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Pagán devuelve diez millones de pesos y varios bienes al Estado.
SANTO DOMINGO.- Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) e imputado en el caso Anti Pulpo, confirmó al Ministerio Público que se benefició del entramado de corrupción y entregó diez millones de pesos y bienes obtenidos con dinero de la red.
Pagán confesó haber adquirido un apartamento de la Torre Residencial Alco Paradisso, ubicada en la calle José Aybar Castellanos, en La Esperilla, con una superficie de 481.94 metros y un valor de 39 millones de pesos.
“Al ser cuestionado el acusado Francisco Pagán Rodríguez sobre los fondos obtenidos para la adquisición de tan lujoso apartamento, el mismo establece en un acta de entrega voluntaria de fecha 10 de diciembre del 2021 que su situación económica era difícil producto de algunas inversiones que había realizado y que no habían salido como esperaba, lo cual le llevó a la quiebra. Por esa razón, para la adquisición del referido apartamento, recibió de parte de un funcionario público y por intermedio de un señor de nombre Kelvin Santiago, la suma de diez millones de pesos dominicanos (RD$10,000,000.00), que les fueron entregados en una funda negra”, señala la acusación del caso Anti Pulpo, donde Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, figura como principal encartado.
En base a esa declaración, Pagán realizó un acta de entrega voluntaria de diez millones de pesos.
También admitió haber recibido con dinero de la red 3,399 tareas de tierra en el municipio de Tamayo, de la provincia Bahoruco.
“El inmenso terreno, fue comprado al Banco de Reservas por la cantidad de RD$5,948,250.00, mediante acto de venta de fecha 27 de junio del año 2019”, señala la acusación.
El expediente indica que Pagán «reconoce al Ministerio Público que esta es parte de los bienes adquiridos producto del dinero obtenido de las acciones típicas señaladas por el Ministerio Público, porque mediante el acta de entrega voluntaria de fecha 10 de diciembre del 2021 hace entrega voluntaria para fines de decomiso a favor del Estado dominicano”.
Señala también que Pagán elevó considerablemente su estilo de vida, presentando gastos en restaurantes y lugares de clase alta, los cuales no podría permitirse con el salario que devengaba.
“Al analizar el movimiento de la cuenta del acusado Francisco Pagán Rodríguez en el Restaurant Cantábrico, se puede verificar que este presentó un gasto mensual, desde el año 2017 al año 2020 por un valor de RD$249,522.04, sin embargo, su ingreso legal, en este caso, su salario neto de la OISOE no alcanzaba dicha suma mensual”, sostiene la acusación que además detalla que entre el 2017 y 2020, en exfuncionario gastó en el restaurante 8,483,749.44.
Además de Pagán, han devuelto fondos al Ministerio Público los también encartados en el caso Anti Pulpo Bolívar Antonio Ventura Rodríguez (25 millones de pesos) y Wilfredo Arturo González Castillo (4 millones de pesos).
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.