Opinión
Colombia: Las mentiras se gastaron y la verdad brotó como sorpresa
Por Narciso Isa Conde
Las bases calumniosas de los motes despectivos de “terroristas”, “bandidos”, “narcoterroristas”… empleados contra los FARC y el ELN, han sido evidenciadas en grande y también sensiblemente resquebrajadas con el anuncio del gobierno colombiano favoreciendo el diálogo con las FARC y el ELN en busca de la paz.
De pronto, además, el contexto de la propaganda que sindicaba a esas organizaciones político-militares como “bandas en extinción” también se vino abajo.
El lenguaje guerrerista oficial ha menguado considerablemente, lo que no significa que no se vuelva a retomar en condiciones peores para los promotores de la guerra.
En los hechos, en lo inmediato, las fuerzas insurgentes han sido reconocidas como lo que son: organizaciones político-militares revolucionarias, marxistas-bolivarianas, comunistas, guevaristas, mariateguistas…
Han sido aceptadas como fuerzas beligerantes, como contrapartes del gobierno en un nuevo dialogo por la paz, como interlocutoras válidas frente a un Estado que por más de medio siglo se ha empecinado en imponer una guerra sucia tutelada por el poder imperial.
! Las mentiras se gastaron y la verdad brotó como sorpresa!
Crisis del guerrerismo oficial colombiano
Evidentemente el Plan Colombia y su derivado Plan Patriota, pese a la enorme logística y moderna tecnología estadounidense e israelí que los han nutrido, fracasaron. Y fracasó de nuevo junto a esos planes el esfuerzo destinado a derrotar militarmente la heroica insurgencia colombiana.
La línea guerrerista entró en crisis mayor. El poder dominante está dividido en cuanto a la pertinencia y efectos de su prolongación. La realidad les dice a unos (representados políticamente por el presidente Manuel Santos) que no es posible la pretendida victoria militar; mientras que las claques mafiosas paramilitares, militaristas y empresariales vinculadas al negocio de la guerra y la narco-corrupción, se empecinan en una política guerrerista cada vez más cuestionada y acorralada por la sociedad. Ahora están mucho más aislados.
De todas maneras Uribe, ya desenmascarado y embarrado como máxima expresión política de esos sectores, persiste en su alucinante afán guerrerista con cierto apoyo de la extrema derecha de EE.UU. y del continente, entre la que se destaca la venezolana.
Mayor acumulación insurgente
La FARC no pudo ser debilitada con las acciones puntuales ejecutadas en su contra, sino que supo encajar los golpes recibidos y reponerse cada vez. Aprendió de los reveses temporales y potenció sus energías militares, sociales y políticas. Se reestructuró, creció cualitativa y cuantitativamente, diseño nuevas tácticas, remozó su estrategia, amplio su inserción en el tejido social rural, urbano y suburbano, y en toda la diversidad étnica-cultural y social.
Avanzó notablemente en el seno de la juventud, del pueblo empobrecido, las mujeres y las poblaciones originarias.
Supo, además, enriquecer y renovar su pensamiento revolucionario, potenciándose como ejército popular bien dotado, milicias irregulares, partido comunista clandestino, movimiento patriótico bolivariano y parte de un sistema de alianzas de gran amplitud y firmeza.
El ELN, por su parte superó dificultades, corrigió errores en cuanto a la salida política al conflicto armado en el contexto de la hegemonía uribista, afirmó su política revolucionaria, articuló mejor sus planes de expansión y sus políticas de unidad, y derrotó embestidas y maniobras enemigas, conservando sus áreas de implantación política y social.
Al mismo tiempo avanzó la cooperación y la unidad entre ambas fuerzas insurgentes.
Las luchas políticas sociales ha crecido impetuosamente a escala nacional y los movimientos sociales activos se han multiplicado y fortalecidos en medio de la multi-crisis crónica del capitalismo y de los efectos devastadores del neoliberalismo y del terrorismo de Estado.
Mas allá de la insurgencia armada -y sin chocar ni competir con ella, más bien complementándose ambas- se ha conformado una gran torrente de fuerzas político-sociales civiles, con definida actitud contestataria, que exige cambios estructurales, nueva institucionalidad, transformaciones sociales y políticas de fondo en el sentido de alternativa real al neo- liberalismo y a la seudo-narco-democracia vigente.
