Reportaje A Fondo
Despenalización del aborto en Colombia: la historia de lucha de miles de mujeres
La organización Causa Justa, que consiguió despenalizar el aborto en Colombia hasta la 24ª semana, recoge el testigo del movimiento feminista, de Florence Thomas a Mónica Roa
Mexico/Bogotá.-Este lunes hubo fiesta en el centro de Bogotá. Cientos de personas llenaron las calles que rodean el edificio de la Corte Constitucional, en pleno corazón de la capital colombiana. Celebraban que los magistrados decidieron despenalizar la interrupción del embarazo hasta la 24ª semana. Las mujeres jóvenes fueron las protagonistas de un festejo que varias generaciones esperaban desde hace tiempo en un país donde nunca ha sido fácil hablar del aborto. Florence Thomas, una de las voces más influyentes del feminismo en Colombia, recuerda que hasta hace apenas unos años era un tema casi prohibido. “La gente se salía de mis charlas cuando empezaba a hablar del aborto”, decía Thomas a este diario en noviembre pasado, cuando el constitucional ya estudiaba la demanda del movimiento feminista colombiano representado por la organización Causa Justa, que recoge el testigo de mujeres como Florence Thomas o Mónica Roa, la abogada que consiguió en 2006 la despenalización del aborto en tres causales.
Thomas llegó de Francia a vivir en Colombia a finales de los sesenta y se encontró con un país que no escuchaba a las mujeres. “Parecía que los hombres eran los únicos que podían hablar. Yo no entendía eso”. No había espacio para debatir sobre la interrupción del embarazo, pero los grupos feministas insistieron y lo que se logró esta semana no habría sido posible sin la rebeldía de mujeres con Florence, como todos la conocen. A través de su trabajo como maestra en la Universidad Nacional, como escritora, pero sobre todo como una de las líderes de la organización Mesa por la vida y la salud de las mujeres, ha promovido una conversación en torno a la interrupción del embarazo y la educación reproductiva.
Entre los años ochenta y noventa, se presentaron ante el Congreso –recuerda Florence– al menos siete proyectos de ley para despenalizar el aborto y todos terminaron archivados. “La Iglesia tenía más peso que ahora en las decisiones que se tomaban. Recuerdo que me invitaban a programas de televisión y la contraparte era cualquier antiderechos que aparecía con un feto metido en tarro. Así era muy difícil debatir”, cuenta la activista, que reconoce la importancia del movimiento Católicas por el derecho a decidir (CDD) en la discusión sobre el aborto en un país tan religioso como lo es Colombia. En 2006, los grupos feministas alcanzaron un hito con el trabajo liderado por la abogada Mónica Roa. “Ella cambió el rumbo de la historia”, reconoce Thomas. Roa se dio cuenta de que el camino no era el Congreso. Habían fracasado tantos intentos allí, que decidió probar en la Corte Constitucional y logró que los magistrados despenalizaran el aborto en tres casos: cuando la vida o la salud (física o mental) de la mujer está en peligro; cuando el embarazo es resultado de violación o incesto; o cuando una malformación fetal hace inviable la vida fuera del útero.
Muchas libertades individuales han avanzado en Colombia a golpe de sentencias de la Corte Constitucional sobre discusiones que provocan choques de valores. La del aborto marcó un antes y un después. Para entonces, solo abrirse a la posibilidad de las causales era un avance gigantesco. “Éramos bastante pequeñas comparadas con el movimiento que hay hoy en día”, al que admira y agradece, recuerda Roa por teléfono desde su vivienda en Madrid. En su momento tuvo que enfrentar amenazas de seguridad y mantener guardaespaldas por años. “Siento que cada vez hay un movimiento social con una base juvenil muy grande que va haciendo suyos estos reclamos”.
