Opinión
Estafa peaje sombra, vacas sagradas y constituyente soberana
Por Narciso Isa Conde
No obvien lo que significan las APPS, el tipo de endeudamiento externo y el servilismo ante los designios de EEUU en la región.
Una estafa de 1000 millones de dólares y un buen paquete de corruptos preferidos, convertidos en vacas sagradas es como para recapitular algunos hechos ominosos y reflexionar sobre el quehacer para impedir que esto se siga produciendo, comicios tras comicios, gobiernos tras gobiernos sustentados en el presente marco constitucional y dentro de esta institucionalidad pervertida.
LA ESTAFA
La Autovía a Samaná fue licitada por el primer gobierno de Leonel Fernández y contratada originalmente por el presidente Hipólito Mejía con su ministro Miguel Vargas Maldonado. Es un contrato-estafa multimillonario. La empresa escogida fue la REMIX con sede en Islas Vírgenes.
La Concesión de Administración del Régimen de Peaje de la Autovía Nordeste sufrió cambios para reforzar esa estafa mediante actas- acuerdos con Gobiernos de Leonel Fernández y sus ministros DIAZ RUA y FREDDY PEREZ.
Usar como parámetro lo que habría que pagar en próximos 17 años por un régimen de peaje sombra («infame» e inaceptable» como lo califica el propio Abinader), para justificar darle a Consorcio REMIX 410 millones más de los otros 400 y tanto millones de dólares que ese consorcio y sus cómplices se robaron con el régimen amañado de peaje en el caso de la AUTOVÍA DEL NORDESTE (Samaná) y otra suma parecida en el caso del BOULEVARD DEL ATLÁNTICO, es proteger delito anterior y cometer otro.
Mantener el Contrato-estafa Autovía Samaná por 17 años más era imposible, por lo que la afirmación de que Abinader le está «ahorrando al Estado» 1,500 millones de dólares es un truco publicitario. La verdad es que aceptó pagar 1,300 millones de dólares por ambas obras que costó 154 y el Boulevard un poco más, y dejó impunes a ladrones, incluidos los casos de Hipólito y Leonel como jefes de Estado que aprobaron esos contrato-estafas.
El Contrato de Régimen Peaje AUTOVÍA SAMANA estableció una exagerada circulación de vehículos no menor de 4,500 al día y el consorcio privado lo bajó a 4 mil para obligar al Estado a pagar “déficits” mayores.
En realidad nunca ha pasado de los 1,000 vehículos al día, lo que representó pagos gubernamentales por 27 mil millones en 8 años en la ruta de la autopista del Este (más de 400 millones de dólares) y otro tanto en el caso del Boulevard Turístico del Atlantico (más de 800 en dólares en total).
La SOCIEDAD AUTOPISTA NORDESTE es una APP-estafa. La autovía costó 154 millones de dólares y como expresé mas arriba la empresa concesionaria REMIX, solo por la cláusula que obliga al Estado Dominicano pagar reducción circulación de vehículos (por debajo 4 mil), recibió más de 400 millones de dólares en 8 años.
En tanto, el BOULEVARD que llega a la Terrena, con un costo de 151 millones de dólares, fue supuestamente financiado por la REMIX, pero realmente el Estado le r le facilitó gratis el asfaltado y ahora ABINADER le regala otros 410 millones, más la impunidad de todos los culpables. ¡VAYA TRANSPARENCIA!
Los contratos-estafas SOCIEDAD AUTOPISTA DEL NORDESTE Y BOULEVARD DEL ATLÁNTICO están plagados de vicios y violaciones, son nulos y perfectamente anulables; y son demandables y procesables delincuentes responsables en ambas partes (estatal y privada).
Abinader -además de no tocar la impunidad de esas operaciones- prefirió negociar con el consorcio privado para ponerle fin a los contratos concediéndole otros 410 millones de dólares, después de robarse, junto a altos funcionarios del Estado, más de 800 millones de dólares sólo por concepto del leonino régimen de peaje.
El consorcio utilizó empresas ilegales y es una corporación OFFSHORE con sede en Islas Vírgenes, de dueños no identificados ni denunciados a la luz de la información oficial vertida. ¡Otro misterio de la transparencia gubernamental.
LAS VACAS SAGRADAS
A DANILO con sus familiares de FONPER hay que meterlos presos, dejarse de rodeos; sin olvidar que los Vicini de Abinader estafaron a FONPER con 16 mil millones de pesos y la AES le hizo otras diabluras parecidas. De las fechorías de San Leonel no se habla, ni tampoco del Fantasma de los Bonetti y su abogado Jorge Mera.