La expresión mas estructurada, potente y esperanzadora de ese torrente es el Movimiento Marcha Patriótica, que a raíz de su lanzamiento y de los meses posteriores ha exhibido un formidable poder de convocatoria y capacidad atractiva.
Así, el vacío político -resultado de la declinación del bipartidismo tradicional (conservadores y liberales neo-liberalizados), de la crisis y división de la “nueva derecha” y de la creciente dispersión y reducción del Polo Democrático (centro-izquierda, o más bien centro), tiende a ser llenado por esta nueva fuerza expansiva e innovadora, que cuenta con liderazgos tan impactantes como el de la ex-senadora (groseramente criminalizada) Piedad Córdoba, expresión de dignidad, combatividad y talento político.
Ella (Piedad) también ha sido inspiradora del espacio conocido con el nombre de Colombianos/as por la Paz, que reúne a centenares de prestigiosos intelectuales dedicados/as a sembrar la idea de la paz a través de una salida política al conflicto armado capaz de superar las causas estructurales e históricas de la guerra y la violencia.
Tanto ha calado ese reclamo de paz –resistido por años por un Estado guerrerista y por los negociantes de la guerra- que el actual gobierno de Santos no ha podido ignorarlo ni evadirlo en un momento en el que el respaldo a la búsqueda de la paz a nivel de encuestas representa casi el 70% de población consultada.
A esto se suman las enormes dificultades que encierra la prolongación del conflicto armado, ahora en condiciones mas adversas para el Estado y para la gran burguesía, incluidas las enormes obstrucciones que su continuidad en ascenso le generaría al modelo exportador y mega-minero que la clase dominante gobernante tiende a potenciar en el contexto de la globalización neoliberal; así como a las vitales relaciones comerciales con Venezuela, principal mercado de la industria manufacturera colombiana y principal fuerte de combustible.
Es esa compleja realidad y esa combinación de factores lo que influye determinantemente en el nuevo giro gubernamental hacia los nuevos diálogos de paz, auspiciado bajo presión nacional por el presidente Santos y los sectores de la gran burguesía local y de la burguesía transnacional que representa, en un intento de reducir presiones y contener el deterioro.
Intereses y objetivos contrapuestos en el referido diálogo.
Es claro que las FARC y el ELN, con su actitud proclive a una salida política al conflicto armado, no simplemente procuran una precaria inserción política legal dentro del sistema imperante y una que otra reformas; si no, que desde su acumulado histórico y desde el poder adicional de las nuevas fuerzas emergentes movilizadas, apuestan a un cambio político y social realmente alternativo al sistema imperante; esto es, procuran la apertura de un periodo de transición a partir de transformaciones de calidad y profundidad en todos los ordenes y de reconquista de soberanía nacional-popular y democracia claramente planteadas.
El gobierno, por el contrario, intentará reciclar el sistema, apaciguar luchas con concesiones limitadas y desmovilizar la insurgencia a cambio de poco. Mientras el imperio peleará su hegemonía y presencia militar, inaceptables para el pueblo. La contradicción esencial continua en ese y todos los escenarios.
Acontece, sin embargo, que la contraparte revolucionaria, además de haber mostrado mucha firmezas y claridad de objetivos, ha aprendido mucho de las experiencias negativas de “paz negociada” en su propio país y en Centro América y cuenta además con un cuadro continental y mundial mucho mas favorable y un país cada vez más convulsionado por el acenso de la ola social y política que clama cambios e independencia de verdad.
La multi-crisis del sistema capitalista lejos de aminorarse se profundiza y se extiende.
La oleada transformadoras se diversifica, teniendo hoy en Colombia una de sus expresiones mas altas, acompañada del accionar de fuerzas de vanguardias antiimperialistas y anticapitalistas profundamente enraizadas en todos los combates y con claras claros miras hacia el socialismo bolivariano y el comunismo del XXI.
Un nuevo periodo -no por promisorio menos difícil- está marcha en Colombia, lleno de obstáculos, complejidades y sorpresas.
