Análisis Noticiosos
Más de 140 millones de toneladas de plásticos contaminan planeta.
La OCDE advierte de que apenas un 9% de los residuos plásticos se reciclan. 193 países negocian en la ONU el primer tratado mundial para frenar esta plaga
Los datos son desgarradores: en apenas siete décadas el ser humano ha contaminado con más 140 millones de toneladas de plástico los ecosistemas acuáticos. En estos momentos, alrededor de 109 millones de toneladas de estos desechos se acumulan en los ríos y lagos del mundo; otros 30 millones contaminan los océanos; y unos 1,4 millones están en tránsito desde los ríos a los mares. Este es el balance de daños que recoge un informe monográfico sobre esta polución de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). El estudio, que se publica este martes, pone el foco en un problema que se está tratando en la asamblea de la ONU sobre el medio ambiente, que se celebra en Nairobi, Kenia, durante esta semana y la siguiente. Los representantes de 193 países están negociando en esta cita la forma de impulsar el primer tratado global para luchar contra la contaminación por plástico.
Además del volumen llama la atención la velocidad con la que se ha generado el problema, que ha ido en paralelo con al incremento de la producción de plásticos. En 1950, en el mundo apenas se fabricaban dos millones de toneladas este material, que es un derivado del petróleo. En 2021, la producción mundial anual alcanzó los 461 millones de toneladas tras un incremento que se ha acelerado en los últimos 20 años, según los datos de la OCDE. Y apenas un 6% del total de los plásticos que se ponen en el mercado cada año ahora son reciclados.
Casi al mismo ritmo que se ha disparado la producción de plástico ha aumentado la generación de residuos mundiales de este material. En 2000, el volumen de estos desechos era de 156 millones de toneladas. En 2019, se había llegado ya a los 353 millones. Como advierte este estudio, “casi dos tercios de todos los residuos plásticos provienen de aplicaciones con una vida útil de menos de cinco años”. El 40% son envases, por ejemplo.
Si esos residuos recibieran un adecuado tratamiento para que pudieran volver a ser utilizados, la dimensión del problema sería mucho menor. Pero la reutilización es la excepción y una quimera: tan solo un 9% de esos desechos se reciclaron en 2019, advierte la OCDE. “Los costes de recolección y selección son muy altos”, apunta Shardul Agrawala, que ha dirigido este estudio. A esto se añade que los plásticos reciclados tiene que competir en los mercados en igualdad de condiciones con los plásticos primarios, que son muy baratos de producir. El análisis dirigido por Agrawala apuesta por que los poderes públicos impulsen con regulaciones el uso de plástico reciclado y se traslade al plástico virgen los verdaderos costes que tiene este material por la contaminación que causa.
La baja tasa de reciclaje hace que el principal destino de los residuos acabe siendo el vertedero, el 50% terminó ahí en 2019, y la incineración (otro 19%). “El 22% restante se eliminó en vertederos incontrolados, se quemó al aire libre o acabó contaminando el medio ambiente”, advierte el informe.La información es la primera herramienta contra el cambio climático. Suscríbete a ella.
“Es un problema global”, apunta José Luis García Varas, responsable del programa de Océanos en WWF. “Está afectando a la biodiversidad y empieza a haber algo de luz en las investigaciones sobre los impactos en los hábitats”, añade este miembro de WWF. Su organización publicó la semana pasada otro informe en el que advertía de que para 2040 la producción mundial de plásticos se habrá duplicado de nuevo. Para 2050 la contaminación por plástico se cuadruplicará si no se toman medidas. Por ello, esta y otras organizaciones ecologistas están siguiendo muy de cerca la asamblea de la ONU sobre medio ambiente. “Si se consigue cerrar un tratado global y vinculante para la lucha contra los plásticos será tan relevante como lo fue el Acuerdo de París”, señala García Varas en referencia al pacto mundial contra el cambio climático que se cerró en 2015 en la capital francesa.
La preocupación social por este tipo de contaminación no es nueva. Pero alcanzó su punto más alto en 2017, según explica Agrawala, cuando se produjo una coincidencia de estudios científicos que alertaban de la magnitud del problema que se estaba gestando y campañas de concienciación. Unos años antes, en 2014, la asamblea de la ONU para el medio ambiente (conocida por sus siglas en inglés UNEA) había instando por primera vez a que se cerrara un acuerdo mundial contra la contaminación por plástico. Y, tras varias declaraciones similares, esta asamblea está discutiendo ahora en la capital de Kenia cómo se debe llegar a ese acuerdo mundial.
Como ocurre con los acuerdos internacionales de este tipo lo que se apruebe en la asamblea debe ser por unanimidad de los 193 países que participan, de ahí la dificultad y lentitud a la hora de cerrar pactos que afectan a un sector tan poderoso como el petrolero. En estos momentos, hay tres propuestas sobre la mesa de negociación. La primera y la que cuenta con más apoyos es la que patrocinan Perú y Ruanda, que aboga por la creación inmediata de un comité de negociación intergubernamental que tendría el mandato de elaborar un tratado mundial “jurídicamente vinculante” para prevenir y reducir la contaminación por plásticos que incluiría también medidas para limitar la producción. Según explican fuentes diplomáticas de Perú que han estado trabajando en los últimos años en esta resolución, el objetivo final es que el futuro instrumento legal que se cree fije objetivos compartidos, medidas de reporte y seguimiento de las metas y compromisos nacionales, algo parecido al Acuerdo de París contra el cambio climático.
Reducir la producción
La propuesta de Perú y Ruanda establece que el tratado debería ser adoptado, en principio, dentro de dos años. Luego, cada país tendrá que ratificarlo como ocurre con los pactos internacionales, explican las mismas fuentes. En estos momentos, 60 países respaldan esta iniciativa, entre los que están todos los miembros de la Unión Europea, Reino Unido, Noruega y varios Estados latinoamericanos como Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador.
Aunque es la que tiene más respaldo público, la encabezada por Ruanda y Perú no es la única propuesta que se ha presentado a la asamblea de la ONU, que se está celebrando de forma híbrida; presencial y telemáticamente. Japón ha abogado por crear también un comité para que cierre un pacto vinculante, pero circunscrito solo a la contaminación marina y que no afectaría a la producción de plástico virgen. Y, hace unos días, India presentó otro proyecto todavía menos ambicioso que aboga solo por crear un marco no vinculante enfocado principalmente a los plásticos de un solo uso.
“Aunque no cumple del todo con nuestras peticiones, la propuesta de Perú y Ruanda es la más avanzada”, valora García Varas, de WWF. Estados Unidos y China, los grandes consumidores de plástico, no se han pronunciado oficialmente. Mientras, la agencia Reuters informaba la semana pasada de las presiones que estaban realizando los grupos de fabricantes de plásticos de EE UU y Europa para rebajar el acuerdo y que no afecte a la producción. En el lado contrario, alrededor de 70 grandes empresas e instituciones financieras internacionales difundieron en enero una declaración de apoyo a la adopción de un tratado vinculante del lucha contra la contaminación por plástico en la UNEA. Los firmantes abogaban por “reducir la producción y el uso de plástico virgen, y desvincular la producción de plástico del consumo de recursos fósiles”.
Fuente: elpais.com
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.