Está muy bien se denuncie y sancione nepotismo y robo de familiares de Danilo en FONPER, pero está mal que deje impune la gran estafa de EGE-Haina y EGE-Itabo a FONPER a cargo de Grupo Vicini y AES DOMINICANA, y se siga diciendo que no hay VACAS SAGRADAS.
La CÁMARA DE CUENTAS debería sacarle las CUENTAS a relaciones mafiosas Estado- Corporaciones Privadas en casos tan abusivos como los de COASTAL, PROPAGAS, COGENTRIX, BARRICK, VICINI-SAN SOUCI, MACARRULLA, FALCONDO, GRUPO ESTRELLA, BELFOND… ¿Hay o no intocables?
PEREYRA ROJAS, Administrador de BANRESERVA, tiene licencia para derrochar en fiestas y en publicidad dispendiosa, e impunidad para que no investiguen su complicidad en caso TUCANOS. El tipo fue jefe financiero CAMPAÑA presidencial de Abinader y conoce de los aportes ¡ES DE LOS INTOCABLES!
· CONSTITUYENTE SOBERANA O NUEVAS FRUSTRACIONES
Miren lo acontecido con el Código Penal y el especial destino de las tres causales.
Observen la entronización del racismo en el poder y, en consecuencia, en todas las instituciones del Estado.
Los Vinchos están de risitas
Tengan en cuenta como se manipula el tema corrupción e impunidad, y como se aplica una política en la que resaltan cada vez más los corruptos preferidos y los impunes protegidos
Vean como se han manejado los casos de narco-política y de corrupción empresarial y presidencial, incluidos lo casos del peaje sombra y de los intocables.
Fulcar parece tener licencia para delinquir a base del 4% y Macarrulla y Pereyra Rojas ni hablar, con no pocos dispuestos a emularlo.
No obvien lo que significan las APPS, el tipo de endeudamiento externo y el servilismo ante los designios de EEUU en la región.
Valoren lo nefasto que resulta un gobierno dirigido por los grupos empresariales más voraces del país y una policía dirigida por generales asesinos y ladrones.
Observen cómo crecen las desigualdades y se expanden los procesos de empobrecimiento de las bases de la pirámides social, a consecuencia de la carestía, el desempleo, el empleo precario, el trabajo informal y el achicamiento de los servicios públicos.
Miren el nivel de la crisis ambiental y los afanes por privatizar el agua.
Está claro, pues, que por la vía de esta institucionalidad, basada en la Constitución del 2010, no habrá salida superadora a las demandas fundamentales de los movimientos feministas, ambientalistas, anti-impunidad, anti-represión juveniles, estudiantiles, niños, niñas y adolescentes, campesinos, comunitarios, populares y clasistas, del sector salud, educación, deporte, justicia derechos de inmigrantes.
No habrá soberanía nacional ni derecho del pueblo a decidir.
Todas las reivindicaciones chocan con el poder establecido, con las instituciones controladas por los tutumpotes capitalistas, EEUU, la partidocracia y los agentes del patriarcado.
Vuelven a repetirse los escándalos de corrupción, los abusos y los crímenes.
Eso es lo que está pasando, lo que nos da la razón a quienes planteamos la necesidad de una CONSTITUYENTE SOBERANA, electa por el pueblo, para dar paso a una nueva Constitución y una nueva institucionalidad que posibiliten cambiar todo lo que impide que el pueblo decida todo lo que le atañe.
El Congreso Nacional o Asamblea Nacional Legislativa siempre ha rechazado esa posibilidad, dado que desde 1844 hasta la fecha las Constituciones aprobadas le han asignado exclusivamente a ese organismo la función de revisarla y reformarla a su antojo, siempre en función de los intereses que representan sus integrantes.
Así quedó establecido también en la Constitución del 2010, imponiendo nuevamente un sistema constitucional cerrado, anti-democrático, en el que se anula la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente por elección popular, independiente del poder legislativo; atribuyéndole por el contrario al Congreso tanto las funciones legislativas como la de reformar la Constitución.
La cuestión se agrava, cuando además -como ha pasado en las últimas décadas- el Congreso Nacional se convierte en un mecanismo controlado por una partidocracia corrupta y conservadora, en la que predominan “riferos”, personas sobornables, políticos clientelistas, narcotraficantes, empresarios sin escrúpulos y negociantes de la política, que pervierten gran parte de lo que tocan y se siente protegidos por un sistema constitucional y un conjunto de leyes que garantiza la continuidad de esa degradación impune.