Un periodo en el que la lucha por la paz asume una nueva dimensión movilizadora, pero cuya garantía de avances y logros se coloca lejos de la ilusión o el cretinismo pacifista y muy cerca de la combinación efectiva de diversas modalidades de lucha, la defensa de lo acumulado en el terreno militar y del mayor despliegue integral de la fuerzas alternativas: unas con el poder disuasivo y/o confrontativo de las armas vinculada al pueblo rebelde y otras solo con el enorme poderío de la indignación movilización social, cultural y político en dirección a la creación de poder popular y hegemonía política. Ambas sumadas dan victoria popular-nacional con vocación continental.
Opinión
Un Estado puede ganar un enfrentamiento y, al mismo tiempo, estar perdiendo la batalla contra el crimen.
Por Isaías Ramos
En las últimas semanas, decenas de personas han muerto durante actuaciones policiales calificadas como “intercambios de disparos”. El debate se ha concentrado, comprensiblemente, en determinar si esas actuaciones fueron legítimas, si hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza y qué mecanismos pueden establecer con credibilidad lo ocurrido.
Son preguntas indispensables.
Pero hay otra que estamos formulando mucho menos:
¿Estamos desmontando el sistema que produce al delincuente o solamente neutralizando una de sus manifestaciones?
Esta controversia me recuerda una enseñanza que quedó especialmente presente en mí desde que tuve la oportunidad de participar en el Diplomado Internacional Transformación Social y Educativa, vinculado al pensamiento del filósofo francés Edgar Morin.
Morin advertía sobre la “inteligencia ciega”: aquella que fragmenta la realidad, separa sus componentes y termina confundiendo el conocimiento de una parte con la comprensión del todo.
La criminalidad castiga severamente ese pensamiento simplificador.
El hombre armado que aparece en una esquina es apenas la expresión visible de un sistema mucho más amplio. Detrás pueden coexistir tráfico de armas, narcotráfico, microtráfico, lavado de activos, corrupción, financiamiento ilegal, reincidencia, abandono escolar, exclusión social, debilidades penitenciarias y territorios donde las instituciones han perdido capacidad preventiva.
Reducir semejante entramado al último individuo de la cadena constituye un error estratégico.
Porque si hoy cae un delincuente y mañana otro ocupa exactamente su lugar, no hemos desmontado el crimen.
Solamente hemos reemplazado una pieza.
Y mientras celebramos que una pieza cayó, la maquinaria que la incorporó, la utilizó y puede sustituirla sigue funcionando intacta.
Durante aproximadamente tres décadas, distintos gobiernos han administrado una sociedad que ha experimentado crecimiento económico y avances sociales, pero donde persisten brechas educativas, sociales, territoriales e institucionales.
El problema no es solamente cuánto se ha invertido en cada área, sino cuánto hemos sido capaces de articularlas.
Educación, protección social, seguridad, justicia, sistema penitenciario y prevención continúan funcionando demasiadas veces como compartimentos separados.
Ahí reaparece la advertencia de Morin: conocemos las partes, financiamos las partes y administramos las partes, pero perdemos de vista las relaciones que producen el fenómeno completo.
Entonces surge una contradicción preocupante: toleramos durante años condiciones que favorecen exclusión, violencia, economías ilícitas y ausencia de oportunidades y, cuando algunas de sus consecuencias finalmente aparecen armadas en nuestras calles, pretendemos enfrentarlas principalmente mediante fuerza policial.
La seguridad comienza mucho antes de que un policía tenga que sacar su arma.
Existe, además, una diferencia fundamental entre letalidad operativa y eficacia estratégica.
Una intervención policial puede neutralizar una amenaza inmediata y ser tácticamente exitosa. Pero la eficacia estratégica exige una pregunta mucho más importante:
¿Qué poder criminal perdió la sociedad después del operativo?
Un presunto delincuente capturado con vida puede convertirse, dentro del debido proceso, en una fuente de inteligencia criminal: identificar quién suministra las armas, quién financia, quién distribuye, quién recibe el dinero, quién protege la estructura y quién dirige niveles superiores.
