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Estado se constituye en actor civil contra acusados caso Pulpo
Este caso fue declarado complejo, por lo que el tribunal podría otorgar de entre 15 a 30 días hábiles para presentar cargos contra el grupo.
Santo Domingo, RD.-El Estado dominicano ha presentado una querella y se constituyó en actor civil ante la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) contra los involucrados en el caso Antipulpo.
Los abogados representados por Jorge Luis Polanco Rodríguez, Claudia Álvarez Troncoso y Jorge López Hilario, forman parte del grupo de juristas conformados, mediante el decreto 22-21, para la recuperación del patrimonio público.
El Estado pretende obtener una indemnización de RD$23, 903, 465,542.00 por concepto de los daños y perjuicios de toda índole.
Intimarían hoy a presentar acusación
Mientras tanto, ayer, tras vencer el plazo otorgado para la presentación de la acusación en contra de los implicados en el caso Pulpo, la jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional podría intimar hoy, miércoles, al Ministerio Público, a presentar acto conclusivo.
La decisión será tomada por la magistrada Yanibet Rivas, luego de que el Ministerio Público no presentara acusación formal en contra de los encartados en el caso Pulpo, a pesar de que el tribunal le otorgó cuatro meses adicionales.
En virtud de que el caso fue declarado complejo, la jueza podría otorgar 15 o 30 días hábiles al Ministerio Público para que presente cargos formales contra Juan Alexis Medina Sánchez y el resto de los acusados en el entramado de corrupción, basado en el artículo 151 del Código Procesal Penal.
El referido código establece que, vencido el plazo de la investigación, si en los próximos cinco días el Ministerio Público no acusa, no dispone el archivo ni presenta otro requerimiento conclusivo, el juez, de oficio o a solicitud de una de las partes, intima al superior inmediato y notifica a la víctima para que formulen su requerimiento en ese lapso.
“Si ninguno de ellos presenta requerimiento alguno, el juez declara extinguida la acción penal”, establece el Código Procesal Penal Dominicano.
Habla Wilson Camacho
De su lado, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, dijo que aún se están analizando las últimas informaciones obtenidas, entre ellas las que llegaron de la Cámara de Cuentas.
Sostuvo que la acusación en el caso Pulpo será presentada dentro de los plazos establecidos en el Código Procesal Penal.
“El ministerio público está analizando las últimas informaciones obtenidas, incluso las que le llegaron desde la Cámara de Cuentas, un procedimiento rutinario en los procesos, sobre todo en los que se trata de criminalidad compleja, que nos facilita el marco jurídico vigente”, dijo Camacho. “El tiempo que han necesitado los órganos de persecución, con un amplio equipo de fiscales y especialistas de diversas áreas trabajando sin ninguna pausa, reafirman la complejidad del Caso Pulpo y se traducirá en una acusación hermética que será presentada ante los tribunales”, agregó.
CIFRAS
8 AÑOS
Caso “blindado”.
El Ministerio Público ha asegurado que este caso está “blindado” y que no se descarta que sean incluidos más imputados.
A la red del caso mencionado se le acusa de desfalco al Estado, por más de 5,000 millones de pesos, entre los períodos 2012 -2020.
La investigación.
El Caso Antipulpo es un proceso judicial originado a raíz de una operación abierta tras un proceso de investigación liderado por la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.