Análisis Noticiosos
Más de 140 millones de toneladas de plásticos contaminan planeta.
La OCDE advierte de que apenas un 9% de los residuos plásticos se reciclan. 193 países negocian en la ONU el primer tratado mundial para frenar esta plaga
Los datos son desgarradores: en apenas siete décadas el ser humano ha contaminado con más 140 millones de toneladas de plástico los ecosistemas acuáticos. En estos momentos, alrededor de 109 millones de toneladas de estos desechos se acumulan en los ríos y lagos del mundo; otros 30 millones contaminan los océanos; y unos 1,4 millones están en tránsito desde los ríos a los mares. Este es el balance de daños que recoge un informe monográfico sobre esta polución de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). El estudio, que se publica este martes, pone el foco en un problema que se está tratando en la asamblea de la ONU sobre el medio ambiente, que se celebra en Nairobi, Kenia, durante esta semana y la siguiente. Los representantes de 193 países están negociando en esta cita la forma de impulsar el primer tratado global para luchar contra la contaminación por plástico.
Además del volumen llama la atención la velocidad con la que se ha generado el problema, que ha ido en paralelo con al incremento de la producción de plásticos. En 1950, en el mundo apenas se fabricaban dos millones de toneladas este material, que es un derivado del petróleo. En 2021, la producción mundial anual alcanzó los 461 millones de toneladas tras un incremento que se ha acelerado en los últimos 20 años, según los datos de la OCDE. Y apenas un 6% del total de los plásticos que se ponen en el mercado cada año ahora son reciclados.
Casi al mismo ritmo que se ha disparado la producción de plástico ha aumentado la generación de residuos mundiales de este material. En 2000, el volumen de estos desechos era de 156 millones de toneladas. En 2019, se había llegado ya a los 353 millones. Como advierte este estudio, “casi dos tercios de todos los residuos plásticos provienen de aplicaciones con una vida útil de menos de cinco años”. El 40% son envases, por ejemplo.
Si esos residuos recibieran un adecuado tratamiento para que pudieran volver a ser utilizados, la dimensión del problema sería mucho menor. Pero la reutilización es la excepción y una quimera: tan solo un 9% de esos desechos se reciclaron en 2019, advierte la OCDE. “Los costes de recolección y selección son muy altos”, apunta Shardul Agrawala, que ha dirigido este estudio. A esto se añade que los plásticos reciclados tiene que competir en los mercados en igualdad de condiciones con los plásticos primarios, que son muy baratos de producir. El análisis dirigido por Agrawala apuesta por que los poderes públicos impulsen con regulaciones el uso de plástico reciclado y se traslade al plástico virgen los verdaderos costes que tiene este material por la contaminación que causa.
La baja tasa de reciclaje hace que el principal destino de los residuos acabe siendo el vertedero, el 50% terminó ahí en 2019, y la incineración (otro 19%). “El 22% restante se eliminó en vertederos incontrolados, se quemó al aire libre o acabó contaminando el medio ambiente”, advierte el informe.La información es la primera herramienta contra el cambio climático. Suscríbete a ella.
“Es un problema global”, apunta José Luis García Varas, responsable del programa de Océanos en WWF. “Está afectando a la biodiversidad y empieza a haber algo de luz en las investigaciones sobre los impactos en los hábitats”, añade este miembro de WWF. Su organización publicó la semana pasada otro informe en el que advertía de que para 2040 la producción mundial de plásticos se habrá duplicado de nuevo. Para 2050 la contaminación por plástico se cuadruplicará si no se toman medidas. Por ello, esta y otras organizaciones ecologistas están siguiendo muy de cerca la asamblea de la ONU sobre medio ambiente. “Si se consigue cerrar un tratado global y vinculante para la lucha contra los plásticos será tan relevante como lo fue el Acuerdo de París”, señala García Varas en referencia al pacto mundial contra el cambio climático que se cerró en 2015 en la capital francesa.
La preocupación social por este tipo de contaminación no es nueva. Pero alcanzó su punto más alto en 2017, según explica Agrawala, cuando se produjo una coincidencia de estudios científicos que alertaban de la magnitud del problema que se estaba gestando y campañas de concienciación. Unos años antes, en 2014, la asamblea de la ONU para el medio ambiente (conocida por sus siglas en inglés UNEA) había instando por primera vez a que se cerrara un acuerdo mundial contra la contaminación por plástico. Y, tras varias declaraciones similares, esta asamblea está discutiendo ahora en la capital de Kenia cómo se debe llegar a ese acuerdo mundial.
Como ocurre con los acuerdos internacionales de este tipo lo que se apruebe en la asamblea debe ser por unanimidad de los 193 países que participan, de ahí la dificultad y lentitud a la hora de cerrar pactos que afectan a un sector tan poderoso como el petrolero. En estos momentos, hay tres propuestas sobre la mesa de negociación. La primera y la que cuenta con más apoyos es la que patrocinan Perú y Ruanda, que aboga por la creación inmediata de un comité de negociación intergubernamental que tendría el mandato de elaborar un tratado mundial “jurídicamente vinculante” para prevenir y reducir la contaminación por plásticos que incluiría también medidas para limitar la producción. Según explican fuentes diplomáticas de Perú que han estado trabajando en los últimos años en esta resolución, el objetivo final es que el futuro instrumento legal que se cree fije objetivos compartidos, medidas de reporte y seguimiento de las metas y compromisos nacionales, algo parecido al Acuerdo de París contra el cambio climático.
Reducir la producción
La propuesta de Perú y Ruanda establece que el tratado debería ser adoptado, en principio, dentro de dos años. Luego, cada país tendrá que ratificarlo como ocurre con los pactos internacionales, explican las mismas fuentes. En estos momentos, 60 países respaldan esta iniciativa, entre los que están todos los miembros de la Unión Europea, Reino Unido, Noruega y varios Estados latinoamericanos como Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador.
Aunque es la que tiene más respaldo público, la encabezada por Ruanda y Perú no es la única propuesta que se ha presentado a la asamblea de la ONU, que se está celebrando de forma híbrida; presencial y telemáticamente. Japón ha abogado por crear también un comité para que cierre un pacto vinculante, pero circunscrito solo a la contaminación marina y que no afectaría a la producción de plástico virgen. Y, hace unos días, India presentó otro proyecto todavía menos ambicioso que aboga solo por crear un marco no vinculante enfocado principalmente a los plásticos de un solo uso.
“Aunque no cumple del todo con nuestras peticiones, la propuesta de Perú y Ruanda es la más avanzada”, valora García Varas, de WWF. Estados Unidos y China, los grandes consumidores de plástico, no se han pronunciado oficialmente. Mientras, la agencia Reuters informaba la semana pasada de las presiones que estaban realizando los grupos de fabricantes de plásticos de EE UU y Europa para rebajar el acuerdo y que no afecte a la producción. En el lado contrario, alrededor de 70 grandes empresas e instituciones financieras internacionales difundieron en enero una declaración de apoyo a la adopción de un tratado vinculante del lucha contra la contaminación por plástico en la UNEA. Los firmantes abogaban por “reducir la producción y el uso de plástico virgen, y desvincular la producción de plástico del consumo de recursos fósiles”.
Fuente: elpais.com
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.