Opinión
Estafa peaje sombra, vacas sagradas y constituyente soberana
Por Narciso Isa Conde
No obvien lo que significan las APPS, el tipo de endeudamiento externo y el servilismo ante los designios de EEUU en la región.
Una estafa de 1000 millones de dólares y un buen paquete de corruptos preferidos, convertidos en vacas sagradas es como para recapitular algunos hechos ominosos y reflexionar sobre el quehacer para impedir que esto se siga produciendo, comicios tras comicios, gobiernos tras gobiernos sustentados en el presente marco constitucional y dentro de esta institucionalidad pervertida.
LA ESTAFA
La Autovía a Samaná fue licitada por el primer gobierno de Leonel Fernández y contratada originalmente por el presidente Hipólito Mejía con su ministro Miguel Vargas Maldonado. Es un contrato-estafa multimillonario. La empresa escogida fue la REMIX con sede en Islas Vírgenes.
La Concesión de Administración del Régimen de Peaje de la Autovía Nordeste sufrió cambios para reforzar esa estafa mediante actas- acuerdos con Gobiernos de Leonel Fernández y sus ministros DIAZ RUA y FREDDY PEREZ.
Usar como parámetro lo que habría que pagar en próximos 17 años por un régimen de peaje sombra («infame» e inaceptable» como lo califica el propio Abinader), para justificar darle a Consorcio REMIX 410 millones más de los otros 400 y tanto millones de dólares que ese consorcio y sus cómplices se robaron con el régimen amañado de peaje en el caso de la AUTOVÍA DEL NORDESTE (Samaná) y otra suma parecida en el caso del BOULEVARD DEL ATLÁNTICO, es proteger delito anterior y cometer otro.
Mantener el Contrato-estafa Autovía Samaná por 17 años más era imposible, por lo que la afirmación de que Abinader le está «ahorrando al Estado» 1,500 millones de dólares es un truco publicitario. La verdad es que aceptó pagar 1,300 millones de dólares por ambas obras que costó 154 y el Boulevard un poco más, y dejó impunes a ladrones, incluidos los casos de Hipólito y Leonel como jefes de Estado que aprobaron esos contrato-estafas.
El Contrato de Régimen Peaje AUTOVÍA SAMANA estableció una exagerada circulación de vehículos no menor de 4,500 al día y el consorcio privado lo bajó a 4 mil para obligar al Estado a pagar “déficits” mayores.
En realidad nunca ha pasado de los 1,000 vehículos al día, lo que representó pagos gubernamentales por 27 mil millones en 8 años en la ruta de la autopista del Este (más de 400 millones de dólares) y otro tanto en el caso del Boulevard Turístico del Atlantico (más de 800 en dólares en total).
La SOCIEDAD AUTOPISTA NORDESTE es una APP-estafa. La autovía costó 154 millones de dólares y como expresé mas arriba la empresa concesionaria REMIX, solo por la cláusula que obliga al Estado Dominicano pagar reducción circulación de vehículos (por debajo 4 mil), recibió más de 400 millones de dólares en 8 años.
En tanto, el BOULEVARD que llega a la Terrena, con un costo de 151 millones de dólares, fue supuestamente financiado por la REMIX, pero realmente el Estado le r le facilitó gratis el asfaltado y ahora ABINADER le regala otros 410 millones, más la impunidad de todos los culpables. ¡VAYA TRANSPARENCIA!
Los contratos-estafas SOCIEDAD AUTOPISTA DEL NORDESTE Y BOULEVARD DEL ATLÁNTICO están plagados de vicios y violaciones, son nulos y perfectamente anulables; y son demandables y procesables delincuentes responsables en ambas partes (estatal y privada).
Abinader -además de no tocar la impunidad de esas operaciones- prefirió negociar con el consorcio privado para ponerle fin a los contratos concediéndole otros 410 millones de dólares, después de robarse, junto a altos funcionarios del Estado, más de 800 millones de dólares sólo por concepto del leonino régimen de peaje.
El consorcio utilizó empresas ilegales y es una corporación OFFSHORE con sede en Islas Vírgenes, de dueños no identificados ni denunciados a la luz de la información oficial vertida. ¡Otro misterio de la transparencia gubernamental.
