Opinión
Colombia: Las mentiras se gastaron y la verdad brotó como sorpresa
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14 años agoon
Por Narciso Isa Conde
Las bases calumniosas de los motes despectivos de terroristas, bandidos, narcoterroristas
empleados contra los FARC y el ELN, han sido evidenciadas en grande y también sensiblemente resquebrajadas con el anuncio del gobierno colombiano favoreciendo el diálogo con las FARC y el ELN en busca de la paz.
De pronto, además, el contexto de la propaganda que sindicaba a esas organizaciones político-militares como bandas en extinción también se vino abajo.
El lenguaje guerrerista oficial ha menguado considerablemente, lo que no significa que no se vuelva a retomar en condiciones peores para los promotores de la guerra.
En los hechos, en lo inmediato, las fuerzas insurgentes han sido reconocidas como lo que son: organizaciones político-militares revolucionarias, marxistas-bolivarianas, comunistas, guevaristas, mariateguistas
Han sido aceptadas como fuerzas beligerantes, como contrapartes del gobierno en un nuevo dialogo por la paz, como interlocutoras válidas frente a un Estado que por más de medio siglo se ha empecinado en imponer una guerra sucia tutelada por el poder imperial.
! Las mentiras se gastaron y la verdad brotó como sorpresa!
Crisis del guerrerismo oficial colombiano
Evidentemente el Plan Colombia y su derivado Plan Patriota, pese a la enorme logística y moderna tecnología estadounidense e israelí que los han nutrido, fracasaron. Y fracasó de nuevo junto a esos planes el esfuerzo destinado a derrotar militarmente la heroica insurgencia colombiana.
La línea guerrerista entró en crisis mayor. El poder dominante está dividido en cuanto a la pertinencia y efectos de su prolongación. La realidad les dice a unos (representados políticamente por el presidente Manuel Santos) que no es posible la pretendida victoria militar; mientras que las claques mafiosas paramilitares, militaristas y empresariales vinculadas al negocio de la guerra y la narco-corrupción, se empecinan en una política guerrerista cada vez más cuestionada y acorralada por la sociedad. Ahora están mucho más aislados.
De todas maneras Uribe, ya desenmascarado y embarrado como máxima expresión política de esos sectores, persiste en su alucinante afán guerrerista con cierto apoyo de la extrema derecha de EE.UU. y del continente, entre la que se destaca la venezolana.
Mayor acumulación insurgente
La FARC no pudo ser debilitada con las acciones puntuales ejecutadas en su contra, sino que supo encajar los golpes recibidos y reponerse cada vez. Aprendió de los reveses temporales y potenció sus energías militares, sociales y políticas. Se reestructuró, creció cualitativa y cuantitativamente, diseño nuevas tácticas, remozó su estrategia, amplio su inserción en el tejido social rural, urbano y suburbano, y en toda la diversidad étnica-cultural y social.
Avanzó notablemente en el seno de la juventud, del pueblo empobrecido, las mujeres y las poblaciones originarias.
Supo, además, enriquecer y renovar su pensamiento revolucionario, potenciándose como ejército popular bien dotado, milicias irregulares, partido comunista clandestino, movimiento patriótico bolivariano y parte de un sistema de alianzas de gran amplitud y firmeza.
El ELN, por su parte superó dificultades, corrigió errores en cuanto a la salida política al conflicto armado en el contexto de la hegemonía uribista, afirmó su política revolucionaria, articuló mejor sus planes de expansión y sus políticas de unidad, y derrotó embestidas y maniobras enemigas, conservando sus áreas de implantación política y social.
Al mismo tiempo avanzó la cooperación y la unidad entre ambas fuerzas insurgentes.
Las luchas políticas sociales ha crecido impetuosamente a escala nacional y los movimientos sociales activos se han multiplicado y fortalecidos en medio de la multi-crisis crónica del capitalismo y de los efectos devastadores del neoliberalismo y del terrorismo de Estado.
Mas allá de la insurgencia armada -y sin chocar ni competir con ella, más bien complementándose ambas- se ha conformado una gran torrente de fuerzas político-sociales civiles, con definida actitud contestataria, que exige cambios estructurales, nueva institucionalidad, transformaciones sociales y políticas de fondo en el sentido de alternativa real al neo- liberalismo y a la seudo-narco-democracia vigente.
La expresión mas estructurada, potente y esperanzadora de ese torrente es el Movimiento Marcha Patriótica, que a raíz de su lanzamiento y de los meses posteriores ha exhibido un formidable poder de convocatoria y capacidad atractiva.
Así, el vacío político -resultado de la declinación del bipartidismo tradicional (conservadores y liberales neo-liberalizados), de la crisis y división de la nueva derecha y de la creciente dispersión y reducción del Polo Democrático (centro-izquierda, o más bien centro), tiende a ser llenado por esta nueva fuerza expansiva e innovadora, que cuenta con liderazgos tan impactantes como el de la ex-senadora (groseramente criminalizada) Piedad Córdoba, expresión de dignidad, combatividad y talento político.
