Reportaje A Fondo
Despenalización del aborto en Colombia: la historia de lucha de miles de mujeres
La organización Causa Justa, que consiguió despenalizar el aborto en Colombia hasta la 24ª semana, recoge el testigo del movimiento feminista, de Florence Thomas a Mónica Roa
Mexico/Bogotá.-Este lunes hubo fiesta en el centro de Bogotá. Cientos de personas llenaron las calles que rodean el edificio de la Corte Constitucional, en pleno corazón de la capital colombiana. Celebraban que los magistrados decidieron despenalizar la interrupción del embarazo hasta la 24ª semana. Las mujeres jóvenes fueron las protagonistas de un festejo que varias generaciones esperaban desde hace tiempo en un país donde nunca ha sido fácil hablar del aborto. Florence Thomas, una de las voces más influyentes del feminismo en Colombia, recuerda que hasta hace apenas unos años era un tema casi prohibido. “La gente se salía de mis charlas cuando empezaba a hablar del aborto”, decía Thomas a este diario en noviembre pasado, cuando el constitucional ya estudiaba la demanda del movimiento feminista colombiano representado por la organización Causa Justa, que recoge el testigo de mujeres como Florence Thomas o Mónica Roa, la abogada que consiguió en 2006 la despenalización del aborto en tres causales.
Thomas llegó de Francia a vivir en Colombia a finales de los sesenta y se encontró con un país que no escuchaba a las mujeres. “Parecía que los hombres eran los únicos que podían hablar. Yo no entendía eso”. No había espacio para debatir sobre la interrupción del embarazo, pero los grupos feministas insistieron y lo que se logró esta semana no habría sido posible sin la rebeldía de mujeres con Florence, como todos la conocen. A través de su trabajo como maestra en la Universidad Nacional, como escritora, pero sobre todo como una de las líderes de la organización Mesa por la vida y la salud de las mujeres, ha promovido una conversación en torno a la interrupción del embarazo y la educación reproductiva.
Entre los años ochenta y noventa, se presentaron ante el Congreso –recuerda Florence– al menos siete proyectos de ley para despenalizar el aborto y todos terminaron archivados. “La Iglesia tenía más peso que ahora en las decisiones que se tomaban. Recuerdo que me invitaban a programas de televisión y la contraparte era cualquier antiderechos que aparecía con un feto metido en tarro. Así era muy difícil debatir”, cuenta la activista, que reconoce la importancia del movimiento Católicas por el derecho a decidir (CDD) en la discusión sobre el aborto en un país tan religioso como lo es Colombia. En 2006, los grupos feministas alcanzaron un hito con el trabajo liderado por la abogada Mónica Roa. “Ella cambió el rumbo de la historia”, reconoce Thomas. Roa se dio cuenta de que el camino no era el Congreso. Habían fracasado tantos intentos allí, que decidió probar en la Corte Constitucional y logró que los magistrados despenalizaran el aborto en tres casos: cuando la vida o la salud (física o mental) de la mujer está en peligro; cuando el embarazo es resultado de violación o incesto; o cuando una malformación fetal hace inviable la vida fuera del útero.
Muchas libertades individuales han avanzado en Colombia a golpe de sentencias de la Corte Constitucional sobre discusiones que provocan choques de valores. La del aborto marcó un antes y un después. Para entonces, solo abrirse a la posibilidad de las causales era un avance gigantesco. “Éramos bastante pequeñas comparadas con el movimiento que hay hoy en día”, al que admira y agradece, recuerda Roa por teléfono desde su vivienda en Madrid. En su momento tuvo que enfrentar amenazas de seguridad y mantener guardaespaldas por años. “Siento que cada vez hay un movimiento social con una base juvenil muy grande que va haciendo suyos estos reclamos”.