Las olas de entonces ya empiezan a hacer marea. “Esto que pasa hoy va a tocar la vida de muchísimas personas en Colombia, y les va a dar una oportunidad de imaginar un país en donde todas las maternidades sean deseadas”, celebra Roa sobre la decisión de la Corte, que califica como un paso de gigante, o un salto cuántico. “Desde hace muchos años hay una triada de países que son México, Argentina y Colombia, que van halando la vanguardia en Latinoamérica”, valora. Sin embargo, reconoce con la perspectiva que da el tiempo los límites del denominado litigio estratégico, y que las causales han demostrado no ser suficientes. “Los procesos de cambio social son eso, procesos. No ocurren de la noche a la mañana. Una cosa es convencer a una mayoría de jueces de la Corte Constitucional y otra lograr remover los obstáculos institucionales y culturales del sector de la salud, la educación, la función pública y todos los que sean relevantes para que todas las mujeres que necesiten un aborto conozcan sus derechos y los puedan ejercer de manera digna y oportuna”.
Aún está pendiente hacer realidad la promesa que la Constitución de 1991 le hace a las mujeres y niñas. “Solo cuando se logren remover los obstáculos institucionales y culturales para tener plena educación sexual, acceso a anticonceptivos, protección frente a la violencia sexual, aborto libre, digno y responsable y practicado lo antes posible, servicios de maternidad segura, y justicia para los abortos forzados, podremos promover ciudadanías libres y responsables, y familias con relaciones sanas que construyan país, desarrollo y bienestar”, concluye.
Desde que se promulgó la Constitución de 1991, el mayor hito en torno al aborto era esa sentencia del 10 de mayo de 2006, en la que la Corte Constitucional le puso un piso a la despenalización. El tribunal señaló que no era posible revocar esas tres causales, pero el Congreso podía avanzar en una despenalización mayor siempre y cuando respetara esos mínimos –lo que nunca ocurrió–. En aquel momento, la dignidad humana comenzaba a tener un mayor peso en la jurisprudencia, y prevaleció en la decisión, recuerda el exmagistrado Manuel José Cepeda, quien emitió entonces una recordada aclaración de voto. “El punto de partida, y lo esencial, es la dignidad humana. Por eso las tres excepciones que abre la Corte en ese momento tienen las características que tienen”, explica el jurista. Destaca que son momentos distintos, pues mientras en 2006 la controversia estaba planteada contra la penalización absoluta, ahora se ha planteado en la necesidad de ir más allá. “Las mujeres no están pudiendo acceder aún cuando se encuentran legítimamente en esas tres causales. Entonces, dentro del espíritu de la sentencia anterior hay que avanzar para que se quiten las barreras de acceso. Y la única manera es que la mujer pueda, en ejercicio de su dignidad y autonomía, tomar la decisión”, señala Cepeda. “Lo que está en juego acá es el goce efectivo del derecho. En la práctica, no exclusivamente a nivel jurídico. Para los magistrados es fundamental que los derechos no se queden en el papel”.
El paso del Constitucional llevaba tiempo madurando. “Tenemos un presidente de derecha que ha impedido cualquier avance en materia de regulación, pero al mismo tiempo estamos en un momento en que globalmente hay una movilización feminista importante y ha habido cambios legales en muchos sitios, entonces políticamente es un escenario con oportunidades y restricciones”, valora la académica Isabel Cristina Jaramillo, profesora de Derecho de la Universidad de Los Andes que ha sido asesora de Causa Justa. “Lo que se esperaba en el 2006 era volver este un debate más laico, y eso se ha logrado. El debate contemporáneo es laico, y en materia de derechos de las mujeres”, apunta la también autora de La Batalla por el Derecho al Aborto, que además ha sido postulada como magistrada del Constitucional. Señala que, bajo las circunstancias actuales, los médicos revisan las causales y tienden a interpretarlas de la manera más restrictiva. “Frente al abandono del Congreso, las mujeres tenemos que buscar nuestra protección de los derechos frente al órgano que está encargado, que es la Corte Constitucional. Hay personas muriendo, yendo a la cárcel, por algo que ya se definió en la sociedad colombiana, y es que impedirle a las mujeres abortar en ciertas circunstancias es vulnerarles su dignidad”.