Es a ese Congreso Nacional, convocado por ley especial como Asamblea Revisora, que el Presidente Abinader pretende someterle determinadas reformas constitucionales.
La situación actual exige crear progresivamente desde el pueblo y sus luchas un PODER CONSTITUYENTE que posibilite en lo inmediato derrotar esa pretensión, superar ese tranque y abrirle camino a las siguientes fases del PROCESO CONSTITUYENTE.
La premisa fundamental de esa trascendente creación es lograr que el pueblo comprenda esa necesidad, tome conciencia colectiva de ella y se apodere de la idea de que él es el SOBERANO, de que debe y puede decidir el éxito de esa nueva y promisoria ruta.
Que debe y puede unirse, organizarse, y movilizarse en todo el territorio nacional para protagonizar el PROCESO CONSTITUYENTE y el cambio imprescindible que ponga fin a la larga era de las Constituciones conservadoras, oligárquicas, anti-democráticas, negadoras de derechos, autodeterminación popular y de la dignidad del pueblo y la Nación.
Que tiene derecho a elaborar la Constitución que merece y a elegir a quienes deben participar en Asamblea Constituyente instalada al margen de ese Congreso usurpador de las funciones constituyente, controlado por la partidocracia corrupta.
El sistema tradicional de partidos, cuyos principales dirigentes son responsables, junto con otros sectores del poder actual, de la degradación de la política y las penurias padecidas por nuestro pueblo, está descalificado para facilitar el proceso constituyente.
El sistema electoral y el régimen de partidos han sido estructurados para impedir el desarrollo de una democracia participativa; para convertir la política en negocio, los electores en clientes y los comicios en votaciones manipulables por el poder del dinero.
Ese sistema sirve para atajar las rebeldías populares y crear la ilusión de que es posible cambiar el estado de cosas aceptando las reglas de juego del sistema y cambiando personas y partidos que defienden intereses similares.
Al pueblo lo convocan a votar, no a elegir ni a ejercer poder. Los candidatos/as en la mayoría de los casos los/as escogen los partidos y las decisiones las toman sus cúpulas y quienes más dinero poseen.
Esto está muy lejos de ser una democracia.
Esto es una partidocracia combinada con el poder del dinero y la conversión de la política en negocio ejercido en forma creciente por grandes empresarios, lo que se define como plutocracia.
Es la hora de sacudirnos.
Es tiempo para crear desde abajo el Poder Constituyente.
Por Oscar López Reyes
Desde la declaratoria de independencia de Inglaterra por 13 colonias enclavadas en la costa Este de América del Norte, el 4 de julio de 1776, Estados Unidos ha experimentado una expansión imparable, vasta y mamut, cobijada en su aventajada ubicación entre los océanos Atlántico y Pacífico, sus crecidos recursos naturales (tierras fértiles, carbón, hierro y petróleo), el ingenio y acometividad industrial de una élite, las guerras y el saqueo de bienes extraterritoriales.
Los aportes de la principal superpotencia a la economía, la educación, la salud, la cultura y la ciencia a través de la investigación, son apreciables. Pongamos de relieve diez de los fundamentales, a propósito de la conmemoración del 250 aniversario de su independencia:
1.- ECONOMÍA Y FINANZAS. Descuella con el Producto Interno Bruto (PIB) más voluminoso del globo terráqueo, que supera los 32 billones de dólares y que acumula más del 25% del patrimonio planetario. Se empinó como la primera economía del universo, inspirada en el modelo de libre mercado, amparada en su riqueza natural, el grueso mercado de consumo interno, sus incesantes transformaciones tecnológicas y su moneda robusta (el dólar), que le otorgan un poder bancario internacional. Por esos atributos cuenta con Wall Street, el centro financiero de más operaciones globales.
2.- NOVEDADES TECNOLÓGICAS. Estados Unidos asienta las más influyentes corporaciones tecnológicas, que van desde la informática, la biotecnología, la farmacéutica, la industria espacial, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, que avasallan el panorama informático/digital universal, como Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms (Facebook, Instagram y WhatsApp), Broadcom, Tesla, Oracle e Intel.
3.- EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. Estados Unidos lidera los rankings mundiales de los centros universitarios, principalmente por su excelencia educativa y su impacto en la investigación y producción científica, como Princeton, Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Harvard, Stanford, Yale y Columbia.
4.- INFLUENCIA SOCIO-CULTURAL. La ascendencia transnacional de Estados Unidos ha sido protagónica, particularmente por la exportación y difusión de la industria cultural y el entretenimiento, como la música, el consumo mediático y el cine (Hollywood), históricamente taquillero y hegemónico en la producción audiovisual y las plataformas digitales.