Las olas de entonces ya empiezan a hacer marea. “Esto que pasa hoy va a tocar la vida de muchísimas personas en Colombia, y les va a dar una oportunidad de imaginar un país en donde todas las maternidades sean deseadas”, celebra Roa sobre la decisión de la Corte, que califica como un paso de gigante, o un salto cuántico. “Desde hace muchos años hay una triada de países que son México, Argentina y Colombia, que van halando la vanguardia en Latinoamérica”, valora. Sin embargo, reconoce con la perspectiva que da el tiempo los límites del denominado litigio estratégico, y que las causales han demostrado no ser suficientes. “Los procesos de cambio social son eso, procesos. No ocurren de la noche a la mañana. Una cosa es convencer a una mayoría de jueces de la Corte Constitucional y otra lograr remover los obstáculos institucionales y culturales del sector de la salud, la educación, la función pública y todos los que sean relevantes para que todas las mujeres que necesiten un aborto conozcan sus derechos y los puedan ejercer de manera digna y oportuna”.
Aún está pendiente hacer realidad la promesa que la Constitución de 1991 le hace a las mujeres y niñas. “Solo cuando se logren remover los obstáculos institucionales y culturales para tener plena educación sexual, acceso a anticonceptivos, protección frente a la violencia sexual, aborto libre, digno y responsable y practicado lo antes posible, servicios de maternidad segura, y justicia para los abortos forzados, podremos promover ciudadanías libres y responsables, y familias con relaciones sanas que construyan país, desarrollo y bienestar”, concluye.
Desde que se promulgó la Constitución de 1991, el mayor hito en torno al aborto era esa sentencia del 10 de mayo de 2006, en la que la Corte Constitucional le puso un piso a la despenalización. El tribunal señaló que no era posible revocar esas tres causales, pero el Congreso podía avanzar en una despenalización mayor siempre y cuando respetara esos mínimos –lo que nunca ocurrió–. En aquel momento, la dignidad humana comenzaba a tener un mayor peso en la jurisprudencia, y prevaleció en la decisión, recuerda el exmagistrado Manuel José Cepeda, quien emitió entonces una recordada aclaración de voto. “El punto de partida, y lo esencial, es la dignidad humana. Por eso las tres excepciones que abre la Corte en ese momento tienen las características que tienen”, explica el jurista. Destaca que son momentos distintos, pues mientras en 2006 la controversia estaba planteada contra la penalización absoluta, ahora se ha planteado en la necesidad de ir más allá. “Las mujeres no están pudiendo acceder aún cuando se encuentran legítimamente en esas tres causales. Entonces, dentro del espíritu de la sentencia anterior hay que avanzar para que se quiten las barreras de acceso. Y la única manera es que la mujer pueda, en ejercicio de su dignidad y autonomía, tomar la decisión”, señala Cepeda. “Lo que está en juego acá es el goce efectivo del derecho. En la práctica, no exclusivamente a nivel jurídico. Para los magistrados es fundamental que los derechos no se queden en el papel”.
El paso del Constitucional llevaba tiempo madurando. “Tenemos un presidente de derecha que ha impedido cualquier avance en materia de regulación, pero al mismo tiempo estamos en un momento en que globalmente hay una movilización feminista importante y ha habido cambios legales en muchos sitios, entonces políticamente es un escenario con oportunidades y restricciones”, valora la académica Isabel Cristina Jaramillo, profesora de Derecho de la Universidad de Los Andes que ha sido asesora de Causa Justa. “Lo que se esperaba en el 2006 era volver este un debate más laico, y eso se ha logrado. El debate contemporáneo es laico, y en materia de derechos de las mujeres”, apunta la también autora de La Batalla por el Derecho al Aborto, que además ha sido postulada como magistrada del Constitucional. Señala que, bajo las circunstancias actuales, los médicos revisan las causales y tienden a interpretarlas de la manera más restrictiva. “Frente al abandono del Congreso, las mujeres tenemos que buscar nuestra protección de los derechos frente al órgano que está encargado, que es la Corte Constitucional. Hay personas muriendo, yendo a la cárcel, por algo que ya se definió en la sociedad colombiana, y es que impedirle a las mujeres abortar en ciertas circunstancias es vulnerarles su dignidad”.