Ella (Piedad) también ha sido inspiradora del espacio conocido con el nombre de Colombianos/as por la Paz, que reúne a centenares de prestigiosos intelectuales dedicados/as a sembrar la idea de la paz a través de una salida política al conflicto armado capaz de superar las causas estructurales e históricas de la guerra y la violencia.
Tanto ha calado ese reclamo de paz resistido por años por un Estado guerrerista y por los negociantes de la guerra- que el actual gobierno de Santos no ha podido ignorarlo ni evadirlo en un momento en el que el respaldo a la búsqueda de la paz a nivel de encuestas representa casi el 70% de población consultada.
A esto se suman las enormes dificultades que encierra la prolongación del conflicto armado, ahora en condiciones mas adversas para el Estado y para la gran burguesía, incluidas las enormes obstrucciones que su continuidad en ascenso le generaría al modelo exportador y mega-minero que la clase dominante gobernante tiende a potenciar en el contexto de la globalización neoliberal; así como a las vitales relaciones comerciales con Venezuela, principal mercado de la industria manufacturera colombiana y principal fuerte de combustible.
Es esa compleja realidad y esa combinación de factores lo que influye determinantemente en el nuevo giro gubernamental hacia los nuevos diálogos de paz, auspiciado bajo presión nacional por el presidente Santos y los sectores de la gran burguesía local y de la burguesía transnacional que representa, en un intento de reducir presiones y contener el deterioro.
Intereses y objetivos contrapuestos en el referido diálogo.
Es claro que las FARC y el ELN, con su actitud proclive a una salida política al conflicto armado, no simplemente procuran una precaria inserción política legal dentro del sistema imperante y una que otra reformas; si no, que desde su acumulado histórico y desde el poder adicional de las nuevas fuerzas emergentes movilizadas, apuestan a un cambio político y social realmente alternativo al sistema imperante; esto es, procuran la apertura de un periodo de transición a partir de transformaciones de calidad y profundidad en todos los ordenes y de reconquista de soberanía nacional-popular y democracia claramente planteadas.
El gobierno, por el contrario, intentará reciclar el sistema, apaciguar luchas con concesiones limitadas y desmovilizar la insurgencia a cambio de poco. Mientras el imperio peleará su hegemonía y presencia militar, inaceptables para el pueblo. La contradicción esencial continua en ese y todos los escenarios.
Acontece, sin embargo, que la contraparte revolucionaria, además de haber mostrado mucha firmezas y claridad de objetivos, ha aprendido mucho de las experiencias negativas de paz negociada en su propio país y en Centro América y cuenta además con un cuadro continental y mundial mucho mas favorable y un país cada vez más convulsionado por el acenso de la ola social y política que clama cambios e independencia de verdad.
La multi-crisis del sistema capitalista lejos de aminorarse se profundiza y se extiende.
La oleada transformadoras se diversifica, teniendo hoy en Colombia una de sus expresiones mas altas, acompañada del accionar de fuerzas de vanguardias antiimperialistas y anticapitalistas profundamente enraizadas en todos los combates y con claras claros miras hacia el socialismo bolivariano y el comunismo del XXI.
Un nuevo periodo -no por promisorio menos difícil- está marcha en Colombia, lleno de obstáculos, complejidades y sorpresas.
Un periodo en el que la lucha por la paz asume una nueva dimensión movilizadora, pero cuya garantía de avances y logros se coloca lejos de la ilusión o el cretinismo pacifista y muy cerca de la combinación efectiva de diversas modalidades de lucha, la defensa de lo acumulado en el terreno militar y del mayor despliegue integral de la fuerzas alternativas: unas con el poder disuasivo y/o confrontativo de las armas vinculada al pueblo rebelde y otras solo con el enorme poderío de la indignación movilización social, cultural y político en dirección a la creación de poder popular y hegemonía política. Ambas sumadas dan victoria popular-nacional con vocación continental.
Opinión
Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad
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4 días agoon
noviembre 13, 2026La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.
- El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
- Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
- La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.
Por Narciso Isa Conde
Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.
Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.
Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.
El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:
· La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.
· Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.
· Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.
· En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.
· Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.
· La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».
· El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.
Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:
¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?
Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:
Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.
En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.
La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.
Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.
Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.
Por Oscar López Reyes
Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.
Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.
La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.
¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?
Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.
También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.
Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.
El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.
La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.
¿Cuáles son las respuestas?
Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.
Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.
Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.
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Referencias bibliográficas:
1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/
2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.
3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.
5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.
6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.
8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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Por Isaías Ramos
Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.
El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.
El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.
Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.
La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.
Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.
En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.
El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.
El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.
Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.
Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.
Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.
El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.
Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.
Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.
En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder
siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.
El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.
¡El 2044 comienza hoy!
