Nacionales
Guillermo Moreno afirma Presidente Medina es prisionero de los intereses del viejo poder
El dirigente político Guillermo Moreno afirmó que “el presidente Danilo Medina está atrapado en las redes de intereses que lo llevaron al poder”, por lo que su gobierno “será más de lo mismo” en materia de lucha contra la corrupción y aportar soluciones a los principales problemas de las grandes masas dominicanas.
El ex candidato presidencial del partido Alianza País, sostuvo, asimismo, que la colocación del doctor Marino Vinicio Castillo al frente de la Dirección General de Ética y Combate a la Corrupción Gubernamental es la mejor prueba de que Medina se ha decantado por la impunidad porque ese funcionario es compañero de los supuestos corruptos del gabinete de Leonel Fernández.
“El Presidente tiene ante sí dos caminos: seguir atrapado en esa red de intereses. Por ejemplo, favorecer la impunidad, de todos los funcionarios, muchos de los que están hoy día ratificados, o él encabeza un proceso de cambio de rumbo. Ahí es el dilema”, manifestó Moreno al ser entrevistado en el programa televisivo “De la semana”, que dirige Pablo McKinney.
Afirmó que normalmente a los gobiernos se les presenta ese tipo de dilema: “O son leales a los intereses que le llevaron al poder; en este caso toda la maquinaria corrupta de ocho años de gobierno de Leonel Fernández, que aportó todos los recursos del Estado para financiar la campaña de Danilo Medina…” o sacudirse y responder a los ciudadanos que lo respaldaron.
Dijo que una muestra del apoyo del gobierno de Fernández a Medina es que “este año va a cerrar con un déficit fiscal por encima de los 121,000 millones de pesos, que hoy día motiva el impulso de esta reforma fiscal que busca poner nuevos impuestos, fruto de ese déficit fiscal durante cinco años y agravado en este año electoral”.
Emplazó a Medina a definir si va a “continuar esa ruta y ser un presidente leal a esos intereses, o él puede ser un presidente leal a lo que es la aspiración de la ciudadanía, que fue la que le eligió”.
Moreno estimó que Medina ya comenzó mal porque ratificó a la mayoría de los ministros y si mantiene las mismas políticas no puede lograr ningún cambio.
Consideró que en República Dominicana hay una política gubernamental de “no transparencia”, de “no castigo a los corruptos” que el nuevo gobierno no debe continuar.
Cuando se le preguntó si con un ministro como Marino Vinicio Castillo al frente de la lucha contra la corrupción el gobierno de Medina garantiza que habrá castigo para los corruptos, Moreno señaló que en ocho años ese funcionario no ha hecho nada para detener la corrupción en el Estado.
“Pienso que el doctor Marino Vinicio Castillo debió ser enviado para su casa. Después de tantos años de servicio y sobre todo porque ha tenido la oportunidad, y la tuvo porque presidía la Comisión de Ética, y durante ocho años no mostró frente a la sociedad la voluntad ni la decisión para producir esos niveles de persecución contra la corrupción y para garantizar un gobierno ético”, indicó el líder opositor.
Consideró que Castillo quedó descalificado para luchar contra la corrupción “desde el momento que fue el abogado de los banqueros que defraudaron al Estado. No se puede servir a Dios y al César. Había que elegir y él eligió al César”.
El bufete de abogados encabezado por Castillo y sus hijos llevaron la defensa del ex presidente del Baninter, Ramón Báez Figueroa, quien cumple condena de diez años de cárcel al ser condenado por lavado de activos y fraude bancario.
Planteó que no fue ilegal que Castillo defendiera a los acusados de fraude al Estado, pero de ninguna manera era ético que lo hiciera siendo funcionario público en un juicio en que el acusador era el Estado.
Moreno citó que cuando se produjeron las acusaciones contra los banqueros, algunos de ellos fueron a tratar de contratarlo para la defensa, pero su respuesta fue que si él asumía “la defensa de los banqueros que han defraudado al Estado de una manera descomunal, pagaría el precio de nunca más, en este país, volver a hablar del tema de corrupción”.
“No tengo forma de conciliar el tener un discurso de lucha contra la corrupción y al mismo tiempo constituirme en vocero, en abogado, precisamente, de aquellos que han defraudado al Estado”, apuntó el presidente de Alianza País.
Agregó que “el doctor Castillo era la voz del Estado en la lucha contra la corrupción y entonces al mismo tiempo asume la defensa de unos banqueros que el propio Estado asume la acusación por la grave defraudación que hicieron del Estado en actos de corrupción. Eso era totalmente incompatible”. HOY
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.