Opinión
Estafa peaje sombra, vacas sagradas y constituyente soberana
Published
5 años agoon
Por Narciso Isa Conde
No obvien lo que significan las APPS, el tipo de endeudamiento externo y el servilismo ante los designios de EEUU en la región.

Una estafa de 1000 millones de dólares y un buen paquete de corruptos preferidos, convertidos en vacas sagradas es como para recapitular algunos hechos ominosos y reflexionar sobre el quehacer para impedir que esto se siga produciendo, comicios tras comicios, gobiernos tras gobiernos sustentados en el presente marco constitucional y dentro de esta institucionalidad pervertida.
LA ESTAFA
La Autovía a Samaná fue licitada por el primer gobierno de Leonel Fernández y contratada originalmente por el presidente Hipólito Mejía con su ministro Miguel Vargas Maldonado. Es un contrato-estafa multimillonario. La empresa escogida fue la REMIX con sede en Islas Vírgenes.
La Concesión de Administración del Régimen de Peaje de la Autovía Nordeste sufrió cambios para reforzar esa estafa mediante actas- acuerdos con Gobiernos de Leonel Fernández y sus ministros DIAZ RUA y FREDDY PEREZ.
Usar como parámetro lo que habría que pagar en próximos 17 años por un régimen de peaje sombra («infame» e inaceptable» como lo califica el propio Abinader), para justificar darle a Consorcio REMIX 410 millones más de los otros 400 y tanto millones de dólares que ese consorcio y sus cómplices se robaron con el régimen amañado de peaje en el caso de la AUTOVÍA DEL NORDESTE (Samaná) y otra suma parecida en el caso del BOULEVARD DEL ATLÁNTICO, es proteger delito anterior y cometer otro.
Mantener el Contrato-estafa Autovía Samaná por 17 años más era imposible, por lo que la afirmación de que Abinader le está «ahorrando al Estado» 1,500 millones de dólares es un truco publicitario. La verdad es que aceptó pagar 1,300 millones de dólares por ambas obras que costó 154 y el Boulevard un poco más, y dejó impunes a ladrones, incluidos los casos de Hipólito y Leonel como jefes de Estado que aprobaron esos contrato-estafas.
El Contrato de Régimen Peaje AUTOVÍA SAMANA estableció una exagerada circulación de vehículos no menor de 4,500 al día y el consorcio privado lo bajó a 4 mil para obligar al Estado a pagar “déficits” mayores.
En realidad nunca ha pasado de los 1,000 vehículos al día, lo que representó pagos gubernamentales por 27 mil millones en 8 años en la ruta de la autopista del Este (más de 400 millones de dólares) y otro tanto en el caso del Boulevard Turístico del Atlantico (más de 800 en dólares en total).
La SOCIEDAD AUTOPISTA NORDESTE es una APP-estafa. La autovía costó 154 millones de dólares y como expresé mas arriba la empresa concesionaria REMIX, solo por la cláusula que obliga al Estado Dominicano pagar reducción circulación de vehículos (por debajo 4 mil), recibió más de 400 millones de dólares en 8 años.
En tanto, el BOULEVARD que llega a la Terrena, con un costo de 151 millones de dólares, fue supuestamente financiado por la REMIX, pero realmente el Estado le r le facilitó gratis el asfaltado y ahora ABINADER le regala otros 410 millones, más la impunidad de todos los culpables. ¡VAYA TRANSPARENCIA!
Los contratos-estafas SOCIEDAD AUTOPISTA DEL NORDESTE Y BOULEVARD DEL ATLÁNTICO están plagados de vicios y violaciones, son nulos y perfectamente anulables; y son demandables y procesables delincuentes responsables en ambas partes (estatal y privada).
Abinader -además de no tocar la impunidad de esas operaciones- prefirió negociar con el consorcio privado para ponerle fin a los contratos concediéndole otros 410 millones de dólares, después de robarse, junto a altos funcionarios del Estado, más de 800 millones de dólares sólo por concepto del leonino régimen de peaje.
El consorcio utilizó empresas ilegales y es una corporación OFFSHORE con sede en Islas Vírgenes, de dueños no identificados ni denunciados a la luz de la información oficial vertida. ¡Otro misterio de la transparencia gubernamental.