Figuras como Thomas, que ha dedicado su vida a hablar del aborto, aplauden lo que han hecho las mujeres más jóvenes para lograr que la despenalización, así no sea total, hoy sea una realidad. “Cuando empezamos no teníamos redes, ni internet, solo teníamos las calles y ahí salíamos a gritar. Cuando veo ahora a las jóvenes me alegra saber que ellas tienen más opciones para impactar”, dice.
Catalina Martínez es una de las voces de la generación que en los últimos años ha llevado las banderas a favor del aborto en Colombia. Es la directora regional del Centro de Derechos Reproductivos y desde allí ha acompañado legalmente a madres que han visto morir a sus hijas tras un aborto clandestino o a mujeres acusadas judicialmente por haber interrumpido su embarazo. “[Llegar aquí] es el resultado de muchas luchas feministas y de haber dado pasos contundentes durante todos estos años. El Congreso colombiano se ha quedado corto frente a la oportunidad de legislar sobre los derechos de las mujeres, por eso la Corte Constitucional se convirtió en la puerta para materializar y acceder a nuestros derechos”, decía Martínez el pasado noviembre cuando estaba por vencerse uno de los plazos que tenía la Corte para fallar.
Causa Justa logró abrir una conversación pública sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos que jamás se había visto en Colombia. Hoy solo el 20% de los ciudadanos está de acuerdo con que las mujeres vayan a la cárcel por abortar. Artistas, líderes de opinión y políticos se han unido al movimiento a favor del aborto y han hecho de este un espacio más diverso. “La causa va más allá de grupos feministas. Esto se trata de un tema de salud, de derechos humanos, de democracia”, dice Martínez.
Mariana Ardila es otra de las abogadas que ha contribuido al avance en los derechos de las mujeres en Colombia. Desde Women’s Link ha liderado la lucha por el aborto libre desde hace más de una década. “El país no ha cambiado por arte de magia, esto ha sido el resultado de un trabajo sostenido de varias organizaciones para investigar, hacer litigio estratégico, hablar con médicos”. La despenalización del aborto hasta la semana 24 es el máximo logro de un trabajo de muchos años y del esfuerzo de muchas personas. “No sé si la gente dimensiona lo que hay detrás de la historia que se escribió hoy. No somos unas cuantas. Somos miles. Somos cada vez más. Lo pusimos y lo dejamos todo. ¡Y este es el resultado!”, escribió en un tuit Mariana Ardila tras conocer la noticia. Colombia hoy es un país más justo gracias al movimento feminista.
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Las heridas y los interrogantes que siguen abiertos tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia
El operativo de la extinta guerrilla del M-19 y la reacción militar, en pleno centro de Bogotá, dejaron un centenar de muertos, una docena de desaparecidos y una cúpula judicial masacrada
Bogotá.-“Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego. La situación es dramática.(…) Divulgue a la opinión pública eso, para que el presidente dé la orden”, suplicó Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en Radio Todelar. Era la tarde del 6 de noviembre de 1985 y la sede de la cúpula de la rama judicial de su país, el Palacio de Justicia de Bogotá, era un campo de guerra. 35 guerrilleros del M-19, un grupo de origen urbano y dado a los golpes mediáticos, había entrado a sangre y fuego con la bandera de obligar a los magistrados a hacer un “juicio” al presidente Belisario Betancur, a quien acusaban de haberlos traicionado en una negociación de paz que ya estaba abocada al fracaso. La reacción, que el mandatario dejó en manos de los militares, fue incluso más sangrienta. El edificio terminó calcinado, 11 de los 25 magistrados de la Corte Suprema fueron asesinados, miles de expedientes de todo tipo se perdieron.
En una larga historia de violencia política como la colombiana, los hechos del Palacio siguen especialmente vigentes. Incluso más que otros episodios más mortíferos y más recientes. En 1989, por ejemplo, el narcotraficante Pablo Escobar hizo estallar un avión que despegaba de Bogotá a Cali, y dejó 110 muertos. En 2000, paramilitares asolaron el corregimiento de El Salado, en la región Caribe, y dejaron más de 100 personas muertas, según la Fiscalía. Y en 2002, la guerrilla de las FARC atacó la iglesia del pueblo de Bojayá, en el Chocó, y asesinaron a por lo menos 74 civiles. Las circunstancias, por el lugar del ataque, la importancia política de las víctimas o la visibilidad de lo ocurrido, marcan la diferencia. Y por eso un episodio que en Colombia se ha denominado “holocausto” ha ocupado una atención en el periodismo o en las artes, solo comparable el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, y el posterior Bogotazo.