LAS VACAS SAGRADAS
A DANILO con sus familiares de FONPER hay que meterlos presos, dejarse de rodeos; sin olvidar que los Vicini de Abinader estafaron a FONPER con 16 mil millones de pesos y la AES le hizo otras diabluras parecidas. De las fechorías de San Leonel no se habla, ni tampoco del Fantasma de los Bonetti y su abogado Jorge Mera.
Está muy bien se denuncie y sancione nepotismo y robo de familiares de Danilo en FONPER, pero está mal que deje impune la gran estafa de EGE-Haina y EGE-Itabo a FONPER a cargo de Grupo Vicini y AES DOMINICANA, y se siga diciendo que no hay VACAS SAGRADAS.
La CÁMARA DE CUENTAS debería sacarle las CUENTAS a relaciones mafiosas Estado- Corporaciones Privadas en casos tan abusivos como los de COASTAL, PROPAGAS, COGENTRIX, BARRICK, VICINI-SAN SOUCI, MACARRULLA, FALCONDO, GRUPO ESTRELLA, BELFOND… ¿Hay o no intocables?
PEREYRA ROJAS, Administrador de BANRESERVA, tiene licencia para derrochar en fiestas y en publicidad dispendiosa, e impunidad para que no investiguen su complicidad en caso TUCANOS. El tipo fue jefe financiero CAMPAÑA presidencial de Abinader y conoce de los aportes ¡ES DE LOS INTOCABLES!
· CONSTITUYENTE SOBERANA O NUEVAS FRUSTRACIONES
Miren lo acontecido con el Código Penal y el especial destino de las tres causales.
Observen la entronización del racismo en el poder y, en consecuencia, en todas las instituciones del Estado.
Los Vinchos están de risitas
Tengan en cuenta como se manipula el tema corrupción e impunidad, y como se aplica una política en la que resaltan cada vez más los corruptos preferidos y los impunes protegidos
Vean como se han manejado los casos de narco-política y de corrupción empresarial y presidencial, incluidos lo casos del peaje sombra y de los intocables.
Fulcar parece tener licencia para delinquir a base del 4% y Macarrulla y Pereyra Rojas ni hablar, con no pocos dispuestos a emularlo.
No obvien lo que significan las APPS, el tipo de endeudamiento externo y el servilismo ante los designios de EEUU en la región.
Valoren lo nefasto que resulta un gobierno dirigido por los grupos empresariales más voraces del país y una policía dirigida por generales asesinos y ladrones.
Observen cómo crecen las desigualdades y se expanden los procesos de empobrecimiento de las bases de la pirámides social, a consecuencia de la carestía, el desempleo, el empleo precario, el trabajo informal y el achicamiento de los servicios públicos.
Miren el nivel de la crisis ambiental y los afanes por privatizar el agua.
Está claro, pues, que por la vía de esta institucionalidad, basada en la Constitución del 2010, no habrá salida superadora a las demandas fundamentales de los movimientos feministas, ambientalistas, anti-impunidad, anti-represión juveniles, estudiantiles, niños, niñas y adolescentes, campesinos, comunitarios, populares y clasistas, del sector salud, educación, deporte, justicia derechos de inmigrantes.
No habrá soberanía nacional ni derecho del pueblo a decidir.
Todas las reivindicaciones chocan con el poder establecido, con las instituciones controladas por los tutumpotes capitalistas, EEUU, la partidocracia y los agentes del patriarcado.
Vuelven a repetirse los escándalos de corrupción, los abusos y los crímenes.
Eso es lo que está pasando, lo que nos da la razón a quienes planteamos la necesidad de una CONSTITUYENTE SOBERANA, electa por el pueblo, para dar paso a una nueva Constitución y una nueva institucionalidad que posibiliten cambiar todo lo que impide que el pueblo decida todo lo que le atañe.
El Congreso Nacional o Asamblea Nacional Legislativa siempre ha rechazado esa posibilidad, dado que desde 1844 hasta la fecha las Constituciones aprobadas le han asignado exclusivamente a ese organismo la función de revisarla y reformarla a su antojo, siempre en función de los intereses que representan sus integrantes.
Así quedó establecido también en la Constitución del 2010, imponiendo nuevamente un sistema constitucional cerrado, anti-democrático, en el que se anula la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente por elección popular, independiente del poder legislativo; atribuyéndole por el contrario al Congreso tanto las funciones legislativas como la de reformar la Constitución.