LAS VACAS SAGRADAS
A DANILO con sus familiares de FONPER hay que meterlos presos, dejarse de rodeos; sin olvidar que los Vicini de Abinader estafaron a FONPER con 16 mil millones de pesos y la AES le hizo otras diabluras parecidas. De las fechorías de San Leonel no se habla, ni tampoco del Fantasma de los Bonetti y su abogado Jorge Mera.
Está muy bien se denuncie y sancione nepotismo y robo de familiares de Danilo en FONPER, pero está mal que deje impune la gran estafa de EGE-Haina y EGE-Itabo a FONPER a cargo de Grupo Vicini y AES DOMINICANA, y se siga diciendo que no hay VACAS SAGRADAS.
La CÁMARA DE CUENTAS debería sacarle las CUENTAS a relaciones mafiosas Estado- Corporaciones Privadas en casos tan abusivos como los de COASTAL, PROPAGAS, COGENTRIX, BARRICK, VICINI-SAN SOUCI, MACARRULLA, FALCONDO, GRUPO ESTRELLA, BELFOND… ¿Hay o no intocables?
PEREYRA ROJAS, Administrador de BANRESERVA, tiene licencia para derrochar en fiestas y en publicidad dispendiosa, e impunidad para que no investiguen su complicidad en caso TUCANOS. El tipo fue jefe financiero CAMPAÑA presidencial de Abinader y conoce de los aportes ¡ES DE LOS INTOCABLES!
· CONSTITUYENTE SOBERANA O NUEVAS FRUSTRACIONES
Miren lo acontecido con el Código Penal y el especial destino de las tres causales.
Observen la entronización del racismo en el poder y, en consecuencia, en todas las instituciones del Estado.
Los Vinchos están de risitas
Tengan en cuenta como se manipula el tema corrupción e impunidad, y como se aplica una política en la que resaltan cada vez más los corruptos preferidos y los impunes protegidos
Vean como se han manejado los casos de narco-política y de corrupción empresarial y presidencial, incluidos lo casos del peaje sombra y de los intocables.
Fulcar parece tener licencia para delinquir a base del 4% y Macarrulla y Pereyra Rojas ni hablar, con no pocos dispuestos a emularlo.
No obvien lo que significan las APPS, el tipo de endeudamiento externo y el servilismo ante los designios de EEUU en la región.
Valoren lo nefasto que resulta un gobierno dirigido por los grupos empresariales más voraces del país y una policía dirigida por generales asesinos y ladrones.
Observen cómo crecen las desigualdades y se expanden los procesos de empobrecimiento de las bases de la pirámides social, a consecuencia de la carestía, el desempleo, el empleo precario, el trabajo informal y el achicamiento de los servicios públicos.
Miren el nivel de la crisis ambiental y los afanes por privatizar el agua.
Está claro, pues, que por la vía de esta institucionalidad, basada en la Constitución del 2010, no habrá salida superadora a las demandas fundamentales de los movimientos feministas, ambientalistas, anti-impunidad, anti-represión juveniles, estudiantiles, niños, niñas y adolescentes, campesinos, comunitarios, populares y clasistas, del sector salud, educación, deporte, justicia derechos de inmigrantes.
No habrá soberanía nacional ni derecho del pueblo a decidir.
Todas las reivindicaciones chocan con el poder establecido, con las instituciones controladas por los tutumpotes capitalistas, EEUU, la partidocracia y los agentes del patriarcado.
Vuelven a repetirse los escándalos de corrupción, los abusos y los crímenes.
Eso es lo que está pasando, lo que nos da la razón a quienes planteamos la necesidad de una CONSTITUYENTE SOBERANA, electa por el pueblo, para dar paso a una nueva Constitución y una nueva institucionalidad que posibiliten cambiar todo lo que impide que el pueblo decida todo lo que le atañe.
El Congreso Nacional o Asamblea Nacional Legislativa siempre ha rechazado esa posibilidad, dado que desde 1844 hasta la fecha las Constituciones aprobadas le han asignado exclusivamente a ese organismo la función de revisarla y reformarla a su antojo, siempre en función de los intereses que representan sus integrantes.
