Análisis Noticiosos
Más de 140 millones de toneladas de plásticos contaminan planeta.
La OCDE advierte de que apenas un 9% de los residuos plásticos se reciclan. 193 países negocian en la ONU el primer tratado mundial para frenar esta plaga
Los datos son desgarradores: en apenas siete décadas el ser humano ha contaminado con más 140 millones de toneladas de plástico los ecosistemas acuáticos. En estos momentos, alrededor de 109 millones de toneladas de estos desechos se acumulan en los ríos y lagos del mundo; otros 30 millones contaminan los océanos; y unos 1,4 millones están en tránsito desde los ríos a los mares. Este es el balance de daños que recoge un informe monográfico sobre esta polución de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). El estudio, que se publica este martes, pone el foco en un problema que se está tratando en la asamblea de la ONU sobre el medio ambiente, que se celebra en Nairobi, Kenia, durante esta semana y la siguiente. Los representantes de 193 países están negociando en esta cita la forma de impulsar el primer tratado global para luchar contra la contaminación por plástico.
Además del volumen llama la atención la velocidad con la que se ha generado el problema, que ha ido en paralelo con al incremento de la producción de plásticos. En 1950, en el mundo apenas se fabricaban dos millones de toneladas este material, que es un derivado del petróleo. En 2021, la producción mundial anual alcanzó los 461 millones de toneladas tras un incremento que se ha acelerado en los últimos 20 años, según los datos de la OCDE. Y apenas un 6% del total de los plásticos que se ponen en el mercado cada año ahora son reciclados.
Casi al mismo ritmo que se ha disparado la producción de plástico ha aumentado la generación de residuos mundiales de este material. En 2000, el volumen de estos desechos era de 156 millones de toneladas. En 2019, se había llegado ya a los 353 millones. Como advierte este estudio, “casi dos tercios de todos los residuos plásticos provienen de aplicaciones con una vida útil de menos de cinco años”. El 40% son envases, por ejemplo.
Si esos residuos recibieran un adecuado tratamiento para que pudieran volver a ser utilizados, la dimensión del problema sería mucho menor. Pero la reutilización es la excepción y una quimera: tan solo un 9% de esos desechos se reciclaron en 2019, advierte la OCDE. “Los costes de recolección y selección son muy altos”, apunta Shardul Agrawala, que ha dirigido este estudio. A esto se añade que los plásticos reciclados tiene que competir en los mercados en igualdad de condiciones con los plásticos primarios, que son muy baratos de producir. El análisis dirigido por Agrawala apuesta por que los poderes públicos impulsen con regulaciones el uso de plástico reciclado y se traslade al plástico virgen los verdaderos costes que tiene este material por la contaminación que causa.
La baja tasa de reciclaje hace que el principal destino de los residuos acabe siendo el vertedero, el 50% terminó ahí en 2019, y la incineración (otro 19%). “El 22% restante se eliminó en vertederos incontrolados, se quemó al aire libre o acabó contaminando el medio ambiente”, advierte el informe.La información es la primera herramienta contra el cambio climático. Suscríbete a ella.
“Es un problema global”, apunta José Luis García Varas, responsable del programa de Océanos en WWF. “Está afectando a la biodiversidad y empieza a haber algo de luz en las investigaciones sobre los impactos en los hábitats”, añade este miembro de WWF. Su organización publicó la semana pasada otro informe en el que advertía de que para 2040 la producción mundial de plásticos se habrá duplicado de nuevo. Para 2050 la contaminación por plástico se cuadruplicará si no se toman medidas. Por ello, esta y otras organizaciones ecologistas están siguiendo muy de cerca la asamblea de la ONU sobre medio ambiente. “Si se consigue cerrar un tratado global y vinculante para la lucha contra los plásticos será tan relevante como lo fue el Acuerdo de París”, señala García Varas en referencia al pacto mundial contra el cambio climático que se cerró en 2015 en la capital francesa.
La preocupación social por este tipo de contaminación no es nueva. Pero alcanzó su punto más alto en 2017, según explica Agrawala, cuando se produjo una coincidencia de estudios científicos que alertaban de la magnitud del problema que se estaba gestando y campañas de concienciación. Unos años antes, en 2014, la asamblea de la ONU para el medio ambiente (conocida por sus siglas en inglés UNEA) había instando por primera vez a que se cerrara un acuerdo mundial contra la contaminación por plástico. Y, tras varias declaraciones similares, esta asamblea está discutiendo ahora en la capital de Kenia cómo se debe llegar a ese acuerdo mundial.
Como ocurre con los acuerdos internacionales de este tipo lo que se apruebe en la asamblea debe ser por unanimidad de los 193 países que participan, de ahí la dificultad y lentitud a la hora de cerrar pactos que afectan a un sector tan poderoso como el petrolero. En estos momentos, hay tres propuestas sobre la mesa de negociación. La primera y la que cuenta con más apoyos es la que patrocinan Perú y Ruanda, que aboga por la creación inmediata de un comité de negociación intergubernamental que tendría el mandato de elaborar un tratado mundial “jurídicamente vinculante” para prevenir y reducir la contaminación por plásticos que incluiría también medidas para limitar la producción. Según explican fuentes diplomáticas de Perú que han estado trabajando en los últimos años en esta resolución, el objetivo final es que el futuro instrumento legal que se cree fije objetivos compartidos, medidas de reporte y seguimiento de las metas y compromisos nacionales, algo parecido al Acuerdo de París contra el cambio climático.
Reducir la producción
La propuesta de Perú y Ruanda establece que el tratado debería ser adoptado, en principio, dentro de dos años. Luego, cada país tendrá que ratificarlo como ocurre con los pactos internacionales, explican las mismas fuentes. En estos momentos, 60 países respaldan esta iniciativa, entre los que están todos los miembros de la Unión Europea, Reino Unido, Noruega y varios Estados latinoamericanos como Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador.
Aunque es la que tiene más respaldo público, la encabezada por Ruanda y Perú no es la única propuesta que se ha presentado a la asamblea de la ONU, que se está celebrando de forma híbrida; presencial y telemáticamente. Japón ha abogado por crear también un comité para que cierre un pacto vinculante, pero circunscrito solo a la contaminación marina y que no afectaría a la producción de plástico virgen. Y, hace unos días, India presentó otro proyecto todavía menos ambicioso que aboga solo por crear un marco no vinculante enfocado principalmente a los plásticos de un solo uso.
“Aunque no cumple del todo con nuestras peticiones, la propuesta de Perú y Ruanda es la más avanzada”, valora García Varas, de WWF. Estados Unidos y China, los grandes consumidores de plástico, no se han pronunciado oficialmente. Mientras, la agencia Reuters informaba la semana pasada de las presiones que estaban realizando los grupos de fabricantes de plásticos de EE UU y Europa para rebajar el acuerdo y que no afecte a la producción. En el lado contrario, alrededor de 70 grandes empresas e instituciones financieras internacionales difundieron en enero una declaración de apoyo a la adopción de un tratado vinculante del lucha contra la contaminación por plástico en la UNEA. Los firmantes abogaban por “reducir la producción y el uso de plástico virgen, y desvincular la producción de plástico del consumo de recursos fósiles”.
Fuente: elpais.com
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.