La cuestión se agrava, cuando además -como ha pasado en las últimas décadas- el Congreso Nacional se convierte en un mecanismo controlado por una partidocracia corrupta y conservadora, en la que predominan “riferos”, personas sobornables, políticos clientelistas, narcotraficantes, empresarios sin escrúpulos y negociantes de la política, que pervierten gran parte de lo que tocan y se siente protegidos por un sistema constitucional y un conjunto de leyes que garantiza la continuidad de esa degradación impune.
Es a ese Congreso Nacional, convocado por ley especial como Asamblea Revisora, que el Presidente Abinader pretende someterle determinadas reformas constitucionales.
La situación actual exige crear progresivamente desde el pueblo y sus luchas un PODER CONSTITUYENTE que posibilite en lo inmediato derrotar esa pretensión, superar ese tranque y abrirle camino a las siguientes fases del PROCESO CONSTITUYENTE.
La premisa fundamental de esa trascendente creación es lograr que el pueblo comprenda esa necesidad, tome conciencia colectiva de ella y se apodere de la idea de que él es el SOBERANO, de que debe y puede decidir el éxito de esa nueva y promisoria ruta.
Que debe y puede unirse, organizarse, y movilizarse en todo el territorio nacional para protagonizar el PROCESO CONSTITUYENTE y el cambio imprescindible que ponga fin a la larga era de las Constituciones conservadoras, oligárquicas, anti-democráticas, negadoras de derechos, autodeterminación popular y de la dignidad del pueblo y la Nación.
Que tiene derecho a elaborar la Constitución que merece y a elegir a quienes deben participar en Asamblea Constituyente instalada al margen de ese Congreso usurpador de las funciones constituyente, controlado por la partidocracia corrupta.
El sistema tradicional de partidos, cuyos principales dirigentes son responsables, junto con otros sectores del poder actual, de la degradación de la política y las penurias padecidas por nuestro pueblo, está descalificado para facilitar el proceso constituyente.
El sistema electoral y el régimen de partidos han sido estructurados para impedir el desarrollo de una democracia participativa; para convertir la política en negocio, los electores en clientes y los comicios en votaciones manipulables por el poder del dinero.
Ese sistema sirve para atajar las rebeldías populares y crear la ilusión de que es posible cambiar el estado de cosas aceptando las reglas de juego del sistema y cambiando personas y partidos que defienden intereses similares.
Al pueblo lo convocan a votar, no a elegir ni a ejercer poder. Los candidatos/as en la mayoría de los casos los/as escogen los partidos y las decisiones las toman sus cúpulas y quienes más dinero poseen.
Esto está muy lejos de ser una democracia.
Esto es una partidocracia combinada con el poder del dinero y la conversión de la política en negocio ejercido en forma creciente por grandes empresarios, lo que se define como plutocracia.
Es la hora de sacudirnos.
Es tiempo para crear desde abajo el Poder Constituyente.
Por José Cabral
Siempre he dicho y he reiterado, pero que no se trata de ningún descubrimiento, que el sistema está concebido para responder a los intereses de los partidos políticos.
Los diputados y senadores provienen de ese entorno, el presidente de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el que se escogen los jueces, explica el desempeño de cada uno de estos poderes públicos
La conformación del CNM implica que todo el sistema, incluido el de justicia, obedece a los intereses que se expresan en este órgano.
De manera, que, frente a la confrontación del derecho con la política, el primero siempre tiene todas las de ganar cualquier batalla, máxime cuando se trata de aquella que se desarrolla en el campo legal.
Todo este cuadro permite establecer que resulta prácticamente difícil, por no decir imposible, que el derecho pueda salir triunfante frente a la política.
Sin ninguna duda, que ahí descansa la gran debilidad del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010.
Es hermoso en los textos el proceso de constitucionalización, pero el mismo resulta decepcionante en la práctica y cuando se choca con la realidad.
Nadie, absolutamente nadie, puede negar que una herramienta vital para cualquier democracia es una buena administración de justicia, pero en una nación donde la partidocracia es la dueña del sistema esto se vuelve prácticamente difícil, por no decir imposible.
El problema descansa en un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyo órgano tiene la sagrada misión de escoger los jueces del sistema de justicia nacional, lo que quiere decir que cuando se presenta un conflicto entre el derecho y la política éstos se inclinen por emitir sentencias en favor de la partidocracia.
Los hechos hablan por sí solos y el que no lo crea que revise la mayoría de las decisiones que conllevan sentencias que impactan los intereses de los partidos para que se puedan valorar los resultados.