Así quedó establecido también en la Constitución del 2010, imponiendo nuevamente un sistema constitucional cerrado, anti-democrático, en el que se anula la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente por elección popular, independiente del poder legislativo; atribuyéndole por el contrario al Congreso tanto las funciones legislativas como la de reformar la Constitución.
La cuestión se agrava, cuando además -como ha pasado en las últimas décadas- el Congreso Nacional se convierte en un mecanismo controlado por una partidocracia corrupta y conservadora, en la que predominan “riferos”, personas sobornables, políticos clientelistas, narcotraficantes, empresarios sin escrúpulos y negociantes de la política, que pervierten gran parte de lo que tocan y se siente protegidos por un sistema constitucional y un conjunto de leyes que garantiza la continuidad de esa degradación impune.
Es a ese Congreso Nacional, convocado por ley especial como Asamblea Revisora, que el Presidente Abinader pretende someterle determinadas reformas constitucionales.
La situación actual exige crear progresivamente desde el pueblo y sus luchas un PODER CONSTITUYENTE que posibilite en lo inmediato derrotar esa pretensión, superar ese tranque y abrirle camino a las siguientes fases del PROCESO CONSTITUYENTE.
La premisa fundamental de esa trascendente creación es lograr que el pueblo comprenda esa necesidad, tome conciencia colectiva de ella y se apodere de la idea de que él es el SOBERANO, de que debe y puede decidir el éxito de esa nueva y promisoria ruta.
Que debe y puede unirse, organizarse, y movilizarse en todo el territorio nacional para protagonizar el PROCESO CONSTITUYENTE y el cambio imprescindible que ponga fin a la larga era de las Constituciones conservadoras, oligárquicas, anti-democráticas, negadoras de derechos, autodeterminación popular y de la dignidad del pueblo y la Nación.
Que tiene derecho a elaborar la Constitución que merece y a elegir a quienes deben participar en Asamblea Constituyente instalada al margen de ese Congreso usurpador de las funciones constituyente, controlado por la partidocracia corrupta.
El sistema tradicional de partidos, cuyos principales dirigentes son responsables, junto con otros sectores del poder actual, de la degradación de la política y las penurias padecidas por nuestro pueblo, está descalificado para facilitar el proceso constituyente.
El sistema electoral y el régimen de partidos han sido estructurados para impedir el desarrollo de una democracia participativa; para convertir la política en negocio, los electores en clientes y los comicios en votaciones manipulables por el poder del dinero.
Ese sistema sirve para atajar las rebeldías populares y crear la ilusión de que es posible cambiar el estado de cosas aceptando las reglas de juego del sistema y cambiando personas y partidos que defienden intereses similares.
Al pueblo lo convocan a votar, no a elegir ni a ejercer poder. Los candidatos/as en la mayoría de los casos los/as escogen los partidos y las decisiones las toman sus cúpulas y quienes más dinero poseen.
Esto está muy lejos de ser una democracia.
Esto es una partidocracia combinada con el poder del dinero y la conversión de la política en negocio ejercido en forma creciente por grandes empresarios, lo que se define como plutocracia.
Es la hora de sacudirnos.
Es tiempo para crear desde abajo el Poder Constituyente.
Opinión
Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad
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4 días agoon
noviembre 13, 2026La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.
- El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
- Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
- La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.
Por Narciso Isa Conde
Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.
Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.
Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.
El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:
· La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.
· Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.
· Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.
· En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.
· Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.
· La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».
· El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.
Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:
¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?
Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:
Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.
En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.
La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.
Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.
Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.
Por Oscar López Reyes
Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.
Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.
La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.
¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?
Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.
También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.
Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.
El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.
La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.
¿Cuáles son las respuestas?
Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.
Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.
Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.
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Referencias bibliográficas:
1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/
2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.
3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.
5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.
6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.
8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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Por Isaías Ramos
Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.
El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.
El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.
Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.
La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.
Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.
En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.
El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.
El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.
Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.
Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.
Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.
El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.
Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.
Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.
En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder
siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.
El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.
¡El 2044 comienza hoy!
