Opinión
Colombia: Las mentiras se gastaron y la verdad brotó como sorpresa
Por Narciso Isa Conde
Las bases calumniosas de los motes despectivos de “terroristas”, “bandidos”, “narcoterroristas”… empleados contra los FARC y el ELN, han sido evidenciadas en grande y también sensiblemente resquebrajadas con el anuncio del gobierno colombiano favoreciendo el diálogo con las FARC y el ELN en busca de la paz.
De pronto, además, el contexto de la propaganda que sindicaba a esas organizaciones político-militares como “bandas en extinción” también se vino abajo.
El lenguaje guerrerista oficial ha menguado considerablemente, lo que no significa que no se vuelva a retomar en condiciones peores para los promotores de la guerra.
En los hechos, en lo inmediato, las fuerzas insurgentes han sido reconocidas como lo que son: organizaciones político-militares revolucionarias, marxistas-bolivarianas, comunistas, guevaristas, mariateguistas…
Han sido aceptadas como fuerzas beligerantes, como contrapartes del gobierno en un nuevo dialogo por la paz, como interlocutoras válidas frente a un Estado que por más de medio siglo se ha empecinado en imponer una guerra sucia tutelada por el poder imperial.
! Las mentiras se gastaron y la verdad brotó como sorpresa!
Crisis del guerrerismo oficial colombiano
Evidentemente el Plan Colombia y su derivado Plan Patriota, pese a la enorme logística y moderna tecnología estadounidense e israelí que los han nutrido, fracasaron. Y fracasó de nuevo junto a esos planes el esfuerzo destinado a derrotar militarmente la heroica insurgencia colombiana.
La línea guerrerista entró en crisis mayor. El poder dominante está dividido en cuanto a la pertinencia y efectos de su prolongación. La realidad les dice a unos (representados políticamente por el presidente Manuel Santos) que no es posible la pretendida victoria militar; mientras que las claques mafiosas paramilitares, militaristas y empresariales vinculadas al negocio de la guerra y la narco-corrupción, se empecinan en una política guerrerista cada vez más cuestionada y acorralada por la sociedad. Ahora están mucho más aislados.
De todas maneras Uribe, ya desenmascarado y embarrado como máxima expresión política de esos sectores, persiste en su alucinante afán guerrerista con cierto apoyo de la extrema derecha de EE.UU. y del continente, entre la que se destaca la venezolana.
Mayor acumulación insurgente
La FARC no pudo ser debilitada con las acciones puntuales ejecutadas en su contra, sino que supo encajar los golpes recibidos y reponerse cada vez. Aprendió de los reveses temporales y potenció sus energías militares, sociales y políticas. Se reestructuró, creció cualitativa y cuantitativamente, diseño nuevas tácticas, remozó su estrategia, amplio su inserción en el tejido social rural, urbano y suburbano, y en toda la diversidad étnica-cultural y social.
Avanzó notablemente en el seno de la juventud, del pueblo empobrecido, las mujeres y las poblaciones originarias.
Supo, además, enriquecer y renovar su pensamiento revolucionario, potenciándose como ejército popular bien dotado, milicias irregulares, partido comunista clandestino, movimiento patriótico bolivariano y parte de un sistema de alianzas de gran amplitud y firmeza.
El ELN, por su parte superó dificultades, corrigió errores en cuanto a la salida política al conflicto armado en el contexto de la hegemonía uribista, afirmó su política revolucionaria, articuló mejor sus planes de expansión y sus políticas de unidad, y derrotó embestidas y maniobras enemigas, conservando sus áreas de implantación política y social.
Al mismo tiempo avanzó la cooperación y la unidad entre ambas fuerzas insurgentes.
Las luchas políticas sociales ha crecido impetuosamente a escala nacional y los movimientos sociales activos se han multiplicado y fortalecidos en medio de la multi-crisis crónica del capitalismo y de los efectos devastadores del neoliberalismo y del terrorismo de Estado.
Mas allá de la insurgencia armada -y sin chocar ni competir con ella, más bien complementándose ambas- se ha conformado una gran torrente de fuerzas político-sociales civiles, con definida actitud contestataria, que exige cambios estructurales, nueva institucionalidad, transformaciones sociales y políticas de fondo en el sentido de alternativa real al neo- liberalismo y a la seudo-narco-democracia vigente.
La expresión mas estructurada, potente y esperanzadora de ese torrente es el Movimiento Marcha Patriótica, que a raíz de su lanzamiento y de los meses posteriores ha exhibido un formidable poder de convocatoria y capacidad atractiva.