Sin no se cambia la conformación del CNM es muy difícil que el proceso de constitucionalización del derecho y que tiene como base el respeto de los derechos fundamentales pueda cristalizarse en una sociedad como la dominicana, donde la política está presente predominantemente en todos los escenarios.
De tal forma, que hablar de una buena administración de justicia al margen de los intereses de los partidos políticos, resulta una quimera y que sólo una persona muy ingenua lo puede creer.
Por Isaías Ramos
Ninguna democracia muere el día en que se rompe la Constitución. Muere mucho antes: cuando quienes juraron defenderla comienzan a tratarla como un obstáculo y la ciudadanía empieza a acostumbrarse a ese irrespeto.
La Constitución no fue escrita para adornar discursos ni para ser invocada cuando conviene al poder. Fue concebida para limitar a quienes gobiernan, proteger a los ciudadanos y garantizar que ningún funcionario, partido, mayoría congresual o presidente coloque su voluntad por encima de la soberanía popular.
Por eso preocupa el rumbo de diversas actuaciones del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo.
En los últimos años se han aprobado normas luego anuladas, corregidas o seriamente cuestionadas por su compatibilidad constitucional. La Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia motivó la intervención del Tribunal Constitucional por objeciones relacionadas con derechos fundamentales. La Ley de Facturación Electrónica también requirió su actuación para corregir una disposición que afectaba la privacidad.
Más recientemente, el nuevo Código Penal ha dejado de ser únicamente una inquietud jurídica para provocar un rechazo creciente en amplios sectores de la sociedad. Juristas, periodistas, profesionales, organizaciones sociales y ciudadanos hemos advertido que varias disposiciones, por su amplitud, ambigüedad o desproporción, podrían amenazar la libertad de expresión, la denuncia pública, el ejercicio profesional y la protesta pacífica.
Cuando una legislación penal provoca temor entre quienes informan, denuncian o protestan, el problema deja de ser técnico: amenaza la convivencia democrática.
Pero el caso institucionalmente más delicado es la respuesta legislativa posterior a la sentencia TC/0788/24.
Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para todos los poderes públicos. Cuando una legislación posterior genera serios cuestionamientos sobre si respeta materialmente el criterio fijado por el máximo intérprete de la Constitución, no estamos ante un simple debate político. Está comprometida la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
La preocupación no gira solo alrededor de una sentencia ni de las candidaturas independientes. El problema es más profundo: ¿puede el poder político redefinir, limitar o neutralizar derechos protegidos por la Constitución?
La Constitución dominicana no creó una democracia para beneficio de los partidos. Creó un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, la soberanía popular, el pluralismo político, la separación de poderes y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
El derecho a expresarse no es una concesión del Gobierno.
El derecho a protestar pacíficamente no es un favor del Congreso.
El derecho a elegir y ser elegido no pertenece a los partidos.
Son derechos constitucionales que ningún poder temporal puede apropiarse, reducir ni administrar según su conveniencia.
No sabemos si quienes gobiernan desconocen el espíritu de la Constitución o si, conociéndolo, han decidido apartarse de él. Lo evidente es que demasiadas decisiones han obligado al Tribunal Constitucional y a la sociedad a recordar principios que debieron orientar desde el inicio a los poderes públicos.
No afirmamos que la República Dominicana sea hoy una dictadura. Pero sería irresponsable esperar a que el autoritarismo esté consumado para denunciar las decisiones que pueden abrirle camino.
Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente cuando se relativiza la supremacía constitucional, se reducen los espacios de participación, aumentan las facultades del poder sin controles suficientes y los derechos fundamentales dejan de orientar la legislación.
Está en juego la República que dejaremos a nuestros hijos: una nación donde la Constitución gobierne al poder o un país donde el poder acomode la Constitución a sus intereses.
Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.
El pueblo dominicano ha demostrado paciencia, madurez y vocación democrática. Ha recurrido a los tribunales, promovido el debate público y utilizado los mecanismos institucionales reconocidos por la Constitución.
Pero la paz social no puede sostenerse indefinidamente si los reclamos constitucionales no encuentran respuesta. Cuando las instituciones dejan de escuchar, aumenta la presión social. Esa realidad no debe celebrarse ni provocarse; debe prevenirse mediante el diálogo, la rectificación y el respeto a la Constitución.
Este no es un llamado a la confrontación. Es un llamado a la rectificación.