Figuras como Thomas, que ha dedicado su vida a hablar del aborto, aplauden lo que han hecho las mujeres más jóvenes para lograr que la despenalización, así no sea total, hoy sea una realidad. “Cuando empezamos no teníamos redes, ni internet, solo teníamos las calles y ahí salíamos a gritar. Cuando veo ahora a las jóvenes me alegra saber que ellas tienen más opciones para impactar”, dice.
Catalina Martínez es una de las voces de la generación que en los últimos años ha llevado las banderas a favor del aborto en Colombia. Es la directora regional del Centro de Derechos Reproductivos y desde allí ha acompañado legalmente a madres que han visto morir a sus hijas tras un aborto clandestino o a mujeres acusadas judicialmente por haber interrumpido su embarazo. “[Llegar aquí] es el resultado de muchas luchas feministas y de haber dado pasos contundentes durante todos estos años. El Congreso colombiano se ha quedado corto frente a la oportunidad de legislar sobre los derechos de las mujeres, por eso la Corte Constitucional se convirtió en la puerta para materializar y acceder a nuestros derechos”, decía Martínez el pasado noviembre cuando estaba por vencerse uno de los plazos que tenía la Corte para fallar.
Causa Justa logró abrir una conversación pública sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos que jamás se había visto en Colombia. Hoy solo el 20% de los ciudadanos está de acuerdo con que las mujeres vayan a la cárcel por abortar. Artistas, líderes de opinión y políticos se han unido al movimiento a favor del aborto y han hecho de este un espacio más diverso. “La causa va más allá de grupos feministas. Esto se trata de un tema de salud, de derechos humanos, de democracia”, dice Martínez.
Mariana Ardila es otra de las abogadas que ha contribuido al avance en los derechos de las mujeres en Colombia. Desde Women’s Link ha liderado la lucha por el aborto libre desde hace más de una década. “El país no ha cambiado por arte de magia, esto ha sido el resultado de un trabajo sostenido de varias organizaciones para investigar, hacer litigio estratégico, hablar con médicos”. La despenalización del aborto hasta la semana 24 es el máximo logro de un trabajo de muchos años y del esfuerzo de muchas personas. “No sé si la gente dimensiona lo que hay detrás de la historia que se escribió hoy. No somos unas cuantas. Somos miles. Somos cada vez más. Lo pusimos y lo dejamos todo. ¡Y este es el resultado!”, escribió en un tuit Mariana Ardila tras conocer la noticia. Colombia hoy es un país más justo gracias al movimento feminista.
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Reportaje A Fondo
Estados Unidos ofrece 170 millones a Guatemala para prevenir la migración irregular
El presidente de Guatemala aprovechó su gira en Washington para pedir acompañamiento de la OEA en el proceso de elección de magistrados para las Cortes del país.
Ciudad de Guatemala.- El Gobierno de los Estados Unidos ofreció esta semana durante la visita a Washington del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, que aportará 170 millones de dólares más para el país centroamericano destinados a proyectos de salud, desarrollo y seguridad con el objetivo de combatir las causas centrales de la migración.
Alrededor del mediodía, Arévalo y Harris dieron una conferencia de prensa en la que vicepresidenta reiteró el apoyo de su Gobierno hacia Guatemala. “Su elección ha traído un sentido de optimismo a la gente de los Estados Unidos y alrededor del mundo. (…) Mientras usted responsabiliza a los actores corruptos y promueve una buena gobernanza, nosotros lo apoyamos”, manifestó Harris al presidente guatemalteco.
Harris recalcó la importancia de la lucha contra la corrupción tanto para mitigar la migración irregular como para atraer inversión económica hacia Guatemala. “La corrupción empodera a las organizaciones criminales y perpetúan la violencia, factores que obligan a la gente a dejar su país de origen”, agregó.