Además, la rama judicial ha sentido el ataque como un dolor permanente. Los magistrados asesinados eran colegas, profesores, jefes e incluso familiares de muchos abogados de las siguientes generaciones, y su muerte dejó una impronta que aún hoy lamente la justicia.
Además de esa herida abierta, el debate por la toma y la retoma es tan vigente y pugnaz que de él participa el presidente Gustavo Petro, quien fue miembro del mismo M-19 y, si bien no participó en la toma, ha defendido un relato que reduce la responsabilidad de sus antiguos camaradas. Es tan sensible el asunto que recientemente una juez ordenó eliminar un diálogo de una película sobre el Palacio; es tan vigente que este miércoles el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha propuesto una nueva norma “que a los militares que participaron en el rescate del Palacio de Justicia, condenados o todavía en investigación o juicio, les conceda todos los beneficios equivalentes a una sentencia absolutoria”.
La actualidad de lo ocurrido hace cuatro décadas pasa por las preguntas sin respuesta. Una de ellas tiene que ver con la protección de los magistrados. Pese a que se había develado un plan de la guerrilla para atacar el Palacio, una noticia que había llenado titulares de prensa, y a que varios magistrados habían recibido amenazas de muerte, la seguridad del Palacio había sido reducida el 5 de noviembre. “Yo quisiera tener la respuesta a la pregunta de quién dio esa orden”, dice Ángela María Buitrago, exministra de Justicia y quien como fiscal lideró la investigación penal por las desapariciones forzadas de una decena de personas, en manos de militares.
Ceremonia de entrega de los restos mortales de Gloria Isabel Anzola, una de las víctimas femeninas del asalto, en Bogotá, el 10 de diciembre de 2019.Juancho Torres (Anadolu Agency via Getty Images)Otra pregunta sin respuesta clara son los motivos del ataque. El M-19 emitió una proclama desde el Palacio sobre la que llamó Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. “Convocamos al juzgamiento público de unas minorías apátridas que han hecho fraude a los anhelos de paz y traicionando las exigencias de progreso y de justicia social a la nación entera”, dice en una de sus frases centrales, para luego exigir a los principales medios de comunicación la difusión del proceso que soñaban. “Señores magistrados: tienen ustedes la gran oportunidad, de cara al país, y en su condición de gran reserva moral de la República, de presidir un juicio memorable”, se lee más adelante.
Pero la sombra del narcotráfico ha planeado sobre lo ocurrido desde 1985, pues los guerrilleros coincidían en una demanda de los narcotraficantes. “Mediante un impopular escandaloso Tratado de Extradición, se entrega nuestra juricidad –la más creciente y novedosa de todas las entregas–, que es golpe mortal contra la soberanía nacional», se lee en la misma proclama. Aunque, sobre todo personas cercanas a Pablo Escobar han dicho que el capo pagó a la guerrilla por el ataque, intentando evitar que la Corte Suprema avalara ese tratado, al que se oponían a sangre y fuego. Quien fuera al lugarteniente, Jhon Jairo Velásquez, Popeye, es una de esas fuentes; otras han sido Virginia Vallejo, amante del narco, o el jefe paramilitar Carlos Castaño. La pregunta sigue en el aire, pues no hay pruebas ni es claro que una atrocidad de ese tipo tuviera el efecto esperado. Lo más cercano a una respuesta, de acuerdo con una Comisión de la Verdad conformada por las altas cortes en 2005 para esclarecer los hechos del Palacio, es señalar esta como una hipótesis probable. “Todo indica, entonces, que hubo conexión del M-19 con el Cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia”, se lee en su informe final.