Así, el vacío político -resultado de la declinación del bipartidismo tradicional (conservadores y liberales neo-liberalizados), de la crisis y división de la “nueva derecha” y de la creciente dispersión y reducción del Polo Democrático (centro-izquierda, o más bien centro), tiende a ser llenado por esta nueva fuerza expansiva e innovadora, que cuenta con liderazgos tan impactantes como el de la ex-senadora (groseramente criminalizada) Piedad Córdoba, expresión de dignidad, combatividad y talento político.
Ella (Piedad) también ha sido inspiradora del espacio conocido con el nombre de Colombianos/as por la Paz, que reúne a centenares de prestigiosos intelectuales dedicados/as a sembrar la idea de la paz a través de una salida política al conflicto armado capaz de superar las causas estructurales e históricas de la guerra y la violencia.
Tanto ha calado ese reclamo de paz –resistido por años por un Estado guerrerista y por los negociantes de la guerra- que el actual gobierno de Santos no ha podido ignorarlo ni evadirlo en un momento en el que el respaldo a la búsqueda de la paz a nivel de encuestas representa casi el 70% de población consultada.
A esto se suman las enormes dificultades que encierra la prolongación del conflicto armado, ahora en condiciones mas adversas para el Estado y para la gran burguesía, incluidas las enormes obstrucciones que su continuidad en ascenso le generaría al modelo exportador y mega-minero que la clase dominante gobernante tiende a potenciar en el contexto de la globalización neoliberal; así como a las vitales relaciones comerciales con Venezuela, principal mercado de la industria manufacturera colombiana y principal fuerte de combustible.
Es esa compleja realidad y esa combinación de factores lo que influye determinantemente en el nuevo giro gubernamental hacia los nuevos diálogos de paz, auspiciado bajo presión nacional por el presidente Santos y los sectores de la gran burguesía local y de la burguesía transnacional que representa, en un intento de reducir presiones y contener el deterioro.
Intereses y objetivos contrapuestos en el referido diálogo.
Es claro que las FARC y el ELN, con su actitud proclive a una salida política al conflicto armado, no simplemente procuran una precaria inserción política legal dentro del sistema imperante y una que otra reformas; si no, que desde su acumulado histórico y desde el poder adicional de las nuevas fuerzas emergentes movilizadas, apuestan a un cambio político y social realmente alternativo al sistema imperante; esto es, procuran la apertura de un periodo de transición a partir de transformaciones de calidad y profundidad en todos los ordenes y de reconquista de soberanía nacional-popular y democracia claramente planteadas.
El gobierno, por el contrario, intentará reciclar el sistema, apaciguar luchas con concesiones limitadas y desmovilizar la insurgencia a cambio de poco. Mientras el imperio peleará su hegemonía y presencia militar, inaceptables para el pueblo. La contradicción esencial continua en ese y todos los escenarios.
Acontece, sin embargo, que la contraparte revolucionaria, además de haber mostrado mucha firmezas y claridad de objetivos, ha aprendido mucho de las experiencias negativas de “paz negociada” en su propio país y en Centro América y cuenta además con un cuadro continental y mundial mucho mas favorable y un país cada vez más convulsionado por el acenso de la ola social y política que clama cambios e independencia de verdad.
La multi-crisis del sistema capitalista lejos de aminorarse se profundiza y se extiende.
La oleada transformadoras se diversifica, teniendo hoy en Colombia una de sus expresiones mas altas, acompañada del accionar de fuerzas de vanguardias antiimperialistas y anticapitalistas profundamente enraizadas en todos los combates y con claras claros miras hacia el socialismo bolivariano y el comunismo del XXI.
Un nuevo periodo -no por promisorio menos difícil- está marcha en Colombia, lleno de obstáculos, complejidades y sorpresas.
Un periodo en el que la lucha por la paz asume una nueva dimensión movilizadora, pero cuya garantía de avances y logros se coloca lejos de la ilusión o el cretinismo pacifista y muy cerca de la combinación efectiva de diversas modalidades de lucha, la defensa de lo acumulado en el terreno militar y del mayor despliegue integral de la fuerzas alternativas: unas con el poder disuasivo y/o confrontativo de las armas vinculada al pueblo rebelde y otras solo con el enorme poderío de la indignación movilización social, cultural y político en dirección a la creación de poder popular y hegemonía política. Ambas sumadas dan victoria popular-nacional con vocación continental.
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026