Por su parte, Arévalo agradeció el apoyo recibido por el Gobierno estadounidense durante el “difícil proceso de elección presidencial y de transición” y reiteró su compromiso de luchar contra la corrupción. “Mantendremos nuestro compromiso como gobiernos para fomentar la participación de todos los sectores para construir una Guatemala nueva, democrática y mucho más próspera”, señaló el mandatario.
El anuncio de los 170 millones más que se adicionarán para invertir en Guatemala, se anunciaron por medio de un comunicado de prensa previo al encuentro de los funcionarios. Esto forma parte de la ruta de trabajo que Estados Unidos ha implementado, según Harris, en los últimos tres años para abordar las causas fundamentales de la migración irregular de Centroamérica.
Arévalo pide ayuda a la OEA
Como parte de su gira en Washington la que inició el domingo y concluyó este miércoles, el presidente Arévalo participó el martes en la Sesión Protocolaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que manifestó su agradecimiento por todo el apoyo recibido durante la transición de Gobierno y les pidió el acompañamiento para la elección de magistrados para Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, un proceso que se realizará en los próximos cinco meses y en el que el Congreso de Guatemala, deberá elegir a los magistrados que dirigirán ambas cortes para el periodo 2024-2029.
“Guatemala solicita a la Organización de Estados Americanos que de acompañamiento a la selección de autoridades del sistema de justicia mediante una misión de observación de este proceso”, dijo. El mandatario indicó que el país está a la víspera de iniciar una “batalla” jurídica y política contra grupos que controlan el aparato judicial y por eso pidió el apoyo de la OEA.
En la nación centroamericana, la elección de magistrados para ambas Cortes ha sido un proceso viciado en el que abogados, magistrados, exfuncionarios públicos y empresarios han estado en prisión debido al tráfico de influencias y el manejo ilegal que en su momento descubrió e investigó la extinta Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) para nombrar magistrados. Esta elección es una de las más esperadas y complejas en el Legislativo desde hace más de cuatro años.
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“Podríamos transformarnos en potencia energética”, dice el ministro de Minas y Energía de Colombia, Andrés Camacho. Pero expertos coinciden en que es necesaria una mayor planificación
Buenos Aires.- La transición energética es una de las claves del momento en materia ambiental. El reto es reducir el uso de combustibles fósiles (gas, petróleo y carbón) para reemplazarlos progresivamente por energías renovables. En este escenario, América Latina se encuentra ante una gran oportunidad. Con un enorme potencial para el desarrollo de energía fotovoltaica, eólica, biocombustibles o hidrógeno verde, la cuestión es cómo aprovecharla y qué camino tomar para acelerar el proceso.
Las energías renovables, en aumento
Según el panorama energético 2023 de América Latina y el Caribe, publicado por la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), la capacidad de generación eléctrica con fuentes de energías renovables no convencionales en 2022 se incrementó: la eólica, un 10% y la solar, 46%. “El 95% de la nueva capacidad instalada en generación eléctrica en el año 2022 fue renovable y aún existe una brecha que cubrir de 16,2 millones de habitantes en cuanto a cobertura del servicio eléctrico”, aclara el informe.
Brasil, por ejemplo, es uno de los líderes mundiales en inversión en energía eólica, “además de contar con un buen nivel de inversión en investigación y desarrollo tanto público como privado”, agrega Bersalli. Mientras en Chile, según María Trinidad Castro Crichton, directora ejecutiva del World Energy Council (WEC) en ese país, “las energías renovables alcanzan un 54% en la matriz energética, explica. Además, “tiene una capacidad proyectada de producir 70 veces los requerimientos en combustibles tales como el hidrógeno bajo en emisiones”. A eso se le suma, apunta la experta, la gran capacidad de generación de energía fotovoltaica, gracias especialmente a la alta radiación solar en el norte y también de energía eólica por los fuertes vientos del sur de Chile.