Un tercer interrogante es hasta dónde los militares asumieron el poder real durante esas horas. El entonces ministro de Justicia, el político liberal Enrique Parejo, argumentó que se dio un vacío de poder, en el que fueron los generales quienes decidieron qué hacer. Pero su entonces colega de Gobierno, Jaime Castro, publicó un libro dedicado a argumentar que no hubo tal, y que la decisión de responder con la fuerza vino de Betancur y su Gobierno, que temía que darle juego a los guerrilleros hubiera llevado a que estos lograran un levantamiento popular y se tomaran el poder.
El cuarto interrogante gira alrededor de la responsabilidad por cada asesinato, cada desaparición, cada decisión en las más de 27 horas de combates e incendios. Investigadores, periodistas e interesados se han topado con todo tipo de problemas para encontrar pruebas suficientes de lo ocurrido. En algunos casos, los testigos dan versiones encontradas; en otros, los testigos han muerto -esos días, o en las cuatro décadas que han pasado-; en unos más, la falta de pruebas de balística o la manipulación del Palacio por policías y militares antes de que llegaran los funcionarios judiciales impide tener las suficientes pruebas técnicas.
Quizás la más significativa de las preguntas sin respuesta, que va de lo judicial a lo político, es si los militares sabían que el M-19 iba a hacer el ataque y lo permitieron, para así poder golpear con fuerza al M-19 en lo que algunos han llamado “operación ratonera”. Aunque los generales lo han negado de forma reiterada, los tres magistrados que lideraron entre 2005 y 2010 una comisión para investigar los hechos, le dan crédito a la ida. “La Comisión de la Verdad considera esta hipótesis como una de las más probables”, se lee en su informe final. Jorge Aníbal Gómez, José Roberto Herrera y Nilson Pinilla señalan que el Ejército estaba “vejado en su dignidad” y “herido en su amor propio” por acciones pasadas de una guerrilla especialmente mediática. Otros han adicionado que los militares estaban molestos con el presidente, que había adelantado diálogos de paz sin consultarles y contra su opinión.
Lo más complejo, según la exministra Buitrago, es que las respuestas a esas preguntas han variado, dejando un legado de desconfianza y poca credibilidad, como cuando los militares negaron conocer el plan del M-19. Y eso mantiene vivas y abiertas las heridas.
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Reportaje A Fondo
Virginia Laparra, exfiscal guatemalteca: “Fui a la cárcel por una persecución política contra mí”
Detenida en 2022 tras denunciar corrupción judicial, vive ahora en el exilio y denuncia una estrategia sistemática para silenciar a quienes luchan contra la impunidad
Virginia Laparra (Quetzaltenango, Guatemala, 45 años) luchó durante años contra la corrupción en su país. Miembro de la Fiscalía Especial contra la impunidad, una institución auspiciada por Naciones Unidas para investigar las redes corruptas en las altas esferas del poder, fue detenida en 2022 por denunciar a un juez que había filtrado información confidencial. La acusación le valió una condena de cuatro años de cárcel, de la que cumplió casi la mitad, en un proceso que Amnistía Internacional calificó de represalia política y que finalmente la empujó al exilio. “La experiencia en la cárcel es ensordecedora e inaguantable” e “iban a hacer todo lo posible para no dejarme salir jamás”, afirma durante una reciente entrevista en Madrid, en el marco de un viaje a Reino Unido para recoger el Sir Henry Brooke Award, un reconocimiento internacional a su labor como defensora de derechos humanos.
Pregunta. Desde el año 2000, decenas de funcionarios del Poder Judicial se han exiliado de Guatemala. ¿Existe una persecución política contra los juristas?
P. Usted se exilió tras pasar dos años en la cárcel. ¿Cómo la detuvieron?
R. Tenía que viajar a Ciudad de Guatemala desde Quetzaltenango para una audiencia. Salí temprano de la oficina, pero me encontré con una escena propia de la captura de un narcotraficante: patrullas cruzadas, militares con armas largas y pasamontañas. Me estaban esperando y me dijeron que había una orden de detención contra mí.
