Análisis Noticiosos
Más de 140 millones de toneladas de plásticos contaminan planeta.
La OCDE advierte de que apenas un 9% de los residuos plásticos se reciclan. 193 países negocian en la ONU el primer tratado mundial para frenar esta plaga
Los datos son desgarradores: en apenas siete décadas el ser humano ha contaminado con más 140 millones de toneladas de plástico los ecosistemas acuáticos. En estos momentos, alrededor de 109 millones de toneladas de estos desechos se acumulan en los ríos y lagos del mundo; otros 30 millones contaminan los océanos; y unos 1,4 millones están en tránsito desde los ríos a los mares. Este es el balance de daños que recoge un informe monográfico sobre esta polución de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). El estudio, que se publica este martes, pone el foco en un problema que se está tratando en la asamblea de la ONU sobre el medio ambiente, que se celebra en Nairobi, Kenia, durante esta semana y la siguiente. Los representantes de 193 países están negociando en esta cita la forma de impulsar el primer tratado global para luchar contra la contaminación por plástico.
Además del volumen llama la atención la velocidad con la que se ha generado el problema, que ha ido en paralelo con al incremento de la producción de plásticos. En 1950, en el mundo apenas se fabricaban dos millones de toneladas este material, que es un derivado del petróleo. En 2021, la producción mundial anual alcanzó los 461 millones de toneladas tras un incremento que se ha acelerado en los últimos 20 años, según los datos de la OCDE. Y apenas un 6% del total de los plásticos que se ponen en el mercado cada año ahora son reciclados.
Casi al mismo ritmo que se ha disparado la producción de plástico ha aumentado la generación de residuos mundiales de este material. En 2000, el volumen de estos desechos era de 156 millones de toneladas. En 2019, se había llegado ya a los 353 millones. Como advierte este estudio, “casi dos tercios de todos los residuos plásticos provienen de aplicaciones con una vida útil de menos de cinco años”. El 40% son envases, por ejemplo.
Si esos residuos recibieran un adecuado tratamiento para que pudieran volver a ser utilizados, la dimensión del problema sería mucho menor. Pero la reutilización es la excepción y una quimera: tan solo un 9% de esos desechos se reciclaron en 2019, advierte la OCDE. “Los costes de recolección y selección son muy altos”, apunta Shardul Agrawala, que ha dirigido este estudio. A esto se añade que los plásticos reciclados tiene que competir en los mercados en igualdad de condiciones con los plásticos primarios, que son muy baratos de producir. El análisis dirigido por Agrawala apuesta por que los poderes públicos impulsen con regulaciones el uso de plástico reciclado y se traslade al plástico virgen los verdaderos costes que tiene este material por la contaminación que causa.
La baja tasa de reciclaje hace que el principal destino de los residuos acabe siendo el vertedero, el 50% terminó ahí en 2019, y la incineración (otro 19%). “El 22% restante se eliminó en vertederos incontrolados, se quemó al aire libre o acabó contaminando el medio ambiente”, advierte el informe.La información es la primera herramienta contra el cambio climático. Suscríbete a ella.
“Es un problema global”, apunta José Luis García Varas, responsable del programa de Océanos en WWF. “Está afectando a la biodiversidad y empieza a haber algo de luz en las investigaciones sobre los impactos en los hábitats”, añade este miembro de WWF. Su organización publicó la semana pasada otro informe en el que advertía de que para 2040 la producción mundial de plásticos se habrá duplicado de nuevo. Para 2050 la contaminación por plástico se cuadruplicará si no se toman medidas. Por ello, esta y otras organizaciones ecologistas están siguiendo muy de cerca la asamblea de la ONU sobre medio ambiente. “Si se consigue cerrar un tratado global y vinculante para la lucha contra los plásticos será tan relevante como lo fue el Acuerdo de París”, señala García Varas en referencia al pacto mundial contra el cambio climático que se cerró en 2015 en la capital francesa.
La preocupación social por este tipo de contaminación no es nueva. Pero alcanzó su punto más alto en 2017, según explica Agrawala, cuando se produjo una coincidencia de estudios científicos que alertaban de la magnitud del problema que se estaba gestando y campañas de concienciación. Unos años antes, en 2014, la asamblea de la ONU para el medio ambiente (conocida por sus siglas en inglés UNEA) había instando por primera vez a que se cerrara un acuerdo mundial contra la contaminación por plástico. Y, tras varias declaraciones similares, esta asamblea está discutiendo ahora en la capital de Kenia cómo se debe llegar a ese acuerdo mundial.
Como ocurre con los acuerdos internacionales de este tipo lo que se apruebe en la asamblea debe ser por unanimidad de los 193 países que participan, de ahí la dificultad y lentitud a la hora de cerrar pactos que afectan a un sector tan poderoso como el petrolero. En estos momentos, hay tres propuestas sobre la mesa de negociación. La primera y la que cuenta con más apoyos es la que patrocinan Perú y Ruanda, que aboga por la creación inmediata de un comité de negociación intergubernamental que tendría el mandato de elaborar un tratado mundial “jurídicamente vinculante” para prevenir y reducir la contaminación por plásticos que incluiría también medidas para limitar la producción. Según explican fuentes diplomáticas de Perú que han estado trabajando en los últimos años en esta resolución, el objetivo final es que el futuro instrumento legal que se cree fije objetivos compartidos, medidas de reporte y seguimiento de las metas y compromisos nacionales, algo parecido al Acuerdo de París contra el cambio climático.
Reducir la producción
La propuesta de Perú y Ruanda establece que el tratado debería ser adoptado, en principio, dentro de dos años. Luego, cada país tendrá que ratificarlo como ocurre con los pactos internacionales, explican las mismas fuentes. En estos momentos, 60 países respaldan esta iniciativa, entre los que están todos los miembros de la Unión Europea, Reino Unido, Noruega y varios Estados latinoamericanos como Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador.
Aunque es la que tiene más respaldo público, la encabezada por Ruanda y Perú no es la única propuesta que se ha presentado a la asamblea de la ONU, que se está celebrando de forma híbrida; presencial y telemáticamente. Japón ha abogado por crear también un comité para que cierre un pacto vinculante, pero circunscrito solo a la contaminación marina y que no afectaría a la producción de plástico virgen. Y, hace unos días, India presentó otro proyecto todavía menos ambicioso que aboga solo por crear un marco no vinculante enfocado principalmente a los plásticos de un solo uso.
“Aunque no cumple del todo con nuestras peticiones, la propuesta de Perú y Ruanda es la más avanzada”, valora García Varas, de WWF. Estados Unidos y China, los grandes consumidores de plástico, no se han pronunciado oficialmente. Mientras, la agencia Reuters informaba la semana pasada de las presiones que estaban realizando los grupos de fabricantes de plásticos de EE UU y Europa para rebajar el acuerdo y que no afecte a la producción. En el lado contrario, alrededor de 70 grandes empresas e instituciones financieras internacionales difundieron en enero una declaración de apoyo a la adopción de un tratado vinculante del lucha contra la contaminación por plástico en la UNEA. Los firmantes abogaban por “reducir la producción y el uso de plástico virgen, y desvincular la producción de plástico del consumo de recursos fósiles”.
Fuente: elpais.com
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.