Opinión
Colombia: Las mentiras se gastaron y la verdad brotó como sorpresa
Por Narciso Isa Conde
Las bases calumniosas de los motes despectivos de “terroristas”, “bandidos”, “narcoterroristas”… empleados contra los FARC y el ELN, han sido evidenciadas en grande y también sensiblemente resquebrajadas con el anuncio del gobierno colombiano favoreciendo el diálogo con las FARC y el ELN en busca de la paz.
De pronto, además, el contexto de la propaganda que sindicaba a esas organizaciones político-militares como “bandas en extinción” también se vino abajo.
El lenguaje guerrerista oficial ha menguado considerablemente, lo que no significa que no se vuelva a retomar en condiciones peores para los promotores de la guerra.
En los hechos, en lo inmediato, las fuerzas insurgentes han sido reconocidas como lo que son: organizaciones político-militares revolucionarias, marxistas-bolivarianas, comunistas, guevaristas, mariateguistas…
Han sido aceptadas como fuerzas beligerantes, como contrapartes del gobierno en un nuevo dialogo por la paz, como interlocutoras válidas frente a un Estado que por más de medio siglo se ha empecinado en imponer una guerra sucia tutelada por el poder imperial.
! Las mentiras se gastaron y la verdad brotó como sorpresa!
Crisis del guerrerismo oficial colombiano
Evidentemente el Plan Colombia y su derivado Plan Patriota, pese a la enorme logística y moderna tecnología estadounidense e israelí que los han nutrido, fracasaron. Y fracasó de nuevo junto a esos planes el esfuerzo destinado a derrotar militarmente la heroica insurgencia colombiana.
La línea guerrerista entró en crisis mayor. El poder dominante está dividido en cuanto a la pertinencia y efectos de su prolongación. La realidad les dice a unos (representados políticamente por el presidente Manuel Santos) que no es posible la pretendida victoria militar; mientras que las claques mafiosas paramilitares, militaristas y empresariales vinculadas al negocio de la guerra y la narco-corrupción, se empecinan en una política guerrerista cada vez más cuestionada y acorralada por la sociedad. Ahora están mucho más aislados.
De todas maneras Uribe, ya desenmascarado y embarrado como máxima expresión política de esos sectores, persiste en su alucinante afán guerrerista con cierto apoyo de la extrema derecha de EE.UU. y del continente, entre la que se destaca la venezolana.
Mayor acumulación insurgente
La FARC no pudo ser debilitada con las acciones puntuales ejecutadas en su contra, sino que supo encajar los golpes recibidos y reponerse cada vez. Aprendió de los reveses temporales y potenció sus energías militares, sociales y políticas. Se reestructuró, creció cualitativa y cuantitativamente, diseño nuevas tácticas, remozó su estrategia, amplio su inserción en el tejido social rural, urbano y suburbano, y en toda la diversidad étnica-cultural y social.
Avanzó notablemente en el seno de la juventud, del pueblo empobrecido, las mujeres y las poblaciones originarias.
Supo, además, enriquecer y renovar su pensamiento revolucionario, potenciándose como ejército popular bien dotado, milicias irregulares, partido comunista clandestino, movimiento patriótico bolivariano y parte de un sistema de alianzas de gran amplitud y firmeza.
El ELN, por su parte superó dificultades, corrigió errores en cuanto a la salida política al conflicto armado en el contexto de la hegemonía uribista, afirmó su política revolucionaria, articuló mejor sus planes de expansión y sus políticas de unidad, y derrotó embestidas y maniobras enemigas, conservando sus áreas de implantación política y social.
Al mismo tiempo avanzó la cooperación y la unidad entre ambas fuerzas insurgentes.
Las luchas políticas sociales ha crecido impetuosamente a escala nacional y los movimientos sociales activos se han multiplicado y fortalecidos en medio de la multi-crisis crónica del capitalismo y de los efectos devastadores del neoliberalismo y del terrorismo de Estado.
Mas allá de la insurgencia armada -y sin chocar ni competir con ella, más bien complementándose ambas- se ha conformado una gran torrente de fuerzas político-sociales civiles, con definida actitud contestataria, que exige cambios estructurales, nueva institucionalidad, transformaciones sociales y políticas de fondo en el sentido de alternativa real al neo- liberalismo y a la seudo-narco-democracia vigente.
La expresión mas estructurada, potente y esperanzadora de ese torrente es el Movimiento Marcha Patriótica, que a raíz de su lanzamiento y de los meses posteriores ha exhibido un formidable poder de convocatoria y capacidad atractiva.