5.- ASCENDENCIA DEPORTIVA. Las becas universitarias, la calidad de las infraestructuras físicas, la comercialización y la estratégica operatividad de las ligas profesionales estadounidenses, con la contratación de calificados talentos nacionales e internacionales, han colocado las competencias deportivas nacionales en un alto peldaño, con sustanciales beneficios monetarios y un impacto internacional. Por esa causativa, Estados Unidos ha trascendido en los juegos olímpicos y las grandes ligas profesionales de béisbol (MLB), el baloncesto (NBA), el fútbol (NFL) y el fútbol americano (MLB).
6.- INVESTIGACIÓN E INVENCIONES. En Estados Unidos inventaron la iluminación eléctrica, el telégrafo, teléfono, el avión, la penicilina a escala industrial, la vacuna contra el polio, la anestesia, el trasplante de órganos, el láser, el descenso de nave espacial a la Luna, el primer satélite de comunicación, el sistema de pronóstico meteorológico satelital, el primer transbordador espacial, la computadora personal, el microprocesador, la robótica, la Internet y la Web, el proyecto de Genoma Humano, el GPS, la tecnología de células madre, etc., por cuya labor de investigación y desarrollo está en el primer lugar en cantidad de premios Nobel.
7.- CONSERVACIÓN AMBIENTAL GLOBAL Ha sido pionero en la conservación ambiental, con el desarrollo del Parque Nacional Yellowstone, en 1872; la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act de 1970), la reducción de la contaminación industrial y más de 30 logros en esta área.
8.- PRODUCCIÓN ENERGÉTICA. Activó, desde 1869, la producción comercial del petróleo, la innovación en el transporte, el tren intercontinental, el descubrimiento de crudo en Pensilvania; la segunda revolución industrial, el desarrollo de plantas de energía nuclear y la reserva de gran cantidad de petróleo y gas natural.
9.- REFORMAS SOCIALES Y POLÍTICAS. Desde su proclamación como República independiente, en Estados Unidos han sido impulsadas transformaciones internas esenciales, como la abolición de la esclavitud, el establecimiento de derechos civiles, como el sufragio para las minorías; el sistema federal con división de poderes, las libertades individuales frente al poder central y los programas de seguridad social Medicare, Medicaid y alimentos para auxiliar a personas de bajos ingresos.
10.- ACOGIDA DE EMIGRANTES. Atracción y recepción de millones de emigrantes, que son recursos humanos para la producción empresarial y estatal y que, a la vez, oportunidades de trabajo para la sostenibilidad financiera y el envío de remesas a sus países de origen.
En pocas palabras, los inventos, emprendimientos y productividad con el sello “Made in the U.S.A.”, desde antes de la Revolución Industrial y en la Era Digital, han salvado millones de vidas y coadyuvado con la transformación de la economía global y los quehaceres cotidianos. Han mecanizado y automatizado transiciones y modificaciones en las interacciones humanas, los procesos sociales y económicos, en hábitos de consumo y la cultura, en transacciones monetarias, en el accionar laboral, leyes y otras normas, así como en estructuras societarias.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.
Por Isaías Ramos
Ningún pueblo despierta una mañana descubriendo que perdió su libertad.
La historia nunca comienza por el final.
Primero cambia el lenguaje. Después cambian las leyes. Más tarde se desplazan los límites del poder. Y solo al final una sociedad comprende cuánto costó haber permanecido indiferente.
Esta semana comienza la aplicación del nuevo Código Penal dominicano. Para muchos, el debate terminó con su promulgación. En realidad, apenas comienza.
Un Código Penal no se mide únicamente por los delitos que incorpora ni por la severidad de sus penas. Su verdadero examen consiste en responder una pregunta esencial:
¿Permanece plenamente subordinado a la Constitución?
El poder de castigar es la facultad más intensa del Estado. Permite investigar, acusar, imponer medidas de coerción y privar de libertad. Precisamente por eso necesita límites más claros, no márgenes más amplios.
Toda ley penal debió ser examinada con el máximo rigor constitucional antes de que el primer ciudadano padeciera sus efectos. Aunque una disposición sea declarada inconstitucional posteriormente, ninguna sentencia devuelve íntegramente el tiempo, la honra o la libertad ya perdidos.
La experiencia comparada deja advertencias que ninguna democracia prudente debería ignorar.