P. ¿De qué la acusaban?
R. De haber denunciado administrativamente actos de corrupción cometidos por el juez Lesther Castellanos, que resultó ser efectivamente corrupto. Denunciar administrativamente a un juez no puede ser considerado un delito. Y lo hice, en 2017, porque había filtrado información confidencial de un caso de corrupción ya cerrado.
P. En su primera condena, a cuatro años de cárcel, Amnistía Internacional la consideró una prisionera de conciencia.
R. Fui a la cárcel por una persecución política contra mí, no por una causa jurídica. El fin era mandar un mensaje: que luchar contra la corrupción de alto nivel tiene consecuencias. Yo sabía que podía terminar en prisión, porque desde 2018 y hasta mi detención, sufrí años de hostigamiento constante con campañas de difamación contra mí y mensajes amenazantes en redes promovidos por el juez y la Fundación Contra el Terrorismo.
P. ¿Quiénes forman esta fundación?
R. La crearon militares con el fin de defender a personas acusadas de delitos de lesa humanidad, como al [exdictador Efraín] Ríos Montt.
P. ¿Qué ocurrió tras su detención?
R. Me llevaron a la capital [Ciudad de Guatemala] para mi audiencia [ante el juez] en una patrulla durante la madrugada. En el camino, uno de los agentes me dijo: “No sabemos si va a salir viva de ahí”. Más que amenaza, fue una advertencia de lo que sabían que podía pasarme en el sistema penitenciario. Me aconsejaron que hablara lo menos posible. Yo era la quinta de cinco fiscales que capturaron aquel mes. Pero mientras mis compañeras esperaron a su comparecencia ante el juez en un lugar habitual de detenciones, a mí me llevaron a una carceleta.
P. ¿Qué es exactamente?
R. Es donde llevan a los presos peligrosos y es como una jaula en la que no tienes ni espacio para pararte, porque hay demasiadas personas privadas de libertad. Me mantuvieron toda una noche y, cada vez que intentaba conciliar el sueño en el piso, me levantaban y me despabilaban. Después me ingresaron en la Cárcel Militar Mariscal Zavala y, tras unos días, con mis cuatro compañeras.
La exfiscal guatemalteca Virginia Laparra, en la sede de Madrid de Amnistía Internacional.
Álvaro García
P. Estuvo presa casi dos años.
R. Fui la primera de mis compañeras en recibir la condena y la última en salir. Pero todas nosotras nos negamos a aceptar los cargos que nos imputaban.
La experiencia en la cárcel es ensordecedora e inaguantable.
P. ¿Otras personas sí los aceptaron?
R. Sí, eran obligados a aceptar los cargos a cambio de dejarlos en libertad. Les decían que si no lo hacían terminarían como yo. Y no los juzgo, porque la experiencia en la cárcel es ensordecedora e inaguantable.
P. ¿Cómo le afectó?
R. En todos los sentidos. Si con el trato tan cruel que recibí en prisión yo no estoy muerta o [el periodista] José Rubén Zamora no está muerto es porque nos hemos aferrado a algún impulso para seguir viviendo. En mi caso, sobreviví porque mis hijas me hacían prometerles, cada que venían, que seguiría allí la próxima vez que pudieran regresar.
P. Pero su salud se deterioró.
R. Sí, fue degenerando considerablemente. El primer año me negaron totalmente la asistencia médica, y cuando por fin logré que me llevaran al hospital, tuvieron que operarme y quitarme la matriz. Después, me tuvieron que hacer otras cuatro operaciones de emergencia. No me dieron ni la posibilidad de recuperarme, porque tras la operación, me mandaban a la prisión. Pero, además, la estancia en prisión te afecta mucho emocionalmente cuando eres madre y no puedes seguir cuidando a tus hijos.
Nadie se exilia voluntariamente. Es lo último que te queda para poder defender tu vida
P. Otras cuatro mujeres fueron encarceladas con usted. ¿Había un ataque concreto contra las mujeres?
R. Es evidente, porque nosotras éramos más fáciles de encontrar. Tres teníamos hijos menores de edad y otra compañera estaba a cargo de sus papás. Nuestro rol familiar hacía más probable que no nos escondiéramos. Pero, además, nos fotografiaban en las audiencias y difundían nuestras imágenes en redes para difamarnos.