Así, el vacío político -resultado de la declinación del bipartidismo tradicional (conservadores y liberales neo-liberalizados), de la crisis y división de la “nueva derecha” y de la creciente dispersión y reducción del Polo Democrático (centro-izquierda, o más bien centro), tiende a ser llenado por esta nueva fuerza expansiva e innovadora, que cuenta con liderazgos tan impactantes como el de la ex-senadora (groseramente criminalizada) Piedad Córdoba, expresión de dignidad, combatividad y talento político.
Ella (Piedad) también ha sido inspiradora del espacio conocido con el nombre de Colombianos/as por la Paz, que reúne a centenares de prestigiosos intelectuales dedicados/as a sembrar la idea de la paz a través de una salida política al conflicto armado capaz de superar las causas estructurales e históricas de la guerra y la violencia.
Tanto ha calado ese reclamo de paz –resistido por años por un Estado guerrerista y por los negociantes de la guerra- que el actual gobierno de Santos no ha podido ignorarlo ni evadirlo en un momento en el que el respaldo a la búsqueda de la paz a nivel de encuestas representa casi el 70% de población consultada.
A esto se suman las enormes dificultades que encierra la prolongación del conflicto armado, ahora en condiciones mas adversas para el Estado y para la gran burguesía, incluidas las enormes obstrucciones que su continuidad en ascenso le generaría al modelo exportador y mega-minero que la clase dominante gobernante tiende a potenciar en el contexto de la globalización neoliberal; así como a las vitales relaciones comerciales con Venezuela, principal mercado de la industria manufacturera colombiana y principal fuerte de combustible.
Es esa compleja realidad y esa combinación de factores lo que influye determinantemente en el nuevo giro gubernamental hacia los nuevos diálogos de paz, auspiciado bajo presión nacional por el presidente Santos y los sectores de la gran burguesía local y de la burguesía transnacional que representa, en un intento de reducir presiones y contener el deterioro.
Intereses y objetivos contrapuestos en el referido diálogo.
Es claro que las FARC y el ELN, con su actitud proclive a una salida política al conflicto armado, no simplemente procuran una precaria inserción política legal dentro del sistema imperante y una que otra reformas; si no, que desde su acumulado histórico y desde el poder adicional de las nuevas fuerzas emergentes movilizadas, apuestan a un cambio político y social realmente alternativo al sistema imperante; esto es, procuran la apertura de un periodo de transición a partir de transformaciones de calidad y profundidad en todos los ordenes y de reconquista de soberanía nacional-popular y democracia claramente planteadas.
El gobierno, por el contrario, intentará reciclar el sistema, apaciguar luchas con concesiones limitadas y desmovilizar la insurgencia a cambio de poco. Mientras el imperio peleará su hegemonía y presencia militar, inaceptables para el pueblo. La contradicción esencial continua en ese y todos los escenarios.
Acontece, sin embargo, que la contraparte revolucionaria, además de haber mostrado mucha firmezas y claridad de objetivos, ha aprendido mucho de las experiencias negativas de “paz negociada” en su propio país y en Centro América y cuenta además con un cuadro continental y mundial mucho mas favorable y un país cada vez más convulsionado por el acenso de la ola social y política que clama cambios e independencia de verdad.
La multi-crisis del sistema capitalista lejos de aminorarse se profundiza y se extiende.
La oleada transformadoras se diversifica, teniendo hoy en Colombia una de sus expresiones mas altas, acompañada del accionar de fuerzas de vanguardias antiimperialistas y anticapitalistas profundamente enraizadas en todos los combates y con claras claros miras hacia el socialismo bolivariano y el comunismo del XXI.
Un nuevo periodo -no por promisorio menos difícil- está marcha en Colombia, lleno de obstáculos, complejidades y sorpresas.
Un periodo en el que la lucha por la paz asume una nueva dimensión movilizadora, pero cuya garantía de avances y logros se coloca lejos de la ilusión o el cretinismo pacifista y muy cerca de la combinación efectiva de diversas modalidades de lucha, la defensa de lo acumulado en el terreno militar y del mayor despliegue integral de la fuerzas alternativas: unas con el poder disuasivo y/o confrontativo de las armas vinculada al pueblo rebelde y otras solo con el enorme poderío de la indignación movilización social, cultural y político en dirección a la creación de poder popular y hegemonía política. Ambas sumadas dan victoria popular-nacional con vocación continental.
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.