El Congreso debe legislar dentro de los límites constitucionales. El Poder Ejecutivo debe ejercer sus facultades constitucionales con el mismo compromiso que juró al asumir el cargo. Y todos los poderes públicos deben recordar que las decisiones del Tribunal Constitucional no son recomendaciones: forman parte del orden que están obligados a respetar.
Cumplir la Constitución no debilita al Estado. Lo fortalece.
Respetar los derechos fundamentales no genera desorden. Construye paz.
Abrir la democracia no amenaza la República. La hace más legítima y fuerte.
Desde el Foro Cívico y Social lo afirmamos con claridad: la Constitución no pertenece al Congreso, al Poder Ejecutivo ni a los partidos políticos.
La Constitución pertenece al pueblo dominicano.
Defenderla por las vías pacíficas, democráticas y constitucionales no es un acto de oposición. Es el deber moral, cívico y patriótico de toda generación que aspire a entregar a sus hijos una República más libre, justa y fiel al Estado social y democrático de derecho.
Una nación puede sobrevivir a una mala ley y corregir una mala decisión. Lo que no puede permitirse es acostumbrarse a que el poder deje de obedecer la Constitución.
Por Oscar López Reyes
(A la 18:00 hora local del miércoles 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos: el primero en la escala 7.2 (duró un minuto) y 39 segundos después otro de magnitud 7.5 (se extendió por tres minutos), concentrados especialmente en la Guaira y Caracas, con un salto -hasta el 12 de julio de 2026- de más de 50 mil desaparecidos, según la ONU; cerca de 5 mil fallecidos, 20 mil heridos y 20 mil damnificados).
(I)
¡Oh, Venezuela!
Patria inmensa.
¡Caramba!,
Hermanos en Bolívar,
¡qué dolor soberbio!
que oprime las fibras de mi alma,
En tristeza de gritos que escapan
de escombros retorcidos
por furia de un suelo rebelde.
El telúrico conmueve en miradas
de arquitecturas sin piedras ni ventanas,
y melancolías de niños vagando en penumbras,
Sin padres ni estancias.
Y pone a temblar en rememoración de amor
su épica solidaridad y sacrificio de dignidad infinita
en épocas pretéritas, que configura
una vastedad de grandeza histórica
y el patriotismo compartido.
¡Oh, Venezuela, SOS!
(II)
Cuando no haya más lágrimas que derramar,
rebosantes las porcelanas de mortandad,
esa “Tierra de Venecia” y esa “Tierra de Gracia”
dejará de llorar y se levantará en cumbre de cerros,
contemplando
marchas fúnebres y entierros colectivos,
echando la vista a la resurrección de Cristo.
(III)
Heridos que sollozan en ruinas y hospitales,
sobrevivirán en sonidos de esperanza y el susurro
que late desde los vientos que soplan
de mares y montañas, para otro comienzo
de sonrisas en barcas de adversidad.
(IV)
Los fallecidos descansarán en púrpura palmera
y ecosistemas naturales con flores coloreadas
con toques de bellezas íntimas
que evocan la fragancia
en la eternidad de jardines
con pétalos de atardeceres versátiles.
(V)
Y los muchos desaparecidos fertilizarán
los predios erosionados,
para floración de hojas, frutos y plantas aromáticas,
que germinarán emergentes criaturas en vientres
de primaveras de Luna menguante
y otoños de Luna creciente.
(VI)
En su inocencia, niños huérfanos seguirán jugando
en noches tranquilas, abrazados de madres sustitutas
y nutrientes saludables,
que brotarán renovadas energías
en llanuras, bosques y lagos estrellados,
acariciados por paisajes de jazmines
y saltos que gimen en la nostalgia de edificios desplomados.
(VII)
Sumergidos en cenizas de techos agrietados
por terrestres sacudidas bruscas,
pequeños, adultos y veteranos
alzarán vuelos con recuperados bríos,
como aquel ave mítica y pájaro de fuego.
Tendrán casas alfombradas con claveles
y rosadas cestas colgantes,
en calles sin pedruscos y con Sol,
parques con glorietas y toboganes,
escuelas y parroquias para el cambio.
(y VIII)
En brisas de trompetas, hembras y varones
abatidos en estado emocional resurgirán
de pedazos de paredes rotas,
para reconstruir territorios asolados,
en el renacer de paz y progreso,
y entonces entonar, a viva voz: ¡felicidad, felicidad!
………………………….
El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.