Por eso no basta preguntar quién cayó.
Debemos preguntar:
¿Qué estructura descubrimos?
¿Qué red desmantelamos?
¿Qué información obtuvimos para impedir al próximo?
Un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que solamente puede enfrentar a un hombre armado.
Es aquel capaz de investigar, capturar, obtener información conforme a la ley, seguir el dinero, rastrear las armas, identificar conexiones, judicializar responsables y reducir efectivamente el poder de las organizaciones criminales.
Nada de esto significa negar a los agentes policiales su derecho a defenderse ante una agresión real.
Tampoco significa asumir que toda muerte ocurrida durante una intervención policial constituye automáticamente una ejecución.
Precisamente por eso, cuando una persona muere por actuación de agentes del Estado, debe existir un procedimiento independiente y creíble capaz de establecer qué ocurrió.
Eso protege al ciudadano.
Y también protege al policía que actuó legítimamente.
Pero una política moderna de seguridad debe avanzar más.
Necesitamos inteligencia criminal integrada, capaz de conectar armas, personas, territorios, comunicaciones y organizaciones.
Necesitamos persecución financiera y judicial, porque una estructura criminal pierde verdadero poder cuando pierde su dinero, sus armas, su protección y sus mandos.
Y necesitamos prevención focalizada allí donde las redes criminales encuentran las condiciones para reclutar o sustituir continuamente a sus integrantes.
Por eso tampoco deberíamos medir la seguridad únicamente por muertos, detenidos u operativos realizados.
Debemos medirla por redes criminales desarticuladas, armas rastreadas, dinero ilícito intervenido, mandos identificados, funcionarios corruptos sometidos, reincidencia reducida y territorios recuperados.
El verdadero dilema nunca debió ser seguridad contra derechos.
Esa falsa dicotomía es, en sí misma, otra expresión de inteligencia ciega.
La República Dominicana necesita autoridad.
Necesita una Policía capaz de enfrentar el crimen.
Necesita justicia capaz de investigar y sancionar.
Necesita inteligencia capaz de anticipar las redes.
Necesita prevención capaz de reducir el reclutamiento.
Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de comprender que todas esas piezas forman parte del mismo sistema.
Porque neutralizar al delincuente puede resolver la amenaza de hoy.
Desmantelar las redes que reclutan y sustituyen al próximo es comenzar a resolver el problema del país.
Los evangelizadores de la Inteligencia Artificial (IA) cabalgan sin pausas ni paradas, a toda mecha como un lince o un cohete, confiados en sus maravillosos proyectos de inversiones financieras. Y el ritmo rasguea en una constante que no presiente ni anticipa límites ni la potencial burbuja/fin de esta expansionista tecnología, la IA, otra estafa, otra doble estafa universal.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma estipula que la Corte Penal Internacional entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ¨ratificación, aceptación, aprobación o adhesión¨.
La firma del Estatuto de Roma estuvo abierta hasta el 31 de diciembre del año 2000, tal y como lo estipula el referido Estatuto. Para que un Estado devenga parte , este deberá ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al tratado.
El término ¨adhesion¨normalmente significa adherirse al Tratado una vez que este haya entrado en vigor, pero también podrá referirse a un proceso específico de un Estado.
Para el Estado que ratifique, acepte, o apruebe el Estatuto posteriormente al depósito del sexagésimo instrumento, la entrada en vigor del Estatuto para dicho Estado será el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Estatuto de Roma.
Según el Estatuto de Roma los Estados los Estados no podrán hacer reservas al Estatuto. Los Estados Partes deberán aceptar el Estatuto tal y como fue adoptado en la Conferencia de Roma.
No obstante, el Estatuto de Roma dispone que el Estado podrá declarar que ¨ durante un periodo de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto , no aceptará la competencia de la CPI sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio¨.
El objetivo de la disposición indicada anteriormente es brindar a los Estados Partes tiempo suficiente para capacitar a todo su personal militar sobre los requisitos del Estatuto con respecto a los crímenes de guerra, ya que algunas de las disposiciones del Estatuto de Roma podrían ser contrarias a las obligaciones nacionales existentes.