P. ¿En qué momento decidió exiliarse?
R. Tras salir bajo arresto domiciliario, me dediqué a litigar el segundo proceso abierto en mi contra. Me condenaron de nuevo en junio de 2024 a cinco años de prisión y tenían al menos otros cinco procesos abiertos contra mí en el Ministerio Público. Era evidente que en la próxima audiencia judicial iban a ordenar mi detención y que iban a hacer todo lo posible para no dejarme salir jamás.
P. ¿Cómo pudo salir?
R. Estaba en arresto domiciliario y no podía salir del país, pero lo hice. Tuve que dejar a mis hijas y ahora no puedo regresar a mi país. Nadie se exilia voluntariamente. Es lo último que te queda para poder defender tu vida.
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La ONU alerta de «hambre récord» en Haití y asegura que las necesidades se disparan
EFE
Proyecta que hasta junio próximo una cifra récord de 5.7 millones de personas, más de la mitad de la población, experimentarán inseguridad alimentaria aguda
Puerto Príncipe.-El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas alertó este jueves de que la escalada de violencia, los desplazamientos, la inestabilidad económica y las interrupciones en la producción local de alimentos están provocando un «hambre récord» en Haití, con millones de personas en riesgo, lo que hace que las necesidades se disparen.
Según un comunicado de esta agencia de la ONU, el último informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC en sus siglas en inglés) proyecta que hasta junio próximo una cifra récord de 5.7 millones de personas, más de la mitad de la población, experimentarán inseguridad alimentaria aguda.
De ellas, se prevé que poco más de dos millones afronte hambre en nivel de emergencia y que 8,400 personas encaren el nivel de catástrofe, el más crítico de inseguridad alimentaria con escasez extrema de alimentos, desnutrición aguda grave y riesgo de inanición.
Ante esta situación, el PMA y sus socios han extendido de forma significativa sus operaciones en Haití, alcanzando a más de 1.3 millones de personas en lo que va de año, de ellas un millón en marzo, lo que supone una cifra récord de ciudadanos asistidos en un solo mes, pero, advirtió la organización, «las necesidades superan los recursos disponibles».
Este 2025 esta agencia de Naciones Unidas ya ha suministrado 740,000 comidas calientes a más de 112,000 personas recientemente desplazadas, así como dinero en efectivo para alimentos y apoyo para prevenir la desnutrición infantil, además de haber conseguido acceder a zonas controladas por los grupos armados y entregar alimentos esenciales a comunidades de difícil acceso en Croix-des-Bouquets, Cité Soleil, Lower Delmas y La Saline.
«En este momento, luchamos para contener el hambre. Sin los inmensos esfuerzos que ya se están realizando, la situación sería mucho peor», dijo la directora de País del PMA en Haití, Wanja Kaaria.
Violencia extrema
«Para seguir el ritmo de la creciente crisis, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que brinde apoyo urgente; sobre todo, el país necesita paz», agregó Kaaria, quien afirmó que el PMA necesita urgentemente 53.7 millones de dólares para continuar sus operaciones vitales en Haití durante los próximos seis meses.
Haití vive una crisis multidimensional y una violencia extrema, en especial en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, en un 85 % bajo control de las bandas armadas.
La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSSM), liderada por Kenia y con el aval de la ONU, no ha conseguido resultados tangibles frente a esta violencia, que ha obligado a más de un millón de personas a abandonar sus hogares y convertirse en desplazadas.
- En 2024 la violencia causó en Haití al menos 5,626 muertos (un millar más que el año anterior), 2,213 heridos y 1,494 secuestrados, según datos verificados por la ONU.
A finales de marzo pasado, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó de que al menos 4,239 personas fueron asesinadas y 1,356 heridas en Haití entre julio y febrero pasados con armas que llegan ilegalmente del extranjero, pese al embargo de armamento impuesto por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.