En Cuba, figuras como el desacato han sido cuestionadas por brindar protección penal reforzada a las autoridades y restringir la crítica al poder. En Nicaragua, organismos internacionales han objetado la utilización de delitos relacionados con el orden público y la seguridad nacional frente a manifestaciones y expresiones ciudadanas. En Venezuela, el debilitamiento de los controles institucionales estuvo acompañado por una reducción del espacio para la expresión, la protesta y la vigilancia ciudadana.
Los contextos fueron diferentes. Pero la advertencia terminó siendo la misma:
Las libertades rara vez desaparecen de un solo golpe.
Las restricciones se acumulan. Se justifican. Se normalizan. Se aceptan.
Y cuando una sociedad comprende sus consecuencias, recuperar los derechos perdidos resulta mucho más difícil que haberlos protegido a tiempo.
Si aquellos pueblos hubieran podido mirar décadas hacia el futuro y contemplar familias divididas, millones obligados a abandonar la tierra que amaban y millones más sobreviviendo entre restricciones, miedo, precariedad y opresión, ¿qué no habrían hecho para defender cada espacio de libertad mientras todavía estaban a tiempo?
Los pueblos nunca lamentan haber defendido demasiado pronto su Constitución. Lo que lamentan es haber comprendido demasiado tarde cuánto valía.
Existe otra lección. Quienes hoy poseen poder político, económico, institucional o mediático suelen olvidar que las leyes que ayudan a aprobar o justificar no permanecerán eternamente bajo su control.
Los gobiernos cambian. Las mayorías cambian. Los jueces cambian. Los fiscales cambian.
Pero las leyes pueden sobrevivir a quienes las promovieron.
Una norma que hoy parece útil contra un adversario puede mañana aplicarse contra quien la celebró. El verdadero estadista no legisla pensando en el poder que posee, sino en la protección que cualquier ciudadano necesitará cuando ese poder cambie de manos.
En momentos de polarización cometemos un error peligroso: discutimos quién ocupa el poder y olvidamos cuánto poder debería tener cualquiera que gobierne.
Nos dejamos dividir por partidos, simpatías y antipatías. Mientras discutimos personas, dejamos de defender principios. Y cuando una sociedad deja de defender principios, el poder deja de encontrar límites.
Las constituciones no preguntan quién gobierna. Preguntan hasta dónde puede llegar cualquier gobernante.
Por eso el artículo 7 de nuestra Carta Magna define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, la separación de poderes y la soberanía popular.
No es una frase ornamental. Es el mandato al que debe someterse toda ley, especialmente aquella que concede al Estado el poder de castigar.
La persistencia de cuestionamientos sobre el desacato, el ultraje, la protesta, la responsabilidad por actos de terceros y otros tipos de redacción amplia exige un escrutinio constitucional firme.
Desde el Frente Cívico y Social entendemos que todas las acciones directas de inconstitucionalidad relacionadas con esta ley deben ser conocidas con la mayor celeridad compatible con un examen riguroso e independiente.
No se pide al Tribunal Constitucional un resultado determinado, sino una respuesta dentro de un plazo razonable. Cuando normas penales vigentes pueden afectar derechos fundamentales, la celeridad deja de ser una cuestión procesal: se convierte en garantía de libertad, seguridad jurídica y paz institucional.
La demora también produce consecuencias constitucionales.
La Constitución no solo protege derechos. También protege la paz de la República.
Defender la Constitución nunca debilita la lucha contra el crimen. La legitima. Una democracia necesita un Derecho Penal firme frente a la delincuencia, la violencia y la corrupción, pero también frente a la arbitrariedad.
Seguridad y libertad no son enemigas. Ambas dependen del respeto irrestricto a la Constitución.
La historia ya nos habló. Ahora nos corresponde decidir si aprendemos de ella o esperamos a que sea demasiado tarde.
Porque cuando la Constitución deja de ser el límite del poder, el poder termina convirtiéndose en el límite de la libertad.
La historia todavía no ha escrito nuestro destino. Que nuestros hijos puedan decir, algún día, que esta fue la generación que decidió honrar su Constitución antes de descubrir cuánto costaba perderla.
Por Rommel Santos Diaz
De conformidad con el Estatuto de Roma el Estado de ejecución de la pena no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte Penal Internacional.
Solo la Corte Penal Internacional podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.
Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte Penal Internacional examinará la pena para determinar si esta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.
Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma , la Corte Penal Internacional podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:
- a)Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte Penal Internacional en sus investigaciones y enjuiciamientos;
- b)Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte Penal Internacional en otros casos, en particular ayudando a esta en la localización de los bienes sobre los cuales recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o
- c)Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.
Finalmente, la Corte Penal Internacional, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.