La importancia de la planificación
El país sudamericano se comprometió al desafío de la carbono neutralidad para el año 2050 con una transición energética que debe considerar la accesibilidad, seguridad y sustentabilidad del suministro energético, recuerda Castro. “Chile centró su política energética como parte de su estrategia de desarrollo. Es una visión a largo plazo que trasciende los Gobiernos de turno. En este sentido, contamos con una hoja de ruta que define ejes estructurales que vamos actualizando de forma participativa conforme avanzan los años”, señala.
En esta misma línea, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Andrés Camacho, destaca que hay dos elementos clave para el proceso de transición energética justa que está desarrollando su país: que sea una apuesta de todas las áreas del Gobierno —no sólo de las de energía— y que haya una respuesta favorable por parte de la sociedad. “Buscamos reducir el extractivismo, desarrollando otros sectores de la economía, como el campo, la industria y el turismo. La idea es garantizar fuentes de ingreso que sustituyan las del petróleo, gas y carbón”, detalla a América Futura el funcionario.
Incluso, recuerda que Colombia tomó la decisión de no conceder más contratos de exploración de petróleo ni hidrocarburos y, así, no aumentar más la frontera extractiva. Además, están llevando adelante un proyecto de comunidades energéticas: “Estamos en pleno desarrollo de más de 5000 comunidades energéticas en todo el país que tienen el propósito democratizar la energía. Tenemos agua, sol y viento para aprovechar. Como continente podríamos transformarnos en potencia energética, complementándonos con los países que tienen minerales, que nos daría un buen margen de competitividad en la disputa geopolítica que el mundo está recorriendo”.
En el caso de Costa Rica, “lo que más se explota es la energía hidroeléctrica que ocupa más del 70% de la matriz”, explica Federico Varela, Gerente General de HiPower, empresa costarricense líder en energía solar. ”Lo que sucede es que cuando se tiene tan alta dependencia de un tipo de energía, la planificación de la demanda es crucial. En 2023, al extenderse el fenómeno de El Niño los embalses se vaciaron, provocando que se tuviera que importar energía de otros países . Ante esto, la energía solar y eólica deberían ser alternativas a la hidroeléctrica”, sostiene. Sin embargo, la política pública actual en Costa Rica no fomenta la adopción de este tipo de energía, lo que viene con aumentos en la tarifa.
¿Y qué pasa con Argentina? Martín Dapelo, especialista en energías renovables y fundador de la empresa On Networking, afirma que, con el nuevo Gobierno de Javier Milei y los cambios que está llevando, “se quitaron beneficios a las renovables y se les mantiene a los hidrocarburos”. En ese sentido, menciona el DNU, el decreto de necesidad y urgencia, que “derogó los beneficios fiscales en materia energética que tenía la generación distribuida”, aquella que permite que cada usuario de la red eléctrica pueda generar su propia energía a partir de fuentes renovables y pueda inyectar los excedentes al sistema energético tradicional. Mientras, los hidrocarburos aún tienen subsidios.
Los retos de América Latina
Los especialistas coinciden en que Latinoamérica necesita saldar ciertas asperezas para unirse en pos de una alianza regional que facilite y dé fortaleza a esta clase de políticas. “Los desafíos que impone la emergencia climática, los conflictos geopolíticos, la era post pandemia, entre otros, necesitan del liderazgo de personas que sirvan de guía para construir en conjunto una casa común mejor para todos”, asegura Crichton, de WEC Chile.
En el mismo sentido, Anahí Urquiza, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, dice que en la región hay muchísimo que hacer en materia de investigaciones propias y desarrollo de la ciencia, sin dejar de mirar a los pueblos originarios que “viven de manera diferente en su relación con los ecosistemas”. “Debemos ganar fortaleza para no perder el foco frente a los vaivenes políticos”, sostiene Urquiza. “Para avanzar en estas áreas, necesitamos que las inversiones sean mayores, crear institucionalidad que permita generar una articulación adecuada entre la evidencia científica, el diálogo con los territorios y las decisiones de largo plazo”. ¿Estará Latinoamérica a la altura de poder realizar una transición soberana a largo plazo, poniendo foco en las fortalezas de la región?
