadirlo en un momento en el que el respaldo a la búsqueda de la paz a nivel de encuestas representa casi el 70% de población consultada.
A esto se suman las enormes dificultades que encierra la prolongación del conflicto armado, ahora en condiciones mas adversas para el Estado y para la gran burguesía, incluidas las enormes obstrucciones que su continuidad en ascenso le generaría al modelo exportador y mega-minero que la clase dominante gobernante tiende a potenciar en el contexto de la globalización neoliberal; así como a las vitales relaciones comerciales con Venezuela, principal mercado de la industria manufacturera colombiana y principal fuerte de combustible.
Es esa compleja realidad y esa combinación de factores lo que influye determinantemente en el nuevo giro gubernamental hacia los nuevos diálogos de paz, auspiciado bajo presión nacional por el presidente Santos y los sectores de la gran burguesía local y de la burguesía transnacional que representa, en un intento de reducir presiones y contener el deterioro.
Intereses y objetivos contrapuestos en el referido diálogo.
Es claro que las FARC y el ELN, con su actitud proclive a una salida política al conflicto armado, no simplemente procuran una precaria inserción política legal dentro del sistema imperante y una que otra reformas; si no, que desde su acumulado histórico y desde el poder adicional de las nuevas fuerzas emergentes movilizadas, apuestan a un cambio político y social realmente alternativo al sistema imperante; esto es, procuran la apertura de un periodo de transición a partir de transformaciones de calidad y profundidad en todos los ordenes y de reconquista de soberanía nacional-popular y democracia claramente planteadas.
El gobierno, por el contrario, intentará reciclar el sistema, apaciguar luchas con concesiones limitadas y desmovilizar la insurgencia a cambio de poco. Mientras el imperio peleará su hegemonía y presencia militar, inaceptables para el pueblo. La contradicción esencial continua en ese y todos los escenarios.
Acontece, sin embargo, que la contraparte revolucionaria, además de haber mostrado mucha firmezas y claridad de objetivos, ha aprendido mucho de las experiencias negativas de “paz negociada” en su propio país y en Centro América y cuenta además con un cuadro continental y mundial mucho mas favorable y un país cada vez más convulsionado por el acenso de la ola social y política que clama cambios e independencia de verdad.
La multi-crisis del sistema capitalista lejos de aminorarse se profundiza y se extiende.
La oleada transformadoras se diversifica, teniendo hoy en Colombia una de sus expresiones mas altas, acompañada del accionar de fuerzas de vanguardias antiimperialistas y anticapitalistas profundamente enraizadas en todos los combates y con claras claros miras hacia el socialismo bolivariano y el comunismo del XXI.
Un nuevo periodo -no por promisorio menos difícil- está marcha en Colombia, lleno de obstáculos, complejidades y sorpresas.
Un periodo en el que la lucha por la paz asume una nueva dimensión movilizadora, pero cuya garantía de avances y logros se coloca lejos de la ilusión o el cretinismo pacifista y muy cerca de la combinación efectiva de diversas modalidades de lucha, la defensa de lo acumulado en el terreno militar y del mayor despliegue integral de la fuerzas alternativas: unas con el poder disuasivo y/o confrontativo de las armas vinculada al pueblo rebelde y otras solo con el enorme poderío de la indignación movilización social, cultural y político en dirección a la creación de poder popular y hegemonía política. Ambas sumadas dan victoria popular-nacional con vocación continental.
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?