Cómo acelerar la transición energética
Los especialistas consultados por América Futura coinciden en una serie de pasos en los que cada país debe trabajar para acelerar la transición:
1. Focalizar en medidas de eficiencia energética e invertir en renovables.
2. A nivel macro, facilitar las inversiones en tecnologías de energía renovable pero también en infraestructura, como líneas de transmisión y distribución, sistemas de almacenamiento.
3. Adecuar normativas, legislaciones y reorientar progresivamente los subsidios energéticos que benefician a los combustibles fósiles hacia las energía limpias.
4. Desarrollar alianzas sólidas a nivel latinoamericano para crear cadenas de valor regionales en torno a las energías renovables, la movilidad eléctrica, transporte público como, por ejemplo, líneas de ferrocarriles rápidos.
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Reportaje A Fondo
El voto de castigo disminuirá en las elecciones presidenciales de América Latina de 2024
Redacción América, (EFE).- Las seis elecciones presidenciales que habrá en América Latina durante este año mostrarán una desaceleración del voto de castigo que han experimentado gobernantes y partidos oficialistas de la región en los últimos cuatro años, según proyectan los sondeos demoscópicos y opinan de los expertos.
En los próximos doce meses se celebrarán comicios presidenciales en El Salvador (febrero), Panamá (mayo), República Dominicana (primera vuelta en mayo y segunda vuelta en junio), México (junio), Uruguay (primera vuelta en octubre y segunda vuelta en noviembre) y finalmente Venezuela (previstas tentativamente para diciembre), el único de los seis países donde las presidenciales no estarán acompañadas de legislativas.
Este súper ciclo electoral comenzó en 2021 y abarca a los diecisiete países de América Latina -todos, excepto Bolivia- donde han tenido o tendrá lugar elecciones presidenciales, legislativas, regionales y locales para renovar las autoridades políticas.
Las elecciones celebradas a lo largo del pasado año han puesto de manifiesto que cuando son convocados a las urnas, los ciudadanos se decantan por opciones que representan una alternativa a la opción política que ostenta el poder, como ha sucedido en Guatemala con el inesperado triunfo del candidato del Movimiento Semilla, el socialdemócrata Bernardo Arévalo.
De hecho, «de las últimas diecinueve elecciones, en diecisiete perdió el partido que estaba en el Gobierno, salvo el caso de Paraguay -con el triunfo de Santiago Peña, del oficialista Partido Colorado- y salvo la farsa electoral en Nicaragua», opina en declaraciones a EFE Daniel Zovatto, hasta hace dos días director regional de Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA).
Lo que está sucediendo “es que todos los que están en el poder son castigados, porque la gente está descontenta», como ha ocurrido en Argentina, «donde perdió el oficialismo y ganó la oposición”, señala a EFE Patricio Navia, profesor titular de Estudios Liberales de la Universidad de Nueva York.
Menos voto de castigo
«Vamos a ver una región más multicolor, más heterogénea, más diversa, sin una ola rosa ni una ola conservadora o de centroderecha, sino con una mayor diversidad de Gobiernos», considera Zovatto.
«Habrá reelección en El Salvador, voto de castigo en Panamá (contra la socialdemocracia, actualmente en el poder) y posiblemente (Luis) Abinader pueda quedarse con la presidencia en República Dominicana, si es que no se le complica», apunta este politólogo y jurista argentino.
En el segundo semestre del año, las elecciones de Uruguay son «una moneda que está en el aire, mientras que en Venezuela no está claro qué tipo de elección va a haber, si con garantías (democraticas) o sin ellas», apostilla.
Según los expertos, la desaceleración de la alternancia en el poder y el castigo a los oficialismos tiene más que ver con las condiciones particulares de los procesos electorales de 2024 que porque esta tendencia vaya a desaparecer del panorama político de América Latina.